AS/0796/2018-RRC

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 796/2018-RRC

Sucre, 10 de septiembre de 2018

Expediente       : Beni 2/2018

Parte Acusadora     : Ministerio Público y otro

Parte Imputada     : Miguel Ángel Fernández Pinto y otros

Delitos                      : Incumplimiento de Deberes y otros

Magistrado Relator : Dr. Edwin Aguayo Arando

RESULTANDO

Por memoriales presentados el 4 y 5 de enero de 2018, Juan Pablo Simón Pinto, de fs. 501 a 523, Javier Chávez Bejarano, de fs. 529 a 544 vta. y Miguel Ángel López Arteaga, de fs. 604 a 606 vta., interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 5/2017 de 4 de diciembre, de fs. 452 a 458 vta., pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Tcnl. DAEN Jhonny Antezana Cáceres, Gerente de la Unidad Ganadera “COFADENA” “Campo 23 de marzo” Trinidad contra Miguel Ángel Fernández Pinto e inter partes por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Estelionato, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Abigeato, Enriquecimiento Ilícito de Particulares con afectación al Estado, Receptación Proveniente de Delitos de Corrupción, Uso Indebido de Influencias y Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito, previstos y sancionados por los arts. 154, 337, 150, 350, 172 bis, 146 del CP, con la modificación e incorporación de los arts. 34, 28 y 29 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas (“Marcelo Quiroga Santa Cruz” Ley 004 de 31 de marzo de 2010), respectivamente.

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

I.1. Antecedentes.

Por Sentencia 1/2017 de 9 de enero (fs. 314 a 344), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, declaró a: i) Miguel Ángel Fernández Pinto, culpable de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, modificado por el art. 34 de la Ley 004, imponiendo la pena de dos años de reclusión, siendo absuelto de pena y culpa de los delitos de Estelionato y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas; ii) Juan Pablo Simón Pinto, autor de los delitos de Abigeato y Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado, tipificados por los arts. 350 del CP y 28 de la Ley 004, otorgando la pena de tres años de reclusión, siendo absuelto de los delitos de Receptación Proveniente de Delitos de Corrupción; y, iii) Javier Chávez Bejarano, autor de los delitos de Uso Indebido de Influencias, previsto y sancionado por el art. 146 del CP, modificado por el art. 34 de la Ley 004, aplicando la pena de tres años de reclusión y absuelto del delito de Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito. Asimismo, todos fueron sancionados con el pago de costas a favor del Estado.

Contra la mencionada Sentencia, los imputados Miguel Ángel Fernández Pinto (fs. 351 a 355 vta.), Javier Chávez Bejarano (fs. 364 a 366 vta.) y Juan Pablo Simón Pinto (fs. 390 a 419), la parte civil representada por Tcnl. DAEN Jhonny Antezana Cáceres (fs. 385 a 387), a su turno formularon recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 005/2017 de 4 de diciembre, dictado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que confirmo de manera parcial la Sentencia y declaró absuelto de culpa y pena a Miguel Ángel Fernández Pinto, ordenando la cesación de todas las medidas cautelares o de carácter real que se hubieren adoptado en su contra, manteniendo en lo demás firme y subsistente la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.

I.1.1. Motivos del recurso de casación.

De los memoriales de recursos de casación y Auto Supremo 266/2018-RA de 26 de abril, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

I.1.2. Del recurso de casación del Juan Pablo Simón Pinto.

El recurrente refiere que el Auto de Vista, viola sus derechos y garantías constitucionales, porque incurrió en error in judicando e in procedendo al advertirse que no existió el control de legalidad, menos el cumplimiento objetivo de la ley, la Constitución Política del Estado y los precedentes contradictorios, por parte de los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito Judicial de Beni que emitieron el Auto de Vista, debido a que los puntos de su apelación restringida no fueron respondidos ni valorados, siendo que no se contestó de manera fundada en los puntos 1 y 1.1. respecto de los incs. a), b), c), d), e) f), g), h), i), j) y k); al respecto, transcribió la parte pertinente de su recurso de apelación restringida y el Auto de Vista para señalar que se observa que el Auto de Vista no respondió, no valoró, ni absolvió los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida situación que se encuentra sujeta a nulidad de la resolución de los Vocales; o, se tendría que dejar sin efecto jurídico, por defectos absolutos previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP y que indudablemente agravia sus derechos constitucionales como ser al debido proceso, derecho a la defensa, derechos a la impugnación, tutela judicial efectiva y derecho a ser oído, aspectos previstos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. También, señala que el Auto de Vista no se pronunció, ni valoró la denuncia que realizó en la apelación restringida referida a que el Tribunal de Sentencia violó la Ley sustantiva por inobservancia y errónea aplicación de los arts. 169 inc. 3) y 370 inc. 1) del CPP, generando con este hecho un Estado de indefensión y el desconocimiento flagrante al derecho a la impugnación, previsto en el art. 180 del Constitución Política del Estado (CPE). Al respecto, señaló que en su recurso de apelación restringida en sus puntos a), b), c), d) y e) subyace como constante la errónea aplicación de los arts. 350, 14 y 20 del CP y 28 de la Ley 004; ya que, no habría subsunción conceptual al tipo penal de Abigeato en términos de apoderamiento ni Apropiación Indebida de Ganado, siendo que existen documentos civiles privados sobre recibos de pago en dinero firmado de buena fe, acerca de la cancelación a Abner Gonzales Chura por la compra de ganado; además, señala que no se fundamenta el grado de autoría dolosa. Ante tales acusaciones el Tribunal de alzada, hubiera señalado que dichos planteamientos resultan en orfandad legal; ya que, el Tribunal de Sentencia no se limita a conceptualizar abstractamente lo normado por el art. 350 del CP, sino que avanza para nutrirse de las reflexiones doctrinales de la materia, construyendo su proceso lógico, racional, fáctico en sentido de que las pruebas valoradas se fundan en certidumbre de Juan Pablo Simón Pinto de manera directa se apropia indebidamente de 250 cabezas de ganado bovino perteneciente a “COFADENA” que se encontraba en el campo 23. De los aspectos mencionados refiere que se evidencia contrastando con el precedente contradictorio invocado, que los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental del Beni a través de su Auto de Vista vulneran los derechos, al debido proceso y la impugnación establecidos en el art. 180.II de la CPE, así como los arts. 169 inc. 3) y 370 inc. 1) del CPP, al no circunscribirse a los puntos impugnados y demostrados en el recurso de apelación restringida y al no pronunciarse a los puntos cuestionados de las disposiciones sustantivas de la Ley penal y de la Ley anticorrupción, al cual estaban obligados a responder cada uno de los puntos denunciados y cuestionados en su resolución; esta infracción al derecho positivo se constituye incuestionablemente en defectos absolutos insalvables de no convalidación; asimismo, la Sala Penal vulneró el art. 203 de la CPE, al desconocer el carácter vinculante de las Sentencia Constitucionales por que el Tribunal de alzada no aplicó estas normativas procesales, constitucionales y jurisprudenciales descritas en los Autos Supremos invocados y la Ley, es más los Vocales vulneraron los arts. 411 y 412 del CPP, al no convocar audiencia pública para fundamentar el recurso de apelación restringida, pese a haber expresamente pedido, como lo demuestra en la ausencia de actas de audiencia de tratamiento del recurso de apelación restringida.

Con relación a la temática planteada invoca como precedentes contradictorios las Sentencias Constitucionales 0677/2013 de 3 de junio, 0346/2013 de 18 de marzo, 0512/2013 de 19 de abril y el Auto Supremo 085/2012-RA de 4 de mayo.

2) Refirió que el Auto de Vista resultó insuficiente, sin motivación ni fundamentación, con relación a los puntos cuestionados de errónea aplicación de los arts. 350, 14, 20 del CP y 28 de la Ley 004; al respecto, realizó una transcripción textual de la parte pertinente del Auto de Vista de la cual señala que la el Tribunal de apelación, omitió pronunciarse de forma y fondo de las normas sustantivas consignadas en los arts. 13, 14, 20 y 350 del CP y art. 28 de la Ley 004, omisión que genera el incumplimiento de los arts. 178, 180 y 108 inc. 1) de la CPE, que obliga a los ciudadanos a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes; en este caso, el Auto de Vista incumplió el CP, vulnerando en consecuencia sus derechos a ser oído y a la impugnación. Al respecto, señala haber demostrado que el Auto de Vista violó los principios de congruencia y legalidad, al no pronunciarse sobre los puntos cuestionados al no realizar el análisis y valorar que su conducta sea subsumida de los delitos; siendo que incluso no se alegó que existió dolo o culpa; además, señala que no se respetó la valoración probatoria prevista en el art. 173 del CPP, que debió aplicarse conforme los arts. 20, 21, 22 y 23 del CP.

