AS/0671/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0671/2025

Fecha: 30 de junio de 2025

Expediente: LP-76-25-S

Partes: María Bertha Vargas Pacheco c/ Sandra Viviana Asturizaga Costa.

Proceso: Nulidad de matrimonio.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 435 a 438, interpuesto por María Bertha Vargas Pacheco representada por Eric Osvaldo Baldivieso Gamarra, contra el Auto de Vista Nº 21/2025, de 10 de enero, corriente de fs. 414 a 425 vta., y Auto complementario de 20 de enero de 2025 cursante a fs. 428, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad de matrimonio, seguido por la recurrente contra Sandra Viviana Asturizaga Costa; la contestación de fs. 442 a 447; el Auto de concesión de 25 de febrero de 2025, visible a fs. 448; el Auto Supremo de admisión N° 0341/2025-RA, de 11 de abril, obrante de fs. 457 a 459, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. María Bertha Vargas Pacheco, por memorial de demanda que discurre de fs. 13 a 15 vta., subsanado a fs. 17 y vta. y a 32 y vta., promovió el proceso ordinario de nulidad de matrimonio contra Sandra Viviana Asturizaga Costa, quien una vez citada, por memorial de fs. 77 a 85, contestó negativamente, planteó incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa y excepción de falta de legitimación y prescripción, pretensiones que fueron resueltas por Resolución Nº 380/2023, de 09 de marzo de 2023, de fs. 94 a 96, rechazando el incidente de nulidad y declarando improbada las excepciones; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 872/2023, de 18 de septiembre, que cursa de fs. 214 a 218 vta., en el que el Juez Público de Familia 1º de la Zona Sur de la ciudad de La Paz, declaró PROBADA la demanda, en consecuencia la nulidad de la partida matrimonial inscrita en la Oficialía Nº 20105014, Libro Nº 2, Partida Nº 70, Folio Nº 70 del departamento de La Paz, con fecha de partida 10 de julio de 2011, que corresponde a Boris Alfredo Infantes Vargas y Sandra Viviana Asturizaga Costa; seguidamente, por Auto de 17 de octubre de 2023, que corre de fs. 221 a 222 vta., se declaró no ha lugar a la solicitud de complementación y enmienda.

2. Resolución de primera instancia recurrida en apelación por Sandra Viviana Asturizaga Costa por memorial de fs. 243 a 249, que originó que la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emita el Auto de Vista Nº 153/2024, de 04 de abril, que cursa de fs. 283 a 286 vta., que ANULÓ obrados hasta fs. 201, ordenando al Juez A quo regularizar procedimiento.

3. En cumplimiento a dicha determinación, la Juez de primera instancia emitió la Sentencia Nº 435/2024, de 27 de junio, cursante de fs. 356 a 360, declarando PROBADA la demanda de nulidad de matrimonio, disponiendo la nulidad de la partida matrimonial correspondiente a Boris Alfredo Infantes Vargas y Sandra Viviana Asturizaga Costa; posteriormente, por Auto de 12 de julio de 2024, obrante a fs. 366 se declaró no ha lugar a la complementación y enmienda solicitada por la demandada.

4. Contra el fallo de primera instancia, Sandra Viviana Asturizaga Costa planteo apelación por escrito de fs. 372 a 378, originando que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 21/2025 de 10 de enero, visible de fs. 414 a 425 vta., que confirmó el Auto de 29 de mayo de 2023 cursante de fs. 110 y vta., y la Resolución Nº 841/2023 de 12 de septiembre, corriente de fs. 176 a 177 vta., y REVOCÓ la Sentencia Nº 435/2024, de 27 de junio, visible de fs. 356 a 360, declarando improbada la demanda de nulidad de matrimonio; y, por Auto complementario de 20 de enero de 2025, que corre a fs. 428, se determinó no ha lugar a la complementación y enmienda formulada por la demandante, Auto de Vista emitido con los siguientes argumentos:

El enlace matrimonial entre Boris Alfredo Infantes Vargas (fallecido) y Sandra Viviana Asturizaga Costa fue celebrado el 10 de julio de 2011; sin embargo, la demanda de nulidad de matrimonio fue interpuesta por la madre del esposo, en condición de sucesora universal el 4 de enero de 2023, lo que evidencia que fue interpuesta 11 años y 5 meses de la celebración del matrimonio, lo cual si bien estaría prescrita, empero al tenor del art. 83 del Código de Familia, promulgado por Decreto Ley Nº 10426 de 23 de agosto de 1972, elevado a categoría de norma ordinaria por Ley Nº 996, no tendría limitante para su sustanciación conforme a la regulación que señala “La acción para anular el matrimonio, en los casos expresados, es imprescriptible…”; empero llama la atención la parte in fine de la misma norma que señala “…cuando no se la sujeta a un término de caducidad o el vicio se subsana por sobrevenir alguna circunstancia de hecho”; es decir, que si bien la acción de nulidad absoluta seria imprescriptible, dicha máxima tiene una salvedad cuando existe un término de caducidad o cuando el vicio se subsana por alguna circunstancia sobreviniente, en ese merito corresponde establecer alguna de estas salvedades.

En el caso, la parte demandada contrajo matrimonio con Boris Alfredo Infantes Vargas el 10 de julio de 2011, la parte demandante manifiesta que a tiempo de celebrarse el matrimonio, la demandada no tenía la libertad de estado, elemento fundante para instaurar la acción, por cuanto la nulidad de matrimonio por falta de libertad de estado subsumiría un precepto legal de carácter imprescriptible, siempre y cuando no registre la existencia de un hecho sobreviniente o de caducidad, instituto que no concurre.

De la revisión de obrados, se advierte hechos suscitados con carácter posterior a la celebración del matrimonio, pues si bien es un hecho acreditado que Sandra Viviana Asturizaga Costa no contaba con libertad de estado al momento de la celebración del matrimonio, por la vigencia del matrimonio con Juan Carlos Aramayo Garnica; empero, dicha partida matrimonial fue cancelada con posterioridad en fecha 08 de junio de 2016 mediante un proceso de desvinculación, conforme al Certificado de Matrimonio a fs. 1 y el Informe a fs. 29 y vta.; de lo que se contempla la realización de un hecho sobreviniente a la celebración del matrimonio, convalidando el defecto subyacente al vínculo matrimonial Infantes-Vargas, conforme a la Ratio decidendi del Auto Supremo Nº 395/2019, que establece que, la nulidad de matrimonio por falta de libertad de estado opera en tanto y en cuanto coexistan dos matrimonios vigentes a tiempo de instaurarse la respectiva acción, contrario sensu, si el primer matrimonio fue disuelto mediante una Sentencia judicial, prevalece el principio de conservación respecto al segundo matrimonio, convalidando por consecuencia el vicio que afecta a este último, situación que acontece en la presente causa; ya que del análisis de los formularios de preinscripción de matrimonio adjunto al informe del Servicio de Registro Cívico a fs. 29 y vta., se corrobora que todas las partidas matrimoniales contraídas por la parte demandante fueron canceladas con antelación al inicio de la demanda, siendo la única partida vigente de Boris Alfredo Infantes Vargas y Sandra Viviana Asturizaga Costa, pues se efectivizó una excepción a la regla de la imprescriptibilidad, lo cual desvirtúa la pretensión en el fondo.

5. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por María Bertha Vargas Pacheco representada por Eric Osvaldo Baldiviezo Gamarra, mediante memorial de fs. 435 a 438; recurso de casación que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) El Auto de Vista Nº 21/2025, de 10 de enero, incurre en interpretación errónea y aplicación indebida de la ley porque a tiempo de argumentar la aplicación de la ultraactividad de la norma en cuanto a la Ley Nº 210426 de 27 de agosto de 1972, elevado a la categoría de norma ordinaria por la Ley Nº 996 de 4 de abril de 1988, en relación a la celebración del matrimonio, omite aplicar el art. 46 que establece la libertad de estado y el art. 52 que establece el plazo para un nuevo matrimonio de la mujer, analizando en forma sesgada y no en su totalidad la ultraactividad de la norma.

b) Incurre en contradicción entre el principio procesal de la verdad material y la norma aplicada, porque omite analizar que en fecha 10 de julio de 2011, estaban vigentes los arts. 55 y 60 del anterior Código de Familia, que disponían que la contrayente debe manifestar su estado civil, en caso de disolución o invalidez de matrimonio anterior, la causa y la fecha en que se produjo, su profesión, el nombre y apellidos de los padres, la obligación de expresar la existencia o ausencia de impedimento o prohibición para el matrimonio, presentar Sentencia de invalidez del matrimonio anterior o de divorcio; empero, la demandada no adjuntó dicha documentación, sorprendiendo la buena fe del otro contrayente Boris Alfredo Infantes Vargas, aspectos que no fueron considerados al resolverse la apelación.

c) En error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas en cuanto al Informe del SERECI – CL Nº 992/2023 de 13 de febrero, de fs. 26 a 30, porque si bien lo menciona en el Auto de Vista, pero no emite criterio legal alguno sobre el valor que le asigna.

d) Existe incongruencia entre lo solicitado y lo otorgado, porque en la apelación se solicitó la nulidad de obrados, para que el Juez A quo dicte nueva Sentencia; empero, la Sala Civil yendo más allá de lo pedido, revocó la Sentencia Nº 435/2024 de 27 de junio y declaro improbada la demanda, actuando en forma ultra petita.

e) El Auto de Vista, recurrido que aplicó el Auto Supremo Nº 395/2019, de 18 de abril, que emplea la conservación de los actos y el principio de la realidad, estaría sacando del ordenamiento jurídico el requisito indispensable de la libertad de estado para contraer nupcias e induciría a realizar una práctica ilegal de, primero me caso y después arreglo; igual duda, surge respecto a los derechos patrimoniales o bienes gananciales de los tres matrimonios, por cuanto durante un tiempo, la demandada estaría simultáneamente registrada con tres matrimonios el año 2015, no existiendo forma de dividir los bienes gananciales adquiridos entre una esposa y tres maridos.

Fundamento por los cuales solicitó se case el Auto de Vista recurrido y se declare probada la demanda.

2. Contestación al recurso de casación:

Sandra Viviana Asturizaga Vda. de Infantes, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 442 a 447, exponiendo que:

El proceso fue tramitado con una serie de vicios de nulidad, porque la demandante interpretó la normativa familiar vigente conforme a sus intereses y no así como la ley lo determina, el art. 168 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, establece que la acción de nulidad corresponde a la o el cónyuge, los familiares de la persona declarada interdicta y las instituciones pública de protección a la familia, niñez y adolescencia, sin embargo la causa fue interpuesta por María Bertha Vargas Pacheco, quien es progenitora de Boris Alfredo Infante Vargas, sin tener legitimidad activa para la presente causa; a su vez el art. 171 de la misma normativa establece la preclusión para la acción de nulidad en un año; sin embrago, no fue considerado dicha normativa, por lo que se vulneró sus derechos al haberse alterado el normal desarrollo del proceso; empero siendo que el Auto de Vista fue debidamente fundamentado e hizo una revisión minuciosa de la jurisprudencia y Autos Supremos, corresponde responder negativamente al recurso de casación.

Por lo referido, solicitó se declare infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Ante la interposición del recurso de casación en la forma y fondo, es necesario en primer lugar resolver los reclamos de forma

Sobre este punto, corresponde señalar lo expresado en la doctrina aplicable contenida en el Auto Supremo Nº 203/2016, de 11 de marzo, pronunciado por la Sala Civil del máximo Tribunal de Justicia Ordinaria, que de forma clara ha expresado: “En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; norma que posee un contenido análogo con lo que establecía el art. 258 núm. 2 del Código de Procedimiento Civil, tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, mediante el cual se acusan aspecto inherentes a la forma de la tramitación de la cusa, cuya finalidad es anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo recursivo idóneo para observar la errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el Auto de Vista, y debido a esa notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, sobre los reclamos de forma, pues que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y no corresponde realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso”.

III.2. Subsanación de vicio del matrimonio anulable.

Al respecto el Auto Supremo N° 395/2019, de 18 de abril, señaló que: “El art. 83 del Código de Familia señala: (Acción de anulabilidad absoluta). ‘La acción para anular el matrimonio, en los casos expresados, es imprescriptible, cuando no se la sujeta un término de caducidad o el vicio se subsana por sobrevenir alguna circunstancia de hecho…’.

Los hechos jurídicos son sucesos relevantes para el derecho que producen efectos jurídicos y como consecuencia del hecho se crean, modifican o extinguen derechos, deberes y obligaciones o cargas.

En el ámbito familiar el derecho de uno de los cónyuges disuelve el matrimonio conforme describe el art. 129 del Código de Familia que menciona: ‘El matrimonio se disuelve por la muerte o por la declaración de fallecimiento presunto de uno de los cónyuges también se disuelve por sentencia ejecutoriada de divorcio en los casos expresamente determinados…’.

Corresponde señalar el aporte del doctrinario Carlos Morales Guillen (Código de Familia concordado y anotado, Editorial Gisbert & Cía. S.A. pág. 158 y 159) ‘…Resulta de esta disposición que la naturaleza del impedimento de falta de libertad de estado (art. 46) solo aparece posteriori, según la suerte que corra el proceso sobre la validez del primer matrimonio. Esto es, será de naturaleza dirimente, no sanable, si el primer matrimonio es válido, o será simplemente impedimento prohibitivo si es susceptible de ser anulado.

(…). El sistema alemán, seguido por el Ecuador y otros países, mantiene la validez del segundo matrimonio y considera disuelto el anterior. El CC, vigente, apartándose de su modelo italiano, al declarar abierta la sucesión con la muerte real o presunta del de cujus se coloca dentro este sistema, esto es reconoce validez al segundo matrimonio considerando disuelto el primero por aplicación del art. 129, que declara disuelto el matrimonio por la muerte’.

En el ámbito de la doctrina argentina, sobre la subsanación del matrimonio, se cita el aporte de Eduardo A. Zannoni (Derecho Civil Derecho de Familia, Tomo I, 2º Editorial Astrea, Edición, pág. 294 y 295) quien describe ‘Prueba del impedimento de ligamen.- la acreditación del matrimonio anterior celebrado por el demandado y la identidad entre éste y el contrayente de aquél, constituyen extremos inexcusables.

(…) Pero, además, a nuestro juicio, debe acreditarse la subsistencia del primer matrimonio -o del matrimonio anterior- al día en que el demandado contrajo el segundo. Configura el impedimento de ligamen por “matrimonio anterior mientras subsista”, de modo que quien alegase la nulidad de las nupcias fundado en el ligamen subsistente y anterior de cualquiera de los contrayentes, deberá acreditar que no existen en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas constancias de la disolución o anulación del matrimonio anterior.

Por su puesto, opera en tal caso una presunción, implícita de subsistencia del matrimonio anterior, de cuya disolución o anulación no hay constancias. Pero como la subsistencia del matrimonio del presunto bígamo al tiempo en que se contrajeron las nupcias cuya nulidad se demanda, se funda en un hecho constitutivo de la afirmación del vicio, es evidente que supone en quien demanda la nulidad, no solo la carga de la afirmación, sino también la carga de la prueba.

En nuestra jurisprudencia se ha prestado, en general, poca atención a este extremo probatorio. En algunos fallos se ha sentado la doctrina que entiende que el actor que demanda la nulidad del matrimonio, no está obligado a acreditar la presunción de supervivencia del primer matrimonio. Sería la demandada quien debería acreditar la disolución de él o su anulación, si funda su defensa en algunos de estos hechos. En el último pronunciamiento citado se dice enfáticamente, que “en el juicio de nulidad de matrimonio basado en la subsistencia de un vínculo anterior, el actor cumple la carga de probar los extremos de su pretensión al acompañar las dos partidas que prueban ambos matrimonios de la demandada (…). La prueba del fallecimiento del conyugue, o la disolución por cualquier otro motivo, corresponde a quien alega, pues, no obstante, una posible colusión de los esposos, no es posible exigir más del conyugue que reclama la nulidad, por que frecuentemente la prueba de que el matrimonio anterior subsiste será imposible”.

