AS/0820/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0820/2025

Fecha: 01 de agosto de 2025

Expediente: CB-27-25-S

Partes: Nicacia Mery Méndez de Guzmán c/ María Antonieta Tejada de Cabrera, Ninon Cabrera Tejada y Sergio Orlando Unzueta Garnica.

Proceso: División y partición de bienes.

Distrito: Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 243 a 245, interpuesto por Maria Antonieta Tejada de Cabrera contra el Auto de Vista N° 233/2024 de 12 de noviembre, corriente de fs. 237 a 240, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de división y partición de bienes, seguido por Nicacia Mery Méndez de Guzmán contra la recurrente, Ninon Cabera Tejada y Sergio Orlando Unzueta Garnica; la contestación de fs. 248 a 251; Auto de concesión de 26 de marzo de 2025, visible a fs. 254; el Auto Supremo de admisión N° 0387/2025-RA, corriente de fs. 260 a 261 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;"> Nicacia Mery Méndez de Guzmán, mediante memorial de demanda cursante de fs. 49 a 50 vta., subsanado a fs. 54 y vta., promovió el proceso ordinario de división y partición de bienes contra Maria Antonieta Tejada de Cabrera, Ninon Cabrera Tejada y Sergio Orlando Unzueta Garnica, quienes una vez citados no respondieron a la demanda siendo declarados rebeldes a través del Auto de 17 de enero de 2020, visible de fs. 68 vta.; sin embargo, mediante escrito corriente a fs. 109, Maria Antonieta Tejada de Cabrera y Ninon Cabera Tejada, se apersonaron justificando su incomparecencia a la audiencia preliminar de 26 de enero de 2021, sin asumir defensa alguna; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia de 15 de junio de 2021, cursante de fs. 178 a 179 vta., por el cual el Juez Público Civil y Comercial N° 2° de Cochabamba, declaró PROBADA la demanda, disponiendo se proceda a la subasta y remate del bien inmueble con Matrícula N° 3.01.1.02.0000907.

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2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Nicacia Mery Méndez de Guzmán, según escrito a fs. 183 y vta. y María Antonieta Tejada de Cabrera, conforme memorial de fs. 188 a 191, originó que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita el Auto de Vista N° 233/2024, de 12 de noviembre, corriente de fs. 237 a 240, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos:

2.1. Con relación al recurso de apelación interpuesto por Nicacia Mery Méndez de Guzmán

- La autoridad de primera instancia incurrió en error en parte al no imponer costas y costos a los demandados; toda vez que, la Sentencia declaró probada la demanda interpuesta por la parte demandante; resultando incorrecta la aplicación del art.223.II del Código Procesal Civil, por no tratarse de un proceso doble; toda vez que , los demandados no reconvinieron a la demanda principal y mucho menos se apersonaron al proceso; por lo cual corresponde dar aplicación a lo dispuesto por el art. 223.I. del adjetivo civil.

2.2. Con relación al recurso de apelación interpuesto por Maria Antonieta Tejada de Cabrera.

- Con relación al primer, tercer, quinto y sexto puntos de agravio y tomando en cuenta el principio de preclusión, hace que las observaciones realizadas por el apelante sean inconducentes; toda vez que, de la revisión de antecedentes; se advierte que, los demandados no contestaron a la demanda, mucho menos opusieron excepciones u observaron el informe pericial en audiencia preliminar y/o complementaria; en tal sentido, se debe considerar que cada actuación procesal debe ser realizada dentro el término establecido por ley, bajo el riesgo de no poder realizarla de forma posterior; en ese entendido, los reclamos efectuados por la parte apelante resultan impertinentes.

- La apelante vulneró el principio de pertinencia, al hacer referencia a aspectos que no fueron contemplados en la resolución apelada u otra resolución que haya sido objeto de impugnación antes de la emisión de la sentencia; por lo que, los argumentos motivo de análisis, no constituyen una fundamentación objetiva y pertinente; por cuanto, no fueron analizados y resueltos en la Sentencia impugnada u otra resolución anterior a ella.

- Con relación al segundo y cuarto reclamo, la recurrente debió solicitar complementación, enmienda o explicación, si consideraba que la Sentencia contenía imprecisiones o contradicciones y no interponerlas a consideración en la fase de apelación.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por María Antonieta Tejada de Cabrera, según escrito visible de fs. 243 a 245, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

La recurrente en el recurso de casación alegó que:

En el fondo.

- Existencia de violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, prevista en el art. 265 de Código Procesal Civil y el principio de preclusión, toda vez que, de manera taxativa el Tribunal de alzada debió aplicar lo determinado en el art. 1 nums. 1, 4, 5, 8, y 16; arts. 5, 6, 7.II., todos del Código Procesal Civil, así como los arts. 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado; empero, el fundamento de la decisión asumida en su contra fue contraria a dichas disposiciones; además, de vulnerar el principio de dirección establecido en el art. 1.num. 4 del Código Procesal Civil.