Con relación a los aspectos señalados, invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 047/2012-RRC de 23 de marzo y las Sentencias Constitucionales 055/2014 de 3 de enero y 1335/2010 de 20 de septiembre.

3) Señala que el Auto de Vista omitió pronunciarse en la forma y en el fondo respecto a los arts. 350, 20 y 14 del CP, situación por la cual hubieran procedido a realizar una errónea aplicación de la Ley en relación de la conducta del imputado y respecto a la subsunción al tipo penal; en el mismo sentido, haciendo una transcripción de lo solicitado en el recurso de apelación restringida que hubiera interpuesto el ahora recurrente señala que el Tribunal de alzada no absolvió ningún punto o inciso, argumentado en su recurso de apelación restringida con relación al documento privado señalado en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) y k), precisando también que el Auto de Vista solo refirió en el punto II.- Bases normativas, jurisprudencia y doctrinales para la dilucidación en alzada; en consecuencia, este apartado estaría fuera de contexto y de realidad en la presente Litis; toda vez, que no hace referencia en lo más mínimo a los elementos doctrinales normativos y jurisprudenciales establecidos en el numeral II del Auto de Vista cuestionado, el cual generaría agravios a sus derechos procesales y constitucionales, del debido proceso, derecho a la defensa, verdad material y tutela judicial efectiva. Por otro lado, el recurrente refiere que a este punto reclamado el Auto de Vista hubiera respondido solamente con el siguiente argumento: “… que tales planteamientos resultan en orfandad legal ya que el Tribunal a quo se limita a conceptualizar abstractamente lo normado…”. Lo que hace ver que el Tribunal de alzada no realizó el análisis lógico jurídico a través de la sana crítica, infringiendo por ello, el debido proceso y la presunción de inocencia establecidos en los arts. 115 y 117 de la CPE; finalmente, también señala que el Auto de Vista violó la norma establecida en el art. 203 de la CPE y lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Con relación a la temática planteada invoca como precedentes contradictorios al Auto Supremo 431/2006 de 11 de octubre y la Sentencia Constitucional 0017/2014 de 10 de enero.

4) Refiere que en su recurso de apelación restringida se demostró la inexistencia del art. 28 de la Ley 004 y el Auto de Vista no se pronunció a tales puntos o planteamientos de hecho y derecho en el recurso, dejándole en un estado de indefensión, al respecto transcribió la parte pertinente de su recurso y explicó que se puede constatar que no hubo precisión a una respuesta a su pretensión en base a la fundamentación que realizó el Auto de Vista, contenida en el numeral II.4 de su primer párrafo; el cual, se constituye en incumplimiento del principio de legalidad y sobre todo el cumplimiento de la Ley, con relación a que se debe tener en cuenta que la acusación y la Sentencia deben ser legales apegados a la sana crítica donde se valore las pruebas y se dé cumplimiento obligatorio a la Constitución; empero, en este caso se demostró que no hubo relación y contrato con el Estado, tampoco el enriquecimiento ilícito y haber ocasionado afectación al patrimonio del Estado; asimismo, refiere que en su recurso de apelación restringida se demostró la inexistencia del hecho debido a que no se demostró todos los elementos constitutivos del tipo penal, lo que demostró la ausencia de subsunción de la conducta a los tipos penales condenados. Finalmente, refiere que se tiene demostrado que los puntos denunciados y cuestionados, el Auto de Vista en desconocimiento a su derecho a la impugnación, al debido proceso, a ser escuchado, al Juez imparcial solo se dedicó a justificar y declarar inocente a otro co-sentenciado y en su caso no contestaron los puntos cuestionados, lo que hace ver el incumplimiento de lo previsto en el art. 124 del CPP, porque no existió la debida motivación y fundamentación, generando un fallo incongruente, siendo que se debió observar su absolución de acuerdo al derecho al debido proceso y lo previsto en los arts. 115 y 116 de la CPE.

Al respecto, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 085/2012-RA de 4 de mayo, 307/2006 de 25 de agosto y las Sentencias Constitucionales 2263/2013 y 2209/2013 ambos de 16 de diciembre.

