AS/0668/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 0668/2025

Fecha: 30 de junio de 2025

Expediente: LP-65-25-S

Partes: Ayda Oropeza (+), Edgar Tarqui Oropeza (+) c/ Olga Vega Sillo y Jorge Raúl Chaparro Zurita.

Proceso: Nulidad de documentos.

Distrito: La Paz.

VISTOS: Los recursos de casación cursantes de fs. 1744 a 1749, interpuesto por Claudia Margarita Tarqui Sandoval en calidad de heredera de Edgar Tarqui Oropeza (+); de fs. 1751 a 1755 vta., inducido por David Genaro Gómez Ávalos; de fs. 1759 a 1762 vta., formulado por Jorge Raúl Chaparro Zurita y Olga Vega Sillo; de fs. 1764 a 1767, presentado por Abraham Justo Martínez Quispe en su calidad de Defensor de Oficio; de fs. 1776 a 1778, inducido por Edson Tarqui Sandoval; y, de fs. 1785 a 1787, opuesto por José Reynaldo Tarqui Céspedes contra el Auto de Vista N°697/2024, de 07 de noviembre, corriente de fs. 1736 a 1739, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad de documentos seguido por Ayda Oropeza contra Olga Vega Sillo y Jorge Raúl Chaparro Zurita; el Auto de concesión de 29 de enero de 2025 visible a fs. 1802, el Auto Supremo de admisión N° 0302/2025-RA, cursante de fs. 1810 a 1812, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">Ayda Oropeza, por memorial de demanda que cursa de fs. 36 a 40, reformulado y ampliado de fs. 251 a 262, subsanado de fs. 265 y vta., promovió el proceso ordinario de nulidad de documento, contra Olga Vega Sillo y Jorge Raúl Chaparro Zurita, quienes una vez citados, según escrito visible de fs. 294 a 301 vta., ampliado y modificado de fs. 338 a 344, y a fs. 351 y vta., se apersonaron y contestaron de forma negativa, reconvinieron por cumplimiento de obligación de obligación y división y partición no solo contra los actores, sino también contra David Genaro Gómez Avalos y Jorge Florens Chaparro Vega, quienes una vez citados, el primero por memorial de fs. 382 a 393, subsanado de fs. 416 a 418 vta., se allanó a la demanda principal y contestó de forma negativa a la demanda reconvencional y opuso excepción de falta de legitimación o interés legítimo que surge de los términos de la reconvención, reconvino por nulidad de contratos, documentos privados y reconocimiento de firmas; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 790/2022 de 28 de noviembre, que cursa de fs. 1576 a 1586 vta., mediante el cual la Juez Público Civil y Comercial N° 7 de la ciudad de La Paz, declaró IMPROBADA la demanda de nulidad de contratos interpuesta por Ayda Oropeza; IMPROBADA la demanda de nulidad documentos y poderes formulada por David Genaro Gómez Avalos, PROBADA la demanda reconvencional de cumplimento de obligación interpuesta por Jorge Raúl Chaparro Zurita y Olga Vega Sillo, disponiendo que en el plazo de diez días de ejecutoriada la Sentencia, Edgar Tarqui Oropeza en su calidad de heredero de Ayda Oropeza firme la minuta y protocolo de la Transferencia del 50% de acciones y derechos correspondientes a Ayda Oropeza sobre el inmueble ubicado en la Urbanización Villa Dolores Zona A, Manzano 403 sobre las calles 11 y 20 registrado bajo la Matrícula N° 2.01.4.01.0129427.

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<li style="margin:0 0 0 2400;"> Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por David Genaro Gómez Avalos y Abraham Justo Martínez Quispe, según escritos de fs. 1587 a 1594 y de fs. 1658 a 1660 vta. respectivamente, originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 697/2024 de 07 de noviembre, corriente de fs. 1736 a 1739, donde se ANULÓ obrados hasta fs. 1568 inclusive, disponiendo que el Juez A quo otorgue el trámite procesal conforme normativa y principios aplicables al caso, bajo los siguientes argumentos:

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- Se advierte que, el objeto de la pretensión principal es la nulidad de documentos por causa ilícita y motivo ilícito, por analfabetismo de la parte actora; toda vez que, la parte ahora recurrente aduce que las huellas digitales no guardarían relación con las huellas de Ayda Oropeza, así también que no se habrían cumplido con las formalidades de ley respecto a las personas analfabetas conforme el art. 1299 del Código Civil, por lo que los actos de transferencia suscritos entre Ayda Oropeza en calidad de vendedora y Raúl Chaparro Zurita y Olga Vega Sillo en calidad de compradores, no tendría validez al estar viciado de nulidad conforme establece el art. 549 nums. 3 y 5 del Código Civil; bajo lo referido, la parte actora mediante escrito de fs. 251 a 262 vta., (Otrosí II, ofrece como como prueba un dictamen pericial, misma que fue admitida en audiencia de 05 de julio de 2022, de fs. 1490 a 1492 vta.), fijándose inclusive los puntos de pericia; por lo que, de la terna peritos de fs. 1521 y de 1536 a 1542, se designó a Gary Gonzalo Omonte Vera, como perito en audiencia de 04 de octubre de 2022; empero, pese a dicha designación no se advierte la producción del citado instrumento probatorio; pues, ni siquiera cursa la notificación correspondiente al perito designado, diligenciamiento de la prueba admitida por la autoridad judicial en la causa, respecto de la cual debió velar su oportuno diligenciamiento; más aún cuando resulta pertinente y necesaria la realización de un estudio pericial para determinar si las huellas dactilares y firmas para averiguar si corresponden o guardan relación con la parte demandante (Ayda Oropeza) y demás puntos de pericia que precisamente, recaen en la cuestión fundamental a dilucidar.

- En audiencia complementaria corriente de fs. 1568 a1574 vta. de obrados de 09 de noviembre de 2022; se advierte que, la Autoridad A quo de manera expresa señaló: "hay una última prueba que es la pericial el cual se ha nombrado a un perito el cual no ha sido esta prueba diligenciada por la parte que ha ofrecido esta prueba pericial, sin embargo como en una anterior audiencia se habría quedado que tenía que cumplir con los plazos también las partes tienen que dar suficiente impulso procesal para poder diligenciar sus pruebas". De lo que resulta, evidente la importancia con la que esta revestida la prueba pericial, puesto que a través de ella se podría llegar a un grado de certeza respecto a lo argumentado por la parte actora, por lo cual, su presencia en el cúmulo probatorio es trascendental para la resolución del conflicto jurídico que nos atañe en la presente causa, extremo que fue correctamente advertido por la A quo a tiempo de admitir y ordenar la producción de este medio de prueba.

- Sin haberse producido la prueba pericial, la autoridad de primera instancia se apartó del principio de verdad material, constitucionalmente garantizado, con el argumento de que la parte no habría diligenciado dicho medio probatorio, demostrando una desidia en su actuación y en el desarrollo de la causa, puesto que, al adoptar una posición pasiva, no hizo más que contravenir al art. 2 del adjetivo civil.

- Si bien en segunda instancia se puede producir prueba, no es menos evidente que en atención a lo dispuesto por el art. 261. III de la Ley Nº 439, en el presente caso no resulta aplicable; toda vez que, inicialmente las partes no solicitaron el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, menos se acomoda a las causas contenidas en el art. 261.III del Código Procesal Civil, máxime cuando la autoridad A quo, realizó la designación del perito Gary Gonzalo Omonte Vera, vulnerándose el derecho al debido proceso en sus vertientes, congruencia, verdad material, a la defensa, y seguridad jurídica; puesto que, en aplicación del art. 208 del adjetivo civil, la Juez debió disponer la diligencia de la prueba pericial, extremo que no ocurrió en el presente proceso, soslayando lo previsto en el art. 2 de la Ley N° 439, pues para resolver el conflicto jurídico se debe acudir a la prueba pericial para determinar si corresponde o no dar curso a la pretensión de la parte actora, inclusive en la resolución ahora recurrida.

- La Autoridad A quo no analizó si los documentos acusados de nulidad cumplen con los requisitos previstos en el art. 1299 del Código Civil, menos estableció si la parte actora (Ayda Oropeza) fue una persona analfabeta, tampoco se produjo, prueba de oficio, tanto al Ministerio de Educación, la Universidad Mayor de San Andrés u otra entidad pública que emite diplomas de bachiller, pues tampoco se generó certeza sobre el analfabetismo de la parte actora.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Claudia Margarita Tarqui Sandoval en calidad de heredera de Edgar Tarqui Oropeza (＋), David Genaro Gómez Avalos, Jorge Florens Chaparro Vega, Olga Vega Sillo, Abraham Justo Martínez Quispe en su calidad de Defensor de Oficio, Edson Edgar Tarqui Sandoval y José Reynaldo Tarqui Céspedes, según escritos visibles de fs.1744 a 1749, de fs. 1751 a 1755 vta., de fs. 1759 a 1762 vta., de fs. 1764 a 1767, de fs. 1776 a 1778; y, de fs. 1785 a 1787, respectivamente, recursos que son objeto de análisis:

CONSIDERANDO II:

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">Del contenido de los recursos de casación.

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De los recursos de casación de Claudia Margarita Tarqui Sandoval, David Genaro Gómez Avalos, Abraham Martínez Quispe, en su condición de Defensor de Oficio.

De la revisión de los recursos de casación interpuestos por Claudia Margarita Tarqui Sandoval, David Genaro Gómez Avalos, Abraham Martínez Quispe, en su condición de Defensor de Oficio, se observa similitud en los agravios expuestos y en lo transcendental de dichos medios de impugnación acusaron lo siguiente:

- Que el Auto de Vista N° 697/2024, de 07 de noviembre, vulneró su derecho elemental al debido proceso en su elemento de motivación congruente al haberse emitido una resolución oficiosa y ultra petita sobre cuestiones no reclamadas por las partes, causándoles perjuicio generando retardación de justicia; más aún, la jurisprudencia constitucional determina ciertos requisitos para que proceda la nulidad de oficio en segunda instancia.

- El Auto de Vista recurrido incurrió en incongruencia e irrazonabilidad violentando el derecho al debido proceso en su elemento de motivación congruente y razonable.

Fundamentos por los cuales los recurrentes solicitan se anule el Auto de Vista N° 697/2024 y se dicte una nueva resolución.

De los recursos de casación de Edson Tarqui Sandoval y José Reynaldo Tarqui Céspedes

De la revisión de los recursos de casación interpuestos por Edson Tarqui Sandoval y José Reynaldo Tarqui Céspedes, se encuentra similitud con los puntos de agravio expuestos por los recurrentes Claudia Margarita Tarqui Sandoval, David Genaro Gómez Avalos, Abraham Martínez Quispe, en su condición de Defensor de Oficio y al margen recurren en impugnación:

- Acusan la omisión de valoración del acuerdo transaccional vulnerándose su derecho a la defensa y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación.

De los recursos de casación de Jorge Raúl Chaparro Zurita y Olga Vega Silo

De la revisión del recurso de casación interpuesto por Jorge Raúl Chaparro Zurita y Olga Vega Sillo, en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusaron lo siguiente:

En la Forma.

- Aducen que el fundamento del Auto de Vista es incongruente porque no respetó las normas legales traídas a colación y se alejó de los agravios planteados de la contestación a la apelación, sin observar los límites que tiene como Tribunal de apelación, que las decisiones deben ajustarse a la apelación y la imposibilidad de resolver en exceso.

En el Fondo.

- No se revisó si el A quo valoró de forma correcta las pruebas de acuerdo a la norma ni tampoco si las mismas cumplieron con los previsto por el art. 1299 de Código Civil y deliberando en el fondo mantener firme y subsistente la Sentencia apelada, por el contrario, incurrió en incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre este aspecto en el recurso de apelación y sobre los agravios planteados en el recurso de apelación.

Fundamentos por los cuales los recurrentes solicitaron se case el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo se declare probada la demanda reconvencional; por lo tanto, se confirme la sentencia de primera instancia.

2. De la contestación a los recursos de casación

a) David Genaro Gómez Avalos, mediante memorial de fs. 1791 a 1793 vta., en cuanto a los recursos de casación presentados por Jorge Raúl Chaparro Zurita, Abraham Justo Martínez Quispe, Defensor de Oficio, Jorge Florens Chaparro Vega, Edson Edgar Tarqui Sandoval; y, José Reynaldo Tarqui Céspedes, refiere en lo principal que:

En alusión al recurso de casación presentado por Jorge Raúl Chaparro Zurita, alega que:

- El recurso carece de expresión de agravios, no identifica con precisión cual es la norma procesal o sustancial vulnerada, no explica la forma en que supuestamente fue vulnerada, ni la interpretación o efecto que pretende con el recurso, se trata simplemente de un resumen distorsionado de actos procesales sin mayor transcendencia en el proceso.

- Respecto a la casación en la forma, si bien los argumentos que expone el recurrente no corresponden a materia civil, en la cual si existe doble instancia y en la que el Tribunal de alzada si puede y debe revalorizar la prueba.

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