AS/0712/2013

SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Auto Supremo Nº 712

Sucre, 02/12/2013

Expediente: 398/2013-S

Distrito: Tarija

Magistrada Relatora: Norka N. Mercado Guzmán

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VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 135 a 139 vlta., interpuesto por María Karina Mendieta Galvez, en representación de Imar Caucota Gareca, Gerente General de Industrias Agrícolas de Bermejo S.A. (I.A.B.S.A), contra el Auto de Vista Nº 45/2013 de 19 de agosto, cursante de fs. 125 a 131, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro el proceso laboral que sigue Eusebio Copa Figueroa, contra Industrias Agrícolas Bermejo S.A. (I.A.B.S.A); la respuesta de fs. 143 a 145 vlta.; el Auto de fs. 146 y vlta. que concedió el referido recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I: 1. Antecedentes del proceso social. Que, Eusebio Copa Figueroa, planteó demanda por pago de beneficios sociales y otros conceptos mediante memorial de fs. 4 a 6; admitida la misma a fs. 6 vlta., y previos los trámites de ley, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Bermejo - Tarija, emitió la Sentencia de 12 de mayo de 2011, de fs. 94 a 98, declarando probada en parte la demanda de fs. 4 a 6, con costas y probada en parte la excepción de prescripción e improbada la excepción de pago opuesta a fs. 22 a 24, ordenando que la parte demandada cancele al actor la suma de Bs.138.401,18.-, por conceptos de indemnización, aguinaldos dobles, bono de antigüedad, bono de frontera, vacaciones, primas 2008 y 2009, trabajo en domingos y trabajo en feriados; asimismo dispuso haber lugar a la multa del 30% sobre la liquidación a determinarse en ejecución de Sentencia.

Que, en grado de apelación interpuesto tanto por la parte demandada como por el actor (fs. 101 a 103vlta. y de fs. 108 a 109), mediante Auto de Vista Nº 45/2013 de 19 de agosto de 2013 (fs. 125 a 131), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, confirmó parcialmente la Sentencia de fs. 94 a 98, sin costas, disponiendo que el demandado cancele a favor del demandante la suma de Bs.163.842.13.-, correspondiente a desahucio, indemnización, aguinaldo doble, bono de antigüedad, subsidio de frontera, vacaciones, primas 2008 y duodécima 2009, trabajo en domingos y trabajo en feriados, más la multa del 30% prevista en el artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 a determinarse en ejecución de Sentencia.

2. Fundamentos del recurso de casación.- Contra el citado Auto de Vista, María Karina Mendieta Galvez, en representación de Imar Caucota Gareca, Gerente General de Industrias Agrícolas Bermejo S.A., planteó recurso de casación en la forma y en el fondo que cursa de fs. 135 a 139 vlta., en base a los siguientes fundamentos:

En el fondo

Acusó, que el Auto de Vista impugnado incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación y valoración de la prueba de descargo, que fue presentada lícita y oportunamente sin ser objetada por la parte demandante; debido a que la Sentencia, para determinar el inicio, prosecución y finalización de la relación laboral se respaldó únicamente en un informe pericial que no tiene carácter incluyente de los otros medios probatorios producidos en el proceso, sin considerar lo dispuesto por el artículo 1333 del Código Civil, aplicable en función del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo, resultando equivocado el haber considerado en ambas instancias como prueba absoluta dicho informe pericial, en la cual el perito asumió el rol del a quo, sin advertir que usurpó una función eminentemente jurisdiccional y sin valorar los elementos probatorios cursantes de fs. 1 a 70 del cuaderno de pruebas de descargo, que deben ser valorados por separado, fundando la pertinencia de cada uno.

Asimismo, refiriéndose al inciso b) del numeral 4.1.1 del Considerando IV del Auto de Vista recurrido, señaló que la mala apreciación de la prueba evidencia el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 158 del Código Procesal del Trabajo, toda vez que el Juez de la causa debió indicar los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento, más aun teniendo en cuenta que el Código de Comercio no prohíbe que los socios de una sociedad, puedan a la vez ofrecer sus servicios a su misma empresa como microempresarios, situación que no se encuentra prohibida en sus Estatutos, por cuanto la apreciación realizada por el a quo y ad quem, vulneran el derecho constitucional al trabajo que tienen los socios de I.A.B.S.A. previsto en los artículos 46, 47 y 52 de la Constitución Política del Estado.

Además, impetró que se revise la Resolución de fs. 45 vlta., con la que se conminó a su mandante a presentar la prueba de descargo que fue anexada a la contestación de la demanda, documental que no fue tomada en cuenta al momento de pronunciarse la Sentencia y el Auto de Vista, por el contrario, se aplicó equívocamente el principio de presunción por encima de lo que esta documentalmente demostrado, y aún sin haberse adjuntado ninguno de los documentos reclamados, ésta presunción por sí misma no puede ser suficiente para probar una relación laboral inexistente, considerándose que el demandante nunca fue trabajador de I.A.B.S.A., sino un cargador de azúcar que trabajaba por temporada para una microempresa, de cual recibía el pago de su salario, como se demuestra según las planillas cursantes de fs. 1 a 5 del cuaderno de pruebas de descargo.