5) Señala que, en su recurso de apelación restringida denunció la violación y agravio de la Ley procesal penal comprendida en los arts. 124, 169 inc. 3), 173 y 360 inc. 2) del CPP, incurriendo en falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada del art. 370 inc. 3) del CPP y el Tribunal de alzada su pronunciamiento fue insuficiente y contradictorio con relación a los puntos o planteamiento de hecho y derecho en el recurso, haciendo al respecto la transcripción pertinente de su recurso de apelación restringida y el Auto de Vista de donde afirma que se puede evidenciar que en su recurso de apelación son diecisiete puntos expuestos y denunciando con respecto al hecho, el Tribunal de mérito debería insertar en su Sentencia, para conocer en su totalidad y con certeza de qué se le acusó y se le condenó a prisión por delitos que jamás cometió. Siendo lo que corresponde al advertir la existencia de la falta de motivación y fundamental en la Sentencia de los hechos y circunstancias; y, al identificar dichos defectos absolutos insalvables corresponde anular la Sentencia y que otro Tribunal con mejor criterio de justicia en Sentencia le absuelva de los delitos acusados demostrando absoluta violación de sus derechos y garantías constitucionales el Auto de Vista; siendo que, dicha resolución en el numeral II.4 no responde a los aspectos pretendidos, sin demostrar que tenga calidad de funcionario público utilizando jurisprudencia constitucional que no se encuentra en los registros del Tribunal Constitucional como es la “213/2013-RRC de 27 de agosto”. Al respecto, señala que se demostró el Auto de Vista es vació y cero en motivación y fundamentación de los puntos cuestionados en su recurso de apelación restringida, cuyos efectos ocasionan la vulneración de su derecho al debido proceso, presunción de inocencia y otros previstos por la Constitución Política del Estado; por esos argumentos, señala que se le sometió a un estado de indefensión al no ser escuchado y oído por parte del Tribunal de alzada, por lo que el Tribunal Supremo debe restaurar y restituir sus derechos y garantías constitucionales; porque el Auto de Vista debió cumplir los arts. 13, 14, 20, 21, 22, 23 y 45 del CP y 24, 171, 173 concordante con el 169 inc. 3) del CPP.

Con relación a la temática planteada, invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 251/2012 de 17 de septiembre.

6) También el recurrente manifiesta que en su recurso de apelación restringida denunció la violación y agravio de Ley procesal penal prevista en sus arts. 124, 169 inc. 3), 173 y 360 inc. 2) del CPP, al no existir fundamentación de la Sentencia o esta sea insuficiente o contradictoria [art. 370 inc. 5) del CPP] y se constató que en el Auto de Vista no respondió lo argumentado en los puntos cuestionados que indudablemente son defectos absolutos insalvables; al respecto, transcribe la parte pertinente de su recurso de apelación restringida y señala que el Auto de Vista no respondió, no valoró, peor motivó o fundamentó los puntos denunciados en la referida apelación restringida con relación al punto descrito, demostrándose de esta manera la infracción de los arts. 169 inc. 3) del CPP y 180.II de la CPE; es decir, a ser oído; y el art. 117.I de la CPE, referido a la debida fundamentación, tutela efectiva jurídica y otras previstas en la Constitución. Refiere que el precedente invocado es claro al señalar que los hechos deben ser claros y precisos y que el Tribunal de alzada debe analizar los elementos de la tipicidad antijuridicidad y culpabilidad de los acusados o Sentencias que indudablemente el Tribunal de apelación no se pronunció respecto a estos extremos y como emergencia de ello se originó defectos absolutos y vulneración a las garantías constitucionales del debido proceso, tutela judicial efectiva y a la defensa, previstos en el art. 115, 116, 117, 118 y 119 de la CPE.

Con relación a la temática planteada invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 065/2012-RA de 19 de abril.