En base a la doctrina citada, el mismo auto supremo, razonó que: “Con base en ello, la demandante interpone la anulabilidad del segundo matrimonio, pretendiendo mantener vigente el primero que fue celebrado con su madre, sin considerar que el mismo fue disuelto por voluntad del propio contrayente (causante de la actora) y que obtuvo una resolución emitida por autoridad competente y con sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada, así la interpretación establecida sobre la subsistencia del segundo matrimonio –ante la disolución del primer matrimonio- tiene respaldo en el ámbito doctrinario conforme a la conservación de los actos, pues al estar disuelto el primer matrimonio ya no se puede alegar la anulabilidad del segundo ya que la anulabilidad ataca la existencia de dos matrimonios, y al estar disuelto el primero de ellos –por sentencia de divorcio - no se puede invalidar el segundo, manteniéndose vigente el mismo conforme se ha descrito en la doctrina aplicable en el punto III.1., en base a la postura doctrinaria del sistema alemán que se inclina por mantener el segundo matrimonio, así de acuerdo a nuestra legislación, la acción para anular el matrimonio, en el caso de ausencia de libertad de estado, es imprescriptible, cuando no se la sujeta a un término de caducidad o el vicio se subsana por sobrevenir alguna circunstancia de hecho como la existencia de sentencia de divorcio o la existencia de una dispensa judicial ( Art. 83 del Código de Familia de 23 de agosto de 1973), siendo esta la excepción a la regla de sancionar la anulabilidad del matrimonio por la inexistencia de libertad de estado.

Así también, para invocar la anulabilidad del matrimonio por inexistencia de libertad de estado, se tiene que al momento de acreditar dicha anulabilidad ambos matrimonios deben persistir (estar vigentes), lo que no acontece en el caso de autos, pues luego de la celebración del segundo matrimonio entre Javier Macerez Jurado y María Julieta Ochoa, aconteció la disolución del primer matrimonio que generó efecto en la disolución del matrimonio Macerez-Hernández, que se constituye en un acto sobreviniente que convalidó el matrimonio Macerez-Ochoa, de acuerdo a la regla del art. 83 del Código de Familia, consiguientemente corresponde corregir el error incurrido por los de instancia”.

III.3. De la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley.

El Auto Supremo Nº 410/2019, de 24 de abril, estableció: “El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo, normativa que genera una clasificación para una adecuada técnica recursiva donde debe exponerse si el recurso, ya sea en el fondo o forma se cimienta en la: 1) Violación de la ley, 2) Interpretación errónea de la ley y 3) Aplicación indebida de la ley; de los Jueces de instancia, encontrando como común denominador al término ley, esto como emergencia de la función nomofiláctica de este recurso, que en palabras de Nicolás Gonzales Cuellar Serrano más que la norma, lo que protege la casación es la exacta observancia de la Ley, sin embargo este Tribunal por el carácter progresivo y evolutivo de la ley tampoco puede dejar de lado la función uniformadora y dikelógica que completan a las facultades que ostenta este Máximo Tribunal de Justicia, retomando el tema de la clasificación antes glosada, corresponde generar el cuadro diferenciador de cada uno para tener certeza que no se tratan de sinónimos en su interpretación y/o aplicación.

Cuando se habla de violación de ley, se entiende que existe una infracción directa y con dolo al derecho positivo por parte de las autoridades inferiores, obrando fuera del marco legal que ella establece.

