AS/0744/2020-RA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 744/2020-RA

Sucre, 13 de noviembre de 2020

Expediente : Oruro 56/2020

Parte Acusadora : Sociedad Masivos R&A Importaciones SRL

Parte Imputada : José Luís Villanueva Alberto

Delitos : Apropiación Indebida y Abuso de Confianza

RESULTANDO

Por memorial presentado el 28 de octubre de 2020, José Luís Villanueva Alberto, interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 38/2020 de 1 de septiembre, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso seguido contra suya por Sociedad Masivos R&A Importaciones SRL, representada por Rubén Darío Viricochea Misericordia, por los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y contenidos en los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP) respectivamente.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

Por Sentencia 22/2015 de 29 de mayo, el Juzgado de Sentencia Primero del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a José Luís Villanueva Alberto, autor de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza con agravación, descritos en los arts. 345 y 346 con relación al art. 349 núm. 3 del CP, respectivamente, imponiéndole la pena de privación de libertad de tres años de presidio, a ser cumplida en el Centro Penitenciario de San Pedro de esa ciudad, más costas y pago de responsabilidad civil averiguables en fase de ejecución.

Contra la mencionada Sentencia, el acusado formuló recurso de apelación restringida, resuelto a través de Auto de Vista 38/2020 de 1 de septiembre, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró su improcedencia, confirmando el Fallo de grado.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Considera que el Tribunal de apelación conculcó el principio de imparcialidad postulado en el art. 3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), “puesto que al entrar a analizar la prueba producida [no permitió] que [su] persona pueda presentar los descargos correspondientes, aduciendo que no se podía por existir retraso en la presentación de los mismos…actuando de manera parcializada a favor de la parte querellante” (sic).

Agrega que no se permitió que presentase como descargo productos que se encontraban dejados a crédito, como tampoco se tuvo en cuenta que la auditoría sobre la existencia de mercadería fue realizada sin su presencia y sin brindar oportunidad de presentar descargos; señalando también que, extra proceso se siguieron otro tipo de acciones legales entre la parte querellante y la persona que garantizó la entrada laboral del acusado, teniendo en cuenta la existencia de varias irregularidades sobre la firma de garantías.

Manifiesta que la Sentencia dio valor probatorio a elementos de ilegal obtención, explicando que existieron “procesos civiles contra [su] garante laboral sobre unas letras en cambio que firmó para que pueda acceder a trabajar, así como un proceso laboral donde se demostró…que la empresa a fin de no cancelar finiquitos y otros a los trabajadores se inventaba robos y otros a fin de ejecutar las letras de cambio firmadas en blanco” (sic).

Cuestiona que la Sentencia de grado no haya emitido criterio sobre la relación entre hechos probados y elementos constitutivos del tipo penal, sin haber realizado un análisis pormenorizado de la prueba producida, siendo que de ello el Tribunal de alzada se limitó únicamente a describir las pruebas de la parte querellante sin indicar por qué merecieron crédito, vulnerando el debido proceso.

Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 355/2014-RRC de 30 de julio, 242 de 6 de julio de 2006, 077 de 23 de abril de 2012, 421/2015-RRC de 29 de junio y 065/2012-RRC de 19 de abril, transcribiendo en todos los casos un fragmento de su contenido.