7) Refiere que en su recurso de apelación restringida denunció la violación de la ley procesal penal comprendida en los arts. 169 inc. 3), 173, 360 inc. 2) del CPP, al pretender probar hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba como establece el art. 370 inc. 6) del CPP y que el Auto de Vista no se pronunció respecto de los puntos que cuestionó; al respecto, transcribe la parte pertinente de su recurso de apelación restringida, para sustentar que el Auto de Vista no se pronunció en ningún momento con relación a las disposiciones que denunciaron fueron violadas y desconocidas por parte del Tribunal de Sentencia con relación a los arts. 169 inc. 3), 171, 173, 360 inc. 2) del CPP, en que los Vocales estarían obligados a pronunciarse y en este caso se infringió la tutela jurídica prevista en el art. 115.I de la CPE; asimismo, refiere que se demostró que no solamente introdujeron pruebas en fotocopias, sino ilegales e ilícitas; y con esas pruebas, se le sentenció; además, señala que fundó que no se precisó el hecho o los hechos considerados delitos, que no existe sustentó fáctico menos probatorio para que le hayan sentenciado probándose de esta manera la verdad material de los hechos; los cuales por cierto no tienen relevancia penal, sino civil y que jamás se apropió indebidamente del hato de ganado bobino; al respecto señala, que la resolución de los Vocales de la Sala Penal adolece de insuficiencia motivacional y falta de fundamentación, decisión que transgrede la verdad material demostrada en juicio con pruebas como indica el art. 180 de la CPE.

Con relación a este punto invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 067/2013-RRC de 11 de marzo.

I.1.2. Del recurso de casación de Javier Chávez Bejarano.

El recurrente refiere que el Auto de Vista, viola sus derechos y garantías constitucionales porque incurrió en error in judicando e in procedendo al advertirse que no existió el control de legalidad, menos el cumplimiento objetivo de la ley, la Constitución Política del Estado y los precedentes contradictorios, por parte de los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito Judicial del Beni, que emitieron el Auto de Vista, debido a que los puntos de su apelación restringida que no fueron respondidos ni valorados, siendo que no se respondió de manera fundada en los puntos 1 y 1.1. respecto de los incs. a), b), c), d), e) f), g), h), i), j) y k); al respecto, transcribe la parte pertinente de su recurso de apelación restringida y el Auto de Vista para señalar que se observa que el Auto de Vista no respondió, no valoró, ni absolvió los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida situación que se encuentra sujeta a nulidad de la resolución de los Vocales; o, se tendría que dejar sin efecto jurídico, por defectos absolutos previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP y que indudablemente agravia sus derechos constitucionales como ser al debido proceso, derecho a la defensa, derechos a la impugnación, tutela judicial efectiva y derecho a ser oído, aspectos previstos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. También, señala que el Auto de Vista no se pronunció, ni valoró la denuncia que realizó en la apelación restringida referida a que el Tribunal de Sentencia violó la Ley sustantiva por inobservancia y errónea aplicación de los arts. 169 inc. 3) y 370 inc. 1) del CPP, generando con este hecho un Estado de indefensión y el desconocimiento flagrante al derecho a la impugnación, previsto en el art. 180 de la CPE. Al respecto, señala que en su recurso de apelación restringida manifestó la constante la errónea aplicación de los arts. 350, 14 y 20 del CP y 28 de la Ley 004; ya que, no habría subsunción conceptual al tipo penal de Abigeato en términos de apoderamiento ni Apropiación Indebida de ganado, siendo que existen documentos civiles privados sobre recibos de pago en dinero firmado de buena fe, acerca de la cancelación a Abner Gonzales Chura por la compra de ganado; además, señala que no se fundamenta el grado de autoría dolosa. Ante tales acusaciones el Tribunal de alzada hubiera señalado que esos planteamientos resultarían en orfandad legal; ya que, el Tribunal de Sentencia no se limitó a conceptualizar abstractamente lo normado por el art. 350 del CP; sino que, avanza para nutrirse de las reflexiones doctrinales de la materia, construyendo su proceso lógico, racional, fáctico en sentido de que las pruebas valoradas se fundan en certidumbre de Juan Pablo Simón Pinto de manera directa se apropia indebidamente de 250 cabezas de Ganado Bovino perteneciente a “COFADENA”, que se encontraba en el campo 23. De los aspectos, mencionados refiere que se evidencia contrastando con el precedente contradictorio invocado que los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental del Beni a través de su Auto de Vista, vulneran los derechos, al debido proceso y la impugnación establecidos en el art. 180.II de la CPE, así como los arts. 169 inc. 3) y 370 inc. 1) del CPP, al no circunscribirse a los puntos impugnados y demostrados en el recurso de apelación restringida y al no pronunciarse a los puntos cuestionados de las disposiciones sustantivas de la Ley penal y de la Ley anticorrupción, al cual estaban obligados a responder cada una de los puntos denunciados y cuestionados en su resolución, esta infracción al derecho positivo se constituye incuestionablemente en defectos absolutos insalvables de no convalidación; asimismo, el Tribunal de apelación vulneró el art. 203 de la CPE, al desconocer el carácter vinculante de las Sentencia Constitucionales, por que el Tribunal de alzada no aplicó estas normativas procesales, constitucionales y jurisprudenciales descritas en los Autos Supremos invocados y la Ley, es más los Vocales vulneraron los arts. 411 y 412 del CPP, al no convocar audiencia pública para fundamentar el recurso de apelación restringida, pese de haber expresamente pedido, como lo demuestra en la ausencia de actas de audiencia de tratamiento del recurso de apelación restringida.

