AS/0718/2013

SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Auto Supremo Nº 718

Sucre, 02/12/2013

Expediente: 422/2013-S

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Antonio G. Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de nulidad de fs. 186 a 189 vlta. interpuesto por Julio Rovira Miranda, Martin Francisco Rovira Rada y Pablo Rovira Rada, contra el Auto de Vista Nº 078/2013 S.S.A. II de 14 de agosto de 2013 (fs. 181 a 182 vlta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso social que sigue Máximo Quispe Ticona, contra la empresa Consorcio El Alto; la respuesta de fs. 192 a 195 vlta.; el Auto de concesión del recurso de fs. 198; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social de pago de beneficios sociales y otros, la Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de El Alto-La Paz, emitió la Sentencia Nº 137/2011 de 22 de noviembre de 2011 (fs. 102 a 106), declarando probada la demanda de pago de fs. 12 a 14 de obrados, con costas, disponiendo que Julio Rovira Miranda, Martin Francisco Rovira Rada y Pablo Rovira Rada, como representantes legales de la empresa cancelen a favor del actor la suma de Bs. 21.290,87.- (Veintiún mil doscientos noventa 87/100 Bolivianos), por concepto de indemnización, desahucio, sueldos devengados, aguinaldo, vacación y bono de antigüedad, mismos que en ejecución de sentencia serán objeto de actualización y multa prevista por el artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

En grado de apelación interpuesta por los representante de la empresa demandada de fs. 134 a 137 Vta., mediante Auto de Vista Nº 078/2013 S.S.A. II de 14 de agosto de 2013 (fs. 181 a 182 vlta.), la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó la Sentencia Nº 137/2011 de fecha 22 de noviembre de 2011, de fs. 102 a 106 en aplicación al artículo 237. 1) del Código de Procedimiento Civil, sea con las formalidades de ley.

Dicho fallo motivó el recurso de nulidad de fs. 186 a 189 vlta., interpuesto por Julio Rovira Miranda, Martin Francisco Rovira Rada y Pablo Rovira Rada, manifestando violación al artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el Tribunal de Alzada no resolvió el numeral 4 de su recurso de apelación, conculcando el principio del debido proceso y de la seguridad jurídica, colocando a sus personas en estado de indefensión por cuanto se denunció que la Sentencia se notificó mediante un sólo edicto, debiendo resolver este punto apelado el Tribunal de Alzada fundamentando debidamente bajo los artículos 124 y 125 del Código de Procedimiento Civil.

Señaló también que se violó el artículo 124 y 125 del Código de Procedimiento Civil y lo dispuesto en el Auto Supremo Nº 254 de fecha 15 de mayo de 2013, toda vez que se estableció que el actor no hizo observación ni reclamo alguno en su debido momento, en cuanto a que el juez de la causa no aplicó el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y al no haberlo hecho convalidó la no aplicación de los artículos 124 y 125 del Código de Procedimiento Civil; por lo que, mal se podría contradecir el Auto Supremo señalando que la citación es válida aplicando el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y siendo que los Autos Supremos tienen carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio por lo que al omitir deliberadamente lo resuelto por el Tribunal Supremo se vició de nulidad el mismo el Auto de Vista.

Por otro lado refirió violación de los artículos 111 del Código Procesal del Trabajo y 329 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no se consideró que sus personas no están objetando la existencia del Consorcio El Alto, sino que el demandante debió dar cumplimiento al artículo 329 del Código Procedimiento Civil aplicable al caso de autos por disposición del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo, demostrando quien es el representante legal de la empresa demandada y no así su existencia, pero aún cuando el consorcio demandado no figura en FUNDAEMPRESA no siendo sus personas representantes, no existiendo documento alguno que demuestre lo contrario.

Acusó también que el defensor de oficio no asumió defensa alguna a favor de sus personas, sin que proponga, produzca y ofrezca prueba alguna, no asistiendo a la audiencia de confesión provocada, como tampoco presento recurso de apelación en contra de la sentencia solamente presento un memorial de apersonamiento, siendo que el Tribunal Constitucional sentó línea jurisprudencial sobre el papel que debe cumplir el defensor de oficio, cual es asumir defensa técnica integra y de fondo, cuya inobservancia acarrea la nulidad de obrados, por cuanto se estaría provocando indefensión y violentando el principio de contradicción, de seguridad jurídica, del debido proceso, conculcándose además el principio de igualdad jurídica y violentándose el derecho de defensa, citando al efecto la Sentencia Constitucional 1457/2003-R de 6 de octubre, por lo que la inexistencia de una defensa técnica acarrea la nulidad de obrados por violación de derechos y garantías constitucionales.

Finalmente solicitó al Tribunal Supremo de Justicia anular el Auto de Vista Nº 078/2013 S.S.A. II de fecha 14 de agosto de 2013 cursante a fs. 181-182 vta. de obrados debiendo ordenarse se pronuncie una nueva resolución en estricto apego a las normas enunciadas precedentemente y en estricta aplicación y observancia de la Sentencia Constitucional 1457/2003-R, con costas, multas y demás condenaciones de Ley.

CONSIDERANDO II: Que a mérito de estos antecedentes, revisado minuciosamente el recurso de nulidad, corresponde resolver el mismo de acuerdo a las siguientes consideraciones: