AS/0665/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0665/2025

Fecha: 30 de junio de 2025

Expediente: CB-26-25-S

Partes: Víctor Bazoalto Ledezma c/ Remberto Orellana Jiménez.

Proceso: Anulabilidad de documento.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 601 a 603 vta., interpuesto por Remberto Orellana Jiménez contra el Auto de Vista Nº 306/2024 de 30 de diciembre, corriente de fs. 593 a 598 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso ordinario anulabilidad de documento seguido por Víctor Bazoalto Ledezma contra el recurrente; el Auto de concesión de 26 de marzo de 2025, visible a fs. 612; el Auto Supremo de admisión N° 0356/2025-RA de 23 de abril, saliente de fs. 618 a 619 vta., todo lo inherente al proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Víctor Bazoalto Ledezma según memorial de demanda que cursa de fs. 97 a 102, reiterado de fs. 104 a 109 y subsanado a fs. 112, promovió el proceso ordinario de anulabilidad de documento en contra de Remberto Orellana Jiménez, una vez citado el demandado, por memorial de fs. 117 a 119 vta., opuso excepciones de incompetencia, demanda defectuosamente propuesta y trámite inadecuadamente dado por la autoridad judicial, que fueron resueltas por Auto de 19 de octubre de 2022 cursante de fs. 511 vta., a 512 vta., en la que se declararon improbadas las referidas excepciones; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia de 10 de noviembre de 2022 que cursa de fs. 543 a 546 vta., en la que la Juez Publico Civil y Comercial N° 4 de Sacaba – Cochabamba declaró PROBADA la demanda disponiendo la anulabilidad del documento de préstamo de dinero de 08 de junio de 2019, con costas y costos.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Remberto Orellana Jiménez por escrito visible de fs. 552 a 563, originó que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita el Auto de Vista N° 306/2024 de 30 de diciembre, cursante de fs. 593 a 598 vta., por el cual CONFIRMÓ la Sentencia y el Auto interlocutorio apelados, bajo los siguientes fundamentos.

- Con respecto al Auto Interlocutorio de 19 de octubre de 2022 por cuanto la demanda no cumple con los requisitos previstos en los nums. 6, 7 y 9 del art. 110 del Código adjetivo civil, se tiene que de la revisión de dicha demanda contenida en el memorial de 6 y 19 de abril de 2022, se advierte que la demandante efectúa una relación precisa de los hechos, no motivando aspectos obscuros o contradictorios que necesiten ser subsanados; en cuanto al derecho invocado y a la petición ambas guardan concordancia y son formuladas en términos claros y positivos, pues la demanda es fundada en lo dispuesto por el art. 554 nums. 1 y 4 del Código Civil que tiene que ver con la anulabilidad del documento por falta de consentimiento para su formación y por violencia, dolo o error sustancial sobre la materia o sobre las cualidades de la cosa, solicitando se declare la anulabilidad de documento de préstamo de dinero de 8 de junio de 2019. En relación al carácter vinculante de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0919/2014 de 15 de mayo, que modularía el Auto Supremo N° 275/2014 de 2 de junio, la excepcionista equivoca su afirmación, pues si bien es cierto que dicho precedente modula el entendimiento de que la falsedad de un acto no habilita la invalidación por vía de anulabilidad sino vía de nulidad, esta resulta aplicable únicamente en aquellos casos en los que la falsedad está relacionada con la inexistencia de una obligación, lo que no ocurren en el presente caso, pues el demandante reconoce la existencia del préstamo de dinero por la suma de $us. 2.000, otorgado en su favor por el ahora recurrente, que fue constituido de manera verbal y no así mediante documento privado del cual ahora demanda su anulabilidad; entonces, al no existir vinculatoriedad entre el precedente constitucional y la presente causa, no hay razones para declarar la improponibilidad de la demanda y menos para declarar probada la excepción pretendida.

- En relación a la decisión de fondo, el dictamen pericial es inherente al objeto del proceso cual es determinar la veracidad de la firma estampada en el documento privado de 8 de junio de 2019 y si corresponde en autoría al deudor a fin de declarar la anulabilidad del mismo, situación que no ocurre con la resolución de sobreseimiento de 19 de septiembre de 2022, que no guarda relación con el objeto del proceso, ya que el proceso penal persigue sanción punitiva ante la comisión de un delito, mientras que la anulabilidad busca la declaración de ineficacia del documento constitutivo de una obligación, esta resolución fiscal no desvirtúa la autenticidad del dictamen pericial presentado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), por lo que no se advierte vulneración al debido proceso y menos a la igualdad procesal, por cuanto ambas literales fueron valoradas y consideradas por el A quo a momento de pronunciarse la Sentencia.

- En cuanto a la presunta nulidad de obrados generada por la inconcurrencia de su abogado defensor a la audiencia complementaria, dicho argumento carece de sustento legal por cuanto las normas procesales al ser de orden público son de cumplimiento obligatorio, su aplicación no puede ser catalogada como vulneratoria de su derecho a ser asistido de un abogado, pretendiendo se anule lo desarrollado en la audiencia complementaria, siendo evidente que el art. 16 de la ley N° 025 impele proseguir el proceso sin retrotraer etapas procesales ya concluidas.

- El dictamen pericial elaborado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ha sido elaborado a requerimiento fiscal; es decir, por autoridad competente, y en apego a la normativa procesal penal; dicho dictamen resulta pertinente y relevante para los hechos debatidos como lo es el de establecer la autenticidad de la firma estampada por el demandante en el documento objeto de anulabilidad, habiendo -el demandado- tenido la oportunidad de cuestionarlo en función a su derecho a la defensa, como lo efectuó mediante la copia simple del memorial de 8 de marzo, por el cual solicita la ampliación de la pericia caligráfica, petición concedida por proveído fiscal de 9 de marzo de 2022. Por lo que su valoración en Sentencia no resulta lesiva al debido proceso o a su derecho a la defensa.

- En el presente caso, la Juez de la causa no tuvo la oportunidad de pronunciarse en Sentencia sobre los cuestionamientos referidos a la excepción de demanda defectuosamente propuesta y trámite inadecuadamente dado por la autoridad judicial, resueltas en audiencia preliminar y recurridas de apelación en el efecto diferido, debidamente resueltas por el Tribunal de apelación en el acápite II.5 del Auto de Vista impugnado, en ese sentido no corresponde consideración alguna respecto a dicha acusación.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Remberto Orellana Jiménez, según escrito visible de fs. 601 a 603 vta., medio de impugnación que es objeto de análisis en la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Mediante el recurso de casación que se analiza, el recurrente acusó:

En la Forma.

a) Incongruencia omisiva que vulnera lo previsto en el art. 265.I del Código Procesal Civil; en sentido que, el Auto de Vista recurrido confunde la nulidad con la anulabilidad, siendo este último un instituto completamente diferente al solicitado; además de ser forzada la causa, alegando que –al parecer- la parte demandada invocó en su demanda la nulidad prevista en el art. 549 del Código Civil, vinculado a hechos relativos a la falsificación de firmas y que corresponden ser conocidos por la vía penal, habiendo sido ya motivo de análisis por el Fiscal asignado.

Aspectos que han sido obviados por la autoridad jurisdiccional reforzada por los miembros de la Sala Civil, cuando la vía idónea es la del proceso penal, máxime cuando el mismo demandante reconoce que la deuda existe.

En el Fondo.

a) Errónea fundamentación de los alcances de la anulabilidad; refiriendo que, el Tribunal de alzada forzó y entendió mal lo establecido en el art. 554 nums. 1 y 4 del Código Civil, debiendo haberse declarado que no es procedente la anulabilidad solicitada por la parte demandante.

Fundamentos por los cuales el recurrente solicitó que dentro la presente causa debió declararse improbada la petición de contrario y se declare probado el merituado recurso de casación.

2. De la contestación al recurso de casación.

No cursa en obrados contestación alguna al recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

CONSIDERANDO IV:

III.1. De la incongruencia omisiva.

La congruencia de las resoluciones judiciales resulta una cuestión obligatoria que el operador judicial debe asentar en sus decisiones judiciales. La misma responde al derecho que tiene un litigante de obtener una respuesta concreta y motivada acerca de los planteamientos que proponga ante el administrador de justicia. Sin embargo, el Código Procesal Civil, tiene diseñado mecanismos procesales como para sanear tal defecto.

Así en grado de apelación se tiene el art. 218 del Código Procesal Civil que permite el Tribunal de alzada corregir las omisiones en que hubiese incurrido el Juez de la primera instancia, esto en procura de cerrar el fondo de la controversia y de esta manea otorgar una justicia pronta y oportuna la cual es una obligación para la función jurisdiccional, así lo señala el art. 115.II de la Constitución Política del Estado.

La finalidad que busca el proceso es darle una solución al problema jurídico para ello se prepondera el aspecto sustancial sobre lo formal, por ello ante las denuncias de incongruencia omisiva, se debe considerar la magnitud de la omisión y su relevancia para el fondo de la decisión, así se tiene asentado el criterio jurisprudencial de Sala Civil, el cual puede ser visible en el Auto Supremo Nº 356/2019 de 03 de abril, en el que se asumió lo siguiente: “En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo ‘tantum devolutum quantum appellatum’, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En este antecedente, el Tribunal de casación a momento de realizar el análisis sobre los reclamos de incongruencia omisiva en que habría incurrido el Tribunal de Alzada respecto a los puntos acusados en apelación, se debe tener presente que al ser un aspecto que acusa un vicio de forma como es la incongruencia omisiva que afecta la estructura de la resolución, el análisis debe limitarse a contrastar en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión (…). Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo ‘no es absoluto’, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado. De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley Nº 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa” (Las negrillas fueron añadidas).

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Texto del fallo

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