Con relación a la temática planteada invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 085/2012-RA de 4 de mayo.

Refiere que el Auto de Vista resultó insuficiente, sin motivación ni fundamentación, con relación a los puntos cuestionados de errónea aplicación de los arts. 350, 14, 20 del CP y 28 de la Ley 004; al respecto, realizó una transcripción textual de la parte pertinente del Auto de Vista, del cual señala que el Tribunal de apelación omitió pronunciarse de forma y fondo de las normas sustantivas consignadas en los arts. 13, 14, 20 y 350 del CP y art. 28 de la Ley 004, omisión que genera el incumplimiento de los arts. 178, 180 y 108 inc. 1) de la CPE, que obliga a los ciudadanos a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes; en este caso, el Auto de Vista incumplió el Código Penal, vulnerando en consecuencia sus derechos a ser oído y a la impugnación. Al respecto, señala haber demostrado que el Auto de Vista violó los principios de congruencia y legalidad, al no pronunciarse sobre los puntos cuestionados al no realizar el análisis y valorar que su conducta sea subsumida de los delitos, siendo que incluso no se alegó que existió dolo o culpa; además, señala que no se respetó la valoración probatoria prevista en el art. 173 del CPP, que debió aplicarse conforme a los arts. 20, 21, 22 y 23 del CP.

Con relación a los aspectos señalados, invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 047/2012-RRC de 23 de marzo.

3) Señala, que el Auto de Vista omitió pronunciarse en la forma y en el fondo respecto a los arts. 350, 20 y 14 del CP, situación por la cual hubieran procedido a realizar una errónea aplicación de la Ley en relación de la conducta del imputado y respecto a la subsunción del tipo penal; en el mismo sentido, haciendo una transcripción de lo solicitado en el recurso de apelación restringida que hubiera interpuesto el ahora recurrente señala que el Tribunal de alzada no absolvió ningún punto o inciso, argumentado en su recurso de apelación restringida con relación al documento privado señalado en los ins. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) y k), precisando también que el Auto de Vista solo refirió en el punto II.- Bases normativas, jurisprudencia y doctrinales para la dilucidación en alzada; en consecuencia, este apartado estaría fuera de contexto y de realidad en la presente Litis; toda vez, que no hace referencia en lo más mínimo a los elementos doctrinales normativos y jurisprudenciales establecidos en el numeral II del Auto de Vista cuestionado, el cual generaría agravios a sus derechos procesales y constitucionales, del debido proceso, derecho a la defensa, verdad material y tutela judicial efectiva. Por otro lado, el recurrente refiere que a este punto reclamado el Auto de Vista hubiera respondido solamente con el siguiente argumento: “… que tales planteamientos resultan en orfandad legal ya que el Tribunal a quo no se limita a conceptualizar abstractamente lo normado…”. Lo que hace ver que el Tribunal de alzada no realizó el análisis lógico jurídico a través de la sana crítica, infringiendo por ello, el debido proceso y la presunción de inocencia, establecido en los arts. 115 y 117 de la CPE; finalmente, también señala que el Auto de Vista violó la norma establecida en el art. 203 de la CPE y lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Con relación a la temática planteada invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 431/2006 de 11 de octubre.

Refiere que en su recurso de apelación restringida se demostró la inexistencia del art. 28 de la Ley 004 y el Auto de Vista no se pronunció a tales puntos o planteamientos de hecho y derecho en el recurso, dejándole en un estado de indefensión; al respecto, transcribió la parte pertinente de su recurso y explicó que se puede constatar que no hubo precisión a una respuesta a su pretensión en base la fundamentación que realizó el Auto de Vista, contenida numeral II.4 de su primer párrafo; el cual, se constituye en incumplimiento del principio de legalidad y sobre todo el cumplimiento de la Ley, con relación a que se debe tener en cuenta que la acusación y la Sentencia deben ser legales apegados a la sana crítica donde se valore las pruebas y se dé cumplimiento obligatorio a la Constitución; empero, en este caso se demostró que no hubo relación y contrato con el Estado, tampoco el enriquecimiento ilícito y haber ocasionado afectación al patrimonio del Estado; asimismo, refiere que en su recurso de apelación restringida se demostró la inexistencia del hecho debido a que no se demostró todos los elementos constitutivos del tipo penal, lo que demostró la ausencia de subsunción de la conducta a los tipos penales condenados. Finalmente, refiere que se tiene demostrado que los puntos denunciados y cuestionados, el Auto de Vista en desconocimiento a su derecho a la impugnación, al debido proceso, a ser escuchado y al Juez imparcial.

5) Señala, que en su recurso de apelación restringida denunció la violación y agravio de la Ley procesal penal comprendida en los arts. 124, 169 inc. 3), 173 y 360 inc. 2) del CPP, incurriendo en falta de enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada del art. 370 inc. 3) del CPP y el Tribunal de alzada su pronunciamiento fue insuficiente y contradictorio con relación a los puntos o planteamiento de hecho y derecho en el recurso, haciendo al respecto la transcripción pertinente de su recurso de apelación restringida y el Auto de Vista de donde afirma que se puede evidenciar que en su recurso de apelación son diecisiete puntos expuestos y denunciandos con respecto al hecho, el Tribunal debería insertar en su sentencia, para conocer en su totalidad y con certeza de qué se le acusó y se le condenó a prisión por delitos que jamás cometió. Siendo lo que corresponde al advertir la existencia de la falta de motivación y fundamental en la Sentencia de los hechos y circunstancias; y, al identificar dichos defectos absolutos insalvables corresponde anular la Sentencia y que otro Tribunal con mejor criterio de justicia en Sentencia le absuelva de los delitos acusados, demostrando absoluta violación de sus derechos y garantías constitucionales el Auto de Vista; siendo que, dicha resolución en el numeral II.4 no responde a los aspectos pretendidos, sin demostrar que tenga calidad de funcionario público utilizando jurisprudencia constitucional que no se encuentra en los registros del Tribunal Constitucional, como es la “213/2013-RRC de 27 de agosto”. Al respecto, señala que se demostró que el Auto de Vista es vació y cero en motivación y fundamentación de los puntos cuestionados en su recurso de apelación restringida; cuyos efectos ocasionan la vulneración de su derecho al debido proceso, presunción de inocencia y otros previstos por la Constitución Política del Estado; por esos argumentos, señala que se le sometió a un estado de indefensión al no ser escuchado y oído por parte del Tribunal de alzada, por lo que el Tribunal Supremo debe restaurar y restituir sus derechos y garantías constitucionales, porque el Auto de Vista debió cumplir los arts. 13, 14, 20, 21, 22, 23 y 45 del CP y 24, 171 y 173 concordante con el 169 inc. 3) del CPP.

Con relación a la temática planteada invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 251/2012 de 17 de septiembre.

6) También, el recurrente manifiesta que en su recurso de apelación restringida denunció la violación y agravio de Ley procesal penal prevista en sus arts. 124, 169 inc. 3), 173 y 360 inc. 2) del CPP, al no existir fundamentación de la Sentencia o esta sea insuficiente o contradictoria [art. 370 inc. 5) del CPP] y se constató que el Auto de Vista no respondió lo argumentado en los puntos cuestionados que indudablemente son defectos absolutos insalvables; al respecto, transcribe la parte pertinente de su recurso de apelación restringida y señala que el Auto de Vista no responde; no valora, peor motiva o fundamenta los puntos denunciados en la referida apelación restringida con relación al punto descrito, demostrándose de esta manera la infracción de los arts. 169 inc. 3) del CPP y 180.II de la CPE; es decir, a ser oído y el art. 117.I de la CPE, referido a la debida fundamentación, tutela efectiva jurídica y otras previstas en la Constitución Política del Estado. Refiere que, el precedente invocado es claro al señalar que los hechos deben ser claros y precisos; y, que el Tribunal de alzada debe analizar los elementos de la tipicidad antijuridicidad y culpabilidad de los acusados o Sentencias que indudablemente el Tribunal de apelación no se pronunció a estos extremos y como emergencia de ello se originó defectos absolutos y vulneración a las garantías constitucionales del debido proceso, tutela judicial efectiva y otras.

