AS/0806/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0806/2025

Fecha: 01 de agosto de 2025

Expediente: CH-54-25-S

Partes: José Luis Leandro Relos c/ Francisco Romero Díaz.

Proceso: Pago de daños y perjuicios.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 417 a 420, interpuesto por José Luis Leandro Relos, contra el Auto de Vista Nº 136/2025, de 23 de abril, corriente de fs. 411 a 414, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de pago de daños y perjuicios, seguido por el recurrente, contra Francisco Romero Díaz, el Auto de concesión de 28 de mayo de 2025, visible a fs. 426, Auto Supremo de admisión Nº 0550/2025-RA de 10 de junio, obrante de fs. 431 a 432 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. José Luis Leandro Relos, por memorial de demanda que discurre de fs. 253 a 256, promovió el proceso ordinario de pago de daños y perjuicios, contra Francisco Romero Díaz, quien una vez citado, según escrito visible de fs. 298 a 300, se apersonó y contestó de manera negativa; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia Nº 07/2025, de 10 de enero, que cursa de fs. 383 a 388, en la que el Juez Público, Civil y Comercial 8° de la ciudad de Sucre, declaró IMPROBADA en todas sus partes la demanda, condenando en costas y costos al actor.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por José Luis Leandro Relos, según escrito de fs. 390 a 392 vta., originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista N° 136/2025, de 23 de abril, corriente de fs. 411 a 414, donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada, con costas y costos al apelante, bajo los siguientes argumentos:

El Juez A quo procedió a reproducir de manera suscinta las pretensiones de ambos contendientes en la presente causa, tal como exigeel num. 2 par. II del art. 213 del Código Procesal Civil, refirió que la demanda no se enmarcó en los artículos 344, 345 y 346 del Código Civil, destinadas para el resarcimiento de daños y perjuicios, generados con el incumplimiento de obligaciones previsto en el art. 339 del sustantivo civil; es decir, que el A quo teniendo en cuenta toda la prueba de cargo y de descargo de la prueba producida, estableció que la normativa legal invocada, no respaldó los hechos objeto de su demanda, así como no se acredito que las medidas precautorias adoptadas a instancia del demandado, hubiesen sido adoptadas con falta de legitimidad y razón alguna, sino precisamente amparado por el art. 310 num. 1 y art. 324 del Código Procesal Civil, por la responsabilidad del apelante en el incumplimiento del contrato de venta con pacto de rescate del vehículo embargado y secuestrado, que se cumplió recién el mes de octubre de 2023.

- Los artículos 344, 345 y 346 del Código Civil, relativo a los efectos de las obligaciones se entiende que derivan de los contratos, los supuestos daños y perjuicios que causó al apelante deviene de medidas adoptadas por el Juez Civil y Comercial Nº 4 dentro un proceso de resolución de contrato que instauró el demandado en contra del apelante, ya que de ninguna manera puede aludirse errónea aplicación al caso de las normas descritas, pues el A quo justifico en derecho por que no eran aplicables, criterio que comparte el Tribunal Ad quem y que no fue rebatido ni cuestionado por el apelante en su recurso, pues las medidas cautelares adoptadas, aparte de no haberse demostrado que no fueron asumidas sin legitimidad o legalidad dentro el referido proceso ordinario, a la fecha está concluido, no advirtiéndose por parte del apelante en proceso señalado activado la facultad que le otorgaba el art. 323 del Código Procesal Civil, a fin de demostrar los daños y perjuicios que supuestamente se le hubiera causado la medida cautelar de secuestro y embargo que se asumió en dicho proceso judicial y tampoco lo hizo en el presente proceso.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por José Luis Leandro Relos, según escrito visible de fs. 417 a 420, que es objeto de análisis en la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

En la forma:

- Falta de motivación y fundamentación en el Auto de Vista recurrido, mismo que simplemente reitera lo manifestado por el Juez de primera instancia, en el sentido de que los arts. 344, 345 y 346 del Código Civil no serían aplicables al caso presente; no se pronunció sobre la prueba aportada por el recurrente y establecer si la misma es o no pertinente al objeto del proceso, consecuentemente, el Ad quem no refirió en qué normas sustantivas, adjetivas o en qué jurisprudencia basó su decisión.

En el fondo:

- Errónea interpretación de los arts. 344, 345 y 346 del Código Civil, porque el Auto de Vista de forma arbitraria ha señalado que la citada normativa no es aplicable a la presente causa, ya que para la procedencia y aplicación no se constituye en un requisito sine qua non que el pago de daños y perjuicios que se pudiera pretender dentro de una demanda deban ser consecuencia inmediata y directa del incumplimiento de alguna obligación; que las medidas cautelares dispuestas en el proceso civil tramitado en el Juzgado Público Civil y Comercial 4º de la capital, sobre embargo y secuestro de motorizado, habrían sido asumidas con legitimidad y legalidad, que el recurrente no ejerció la facultad establecida en el art. 323 del Código Procesal Civil, y que no se habría demostrado que el demandado hubiese actuado al margen de la ley, sin embargo, no consideraron que independientemente de que exista o no una obligación pendiente de cumplimiento, se debe tener en cuenta si los daños y perjuicios fueron consecuencia directa del accionar del demandado.

Fundamentos por los cuales el recurrente solicitó se case el Auto de Vista impugnado y se revoque la Sentencia.

2. Contestación al recurso de casación:

Francisco Romero Díaz, respondió al recurso de casación mediante memorial de fs. 424 a 425, exponiendo que:

El Auto de Vista con relación a la supuesta errónea interpretación de la norma y la falta de motivación y fundamentación, en el fondo de los hechos, han sido aplicados y fundamentados correctamente conforme establece el ordenamiento jurídico, el Juez A quo que emitió la Sentencia valoró cada una de las pruebas producidas la etapa del proceso, mismas que fueron apreciadas en conjunto y luego debidamente individualizadas, tomando en cuenta los parámetros de la lógica y las reglas de la sana critica o prudente criterio.

Por lo referido, solicitó confirmar totalmente el Auto de Vista, con costas y costos a la parte recurrente.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Interpretación de la legalidad ordinaria

Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1846/2004-R de 30 de noviembre reiterada por la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 410/2013 de 13 de marzo, señaló lo siguiente: “Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales.

Esto significa que los órganos de la jurisdicción ordinaria deben sujetar su labor interpretativa a las reglas admitidas por el derecho, con plena vigencia en el derecho positivo, que exige que tal labor se la realice partiendo de una “interpretación al tenor de la norma (interpretación gramatical), con base en el contexto (interpretación sistemática), con base en su finalidad (interpretación teleológica) y los estudios preparatorios de la ley y la historia de formación de la ley (interpretación histórica)” (Cfr. Cincuenta años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán , pág. 2); reglas o métodos de interpretación que en algunas legislaciones, han sido incorporados al ordenamiento jurídico positivo (así, art. 3.1 del Código civil español).

Las reglas de la interpretación aludidas, operan como barreras de contención o controles, destinadas a precautelar que a través de una interpretación defectuosa o arbitraria, se quebranten los principio constitucionales aludidos; de modo que debe ser previsible, tanto en relación a los medios empleados cuanto en relación al resultado alcanzado; pues la interpretación de una norma no puede conducir a la creación de una norma distinta de la interpretada.

En este orden, conviene precisar que la interpretación sistemática o contextualizada, puede extenderse, según los casos, al artículo del cual forma parte el párrafo o inciso analizado; al capítulo o título al que pertenece; al sector del ordenamiento con el que se vincula o pertenece; o al ordenamiento en su conjunto; y finalmente, de manera inexcusable, con las normas, principios y valores de la Constitución, dado que de todas las interpretaciones posibles que admita una norma, debe prevalecer siempre aquella que mejor concuerde con la Constitución.

III.2. En cuanto a la improponibilidad objetiva de la demanda.

Al respecto el Auto Supremo N° 872/2023 de 07 de septiembre, señaló que “El Auto Supremo Nº 237/2020 de 20 de marzo, respecto a esta temática ha razonado de la siguiente manera: ‘Para el entendimiento de la improponibilidad objetiva de la pretensión, citaremos al Auto Supremo Nº 73/2011 de 23 de febrero, que al respecto señaló: ‘No obstante lo que se desprende de la literalidad de la norma transcrita, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido de manera concordante que la facultad del Juez puede ir más allá de ese análisis de cumplimiento de presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales y, extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsecos, e incluso a los de fundabilidad o procedencia de la pretensión.

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