AS/0825/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0825/2025

Fecha: 04 de agosto de 2025

Expediente: O-30-25-S

Partes: Marisol Aguilar Terán de Ríos representada por Juan Aguilar Terán c/ Wladimir Guillermo Montaño Blanco y Marina Mamani Almanza.

Proceso: Reivindicación.

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 906 a 908 vta., interpuesto por Vladimir Montano Blanco y Marina Mamani Almanza, contra el Auto de Vista Nº 118/2025 de 05 de marzo, corriente de fs. 895 a 901 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario de reivindicación, seguido por Marisol Aguilar Terán de Ríos, representada por Juan Aguilar Terán contra los recurrentes; la contestación de fs. 925 a 932; el Auto de concesión N° 49/2025 de 17 de abril, visible a fs. 933 y vta., el Auto Supremo de admisión N° 0443/2025-RA de 19 de mayo, obrante de fs. 941 a 942 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Marisol Aguilar Terán de Ríos, representada por Juan Aguilar Terán, por memorial de demanda que discurre de fs. 27 a 30, subsanada de fs. 59, promovió el proceso ordinario de reivindicación contra Wladimir Guillermo Montaño Blanco y Marina Mamani Almanza, quienes una vez citados, según escritos visibles de fs. 195 a 199, aclarado a fs. 202 y subsanado por escrito de fs. 204 a 205 vta., respondieron y reconvinieron por nulidad de contrato en contra de Marisol Aguilar Terán, Alfonso Claros Velarde, Jhovana Shirley Flores Montaño, Reyna Fabiola Flores Montaño y Nila Graciela Cabello Montaño; quienes una vez citadas estas tres últimas representadas por Juan Aguilar Terán contestaron la demanda reconvencional en forma negativa; conforme escrito visible de fs. 370 a fs. 374 vta., Alfonso Claros Velarde contestó a la demanda reconvencional de nulidad de contrato de forma negativa y opuso excepción de prescripción; pretensión que fue declarada IMPROBADA mediante Auto de 15 de febrero de 2024, cursante de fs. 528 vta. 529 vta.; el Juez A quo mediante Auto de fs. 499 vta. a 501, dispuso integrar al proceso como litis consorcio necesario pasivo a Iván Estanislao Ríos Zambrana, quien una vez citado por memorial a fs. 513 A y vta., se apersonó y contestó; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 09/2024 de 13 de junio, que cursa de fs. 665 a 682, en la que el Juez Público Civil y Comercial 7° de la ciudad de Oruro, declaró PROBADA la demanda de acción reivindicatoria, disponiendo que los demandados y presuntos ocupantes y/o poseedores restituyan, devuelvan y desocupen el 50% lado norte del bien inmueble ubicado en la calle Tacna N° 2531 entre Lizárraga y 12 de Octubre de la ciudad de Oruro que corresponde a la superficie de 375 m2, registrado bajo la Matrícula N° 4.01.1.01.0029870 a favor de Marisol Terán de Ríos, en el plazo de 30 días de ejecutoriada la Sentencia; e IMPROBADA la demanda reconvencional de nulidad de documento, sin costas ni costos.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación Wladimir Guillermo Montaño Blanco y Marina Mamani Almanza, según memorial de fs. 695 a 701, originó que la Sala Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita el Auto de Vista N° 118/2025, de 05 de marzo, corriente de fs. 895 a 901 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia, en base a los siguientes argumentos:

Respecto al primer agravio, lo obrado por el Juez, tiene su esencia en virtud de que las literales requeridas servían para averiguar la verdad de los hechos postulados, y por tal razón, se consideró que era necesario se viabilice la inclusión de esta prueba a la causa, actuar que no puede tomarse como dilación menos atentatorio a sus derechos; pues la prueba en sí, independientemente de que parte la arrime, servirá de manera universal a ambas partes para acreditar o desacreditar sus versiones, pues en esencia, el proceso tiene la finalidad de resolver las controversias.

En cuanto al segundo agravio, que la nulidad pretendida no resulta factible, pues el objeto pactado en el contrato de transferencia es de posible complimiento, por cuanto los vendedores figuran como últimos propietarios en el Asiento N° 6 de la Columna A de titularidad sobre el dominio respecto del inmueble base de la litis, en tanto que los recurrentes no figuran en el historial de la propiedad, por ello, al constituirse en solo poseedores del inmueble.

En lo referente al tercer agravio, no se ha cumplido con las condiciones necesarias para suscitarse una reivindicación compleja por no contar con el derecho propietario registrado, aspecto que impide establecer una prelación de registros para determinar quién registro con prioridad su título.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Wladimir Guillermo Montaño Blanco y Marina Mamani Almanza, mediante memorial de fs. 906 a 908 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

a) Violación del derecho a la propiedad privada prevista en el art. 56 de la Constitución Política del Estado, así como a los arts. 485 y 549 num. 2 del Código Civil y a la jurisprudencia, con el argumento que el art. 1538 del Código Civil, no es aplicable a los casos cuando un tercero tiene conocimiento de que el inmueble pertenece a una persona distinta al que figura en el folio real, que el registro de los inmuebles en la oficina de Derechos Reales tiene entre sus finalidades que el público se informe respecto al titular del derecho propietario de cierto inmueble, para evitar estafas, estelionatos, ventas falsas y cualquier otra conducta que rompa la armonía social y el vivir bien, resultaría lo mismo, cuando el tercero toma conocimiento directo del propietario no registrado o de manera indirecta por intermedio de otras personas que determinado inmueble pertenece a determinada persona (a fs. 523, 551 vta., y 555), que es injusto que por una cuestión formal, deban perder no simplemente el 50 % del inmueble, sino también los 135 m2 de terreno contiguo al inmueble.

b) Violación del art. 1453 del Código Civil y la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo N° 193/12 de 6 de septiembre y N° 314/2019 de 3 de abril, respecto a la reivindicación de su fracción y omisión de aplicación de la jurisprudencia contenida en los Autos Supremos N° 122/2012 de 17 de mayo, N° 186/2014 de 24 de abril y N° 618/2014 de 30 de octubre, con el argumento, que fue denegado su mejor derecho propietario que les asiste sobre el inmueble objeto de la contienda por no contar con el registro respectivo ante Derechos Reales y que la transferencia deviene de un tracto dominial, lo cual, seria falso, ya que su fracción está comprendido en total de 373,50 m2, que es producto de la compra que realizaron mediante Testimonio N° 172/89 de 6 de marzo, de una superficie de 123 m2, que cursa a fs. 113, registrado en Derechos Reales el 15 de marzo de 1989 y el contrato de 11 de junio de 2002, cursante a fs. 536, de una superficie de 250 m2., lo cual, guardaría correspondencia con el informe pericial de fs. 552, razón por la cual, su fracción de 250 hubiera sido fusionado a la fracción de 123 m2.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista y, en consecuencia, se declare improbada la demanda y probada la reconvención de nulidad del documento de venta, de no prosperar dicho postulado se declare el mejor derecho propietario que les asiste, sea con costas y costos.

2. Contestación al recurso de casación:

Marisol Aguilar Terán de Ríos representada por Juan Aguilar Terán, y Alfonso Claros Velarde representado por Dick Ramiro Miranda Chile y Janet Rosario Claros Montaño de Velarde, respondieron el recurso de casación según escritos visibles de fs. 918 a 92 y de fs. 925 a 932, respectivamente, solicitando en lo principal que:

2.1. Contestación de Marisol Aguilar Terán de Ríos

Los dos agravios no se enmarcaron dentro los alcances del art. 271 del Código Procesal Civil, por no describir agravio alguno de manera contextual, ya que solo se hubiera realizado una cronología de todo lo acontecido dentro el proceso y que mediante Escritura Pública N° 73/2022 de 28 de enero, su persona adquirió a título de compra venta de Alfonso Claros Velarde, Shirley Jhovana Flores Montaño, Reyna Fabiola Flores Montaño y Nila Graciela Cabello Montaño, que fue registrado bajo la Matricula N° 4.01.1.01.0029870 en fecha17 de febrero de 2022, momento a partir del cual y conforme previene el art. 1538 del Código Civil, es oponible frente a terceros.

El Tribunal de alzada actuó objetivamente conforme a derecho y a las pruebas aportadas por los sujetos procesales para llegar a la averiguación y a la verdad de los hechos y derechos invocados por las partes.

Si bien el Estado garantiza el derecho de propiedad, empero esta se demuestra con el derecho propietario inscrito ante la Oficina de Derechos Reales conforme estipula el art. 1545 del Código Civil, concordante con el art. 1538 de la referida norma, que el documento de 11 de junio de 2022, carece de legalidad, por estar realizado con dolo, indicando que se les hubiera transferido una superficie de 250 m2 por Dominga Olga Montaño Blanco (+) y Alfonso Claros Velarde por cual dicho documento a la vez fuera nulo de puro derecho ya que en el Asiento A-1 de la Matrícula N° 4.01.1.01.0029870 figuran como propietarios Dominga Olga Montaño Blanco y Tomasa Noemí Montaño Blanco y no así Alfonso Claros Velarde, por lo que, el documento de 11 de junio de 2002, seria fraudulento por no estar dentro los títulos sujetos a inscripción que prevé el art. 1540 del Código Civil.

La denuncia de vulneración al derecho propietario seria falso, ya que conforme la prueba cursante en obrados y de la audiencia preliminar de 05 de marzo de 2024, hubiera manifestado que se encuentra en posesión de la fracción, la cual, constituiría confesión conforme manda el art. 156 del Código Procesal Civil.

Por lo referido, solicitó se confirme el Auto de Vista emitido, sea con costas y costos.

2.1. Contestación de Alfonso Claros Velarde

Luego de una relación de argumentos jurídicos y antecedentes procesales, refirió que no se incurrió en violación alguna del derecho fundamental a la propiedad privada prevista por el art. 56 de la Constitución Política del Estado, así como del art. 549 num. 2 en relación al art. 485 del Código Civil y la jurisprudencia invocada por los recurrentes.

Por lo referido, solicitó que de conformidad al art. 220.II del Código Procesal Civil, se dicte Auto Supremo declarando infundado el recurso de casación, condenando en costas y costos se confirme el Auto de Vista emitido, sea con costas y costos.

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