En cambio cuando se acusa errónea interpretación de la ley, nos enfocamos en otro plano distinto donde la autoridad judicial en ejercicio de su competencia al momento de analizar una norma jurídica, no ejerció de forma correcta los parámetros de interpretación legal que son reconocidos por la doctrina y Jurisprudencia, entre ellos se tiene: literal, sistemática, histórica, finalista y constitucional entre otros, entendiendo al primero como la aplicación directa de la ley al caso concreto por no merecer obstáculo alguno tanto en la parte jurídica y fáctica, sin embargo cuando salimos fuera de ese marco y no resulta suficiente la interpretación gramatical para el caso concreto por advertirse antinomias jurídicas en normas del mismo rango se hace presente otro tipo de sistemas de interpretación como ser el método histórico que en palabras de Savigny implica ‘la situación de la relación jurídica regulada por reglas jurídicas en el momento de la promulgación de la Ley’ que nos lleva al entendimiento que la interpretación se la realiza acorde al momento histórico que fue elaborada para establecer esencia y finalidad que tuvo el legislador. El método sistemático, introduce la idea que una norma no es un mandato aislado, al contrario, responde a un sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo, o sea que la norma de forma independiente puede poseer un significado, pero en confrontación con otras que forman parte de toda una unidad puede generar otro panorama diametralmente opuesto, método en el que debe entenderse que las normas jurídicas no son cuerpos aislados. En el sistema finalista debe buscar la finalidad que persigue ese cuerpo normativo y partir de esa idea generar una interpretación y en el caso de la interpretación constitucional la misma en términos concretos impone a la autoridad que resuelve una problemática desplegar una interpretación desde y conforme al texto constitucional o bloque de constitucionalidad.

Como último caso, la indebida aplicación de la ley, en este escenario nos encontramos frente al supuesto donde la autoridad no aplicó la norma jurídica correcta o en su defecto empleo un precepto normativo errado, es decir la subsunción de un hecho a un incorrecto hipotético jurídico…”(Las negrillas son nuestras).

III.4. Con relación a la valoración de la prueba.

Al respecto el Auto Supremo Nº 528/2021, de 14 de junio, señaló: “El artículo 332 de la Ley N° 603 de 19 de noviembre de 2014 señala: (VALORACIÓN DE LA PRUEBA). I. Las pruebas se valorarán tomando en cuenta la individualidad de cada una de las pruebas producidas y serán consideradas integralmente, de acuerdo a una apreciación objetiva e imparcial, según criterios de pertinencia. La autoridad judicial tendrá la obligación de señalar concretamente las pruebas en que funda su decisión y tiene la obligación, en sentencia, de valorar tanto las pruebas decisivas y esenciales, como los elementos que hagan presumir la existencia o no de los hechos y derechos litigados”.

Dejando claramente establecido el legislador que todas las pruebas generadas en el trámite del proceso deben ser tamizadas por criterios de la sana crítica y experiencia, asignando a cada una de ellas un valor de acuerdo a su pertinencia y su correspondencia, dado que conjuntamente con otras, son el andamiaje que inclinara el universo probatorio en favor o en contra.

Es preciso hacer notar que la norma antes citada también hace alusión al proceso cognoscitivo del cual tienen que ser su resultado, pues sin lugar a ninguna duda, solo aquellas que son decisivas y esenciales son las que generan la convicción de lo postulado por ambas partes, limitando al principio dispositivo su reproducción y en todo caso también su valoración. Bajo ese entendimiento, la doctrina con el mismo paraguas, afirma que: ‘(…) producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación’, a este proceso mental Couture denomina ‘la prueba como convicción’.

Así también Víctor De Santo respecto al principio de unidad de la prueba indica: ‘El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme’.

El fin de la prueba es llegar a la verdad material de los hechos prescindiendo de todo formalismo que limite o impida al juzgador valorar la prueba, por el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba la autoridad judicial está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto, que deben ser integradas y contrastadas conforme manda el artículo 332 de la Ley N° 603 precepto legal que es concordante con lo dispuesto por el artículo 1286 del Código Civil”.

III.5. Sobre el error de hecho y de derecho.

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