AS/0744/2025-RI

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0744/2025-RI

Fecha: 17 de julio de 2025

Expediente: SC -74-25-A

Partes: Jackeline Urquiza Menacho representada por Percy Mario Duran Peña c/ Teresa Lino Hurtado y Yarita Ortiz.

Proceso: Reivindicación.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 113 a 117 vta., interpuesto por Teresa Lino Hurtado y Yarita Ortiz contra el Auto de Vista N° 72/2025, de 28 de febrero, corriente de fs. 109 a 110 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de reivindicación, seguido por Jackeline Urquiza Menacho representada legalmente por Percy Mario Duran Peña contra las recurrentes; el Auto de concesión de 09 de junio de 2025, visible a fs. 121, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Jackeline Urquiza Menacho representada por Percy Mario Duran Peña por memorial de demanda que discurre de fs. 14 a 15, promovió el proceso ordinario de reivindicación contra Teresa Lino Hurtado y Yarita Ortiz, quienes una vez citadas, según escrito visible de fs. 48 a 49 vta., se apersonaron y contestaron de manera negativa, reconvienen por usucapión decenal o extraordinaria, en audiencia preliminar se arribó a la conciliación entre partes; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse el Auto interlocutorio Nº 16/2024, de 25 de enero, que cursa de fs. 51 y vta., donde se aprueba el acuerdo de conciliación celebrado entre las partes debiendo dar cumplimiento las mismas a lo acordado, teniendo en cuenta que el acuerdo arribado tiene efectos de Sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada, así también la Juez Público, Civil y Comercial, Familia e instrucción Penal 1º de San Julián de la Ciudad de Santa Cruz, en cumplimiento al Acta de Conciliación de fs. 51 y vta., emitió el Auto Interlocutorio Nº127/2024, de 27 de septiembre, que cursa a fs. 75 y vta., que habiendo arribado las partes en un acuerdo conciliatorio y en aplicación del art. 237. II del Código Procesal Civil, disponiendo que Yarita Ortiz y Teresa Lino Hurtado realice el pago a través de depósito judicial, en el Órgano Judicial a nombre de Percy Mario Duran Peña, la suma de $us. 13.000, sea al tipo de cambio actual en bolivianos y moneda de uso nacional, así también, se emite providencia de 11 de octubre de 2024, a fs. 82 que da no ha lugar a la solicitud de complementación, realizada por la parte demandante.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Jackeline Urquiza Menacho representada por Percy Mario Duran Peña según escrito de fs. 84 a 85, originó que la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Violencia Intrafamiliar o Domestica y Publica Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 72/2025, de 28 de febrero, corriente de fs. 109 a 110 vta., donde REVOCÓ el Auto de fecha 27 de septiembre de 2024, resolviendo en el fondo que se dé inicio a la ejecución del Acta de Conciliación.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Teresa Lino Hurtado y Yarita Ortiz según escrito visible de fs. 113 a 117 vta., recurso que es objeto de análisis en cuanto a su admisibilidad.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN.

De la revisión del recurso de casación interpuesto por Teresa Lino Hurtado y Yarita Ortiz, en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusaron lo siguiente:

- Que el Auto de Vista emitido sería una resolución incongruente violando el debido proceso, por error de hecho, defectuosa valoración de los antecedentes, elementos presentados y la prueba aportada, en cuanto al art. 145 del Código Procesal Civil.

- Que se tendría un memorial de fecha 10 de junio de 2024, que hubiera sido presentado mucho antes del plazo límite pactado, donde se puso en conocimiento que en fecha 10 de abril de 2024 se habrían reunido con la demandante y su apoderado para la respectiva cancelación siendo el monto de Bs. 90.480,00 equivalentes a $us. 13.000, al tipo de cambio de Bs. 6.96 debido a una imposibilidad de poder comprar dólares americanos, sin embargo, no habrían aceptado el pago en bolivianos y exigieron el pago en dólares americanos, por lo que a fin de cumplir con el acta de conciliación habrían solicitado por diferentes memoriales realizar el depósito judicial, extremo que se tiene reflejado en la confesión provocada de la parte demandante donde reconoce que se hubiera intentado cumplir con la obligación, no siendo evidente que su persona se habría manifestado a destiempo en cuantía la oferta de pago, siendo que desde abril de 2024 busca cumplir con el acta de conciliación, sin embargo, sería la propia demandante que obstaculizado el pago y dar por cumplida su obligación, buscando desapoderar y vender el bien en un proceso más alto, aprovechando de la situación actual del país sobre la escases de dólares.

- Que, el Tribunal de alzada no habria tomado en cuenta los antecedentes del proceso, al no observar que se ha pretendido cumplir con la obligación, existiendo una defectuosa valoración de los antecedentes y de la prueba, deviniendo en una omisión indebida a los sagrados principios de la sana crítica y libre convicción de un Juez natural, además de no tomar en cuenta que la ley permite la devolución en moneda nacional una obligación adquirida en moneda extranjera, conforme los arts. 404, 405, 406 y 407 del Código civil.

Fundamentos por los cuales las recurrentes solicitaron revocar totalmente el Auto de Vista impugnado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre el derecho de impugnación.

Los medios de impugnación previstos en el Código Procesal Civil, responden a un sistema recursivo cuya regulación es de orden público, no pudiendo las partes litigantes ni los juzgadores alterar lo normado por ley. El art. 180.II de la Constitución Política del Estado, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; sin embargo, el ejercicio de ese derecho no debe concebirse como una potestad absoluta o ilimitada que faculte al litigante la posibilidad de impugnar cuanta resolución considere ser gravosa a sus intereses o hacerlo a través de cualquier medio de impugnación o en cualquier tiempo y forma, por el contrario ese derecho reconocido a nivel constitucional debe ser ejercido conforme a los requisitos, condiciones y previsiones previamente normadas por la ley procesal.

III.2. De las Resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación conforme orienta la Ley 439.

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