AS/0826/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0826/2025

Fecha: 04 de agosto de 2025

Expediente: BE-11-25-S

Partes: Julián Ribera Ribera c/ Margarita Evelin Vaca Cuellar.

Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria.

Distrito: Beni.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 463 a 466 vta., interpuesto por Julián Ribera Ribera contra el Auto de Vista Nº 288/2024 de 25 de octubre, corriente de fs. 454 a 457 vta., pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria, seguido por el recurrente contra Margarita Evelyn Vaca Cuellar, el Auto de concesión Nº 36/2025 de 13 de marzo, visible a fs. 477; el Auto Supremo de admisión N° 444/2025-RA de 19 de mayo, obrante de fs. 485 a 487, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Julián Ribera Ribera, por memorial de demanda que discurre de fs. 45 a 47, subsanado a fs. 52 y modificado a fs. 53, promovió el proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria contra Margarita Evelin Vaca Cuellar, quien una vez citada, no compareció dentro el plazo oportuno; por lo que, fue declarada rebelde mediante Auto de 17 de agosto de 2022, obrante a fs. 86 vta.; según escrito visible a fs. 80 y vta., el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad se apersonó y contestó solicitando se lo excluya del proceso, petición que fue aceptada por Auto de 29 de abril de 2022, que cursa a fs. 81; consiguientemente, se pronunció la Sentencia Nº 16/2023 de 31 de enero, que corre de fs. 124 a 127, que declaró probada la demanda; por escrito visible de fs. 138 a 143 vta., la demandada Margarita Evelin Vaca Cuellar se apersonó e interpuso incidente de nulidad de citación, el cual mereció el Auto Interlocutorio Nº 316/2023 de 20 de abril, obrante de fs. 147 a 150, que declaró probado el incidente disponiendo la nulidad de obrados hasta fs. 85, debiendo citarse con la demanda a la parte demandada e incidentista, quien por escrito que cursa de fs. 215 a 222, contestó negativamente y reconvino por reivindicación más pago de daños y perjuicios; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia Nº 48/2024 de 02 de mayo, que cursa de fs. 419 a 426, en la que el Juez Público Civil y Comercial 6º de la ciudad de Trinidad, declaró IMPROBADA la demanda de usucapión decenal o extraordinaria y PROBADA la reconvención de reivindicación, disponiendo se proceda a la restitución a su propietaria del lote de terreno ubicado en barrio Vaca Medrano, distrito 2, manzano Q, calle 6, con superficie de 478,86 m2, registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Nº 8011010021296, en el plazo de treinta días de ejecutoriada la Sentencia, más el pago de daños y perjuicios a ser calificados en ejecución de Sentencia.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Julián Ribera Ribera, según escrito de fs. 427 a 429, originó que la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, emita el Auto de Vista Nº 288/2024, de 25 de octubre, corriente de fs. 454 a 457 vta., donde se REVOCÓ EN PARTE la Sentencia impugnada, únicamente en cuanto a la condenación de daños y perjuicios, declarando IMPROBADA la misma, sin costas, en base a los siguientes argumentos:

- Por el testimonio brindado por Zenón Condori Poma, trabajador de la familia Vaca Medrano -cuya declaración coincidiría con la de Erika Herrera Vargas-, se habría acreditado que el demandante ingresó al predio con violencia, cortando alambres y realizando amenazas. Esta versión se contradeciría con la de los testigos de cargo, quienes afirmarían que el ingreso ocurrió sin violencia; además uno de los testigos tendría instaurado una demanda de usucapión, lo cual afectaría su credibilidad y objetividad.

- Mediante el informe pericial producido en la causa, se habría constatado que el actor ocupa un terreno distinto al que señala en su demanda. Si bien el demandante intentó subsanar este error mediante un memorial (fs. 67), dicha aclaración no surtió efecto, ya que la demanda ya había sido admitida con anterioridad y fue ratificada en la audiencia preliminar sin corregirse este extremo.

- La acción reivindicatoria postulada por la demandada como acción reconvencional habría sido plenamente demostrada en la presente causa; toda vez que, se habría cumplido con todos los presupuestos de procedencia previstos por el art. 1453 del Código Civil.

- Si bien el pago por daños y perjuicios se configura como una pretensión de la acción reconvencional, esta no habría sido acreditada mediante prueba idónea que demuestre su concurrencia; toda vez que, no se habría demostrado con prueba idónea y pertinente la existencia efectiva del daño. Cabe destacar que no resulta suficiente la mera alegación del daño, y menos aún presuponer su existencia sin sustento probatorio, aspecto que no podría ser subsanado en la etapa de ejecución de sentencia.

