AS/0704/2023-RA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 704/2023-RA

Sucre, 16 de junio de 2023

ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

Proceso: Santa Cruz 114/2023

I. DATOS GENERALES

Por memorial de casación presentado el 30 de marzo de 2023, cursante de fs. 655 a 657, Víctor Reynaldo Mendoza Kantuta, impugna el Auto de Vista 135 de 25 de noviembre de 2022, de fs. 628 a 631 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y el Ministerio de Educación en su contra por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual Agravado, previsto y sancionado por el art. 312 con relación al art. 310 del Código Penal (CP).

II. ANTECEDENTES

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

II.1. Sentencia.

Por Sentencia 34/2022 de 25 de abril (fs. 543 a 555), el Juzgado de Sentencia Onceavo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Víctor Reynaldo Mendoza Kantuta, autor y culpable de la comisión del delito de Abuso Sexual Agravado, previsto y sancionado por el art. 312 con relación al art. 310 del CP, imponiendo la pena de once años de presidio, con costas y daños causados a ser regulados en ejecución de sentencia.

II.2. Apelación restringida.

Contra la mencionada Sentencia, el imputado Víctor Reynaldo Mendoza Kantuta (fs. 585 a 589), formuló recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 135 de 25 de noviembre de 2022, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso de apelación restringida planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia.

III. MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

El recurrente acusa que el Auto de Vista es contrario a los Autos Supremos 719/2019-RA de 9 de septiembre, 656/2020-RA de 26 de octubre y 379/2018-RA de 6 de junio, manifestando que: i) Carece de fundamentación, toda vez que la doctrina puede ser aplicada para la determinación de un hecho y la consumación del mismo; ii) El desistimiento por parte de la madre de la menor, tras conversaciones con ella, indica que lo manifestado por la supuesta víctima es mentira; iii) El tribunal de alzada incurrió en una mala fundamentación con relación a la valoración preliminar psicológica, sin motivar respecto a la valoración integral y al principio de la sana crítica; y iv) La Sentencia confirmada por el Tribunal de alzada está basada en un hecho que no se consumó debido a que la víctima y su madre manifestaron que todo era mentira, por lo que considera que se vulneró su garantía jurisdiccional del art. 117 establecida en la Constitución Política del Estado (CPE).

IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL PARA EL ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determina el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que: “Los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas”, Por su parte, este Tribunal Supremo de Justicia, precisó que: “(…) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizarlo en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la administración de justicia”.

Debe agregarse que el derecho de impugnación si bien está reconocido constitucionalmente, está desarrollado por las normas de desarrollo constitucional, debiendo atenerse en cada caso a lo que establezcan las mismas; en cuyo mérito, los sujetos procesales tienen la carga de formular los recursos que la norma adjetiva regula, cumpliendo con las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, de acuerdo a las previsiones del art. 396 inc. 3) del CPP.

Además, debe tenerse presente, que el art. 17-II de la Ley del Órgano Judicial, dispone que: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”.

Con relación al recurso de casación, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; en tanto que, el art. 417 del Código de Procedimiento Penal, establece los requisitos que deben ser observados para su formulación. El primero relativo a una exigencia temporal, en sentido que debe ser presentado dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

El segundo requisito relativo a su contenido, que exige la invocación de un precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, cuya mención y cita no resulta suficiente, al tener la carga procesal el recurrente de señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; debiendo exponer fundadamente la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia; a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos, de modo que resultará insuficiente la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal.