AS/0649/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0649/2025

Fecha: 27 de junio de 2025

Expediente: LP-55-25-S

Partes: Sandra Choque Quispe por sí y en representación de José Alberto Choque Quispe c/ Guillermina Mendoza Ramos.

Proceso: División y partición de bien inmueble.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 162 a 167, interpuesto por Guillermina Mendoza Ramos, contra el Auto de Vista N° 629/2024, de 20 de septiembre, corriente de fs. 157 a 160 vta., pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de división y partición de bien inmueble, seguido por Sandra Choque Quispe por sí y en representación de José Alberto Choque Quispe contra la recurrente, la contestación de fs. 170 a 171; el Auto de concesión de 04 de febrero de 2025. visible a fs. 172, el Auto Supremo de admisión N° 0242/2025-RA, de 24 de marzo, obrante de fs. 179 a 180 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Sandra Choque Quispe por sí y en representación de José Alberto Choque Quispe, por memorial de demanda que discurre de fs. 46 a 48, reiterado de fs. 51 a 53, subsanado de fs. 57 a 58 vta., a fs. 64 y vta. promovió el proceso ordinario de división y partición de bien inmueble, contra Guillermina Mendoza Ramos, quien una vez citada, según escrito visible de fs. 78 a 82, se apersonó contestando de manera negativa a la demanda principal, desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 284/2023 de 29 de septiembre, que cursa de fs. 130 a 135, en la que el Juez Público Civil y Comercial N° 11 de la ciudad de La Paz, declaró PROBADA la demanda, disponiendo la división y partición de bien inmueble, correspondiente al Lote N° 7, Manzano D. Urbanización Alto Quebrada Seca, San Pedro, Achachicala, con una superficie de 200 m2, bajo la Matricula N° 2.01.0.99.0155510. debiendo procederse a su división en remate y subasta pública a efectuarse en ejecución de Sentencia y proceder a su división en un 25% a Sandra Choque Quispe, 25% a José Alberto Choque Quispe y 50% a Guillermina Mendoza, con costas y Costos.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Guillermina Mendoza Ramos, según escrito de fs. 141 a 145., originó que la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 629/2024, de 20 de septiembre, corriente de fs. 157 a 160 vta., que CONFIRMO la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:

En cuanto a los reclamos descritos en los numerales 1 y 3 de la apelación, se expresó que las literales de fs. 68, 69, 70, 75 y 76 serían fotocopias simples inherentes a facturas de impuestos del bien inmueble, certificado de registro catastral y formulario único de registro catastral, las cuales, serían inconducentes e impertinentes al no demostrar los hechos alegados o pretendido por la recurrente, no correspondiendo su valoración. Que es necesario una Sentencia con calidad de cosa juzgada que reconozca la Unión Libre, para determinar si el inmueble es ganancial o no.

Respecto a la acusación de los numerales 2 y 4 de su impugnación, señaló que el hecho de que la parte actora haya omitido señalar que su padre mantenía una relación con su persona, el mismo no implica óbice alguno para la no procedencia de la causa por haberse subsumido a lo dispuesto por el art. 110 del Código Procesal Civil y, es más, de fs. 57 a 58, se tendría que la parte actora indicó que le corresponde el 50% de los derechos del bien inmueble.

Que, el bien inmueble conforme a la literal de fs.1 y vta., y fs. 56, estaría plenamente identificado, por lo que, no sería evidente la denuncia de que no se hubiera determinado los datos precisos del inmueble, siendo que de las pruebas cursantes en obrados, se detalla la ubicación, sus características, es decir se singulariza.

Con relación al agravio denunciado en el numeral 5, sostiene que conforme a la literal de fs. 61, se evidencia que el inmueble es técnicamente divisible, que importa la viabilidad de la división y partición, conforme al valor otorgado al informe emitido por el Gobierno autónomo Municipal de La Paz (documento público).

Que, el agravio denunciado respecto de que la Sentencia no guarda congruencia el mismo no cuenta con mérito al verter opiniones acerca de la resolución impugnada y existe una mala comprensión de los elementos de la sentencia y que los bienes se presumen comunes mientras no se prueba que son propios por lo que el recurso de apelación carece de fundamento y motivación

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Guillermina Mendoza Ramos, según escrito visible de fs. 162 a 167, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) En el Auto de Vista no se identificó que en la demanda existe una incongruencia respecto a la presunción iuris tantum, relacionada al reconocimiento de la unión libre o de hecho por establecer que el inmueble debería dividirse en un 50% para los demandantes y el otro 50% para su persona por la supuesta copropiedad, determinación que devendría de una incorrecta valoración del acervo probatorio que llegaría a demostrar que entre el padre de los -ahora- demandantes y su persona existió una relación traducida en un matrimonio de hecho o unión libre y omitiéndose el alcance que establece la Constitución Política del Estado, por lo que, la determinación asumida en el Auto de Vista afectaría su derecho propietario, considerando que este sería un bien ganancial, lo que conlleva en un porcentaje mayor a su persona.

b) El Auto de Vista no llegó a cumplir con la congruencia que se exige en las resoluciones apartándose de lo establecido en los arts. 90 y 236 del adjetivo civil, por no circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieren sido objeto de la apelación, apartándose de la jurisprudencia instituida en las Sentencias Constitucionales N° 816/2010-R de 02 de agosto, N° 0670/2004-R de 04 de mayo y N° 0363/2012-R de 22 de junio, conllevando a una inseguridad jurídica dentro la presente causa.

c) En la resolución recurrida se transgredió el art. 265 del Código Procesal Civil, por no circunscribirse a los puntos resueltos por el A quo, mismos que fueron objeto de apelación y fundamentación respecto a la división y partición de bienes gananciales al manifestar que este extremo ya adquirió calidad de cosa juzgada, empero considera que modificó la Sentencia, vulnerando de esta manera el debido proceso y el principio de congruencia.

d) En el Auto de Vista no se acudió a la doctrina, menos a la jurisprudencia y normativa aplicable al caso, existiendo más al contrario una infracción a la congruencia entre lo considerado y lo resuelto, para el efecto cita el Auto Supremo N° 262/2017 de 09 de marzo, que orientó sobre la congruencia externa e interna, así como al Auto Supremo N° 304/2016.

e) Existió una mala valoración de hecho y de derecho, apartándose de lo desarrollado en la jurisprudencia (Auto Supremo N° 12/2012 de 17 de enero), haciendo énfasis en la vulneración de la comunidad de la prueba y la prueba testifical regulado por el art. 1330 del Código Civil, citando el Auto Supremo N° 703/2014.

f) El Auto de Vista se traduce en un desconocimiento de la solución normativa que corresponde a las particulares circunstancias comprobadas en el proceso que fueron denunciadas en la apelación y que parecen irrazonables y frustrantes de la garantía de la debida defensa en el juicio al no haberse considerado el precedente contradictorio por ser vinculante y obligatorio de la Jurisprudencia Constitucional.

g) Se transgredió la propiedad privada o el derecho sucesorio de la demandada con el solo fundamento que la apelación no contendría la debida expresión de agravios, desconociendo sobre el matrimonio de hecho y aplicación del principio iuris tantum.

Fundamentos por los cuales, solicitó se CASE el Auto de Vista recurrido y se condene en costa y costos.

2. Contestación al recurso de casación:

Sandra Choque Quispe por sí y en representación de José Alberto Choque Quispe, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 170 a 171, solicitando en lo principal que:

Ninguna de las pruebas aportadas por la recurrente demostró la existencia de un matrimonio de hecho, la cual conforme a la Ley N° 603 solo puede ser probado por Sentencia judicial, y que no es de competencia del Juez en materia civil establecer la misma y, por otro lado, la recurrente no señala cual requisito de la sentencia se omitió.

No hay vulneración al derecho de propiedad de la demandada y que, además, no observa que los datos del inmueble se encuentran en el folio real y la misma Matricula consigna tal individualización del inmueble en cuestión, por lo que el tercer agravio resulta ilógico y hasta dilatorio.

Que, el cuarto agravio se trata de una enunciación sin fundamentos aplicables al caso, sin señalar en que puntos la determinación impugnada ingreso en una incongruencia.

No se señaló que pruebas no fueron correctamente valoradas y se limita a referir la norma y jurisprudencia sin fundamentar su agravio y respecto al sexto agravio no se adjuntó ningún documento que acredite el matrimonio de hecho alegado.

Por lo referido, solicitó se dicte Auto Supremo confirmando el Auto de Vista, sea con costa y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la congruencia en las resoluciones judiciales.

Sobre la congruencia de las resoluciones este Tribunal a través de la Sala Civil en el Auto Supremo N° 766/2023, de 08 de agosto, reiterando lo expuesto en el Auto Supremo Nº 1115/2016, de 23 de septiembre, indicó lo siguiente: “Este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 651/2014, 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010–R, de 05 de julio, donde ha razonado que: ‘El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…’. Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia ‘ultra petita’, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

Es en este entendido que a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: ‘La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada ‘citra petita’, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…”

Asimismo, y ahondando un poco más en la incongruencia omisiva, es menester señalar que el Tribunal de casación a momento de realizar el análisis sobre la posible omisión en que habría incurrido el Tribunal de alzada respecto a los puntos acusados en apelación, se debe tener presente que al ser este un aspecto que acusa un vicio de forma que afecta la estructura de la resolución, el análisis debe limitarse a contrastar en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión; razonamiento compartido por el Tribunal Constitucional Plurinacional que en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1083/2014, de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, conforme desarrolla: “…En ese contexto, cabe recalcar que, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ante el planteamiento de un recurso de casación en la forma, debe limitar sus consideraciones a las causales establecidas en el art. 254 del CPC. En el presente caso, al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la Sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo Nº 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso...” (Las negrillas y subrayado son nuestras).

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Texto del fallo

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