De otro lado, acusó que en ambas instancias tampoco se valoró la prueba aportada de fs. 1 a 5 del cuaderno de pruebas de descargo, advirtiéndose que contradictoriamente se consideró parte de dicha documentación referida al salario que percibía el actor en la microempresa y el tiempo que trabajó en la misma, habiéndose concluido erradamente que, al ser los propietarios de las microempresas accionistas de I.A.B.S.A., sus trabajadores lo son también de su mandante; lo que no se ajusta a la verdad de los hechos, confirmándose la falta de valoración de los elementos probatorios de descargo que tienen que ser valorados por separado, fundando su pertinencia y explicando porque se los rechaza o se los admite para luego determinarse si corresponde o no reconocer al actor como trabajador dependiente de I.A.B.S.A. y como efecto de ello, sus beneficios sociales.

En la forma

El recurrente acusó que el Tribunal que emitió la Resolución recurrida, no se pronunció sobre las peticiones de su mandante, deducidas durante el proceso y reclamadas oportunamente de acuerdo al artículo 254. 4) del Código de Procedimiento Civil, vulnerando los artículos 196 y 252 del Código Procesal del Trabajo con relación al 441 del Código de Procedimiento Civil y al 1333 del Código Civil, al haber concedido, bajo los mismos argumentos de la Sentencia, valor probatorio al informe pericial viciado de nulidad, mismo que estaría invadiendo competencia jurisdiccional al fundamentar aspectos eminentemente legales, apartándose de su rol como perito en auditoría y determinando los beneficios sociales que supuestamente corresponden al demandante, anticipando el fallo de la Sentencia y viciando de nulidad dicho acto, habiendo delegado el juzgador su competencia jurisdiccional, al designar y ordenar al perito una reliquidación de derechos laborales, olvidando que la ley ordena al Juez de la causa a realizar la interpretación de la Ley, más aún si conforme a lo previsto en el artículo 196 del Código Procesal del Trabajo, el juzgador no se percató que el informe pericial de fs. 79 a 93, al determinar los supuestos beneficios sociales que corresponden al demandante, ha suplantado las funciones y competencias propias del juzgador, asimismo no se tomó en cuenta que aún no se había determinado la existencia o no de una relación laboral, el tiempo de su duración y los demás conceptos demandados y sobre todo estableció anticipadamente un supuesto monto promedio indemnizable que correspondía dilucidar al juzgador en apego a lo dispuesto por los artículos 153 del Código Procesal del Trabajo y 73. 4) de la Ley del Órgano Judicial, en consecuencia, el perito, al haber vertido su decisión en cuanto a infracciones de orden legal, usurpó la facultad potestativa del Juez, viciando de nulidad dicho acto según señala el artículo 122 de la Constitución Política del Estado.

Concluyó solicitando que el Tribunal de Casación dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista Nº 45/2013, por haberse incurrido en error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas de descargo o anule obrados hasta el vicio más antiguo; vale decir, hasta fs. 65, tal como dispone el artículo 275 del Código de Procedimiento Civil, sin costas.

CONSIDERANDO II: Fundamentación jurídica. Que así planteado el recurso de casación en la forma y en el fondo, ingresando a su análisis con relación al Auto de Vista recurrido y a los antecedentes del proceso, se establece lo siguiente:

Con carácter previo, es necesario aclarar que el planteamiento del recurso en el fondo busca modificar el contenido de una resolución en la cual se habría incurrido en errores in iudicando, mientras que el recurso de casación en la forma responde a errores in procedendo, infiriendo la nulidad de actuaciones por vulneraciones a las formas esenciales del proceso, que de ser evidenciada por éste Tribunal, no requeriría la consideración en el fondo; por ello, guardando la debida congruencia se resolverá primeramente los argumentos esgrimidos en la forma, sin que ello represente modificación alguna de los contenidos del recurso planteado.

En la forma

La parte recurrente, acusa que el Tribunal de Apelación, no se habría pronunciado sobre las peticiones de la parte demandada deducidas durante el proceso y reclamadas oportunamente; empero, no especifica en concreto qué puntos no hubiesen sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal ad quem, para permitir a éste Tribunal examinar si lo manifestado es evidente y luego establecer si el Auto de Vista que cursa de fs. 125 a 131, resulta “infra petita” o “citra petita”, conforme la causal de procedencia contenida en el artículo 254. 4) del Código de Procedimiento Civil.

Revisado el recurso de apelación formulado por la parte demandada, que cursa de fs. 101 a 103 vlta., se observan como agravios recurridos la falta de valoración de la prueba de descargo, la errónea y parcializada apreciación de la prueba de cargo y descargo e incongruencia entre la parte considerativa y la parte resolutiva de la Sentencia, éste último dividido en los conceptos de indemnización, aguinaldo, bono de antigüedad, bono de frontera, vacaciones y primas, agravios sobre los cuales se advierte que el Tribunal ad quem se pronunció con la pertinencia exigida por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que en el Considerando IV, puntos 4.1.1 y 4.1.2 del Auto de Vista recurrido, dilucidó cada uno de los agravios mencionados, no siendo evidente que el Tribunal ad quem no se hubiese pronunciado sobre las peticiones deducidas durante el proceso y reclamadas oportunamente, como se acusa en el recurso.

