AS/0769/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0769/2025

Fecha: 23 de julio de 2025

Expediente: CB-41-25-S

Partes: Joaquín Gamboa Aguirre representado por Jaime Torrico Bautista c/ Roberto Carlos Ramírez Quiroz y Patricia Gómez Gómez.

Proceso: Cumplimiento de contrato.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 146 a 151 vta., interpuesto por Roberto Carlos Ramírez Quiroz y Patricia Gómez Gómez contra el Auto de Vista N° 135/2023, de 20 de septiembre, corriente de fs. 135 a 140, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de contrato, seguido por Joaquín Gamboa Aguirre representado por Jaime Torrico Bautista contra los recurrentes; el Auto de concesión de 07 de mayo de 2025, visible a fs. 158, Auto Supremo de admisión, 0541/2025-RA de 05 de junio, visible de fs. 164 a 168, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Joaquín Gamboa Aguirre representado por Jaime Torrico Bautista por memorial de demanda que cursa de fs. 19 a 21; promovió el proceso ordinario de cumplimiento de contrato contra Roberto Carlos Ramírez Quiroz y Patricia Gómez Gómez, quienes una vez citados, conforme Auto de fecha 25 de junio de 2019, cursante a fs. 26 fueron declarados en rebeldía, sin embargo, a fs. 47 a 48 vta., responden la demanda de manera negativa, mereciendo el Auto de 27 de junio de 2019, obrante a fs. 49, donde se los dió por apersonados en el estado que se encuentra la causa, además, de dejar sin efecto la rebeldía dispuesta; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia Nº 06/2019, de 21 de octubre que cursa de fs. 68 a 73, en la que la Juez Público Civil y Comercial 4° de Quillacollo, declaró PROBADA la demanda, disponiendo que los demandados al tercer día de ejecutoriada la resolución paguen a favor del demandante la suma de $us. 39.000 por concepto de devolución de anticipo de la venta de un lote de terreno efectuada mediante documento de 13 de julio y en cumplimiento de la cláusula cuarta del referido compromiso de venta el pago de $us. 5000, además de condenar costas y costos a los demandados.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Roberto Carlos Ramírez Quiroz y Patricia Gómez Gómez según escrito de fs. 75 a 80 vta., originó que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita el Auto de Vista N° 135/2023, de 20 de septiembre, corriente de fs. 135 a 140, donde se CONFIRMÓ el Auto interlocutorio y la Sentencia apelada, bajo los siguientes fundamentos:

- Al punto 1. El actor bajo la figura del sinalagma funcional no tenía la obligación de cumplir con el pago restante de $us. 1000 de acuerdo al documento de 13 de julio de 2017, para poder demandar la resolución de contrato, más el pago de daños y perjuicios, puesto que el saldo restante debía ser cancelado una vez que los vendedores promitentes suscriban la minuta traslativa y entreguen la documentación, hecho que no sucedió, concluyendo la Juez de primera instancia que los demandados incumplieron de su parte con la obligación que tenían que cumplir, puesto que de ninguna manera se trata de una resolución ultra y extra petita, por el contrario dicha resolución cumple con el debido proceso.

- Al punto 2 y 3. Corresponde acudir nuevamente a la figura del sinalagma funcional, toda vez que las prestaciones pactadas en el contrato deben ser efectuadas de forma secuencial, es decir, que obligación dependía de la otra para su cumplimiento; en el caso, las partes convinieron que el saldo de $us. 1000 serán cancelados por los compradores prometidos, a la suscripción de la minuta y entrega de la documentación original pertinente, situación que no aconteció; por lo que no es evidente que la juzgadora haya realizado una incorrecta valoración de la prueba, mucho menos una indebida aplicación de las normas civiles.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Roberto Carlos Ramírez Quiroz y Patricia Gómez Gómez según escrito visible de fs. 146 a 151 vta., recurso que es objeto de análisis en la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

En la forma:

a) El Auto de Vista vulnera el debido proceso en sus elementos de falta de fundamentación y motivación por ser incongruente, ya que la claúsula sexta del documento de 13 de julio de 2017, señala que por acuerdo voluntario de las partes quedan nulos y sin valor todos los documentos anteriores; es decir, que la nulidad no fue declarada por autoridad judicial mediante Auto o resolución motivada, al no tener competencia las partes para declarar nulo ningún documento.

En el fondo:

a) Incorrecta valoración de la prueba, por que no tomaron en cuenta el certificado hipotecario, certificado sobre propiedad de bien inmueble, plano de certificación de lote e impuestos pagados al 2018, prueba no valorada vulnerando los principios de verdad material y de probidad previstas en el art. 1 núm. 16 y 17, la sana critica prevista en el art. 145.II todos del Código Procesal Civil.

Fundamentos por los cuales, los recurrentes solicitaron se case el Auto de Vista impugnado, declarando nula la Sentencia de fecha 21 de octubre de 2019.

De la contestación al recurso de casación.

Joaquín Gamboa Aguirre representado por Jaime Torrico Bautista, contestó el recurso de casación mediante memorial de fs. 155 a 157, señalando que:

- El Auto de Vista se pronunció sobre cada uno de los puntos del recurso de apelación, no existiendo ningún justificativo para aludir incongruencia, por el contrario, se expuso sobre todos los agravios con la debida pertinencia y convicción que su demanda fue acreditada por todos los medios de prueba que fueron aportados en el presente caso.

- Resulta claro el análisis argumentativo sobre la supuesta falta de pronunciamiento sobre la prueba, ya que el fallo de segunda instancia fundamenta de manera inequívoca, que sí se analizó la prueba y que los demandados no cumplieron con sus obligaciones, por el cual no se vulnero ningún derecho de los demandados.

Por lo referido, solicitó se declare infundado el recurso y en consecuencia se confirme el Auto de Vista Nº 135/2023.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre el tema, el Auto Supremo N° 812/2024, de 22 de julio, señaló: “Con relación al tema en cuestión, existe amplia y uniforme jurisprudencia; en el Auto Supremo Nº 581/2018 de 28 de junio, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, señaló: “Se entiende como fundamentación, a la obligación de la autoridad que lo emite de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada; y por motivación, el acto de expresar los razonamientos lógico-jurídicos que justifiquen la razón por la que consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, de donde se concluye que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad y la ausencia de fundamentación, supone una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico (…).

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1621/2013 de 4 de octubre, sobre el debido proceso en su elemento fundamentación y motivación de las resoluciones, ha señalado: (…). ‘Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, …’.

En la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 712/2015-S3 de 03 de julio, se refirió: “El debido proceso como derecho fundamental, contiene entre sus elementos constitutivos la obligatoriedad de la debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales; los cuales, deben estar fundados en derecho, conforme lo señala Manuel Atienza: (…) la motivación de las resoluciones judiciales se apoya en la necesidad de que el tribunal haga públicas las razones que le han conducido a fallar en uno u otro sentido, demostrando así que su decisión no es producto de la arbitrariedad, sino del correcto ejercicio de la función jurisdiccional que la ha sido encomendada, es decir, resolviendo el problema jurídico sometido a su conocimiento, precisamente, en aplicación del Derecho’. (Argumentación y Constitución, pág. 14)”. (El resaltado nos corresponde).

III.2. De la congruencia en las resoluciones judiciales.

Sobre la congruencia de las resoluciones este Tribunal a través de la Sala Civil en el Auto Supremo N° 766/2023, de 08 de agosto, reiterando lo expuesto en el Auto Supremo Nº 1115/2016, de 23 de septiembre, indicó lo siguiente: “Este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 651/2014, 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

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