AS/0662/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0662/2025

Fecha: 30 de junio de 2025

Expediente: CH-28-25-S

Partes: Nicolas Diaz Romero c/ Alfonso Ortiz Condori.

Proceso: Resolución de contrato.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 239 a 242, interpuesto por Alfonso Ortiz Condori, contra el Auto de Vista N° 48/2025, de 14 de febrero, corriente de fs. 233 a 236, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de resolución de contrato, seguido por Nicolas Diaz Romero contra el recurrente; la contestación de fs. 246 a 250 vta.; el Auto de concesión de 19 de marzo de 2025, visible a fs. 251; el Auto Supremo de admisión N° 0290/2025-RA de 2 de abril, obrante de fs. 256 a 257 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Nicolas Diaz Romero, por memorial de demanda que discurre de fs. 47 a 53, subsanado a fs. 55 y vta., promovió el proceso ordinario de resolución de contrato contra Alfonso Ortiz Condori, quien una vez citado, no respondió en plazo oportuno, por lo que fue declarado rebelde a través de Auto de 21 de septiembre de 2023 obrante a fs. 69 vta., posteriormente, por escrito cursante de fs. 119 a 120, el demandado se apersonó ofreciendo medios de prueba; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 199/2024 de 25 de septiembre, que cursa de fs. 193 a 197, en el que la Juez Público Civil y Comercial N° 12 de Sucre, declaró PROBADA la demanda, disponiendo la resolución del contrato de 1° de julio de 2016, sobre arrendamiento de una habitación ubicado en el Barrio Sagrado Corazón, suscrito entre Nicolas Diaz Romero como propietario y Alfonso Ortiz Condori como arrendatario; asimismo la restitución del inmueble otorgado en calidad de arrendamiento por parte del demandado a favor del demandante, al décimo día de ejecutoriada la Sentencia. Asimismo, se emitió el Auto de fecha 16 de octubre de 2024, cursante a fs. 199 vta. que declara no ha lugar a la solicitud de aclaración y complementación solicitada por la parte demandada.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Alfonso Ortiz Condori, según memorial de fs. 210 a 212 vta., originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista N° 48/2025, de 14 de febrero, corriente de fs. 233 a 236, que CONFIRMÓ la Sentencia, en base a los siguientes argumentos:

En cuanto al único agravio, relativo a que la Sentencia incumplió el art. 213. II. num. 2 y 3 del Código Procesal Civil, de la revisión del fallo judicial apelado, la resolución tiene un hilo conductor que la torna coherente con los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda, así como respecto a la valoración de los elementos de prueba aportados, pretensión que no fue controvertida y menos negada por el demandado, debido a que fue declarado rebelde por Auto de 21 de septiembre de 2023, por lo que no habiéndose puesto en cuestión la falta de derecho propietario del demandante sobre el bien inmueble otorgado en arrendamiento, el Juez no tenía la obligación legal de averiguar, menos resolver nada sobre el punto recién cuestionado en el recurso de apelación, precisamente por la limitación impuesta por el art. 213.I del Código Procesal Civil, habiéndose solo pronunciado sobre los hechos demandados, explicando de manera coherente, por qué se declaró probada la demanda, así dicha resolución en su Considerando I, realizó la descripción de los hechos y derecho que se litiga, prosiguiendo con una línea de fundamentación en el Considerando V sobre el fondo, desarrollando en el Considerando VI las conclusiones, para finalmente dictar la parte resolutiva, emitiéndose en consecuencia la decisión dentro de los márgenes exigidos por la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que establecen la debida fundamentación y motivación que debe tener una resolución, aspectos que cumplen a cabalidad la sentencia apelada.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Alfonso Ortiz Condori, mediante memorial de fs. 239 a 242; que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

El Auto de Vista N° 48/2025 de 14 de febrero, incurre en aplicación errónea del art. 180.I de la Constitución Política del Estado en relación al art. 1 num. 16 del Código Procesal Civil, que establecen el deber de las autoridades judiciales de buscar la verdad material; toda vez que, habiendo el demandante manifestado ser propietario del bien inmueble otorgado en arrendamiento, en aplicación de las normas citadas, el actor debió demostrar esa su calidad de propietario en relación al contrato suscrito con su persona, aspecto que fue obviado por los jueces de instancia, emitiendo una fundamentación forzada; incluso, en virtud a la iniciativa probatoria que tienen las autoridades judiciales debieron averiguar a través del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y de Derechos Reales a quien pertenece el bien, toda vez que su posesión emerge de una relación contractual Gustavo Urioste, verdadero propietario del bien inmueble, del cual ahora se le pretende desapoderar.

Fundamentos por los cuales solicito casar el Auto de Vista.

2. Contestación al recurso de casación:

Nicolas Diaz Romero, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 246 a 250 vta., exponiendo que:

Por lo referido, solicitó se emita Auto Supremo “conforme al art. 220 del Código Procesal Civil”.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la resolución del contrato y análisis del sinalagma funcional.

Sobre el tema, el Auto Supremo N° 782/2021 de 6 de septiembre, señaló: “Nuestro ordenamiento sustantivo civil en su art. 568 refiere que: ‘(Resolución por incumplimiento). I. En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez, y no haciéndose efectiva la prestación dentro de ese plazo quedará resuelto el contrato, sin perjuicio, en todo caso, de resarcir el daño. II. Si se hubiera demandado solamente la resolución, no podrá ya pedirse el cumplimiento del contrato; y el demandado, a su vez, ya no podrá cumplir su obligación desde el día de su notificación con la demanda’ (El resaltado nos pertenece); de lo expuesto se deduce que la parte contratante que cumplió con su prestación, ante el cumplimiento de la otra parte, puede demandar la resolución o exigir el cumplimiento de la prestación debida del otro contratante.

Ahondando en la resolución de contrato, corresponde citar el aporte doctrinario del tratadista Guillermo A. Borda, quien en su obra de ‘Tratado de Derecho Civil’, refiere: ‘La resolución no es el resultado de un nuevo contrato (como ocurre en la recisión bilateral) sino que supone la extinción del contrato por un hecho posterior a la celebración; hecho que a veces es incalculable a la otra parte (como es por ejemplo el incumplimiento) o que puede ser extraño a la voluntad de ambas (como ocurre en ciertos supuestos de condiciones resolutorias), la resolución del contrato puede operar ipso iure, (como sucede en la condición resolutoria) o bien puede requerir la manifestación de voluntad de la parte interesada en ella (como ocurre en la que se funda en el arrepentimiento o en el incumplimiento de la contraria)’.

En este mismo entendido la extinta Corte Suprema de Justicia, con la cual este Tribunal Supremo de Justicia comparte criterio, emitió el Auto Supremo Nº 61/2010, donde de manera amplia y completa orientó que: ‘Celebrado el contrato, es lógico suponer que el mismo se extinguirá por el cumplimiento de las prestaciones convenidas por las partes al momento de su celebración, por ello el cumplimiento constituye el modo normal en que concluye un contrato. Empero, es posible que determinadas situaciones, pongan fin al contrato cuando aún no se han satisfecho las prestaciones acordadas. Como se ha señalado, el contrato puede sufrir la influencia de circunstancias o de hechos sobrevinientes o de un comportamiento de la contraparte posterior a la formación del mismo, que alteren la relación entre los contratantes, o bien perturben el normal desenvolvimiento del contrato, de modo que éste no puede continuar vinculando a las partes en el modo originario en que lo pactaron. Por ello como señala Messineo, se ha preparado el remedio de la resolución a demanda y en beneficio de aquella de las partes respecto de la cual el contrato - a causa del comportamiento de la contraparte o por otra razón objetiva- viene a ser un motivo de sacrificio patrimonial soportarlo sin retribución o bien sin retribución adecuada en lugar de ser el instrumento para la consecución del fin que la parte se había propuesto. La resolución de contrato, puede tener lugar como consecuencia de: 1) el incumplimiento voluntario (en las modalidades de la resolución judicial o extrajudicial); 2) el incumplimiento involuntario por imposibilidad sobreviniente de la prestación; 3) el incumplimiento involuntario por excesiva onerosidad de la prestación. Cada una de esas causales de resolución, tiene su propia concepción, causas y sus propios efectos, por ello su regulación también es distinta. La resolución del contrato por incumplimiento, presupone la existencia de un contrato, con prestaciones recíprocas. El fundamento para que proceda es precisamente el incumplimiento de la prestación debida por una de las partes, en virtud a ello, la parte que ha cumplido su prestación tiene el derecho de liberarse del contrato, sin perjuicio del resarcimiento del daño que el incumplimiento le hubiera ocasionado, por ello, la parte que incumple su obligación no puede pedir la resolución del contrato por esta causal…’. Continuando con el análisis de la resolución de contrato, corresponde citar el aporte de Carlos Miguel Ibáñez que en su obra ‘La Resolución del Contrato’ pág. 39, respecto al sinalagma funcional señala: ‘Una variedad de la teoría de la causa recíproca es el teoría del sinalagma funcional, que a efectos de salvar las objeciones formuladas a aquélla, distingue entre el sinalagma genético y el funcional (…) esa reciprocidad debe subsistir también en el momento o etapa de cumplimiento de contrato, lo que se denomina “sinalagma funcional”, que exige que la reciprocidad de las prestaciones se mantenga durante la vida y ejecución del contrato (…) No basta que en el contrato bilateral surjan obligaciones recíprocas (sinalagma genético), sino que es preciso que dicha reciprocidad se configure también en su cumplimiento, que éste sea recíproco (sinalagma funcional). Así como son recíprocas las obligaciones emergentes, también debe ser recíproco el cumplimiento’. De esta manera se deduce que el sinalagma funcional radica precisamente en que estas prestaciones, sean efectivizadas en la ejecución del contrato, cuyas prestaciones deben ser efectuadas en forma secuencial, como ha sido pactado en el contrato.

Por su parte, el doctrinario nacional Walter Kaune Arteaga en su obra Contratos Vol.I 2011, pág. 295 al referirse a la resolución de contrato señala: ‘La resolución es un medio de invalidez, por causas sobrevinientes, de los contratos sinalagmáticos o bilaterales, que generan obligaciones recíprocas e interdependientes y que surgen en forma coetánea o contemporánea con la formación del contrato, debido al incumplimiento culpable, a la imposibilidad sobreviniente o a la excesiva onerosidad de una de las prestaciones, que deja sin efecto, con carácter retroactivo, una relación jurídica contractual y consiguientemente un contrato que ha nacido plenamente a la vida del derecho’, postura doctrinaria que se acomoda a la interdependencia de las prestaciones”.

III.2. De la verdad material.

Este Supremo Tribunal de Justicia orientó en sus diversos fallos como el Auto Supremo N° 131/2016, 05 de febrero, en sentido que: “…en este Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el Juez tiene la posibilidad incluso más amplia de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.

En este entendido la averiguación de la verdad material resulta trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como única garantía de la armonía social”.

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