En la forma.

a) La interposición de su recurso de apelación data de 05 de julio de 2021; la radicatoria fue en la misma gestión; sin embargo, el Auto de Vista fue emitido el 12 de noviembre de 2024, actuado con el cual fue notificada el 03 de diciembre de similar año, en inobservancia de lo establecido en los arts. 82.I, 89.I, 90.II.III.IV y art. 264.I del Código Procesal Civil, dando lugar a que el Tribunal de segunda instancia haya perdido competencia, operándose en el caso concreto el principio de preclusión por vencimiento de plazos, en aplicación de los arts. 16.II y 30 de la Ley del Órgano Judicial, resultando el fallo emitido en nulo de pleno derecho en razón de su pronunciamiento extemporáneo, habiendo subsumido su conducta a los tipos penales tipificados en los arts. 153, 154 y 173 primera parte del Código Penal.

b) Falta de motivación y fundamentación en el Auto de Vista; por cuanto, en dicha resolución únicamente se observa una forzada y/o acomodada argumentación en favor eventual de la parte adversa, violentando las líneas jurisprudenciales relativas al debido proceso en sus componentes de derecho a una resolución suficiente y razonable a la congruencia y a la aplicación objetiva del ordenamiento jurídico.

Fundamentos por el cual la recurrente solicitó se case o se anule el Auto de Vista recurrido y se declare improbada la demanda o reponga antecedentes hasta una nueva presentación de aquella en sujeción estricta de los arts. 110 y 111 del Código Procesal Civil.

2. De la contestación al recurso de casación.

Nicasia Mery Méndez de Guzmán, mediante memorial de fs. 248 a 251, respecto al recurso de casación de Maria Antonieta Tejada de Cabrera, refiere en lo principal que:

- La Vocal relatora no incurrió en omisión, interpretación y aplicación incorrecta de la Ley Civil y Procesal Civil en el fondo y en la forma; se efectuó una revisión exhaustiva del proceso siendo emitida con la debida motivación y fundamentación en cumplimiento de los principios de legalidad, congruencia, veracidad, transparencia y probidad, valorando las pruebas en mérito al principio de verdad material y cabal entendimiento a lo dispuesto en el art. 265 del Código Procesal Civil, precisamente para otorgar seguridad jurídica a las parte.

- Advirtió con criterio de legalidad el proceso, pues, pese de haber declarado el Juez de turno, probada la demanda formulada, resultó incorrecta la aplicación del art. 223.I del Código Procesal Civil, por no ser proceso doble; por lo que, en la parte resolutiva del Auto de Vista cuestionado, confirmó la sentencia apelada con la agregación de imponer costas y costos a los demandados, en atención del art. 223.I del adjetivo civil.

- La Vocal relatora advirtió con precisión que los puntos reclamados en apelación fueron impertinentes e inconducentes; toda vez que, la apelante debió haber hecho uso de la facultad conferida por el art. 226.III del Código Procesal Civil, dentro los plazos establecidos por ley.

- El Auto de Vista N° 233/2024, de 12 de noviembre, en su integridad no vulneró el Código Civil como tampoco el Procesal Civil, con referencia a los artículos referente al caso. La autoridad de segunda instancia, se circunscribió a los puntos resueltos por el Juez que conoció la causa, no modificó el contenido de la Sentencia apelada en perjuicio de la apelante, decidiendo sobre los puntos omitidos en la resolución de instancia, en cumplimiento del art. 265 del adjetivo civil, con referencia a las costos y costas reclamados por la actora.

- Los fundamentos del recurso de casación interpuesto por la recurrente, en el fondo, forma y el petitum, resultan confusos, contradictorios e impreciso; toda vez que, solicita de forma alternativa casar y/o anular el Auto de Vista recurrido, declarando improbada la demanda y reponer antecedentes hasta la presentación de demanda.

Fundamentos con los cuales solicita se declare infundado el recurso en la forma y en el fondo en cumplimiento de los principios de probidad, legalidad, transparencia y debido proceso, sea con costos y costas.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones

La Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0386/2015-S2, de 8 de abril, señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición.

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere”.

III.2. De la pérdida de competencia por vencimiento de plazo para emitir resolución, que ya no constituye causal de nulidad.

El Auto Supremo N° 290/2019, de 01 de abril, al respecto razonó: “Al respecto, y toda vez que la presente causa fue tramitada conforme a los lineamientos establecidos en el actual Código Procesal Civil, es preciso remitirnos a lo estipulado en el art. 16 de dicho cuerpo normativo, donde de manera expresa se establece cuáles son las causales por las que la autoridad judicial pierde competencia en un determinado asunto, siendo estas: ‘1. Excusa declarada legal. 2. Recusación probada. 3. Resolver en su contra la competencia suscitada y 4. Conclusión del pleito’; concordante con esta norma y refiriéndonos a la validez de la sentencia, el art. 217 del mismo cuerpo legal señala: ‘Es válida la sentencia pronunciada fuera de plazo prevista por este Código, pero dará lugar a la sanción disciplinaria a la autoridad judicial, conforme a Ley’.

Mostrando 51 de 101 parrafos.

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