AS/0737/2014

Criterio

En el caso de autos, Martha Pérez Antonio indicó que con la intensión de formar un hogar, convivió con el recurrente por el lapso de 1 año y 3 meses, quien procedió abandonarlos sin prestarles auxilia alguno, motivo por el cual en apoyo de lo normado en el art. 169 del Código de Familia, demandó la ruptura unilateral. El demandado al contestar la demanda y asumir defensa en la litis, solamente basó su argumento de defensa en el transcurso del tiempo, indicando que no existió los dos años de vida en común señalados en la Constitución Política del Estado del año 1945, en ese entendido se debe indicar que la jurisprudencia señala supra, resulta clara al indicar que dicho requisito de los dos años establecidos por la Constitución del año 1945 fue modificada con el transcurso del tiempo, reformas constitucionales que dieron origen al reconocimiento de la uniones libres de hecho con solo la demostración de haber reunido condiciones de estabilidad y singularidad, las cuales serán apreciadas por el juez de la causa conforme a su sana crítica quien debe apreciar las circunstancias de cada caso para establecer si una comunidad de vida goza de estabilidad o por el contrario se constituye en una mera relación esporádica. La parte recurrente en ningún momento demostró que su relación con la actora hubiese sido esporádica, mucho menos que no hubiese tenido singularidad; más al contrario el recurrente, reitera una y otra vez que a lo sumo vivió con la actora cinco meses, tiempo suficiente para demostrar que en la relación de ambos existió voluntad consentida de vivir justos, estabilidad y singularidad requisitos que fueron apreciados por el Juez A quo para determinar la ruptura unilateral y aplicar lo que determina el art. 169 del Código de Familia. Motivo por el cual, efectuar un análisis fuera del contexto constitucional actual el cual protege a las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, no es aplicable, mucho menos bajo el argumento de aplicación preferente de lo dispuesto en una Constitución Política del Estado que fue reformada, modificada y cambiada totalmente, la misma que actualmente no tiene aplicación alguna y ampararse en dicha determinación no resulta la correcta. En ese entendido concluiremos indicando que los Tribunales de Instancia, obraron con correcto criterio, por dicho motivo corresponde a éste Tribunal fallar en la forma prevista por los arts. 271 num.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.