AS/0784/2018

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 784

Sucre, 20 de diciembre de 2018

Expediente : 452/2017

Demandante : Nardi Pereira Ruiz.

Demandado : Gobierno Autónomo Municipal de Cobija

Materia : Beneficios Sociales

Distrito : Pando

Magistrada Relatora : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija (GAMC) representado por Alex Jorge Sánchez Iraizos cursante a fs. 48 a 50 de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 300/2017 de 10 de julio, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescencia y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; el Auto Supremo Nº 452-A de 5 de octubre de 2017 a fs. 102 a 102 vta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso, y;

I: ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.-

Tramitado el proceso laboral por el pago de beneficios sociales y otros derechos laborales seguido por Nardi Pereira Ruiz en contra del GAMC; el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Pando, emitió la Sentencia Nº 189 017 de 26 de abril de 2017 de fs. 26 a 29, declarando probada en parte la demanda, determinando que el GAMC cancele a favor del actor conforme al siguiente detalle: Indemnización, vacación, aguinaldo y subsidio de frontera, en la suma total de Bs. 41.625.- (Cuarenta y un mil seiscientos veinticinco 00/100 Bolivianos), monto que debería ser cancelado dentro el tercer día de ejecutoriado el fallo.

Auto de Vista.-

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 32 a 33, por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija representado por Alex Jorge Sánchez Iraizos, la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescencia y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; resuelve el mismo mediante Auto de Vista Nº 300/2017 de 10 de julio, cursante a fs. 42 a 45, que confirma la Sentencia apelada Nº 189 017 de 26 de abril de 2017.

Ante la determinación del Auto de Vista, el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija representado por Alex Jorge Sánchez Iraizos, interpone recurso de casación en el fondo, sin la contestación de la parte contraria, el Tribunal de alzada emite Auto Nº 267/2017 de 21 de agosto, concediendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, contiene violación a los arts. 108 y 119 de la Constitución Policita del Estado (CPE) y una indebida e incorrecta aplicación de la Ley Nº 321, el Decreto Supremo (DS) Nº 110 y art. 5 de la Ley Nº 2042, bajo los siguientes argumentos:

1.- Existe una vulneración al art. 108 de la CPE, el cual reconoce como uno de los deberes fundamentales de toda autoridad jurisdiccional, velar por los intereses del Estado y la sociedad; en ese sentido, indica que no se puede indicar que todos los funcionarios están dentro de la ley, pues muchas veces sus derechos y obligaciones están plasmados en otras leyes y decretos supremos, por lo cual solicita que se respeten y se adecuen a las leyes que rigen su vida institucional, debiendo aplicarse normas de la administración pública como la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental, Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público (EFP), Ley Nº 2341 de Procedimientos Administrativos (LPA) y demás normas a las que se sometió el actor.

2.- De igual manera, se ha vulnerado el art. 119 de la CPE, por cuanto el Tribunal alzada, está en la obligación de velar por el derecho a la igualdad y el derecho a la defensa dentro el proceso. En merito a ello, consideran que desde su punto de vista no se está aplicando de manera imparcial esta norma y no se está velando por los intereses económicos del Estado, ya que en el caso en concreto, el trabajador estuvo bajo contratos que permiten las leyes, como la Ley Nº 1178, y una vez más alega que no se aplicó la Ley Nº 2027 y la Ley Nº 2341, con las que se rige el GAMC.

Los contratos de prestación de servicios adjuntos, demuestran la modalidad del contrato con que trabajo el actor y se comprueba la conclusión de la relación laboral, no estando el actor bajo las previsiones de la Ley General del Trabajo.

Desde un inicio, el actor ha desempeñado su trabajo, bajo modalidad de consultoría, por lo cual se aplicó normas establecidas en la Ley Nº 1178, que demuestran que el actor nunca estuvo sometido a la Ley General del Trabajo, sino a la jurisdicción coactiva fiscal; en tal sentido se comprueba la modalidad del contrato con la que trabajo el actor y la conclusión de la relación laboral, no estando el actor sometido a la Ley Nº 321 de 18 de diciembre de 2012, tal como establece la SCP Nº 281/2013-L de 3 de mayo y la SC Nº 0351/2013-R de 24 de marzo.

3.- En relación al pago del desahucio y la indemnización establecidos en Sentencia, indica que los Tribunales de instancia no valoran que el actor, estaba regido a un contrato individual de trabajo que ya había vencido, ya que el mismo se encontraba sometido al Contrato Administrativo de Prestación de Servicio A-Nº 099/2015; sin embargo, se afirma por los Tribunales inferiores que el demandante fue desvinculado de su fuente laboral sin previo aviso, estas apreciaciones resultan ser contradictorias y nacen de una mala aplicación de la Ley, pues la Ley Nº 1178 permite la suscripción de este tipo de contratos, por lo cual consideran que la sentencia es “recontra” (sic.) ultrapetita y benevolente, la cual pretende el pago de montos exorbitantes.

4.- En relación a los pagos de los aguinaldos, señala el recurrente que el GAMC, se encuentra al día con los pagos por este concepto, por lo cual no pueden aceptar el pago de las mismas, ya que violarían el art. 5 de la Ley Nº 2042, al no poder comprometer recursos cuando no se tienen las partidas presupuestarias destinadas a ese tipo de pago, lo contrario resultaría perjudicial y dañino para la institución dando como resultado responsabilidades penales y administrativas.

Asimismo manifestó que en relación a la vacación, tampoco le corresponde dicho pago, conforme lo establece la SCP Nº 1734/2012 de octubre de 2012.

5.- Por otra parte precisa que se debe considerar que la Ley Nº 321, si bien incorpora a la Ley General del Trabajo a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes, no sucede lo mismo con los trabajadores eventuales; en ese sentido en el presente caso el demandante no era personal asalariado permanente como exige la Ley, sino que el trabajador estaba sujeto a un contrato eventual a plazo fijo, por lo cual este contrato era ley entre partes y debe darse cumplimiento en base al mismo, como señala el art. 519 del Código Civil (CC) y no conforme a la Ley Nº 321 y DS Nº 110, concluyendo que al estar demostrado que el actor era un ex funcionario y ha contrato eventual, estaba sujeto a los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 2027; en mérito a ello, el recurrente que tampoco le corresponde el pago del aguinaldo y vacaciones.

6.- Por último, en relación al subsidio de frontera, su pago resulta ser atentatorio y vulneratorio para la entidad, ya que al caso se deben aplicar las presunciones de que a un prestador de servicios, no se le desglosa en su boleta este concepto, sino lo percibido en base a su contrato administrativo individual.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que CASE o MODIFIQUE el Auto de vista recurrido.

La parte demandante no contesta el recurso de casación interpuesto.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS y DOCTRINALES DEL FALLO.