Por otra parte, con referencia a la supuesta vulneración de los artículos 196 y 252 del Código Procesal del Trabajo, con relación al 441 del Código de Procedimiento Civil y al 1333 del Código Civil en los hubiese incurrido el Tribunal ad quem, concediendo, bajo los mismos argumentos de la Sentencia, valor probatorio al informe pericial viciado de nulidad, por cuanto estaría invadiendo competencia jurisdiccional al fundamentar aspectos eminentemente legales, apartándose de su rol como perito en auditoría, determinando los beneficios sociales que supuestamente corresponden al demandante, anticipando con ello el fallo de la Sentencia y viciando de nulidad dicho acto en función al artículo 122 de la Constitución Política del Estado; es importante señalar, que tales cuestiones no se circunscriben a las causales de procedencia del recurso de casación en la forma contenidos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, situación que impide a este Tribunal ingresar a analizar los mismos, más aún teniendo en cuenta que tales objeciones están referidas al fondo de la problemática y relacionadas con la valoración probatoria.

A lo anotado, se debe agregar que si bien la parte recurrente cuestiona que el juzgador delegó su competencia jurisdiccional, al designar y ordenar al perito una reliquidación de derechos laborales, cuando la interpretación de la ley, la determinación de la existencia o no de relación laboral, el tiempo de prestación de servicios, el salario promedio indemnizable y los demás conceptos demandados corresponden al Juez de la causa, en apego a lo dispuesto por los artículos 153 del Código Procesal del Trabajo y 73. 4) de la Ley del Órgano Judicial; no obstante, de la revisión del expediente, se observa que el informe pericial no fue motivo de impugnación por parte del demandado ya que, si consideraba que tenía observaciones al respecto, le correspondía objetarlo en su recurso apelación cursante de fs. 101 a 103 vlta., razón por la cual, al no haber procedido de esa forma, ha provocado que se active el principio de la preclusión procesal prevista en los artículos 3. e) y 57 del Código Procesal del Trabajo, lo que imposibilita a éste Tribunal a realizar mayor análisis al respecto.

En ese contexto, no resulta viable la nulidad de obrados pretendida por la parte demandada – ahora recurrente - conforme los agravios acusados en su recurso de casación en la forma.

En el fondo

En cuanto al recurso de casación en el fondo, se advierte que el fundamento principal de la litis constituye en determinar si la conclusión a la que arribó el Tribunal ad quem, respecto a la existencia de relación laboral entre el actor y la parte demandada, se encuentra correctamente establecida en base a la prueba cursante en el proceso, de la cual se acusa error de hecho y de derecho en su valoración; a tal efecto, corresponde dilucidar si tal extremo es o no evidente a fin de invalidar o no el Auto de Vista recurrido en virtud a las causales contenidas en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil.

Inicialmente corresponde señalar que el derecho laboral, en base a los principios y normas jurídicas que rigen la materia, tiene por objeto la tutela del trabajo humano que es realizado por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación; en ese sentido, la Constitución Política del Estado, como norma jurídica fundamental, consagra el derecho al trabajo y al empleo, en su Título II, Capítulo V, Sección III, estableciendo como una obligación del Estado la protección del ejercicio del trabajo en cualquiera de sus formas, prohibiendo toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución, normando por el artículo 48, que señala: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”, aspectos que guardan plena concordancia con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley General del Trabajo, que reconoce la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, así como la nulidad de cualquier convención en contrario.

En esa línea y atendiendo la obligación de protección del Estado, con fundamento en los principios protectivos contenidos en la norma constitucional arriba mencionada, de primacía de la realidad que guía la prevalencia de los hechos; es decir, la realidad objetiva de la relación jurídica frente a lo acordado expresa o verbalmente por las partes; ajustándose la verdad material, que genera la primacía de la realidad de los hechos, sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de éstos, sobre el conocimiento de las formas; y finalmente el principio de no discriminación, por el cual ningún trabajador puede encontrarse en situación inferior o desfavorable respecto de otro u otros con quienes mantenga responsabilidades y labores similares, motivando la emisión de normativas que regulen de forma adecuada las diversas prácticas empresariales que tiendan a evadir relaciones típicamente laborales a través de modalidades de subcontratación u otras similares, que vulneren las disposiciones laborales, dado que proliferaron dichas formas bajo la denominación de subcontratación, tercerización, externalización, contratos de enganche y otras modalidades, cuya finalidad última era evadir relaciones típicamente laborales, pese a que en ellas concurrían las características esenciales de una relación laboral previstas en los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N° 23570 de 26 de julio 1993 y también en los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo N° 28699 de 1 de mayo de 2006.