Con relación a la temática planteada invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 065/2012-RA de 19 de abril.

7) Refiere, que en su recurso de apelación restringida denunció la violación de la ley procesal penal comprendida en los arts. 169 inc. 3), 171, 173 y 360 inc. 2) del CPP, al pretender probar hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba como establece el art. 370 inc. 6) del CPP y que el Auto de Vista no se pronunció respecto a los puntos que cuestionó; al respecto, transcribe la parte pertinentes de su recurso de apelación restringida, para sustentar que el Auto de Vista no se emitió en ningún momento con relación a las disposiciones que denunciaron fueron violadas y desconocidas por parte del Tribunal de Sentencia con relación a los arts. 169 inc. 3), 171, 173 y 360 inc. 2) del CPP, donde los Vocales estarían obligados a pronunciarse y en este caso se infringió la tutela jurídica.

I.1.3. Del recurso de casación de Miguel Ángel López Arteaga.

Haciendo una relación de los hechos criminosos, señala que el Auto de Vista impugnado sostuvo que Fernández actuó correctamente al poner en conocimiento de la máxima autoridad se “COFADENA” la existencia del hecho investigado, limitándose a mantener silencio sobre el ejercicio de la supuesta orden de arreglar el problema de forma interna para evitar problemas, accionar que no ha quedado demostrado en juicio y que por el contrario verifica en Fernández la negligencia suficiente, para retardar actos que eran de su entera competencia en condición de directo responsable de la unidad de Campo 23 de marzo; por lo que señala, que no cabe duda que este proceder negligente repercute en la retardación de un acto concerniente a sus responsabilidades que ha afectado a la investigación; y por ende, al patrimonio del Estado. Aspectos, que hacen ver que el Auto de Vista impugnado no solamente revalorizó las testificales de juicio Cesar Rosas Guasase y del imputado Fernández; si no que, omitió realizar la revisión integral de la prueba que sostiene la culpabilidad de Fernández, conculcando el principio de inmediación y concentración, este aspecto se encontraría en contradicción con la doctrina legal del precedente contradictorio que invocó al efecto; pues, señala que al Auto de Vista no le está permitido ingresar en revalorización de la prueba, siendo que la labor de los Tribunales de alzada debe ser necesariamente estar aparatada de una nueva valoración de la producida en juicio limitar su ámbito de decisión a que la revisión de la Sentencia de grado posee fundamento suficiente sobre la valoración de la prueba su coherencia orden e idoneidad a los principios de la sana crítica, motivación eficaz y que ofrezcan en consecuencia certidumbre sobre la decisión de condena o absolución según el caso; por otro lado, si la autoridad o Tribunal de alzada advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales que haya tenido incidencia en la parte resolutiva le corresponde anular total o parcialmente la Sentencia y ordenar la reposición o reenvió del juicio por otro Tribunal. En consecuencia, el Auto de Vista incurrió en contradicción de los precedentes invocados, porque incurrió en revalorización de la prueba por lo que corresponde una reposición solamente con relación al encausado Miguel A. Fernández.

Con relación a la temática planteada invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre y 176/2013-RRC de 24 de junio.

I.1.4. Petitorio.

De manera concurrente en los dos primeros recursos se solicita se deje sin efecto el Auto de Vista y se proceda a aplicar la doctrina legal que determina la nulidad de la Sentencia. Por otro lado, en el tercer recurso solicita se declare procedente su recurso y se deje sin efecto el Auto de Vista y se proceda a dictar un nuevo fallo, conforme la doctrina legal aplicable solamente respecto de Miguel Ángel Fernández Pinto.

I.2. Admisión del recurso.

Mediante Auto Supremo 266/2018-RA de 26 de abril, cursante de fs. 616 a 628 vta., este Tribunal admitió los recursos de casación formulados por Juan Pablo Simón Pinto, Javier Chávez Bejarano y Miguel Ángel López Arteaga, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO

De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente: