AS/0650/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0650/2025

Fecha: 27 de junio de 2025

Expediente: PT-4-25-S

Partes: Lupe, Franz, Esther María y Fanny todos de apellido Zelaya Caba c/ Asteria, Flavia ambas de apellido Zelaya Coronado, los herederos de Leonarda Zelaya Coronado, Luisa Zelaya Coronado y Amancio Zelaya Coronado.

Proceso: División y partición de bien común.

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 764 a 768 vta., interpuesto por Asteria y Flavia ambas Zelaya Coronado, contra el Auto de Vista N° 12/2025, de 31 de enero, corriente de fs. 753 a 760, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso ordinario de división y partición de bien común, seguido por Lupe, Franz, Esther María y Fanny todos Zelaya Caba contra los herederos de Leonarda Zelaya Coronado, Luisa Zelaya Coronado y Amancio Zelaya Coronado, y las recurrentes; el Auto de concesión de 10 de marzo de 2025, visible a fs. 773 vta.; el Auto Supremo de admisión N° 0244/2025-RA de 24 de marzo, corriente de fs. 780 a 781 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Lupe, Franz, Esther María y Fanny todos Zelaya Caba, por memorial de demanda que cursa de fs. 57 a 58, subsanado a fs. 62 y vta., y 67, promovieron el proceso ordinario de división y partición de bien común, contra los herederos de Leonarda Zelaya Coronado, Luisa Zelaya Coronado y Amancio Zelaya Coronado, Asteria y Flavia ambas Zelaya Coronado, quienes una vez citadas, según escrito visible de fs. 147 a 148 vta., con el título de excepciones, Flavia y Asteria ambas Zelaya Coronado contestan de manera afirmativa a la demanda, así también por escrito a fs. 183 y vta., Víctor Hugo Morales Zelaya por sí y en representación de Juan, Gregorio, Lucio, Raúl Alberto y María Susana todos de apellido Morales Zelaya, respondieron afirmativamente a la demanda, así también por escrito a fs. 198 y vta., Gerardo Flores Orcko, Primo Elías, Máximo, Beatriz, Ramiro Juan, Jorge y Ana María todos Flores Zelaya, se allanaron a la demanda, de la misma forma por memorial de fs. 224 a 225, Armin, Cary y Telma Luisa todas Zelaya Apata, y Felicidad Apata Paco por sí y en representación de Luis Zelaya Apata, contestan afirmativamente a la demanda, asimismo por escrito a fs. 239 Miguel Flores Zelaya se allana a la demanda, de la misma forma Eustaquia Salazar Ruiz, mediante memorial a fs. 287, contestó afirmativamente a la demanda; finalmente, Ramiro Juan Flores Zelaya mediante escrito de fs. 305 a 306, deduce incidente de nulidad, pretensión que fue resuelta mediante Auto Interlocutorio de fecha 23 de febrero de 2021, corriente de fs. 401 a 403, en la que se declaró improbado el incidente de nulidad; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 05/2022 de 13 de mayo, que cursa de fs. 652 a 663, en la que la Juez Público Civil y Comercial N° 9 de la ciudad de Potosí, declaró PROBADA la demanda, disponiendo que en ejecución de Sentencia se proceda a la división y partición del bien inmueble ubicado en la calle Chayanta N° 361, zona San Roque, con una superficie de 216 m2 en el porcentaje de 47 m2 del total y que correspondiera a cada copropietario, con costas y costos a favor de los demandantes.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Asteria y Flavia ambas de apellido Zelaya Coronado, según memorial de fs.671 a 675, y Marilyn Romina Mamani Ckacka, según escrito de fs. 685 a 686 vta., originó que la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emita el Auto de Vista N° 12/2025, de 31 de enero, corriente de fs. 753 a 760, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, bajo los siguientes fundamentos:

- En cuanto a la aplicación del art. 366 num. 3 del Código Procesal Civil, de considerar vulnerado alguno de sus derechos en la actuación del Juez inferior, los demandados debieron reclamar esos aspectos en el momento procesal oportuno, al no haberlo hecho han dejado precluir esa facultad; asimismo, conforme el art. 16 de la Ley N° 025 el proceso se desarrolla sin retrotraer etapas procesales ya superadas, excepto cuando exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa. Es así que en audiencia preliminar no presentaron objeción o recurso alguna a dicha determinación; en consecuencia, lo alegado no es evidente.

- En relación a la incongruencia externa e interna y mala valoración de la prueba sobre la posesión, sobre la declaración jurada otorgada por Valeriana Coronado Vda. de Zelaya, a más de exponer su inconformidad con la Sentencia, reiteran que no se oponen a la pretensión de división y partición, sino que se ésta se efectúe respetando la posesión de cada uno de los copropietarios, se establece que las demandadas no identificaron de manera real y objetiva cada uno de los agravios.

Revisado el contenido de la Sentencia impugnada se aprecia que ésta contiene la fundamentación y motivación debida, sobre todas y cada una de las pruebas conforme la normativa legal pertinente, haciendo expresa mención de las que fueron rechazadas y que en su momento no fueron objetadas ni impugnadas por las partes, estableciendo cual considera impertinente.

Al disponer la Sentencia que, en etapa de ejecución, se proceda a la división y partición del inmueble en el porcentaje que le corresponde a cada uno de los copropietarios, no se advierte que se estuviera despojando a las recurrentes o modificando el lugar que les corresponde, por consiguiente, su agravio no tiene la consistencia necesaria para acreditar algún grado de incongruencia entre lo planteado por las partes y lo resuelto en Sentencia.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Asteria y Flavia ambas de apellido Zelaya Coronado, según escrito corriente de fs. 764 a 768 vta., recurso que es objeto de análisis en la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN.

1. Mediante el recurso de casación que se analiza, las recurrentes acusaron lo siguiente:

En la forma.

a) El Tribunal de segunda instancia aplicó erróneamente el principio de preclusión, sin considerar que la excepción interpuesta en audiencia preliminar no fue resuelta, razón por la cual no pudo interponerse el recurso pertinente, vulnerándose el debido proceso, en su vertiente de fundamentación y motivación, desconociéndose lo previsto en el art. 129.II, 366 num. 4 y 367.I num. 1 del Código Procesal Civil, con ese actuar del Tribunal de alzada, se plasma la incongruencia interna y externa; toda vez que, no se consideró la contestación afirmativa a la demanda, con la única petición de que se respete los espacios que ocupa cada copropietaria, debidamente acreditado con la prueba de inspección técnica ocular.

En el fondo.

a) Las recurrentes aducen que el Tribunal de alzada efectuó una mala valoración de la prueba documental consistente en los comprobantes de pagos de impuestos y servicios básicos a fs. 97, 98 a 104, 105 a 109, 111, 112, 113, 114 a 128, 129 a 130, 131 a 132, 133, 135 a 136, ingresando en error de hecho y derecho; inclusive, no se habría valorado correctamente la prueba de inspección judicial, vulnerándose el principio de verdad material garantizado en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, así como el derecho a la propiedad establecido en el art. 105 del Código Civil, también se valoró erróneamente la prueba de declaración jurada unilateral efectuada por Valeriana Coronado, pues mediante dicho medio de prueba se acreditaría la posesión de la parte demandada, violentándose el art. 1297 del sustantivo civil.

Fundamentos por los cuales las recurrentes solicitaron se anule o case el Auto de Vista en parte, y en consecuencia se disponga declarar probada la demanda en parte.

2. De la contestación al recurso de casación.

El recurso de casación no ha sido objeto de contestación alguna.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Del principio de preclusión.

El Auto Supremo Nº 329/2016, de 13 de abril, emitido por esta Sala, razonó respecto el principio de preclusión señalando lo siguiente: “Principio de preclusión. - Concordante con el principio de convalidación tenemos al principio de preclusión también denominado principio de Eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos al Dr. Pedro J. Barsallo que refiere sobre el principio de preclusión que: En síntesis, la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia. De ello se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que una vez concluida la fase procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes”.

En ese contexto, al ser el proceso una serie de actos ejecutados sistemáticamente por los contendientes con el fin de llegar a una sentencia, no debe considerarse como un transcurso de actos y plazos que en cualquier momento del proceso puede alegarse hechos nuevos, oponer prueba o, en su caso, establecer pretensiones, pues nuestro sistema procesal, está concebido por etapas o estadios de modo que cada acto debe desarrollarse en un orden determinado, por lo que los juzgadores no podrían retrotraer etapas vencidas del proceso porque se desnaturalizaría el mismo. Al respecto Hugo Alsina, en su texto “Tratado Teórico y Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, tomo I, pág. 454, indica: “Ahora bien, el paso de un estadio al siguiente supone la clausura del anterior, de tal manera que los actos procesales cumplidos quedan firmes y no pueden volverse sobre ellos. Esto es lo que constituye la preclusión: el efecto que tiene un estadio procesal de clausurar el anterior”.

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