- En relación al reconocimiento de mejoras, en consideración del principio de congruencia el cual forma parte del debido proceso, se habría advertido que dicha pretensión no fue postulada en el momento procesal oportuno, por lo que en Sentencia no podría decidirse sobre tal aspecto, debido a que afectaría el principio de seguridad jurídica; sin embargo, quedaría abierta la posibilidad de plantear una nueva demanda para que se condene judicialmente a tal pago en el marco del debido proceso y el derecho a la defensa.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Julián Ribera Ribera, según escrito visible de fs. 463 a 466 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

En la forma.

a) El Tribunal de alzada habría emitido una resolución incongruente, puesto que sin que se hubiera cuestionado la ubicación del lote de terreno, ya que el Juez A quo habría determinado que la posesión sobre el inmueble estaba acreditada-, se pronunció ultra petita sobre esta cuestión, vulnerando así lo dispuesto en el art. 265 del Código Procesal Civil.

b) Se habría incurrido en incongruencia omisiva debido a que el Ad quem omitió pronunciarse sobre la totalidad de los puntos objeto de apelación. De los siete motivos de impugnación planteados, únicamente se pronunció sobre tres, dejando de emitir criterio sobre la presunción de posesión de buena fe, la evidencia que demuestra la existencia de una instalación de energía eléctrica, las actas que acreditan la participación en las reuniones de la junta vecinal, el informe oral del perito, las declaraciones testificales de cargo y descargo que establecen el ingreso colectivo al lote de terreno el año 2010 y la inexistencia de actos de interrupción.

En el fondo.

c) El Tribunal de Alzada habría incurrido en un error de hecho al apreciar la prueba testifical, infringiendo lo dispuesto en el art. 1330 del Código Civil; toda vez que, se otorgaría mayor credibilidad a los testigos de descargo –Amalia Yomeye, Ericka Herrera y Zenón Condori– que a los de cargo, pese a que aquellos también ingresaron a los lotes de terreno en la gestión 2010. Esta circunstancia, no considerada por el Ad quem, despojaría el fundamento objetivo por el cual se resta credibilidad a los testimonios de cargo. Adicionalmente, se omitiría ponderar el dato coincidente en todas las declaraciones, referente al ingreso colectivo al predio en el año 2010.

d) No se habría considerado que el informe oral presentado por el perito designado al caso, afirmó que la actividad antrópica en el lote de terreno objeto de litigio inicio el año 2011, aspecto que demostraría el inicio de posesión sobre el predio desde ese año, por lo que se había vulnerado el art. 138 del Código Civil.

e) El Ad quem habría violado lo dispuesto por los arts. 97 y 98 del Código Civil al disponer que el pago de la indemnización por las mejoras realizadas deba tramitarse por cuerda separada en otro juicio, sin considerar que el pago reclamado le otorga el derecho a retener el inmueble hasta que se efectivice la indemnización, lo contrario implicaría -según el recurrente- que tenga que entregar el inmueble sin que se le cancele la indemnización reclamada.

Fundamentos por los cuales el recurrente solicitó se anule el Auto de Vista impugnado, o en su defecto, se case el mismo declarando probada la demanda.

2. Contestación al recurso de casación:

Margarita Evelin Vaca de Bacigalupo, contestó el recurso de casación mediante memorial de fs. 471 a 477, alegando en lo principal que:

- El recurso de casación no cumpliría con el mandato del art. 274.I num. 2 del Código Procesal Civil, puesto que no se señala la foliación del Auto del Vista, además de no expresar con claridad y precisión las leyes infringidas, violadas o aplicadas indebidamente, por lo que correspondería declarar su improcedencia.

- El Tribunal de alzada, habría realizado una correcta valoración de la prueba testifical, tomando en cuenta la credibilidad de los declarantes y las circunstancias de los hechos, sin vulnerar lo dispuesto por el art. 1330 del Código Civil; además que, la prueba testifical por sí sola no podría demostrar la existencia de una posesión de 10 años, más aún si por prueba pericial se habría acreditado que las construcciones realizadas solo tendrían una antigüedad de 9 años.

- El Auto de Vista habría emitido un criterio claro; toda vez que, al sustentar su decisión no solo consideró las atestaciones de los testigos, sino también la prueba que demostraría la existencia de una interrupción al cómputo del plazo de prescripción, además se habría acreditado que el demandante ingresó mediante avasallamiento, realizando construcciones clandestinas que carecían de autorización legal.

- En relación a la existencia de actividad antrópica desde el 2011, la cual habría sido afirmada por el perito designado al caso, el informe pericial demostraría de manera concluyente que el inmueble objeto de la demanda no coincide con el terreno cuya posesión alega la parte actora, en consecuencia, no existiría error alguno en la apreciación efectuada por el Tribunal de alzada.

- No existiría vulneración de los arts. 97 y 98 del Código Civil, toda vez que el recurrente habría omitido plantear como pretensión el derecho a la retención como reclamo por las presuntas mejoras realizadas, además de que no fue objeto de probanza.

Fundamentos por los cuales solicitó se declare improcedente o infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

Mostrando 43 de 85 parrafos.

Texto del fallo

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