AS/0829/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 0829/2025

Fecha: 04 de agosto de 2025

Expediente: CB-31-25-S

Partes: Guery Ramiro Orozco Cárdenas en sucesión procesal de Emma Cárdenas Vda. de Blanco c/ Crizologo Víctor Blanco Cárdenas, presuntos herederos de Roberto Román Blanco Cárdenas, Roque Aguilera Rodríguez, María Rina Orozco López, María Aurora Astete Sandoval, Víctor, Roberto y Ventura Blanco Cárdenas.

Proceso: Nulidad.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 482 a 486 vta. interpuesto por Crizologo Víctor Blanco Cárdenas contra el Auto de Vista 11/2023 de 23 de marzo, corriente de fs. 467 a 474 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de nulidad, seguido por Guery Ramiro Orozco Cárdenas en sucesión procesal de Emma Cárdenas Vda. de Blanco contra Crizologo Víctor Blanco Cárdenas, presuntos herederos de Roberto Román Blanco Cárdenas, Roque Aguilera Rodríguez, María Rina Orozco López, María Aurora Astete Sandoval, Víctor, Roberto y Ventura Blanco Cárdenas; el Auto de concesión de 31 de marzo de 2025, visible a fs. 497; el Auto Supremo de admisión N° 0430/2025-RA de 12 de mayo, saliente de fs. 505 a 510, todo lo inherente al proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Guery Ramiro Orozco Cárdenas en sucesión procesal de Emma Cárdenas Vda. de Blanco por memorial de demanda que cursa de fs. 75 a 77 vta., ampliación de demanda visible a fs. 119, subsanado por memorial cursante a fs. 122 y vta., ampliado por escrito a fs. 250, promovió el proceso ordinario de nulidad contra Crizologo Víctor Blanco Cárdenas, presuntos herederos de Roberto Román Blanco Cárdenas, Roque Aguilera Rodríguez, María Rina Orozco López, María Aurora Astete Sandoval, Víctor, Roberto y Ventura Blanco Cárdenas, quienes una vez citados, el primero Crizologo Víctor Blanco Cárdenas, conforme escrito cursante de fs. 144 a 148, contestó negativamente y opuso excepciones de incapacidad o impersonería de la demandante, falta de legitimación o interés legítimo que surge de los términos de la demanda, demanda defectuosamente propuesto, trámite inadecuadamente dado por la autoridad judicial a la misma y prescripción; María Aurora Astete Vda. de Blanco y Joel Mauricio Blanco Astete, conforme escrito visible de fs. 164 a 166, se allanaron a la demanda de nulidad; Dinora Abigail en calidad de defensora de oficio de los codemandados Roque Aguilera Rodríguez, presuntos herederos de Roberto Román Blanco Cárdenas, Víctor Roberto y Ventura Blanco Cárdenas Calles García, por escrito saliente de fs. 214, respondió negativamente y se opuso a la demanda; María Rina Orosco López, conforme escrito cursante de fs. 230 a 231 vta., se apersonó y opuso excepción de prescripción; Silvia Patricia Ríos Umboni y Susy Jenny Poquechoque Heredia en representación de la Hna. Anna Kottamkompi Pathrose – Representante Legal del Instituto Religioso de las “Hermanas de Jesús - María”, conforme escrito cursante de fs. 300 a 302., contestaron la demanda y solicitaron la exclusión del proceso; pretensión de Crizologo Víctor Blanco Cárdenas y María Rina Orozco López que mereció el Auto de 02 de febrero de 2018, obrante de fs. 314 vta. a 316, en la que, la Juez Público, Civil y Comercial 17° de la ciudad de Cochabamba, RECHAZA las excepciones, contra el referido Auto el recurrente anuncia recurso de apelación, mismo que fue concedido en el efecto diferido cursante a fs. 316. Así también, el recurrente solicita se desestime el allanamiento de los herederos de Roberto Blanco Cárdenas que fue planteado como incidente, misma que fue DESESTIMADA mediante Auto de 02 de febrero de 2018 cursante de fs. 318 vta. a 319, contra el referido Auto el recurrente anuncia recurso de apelación, mismo que fue concedido en el efecto diferido cursante a fs. 319; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia 04/2018 de 19 de marzo de visible de fs. 340 a 349 vta., en la que, la Juez Público Civil y Comercial 17° de la ciudad de Cochabamba, declaró PROBADA la demanda disponiendo la nulidad del contrato privado de 09 de enero de 1979 con reconocimiento de firmas en la misma fecha, así como la cancelación de su registro con Matricula Nº 3.01.1.99.0015204, nulidad de la cláusula cuarta del contrato privado de 17 de febrero de 1983; en consecuencia se dispone el restablecimiento de las 2/6 partes de acciones y derechos que representan la extensión superficial de 287.66 m2 que el demandante dejo sobre el inmueble objeto del litigio e IMPROBADA la demanda por carecer de legitimación pasiva en relación a los codemandados María Rina Orozco, Roque Aguilera Rodríguez y las Religiosas del Instituto Religioso de “Jesús - María”.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Crizologo Víctor Blanco Cárdenas según escrito de fs. 351 a 357, originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita el Auto de Vista N° 011/2023 de 23 de marzo, corriente de fs. 467 a 474 vta., que CONFIRMÓ el Auto interlocutorio de 02 de febrero de 2018 cursante de fs. 314 vta. a 316 y la Sentencia de 19 de marzo de 2018 saliente de fs. 340 a 349 de obrados, con costas y costos; REVOCÓ el Auto interlocutorio de 02 de febrero de 2018 cursante a fs. 318 vta., sin costas ni costos, bajo los siguientes fundamentos:

- La cláusula Quinta de la Escritura Pública N° 30/1964, a la que hace referencia el demandado no excluye la capacidad y personería de la parte demandante para intervenir en el proceso. En cuanto a la aseveración de que no se pudo demostrar que el supuesto “Buenaventura” sea la misma persona que el fallecido “Ventura”, de los actuados procesales se colige que la parte demandada tampoco demostró documentalmente que no se trataría de la misma persona, consiguientemente no se puede suponer o presumir que no se trataría de la misma persona.

- En cuanto a la aseveración de que no se trata de un bien hereditario por disposición de la Escritura Pública N° 30/1964 tal como explicó la autoridad judicial de primera instancia, ello no resulta evidente al tenor del art. 1097 del Código Civil.

- La excepción de demanda defectuosamente propuesta y trámite inadecuado dado por la autoridad judicial, sólo es procedente cuando por su forma la demanda no se ajusta a los requisitos y solemnidades que la ley señala específicamente y no así por la sucesión procesal de las partes.

- Respecto a la aplicación de los arts. 599, 600 y 646 del Código de Procedimiento Civil de 1975, aclara a la recurrente que la norma adjetiva aplicable al presente caso, es el Código Procesal Civil (Ley N° 439) y no así la anterior.

- Si bien en art. 554 del Código Civil, establece como causales de anulabilidad la falta de consentimiento, para la formación del contrato, sin embargo el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0919/2014 de 15 de mayo, interpretó que los casos de suplantación o falsedad de los contratos es preciso recordar que son contrarios a los principios ético morales de la sociedad plural, y su invalidación no puede depender únicamente por la vía de la anulabilidad sino de la nulidad que se funda en la necesidad de proteger el bien común en su dimensión objetiva, por cuya razón el acto jurídico es inconfirmable y su accionamiento es imprescriptible, lo contrario atentaría al derecho constitucional del debido proceso; por lo que corresponde declarar la nulidad de los documentos cuestionados en la demanda.

Sobre la nulidad de la cláusula cuarta de la Escritura Pública N° 810/1989de 31 de mayo, y que sea en todo su contenido, se entiende que la extensión superficial transferida de 450 m2, es parte de las 4/6 partes que les correspondía a Víctor y Roberto Blanco Cárdenas; en consecuencia, las 2/6 partes de Buenaventura Blanco Cárdenas están dentro de los 413 m2 restantes, no siendo necesario declarar la nulidad de la totalidad de dicha escritura pública.

Finalmente, en cuanto al contenido de la cláusula quinta de la Escritura Pública N° 30/1964, el recurrente no puede pretender que con dicha cláusula se confirme la falsificación contenida en los documentos de 09 de enero de 1979, ello implicaría una vulneración al art. 553 del Código Civil; sin embargo. Si el demandante pretende el cumplimiento de dicha cláusula puede hacerlo por cuerda separada, si lo considera pertinente.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Crizologo Víctor Blanco Cárdenas según escrito visible de fs. 482 a 486 vta., medio de impugnación que es objeto de análisis en la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Mediante el recurso de casación que se analiza, el recurrente acusó que:

En la forma.

a) Los demandantes vienes gestionando la nulidad de los contratos de 1979 con la declaratoria de herederos de Emma Cárdenas Fernández, a la sucesión de Buenaventura Blanco Cárdenas, tramitada después de 50 años de su fallecimiento y sin acreditar la filiación paterna. El certificado de óbito de 31 de enero de 2001 y su certificado psiquiátrico de 07 de febrero de 2017, no han sido valorados por la juzgadora e indican que el demandado no estaba internado en el año 1979, dicho informe refiere que fue atendido en ese instituto psiquiátrico desde el año 1972 por presentar un cuadro clínico caracterizado por ideas delirantes y pensamiento disgregado, lo que le permitió razonar y comprender sus actos.

b) Los certificados de defunción y nacimiento del de cujus Buenaventura Blanco Cárdenas no son suficientes para demostrar la falsedad de las firmas y rúbricas estampadas en los documentos de 9 de enero y 20 de marzo de 1979, tales hechos deben ser demostrados por prueba pericial grafológica y documentológica, entendiéndose –por lógica- que una persona muerta no puede otorgar su consentimiento; entonces, si Buenaventura Blanco Cárdenas se encontraba fallecido a momento de celebrarse los contratos cuestionados se colige que hubo falta de consentimiento, en ese contexto la presente causa de nulidad, fue planteada y admitida de forma ilegal, incurriéndose en aplicación indebida del art. 549 y violando el inc. 1 del art. 554 ambos del Código Civil, en todo caso procedía ser accionada por vía de anulabilidad, correspondiendo se anulen obrados hasta el auto de admisión hasta que la demanda sea reformulada.

En el fondo.

a) Habiéndose anulado solo la cláusula cuarta de la Escritura Publica N° 810/1989, jurídicamente, no es procedente que se pueda anular solo una parte del documento; por lo que, se ha violado el art. 547 del Código Civil, pues dicho contrato se encuentra sustentado en los contratos privados que por efecto de la Sentencia han sido declarados nulos.

b) Al declararse nulos los documentos de 9 de enero y 20 de marzo de 1979, no se anula la Escritura Publica N° 30/1964, para que erróneamente sostengan las autoridades de segunda instancia, que se pretende confirmar la falsificación, incurriendo en errónea interpretación y aplicación del art. 553 del Código Civil y que dicha escritura pública, al tenor del art. 519 del Código Civil tiene fuerza de ley entre las partes contratantes violándose –también- este precepto legal.

Fundamentos por los cuales, el recurrente solicitó case Auto de Vista y fallando en lo principal se apliquen las leyes conculcadas, o en su defecto se anulen obrados hasta el vicio más antiguo.

2. De la contestación al recurso de casación.

Guery Orozco Cárdenas, contestó al recurso de casación según escrito que cursa de fs. 494 a 496 vta., con los siguientes fundamentos:

- El recurso de casación no cumple con los presupuestos de procedencia previstos en la ley, expresamente determinados en el art. 274 del Código Procesal Civil. Argumentos por los cuales, impetra declarar improcedente el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la incongruencia omisiva.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo tantum devolutum quantum appellatum, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto, se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, el Tribunal de casación a momento de realizar el análisis sobre los reclamos de incongruencia omisiva en que habría incurrido el Tribunal de alzada respecto a los puntos acusados en apelación, debe tener presente que al ser un aspecto que acusa un vicio de forma cómo es la incongruencia omisiva que afecta la estructura de la resolución, el análisis de este máximo Tribunal solamente debe limitarse a contrastar en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión, tal cual lo ha orientado el Tribunal Constitucional Plurinacional que en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1083/2014, de 10 de junio, donde ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, señalando: “al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la Sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo Nº 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso”.

El entendimiento expuesto supra como se dijo, resulta aplicable al tema de la incongruencia omisiva, bajo el entendido de que los recurrentes deben fundamentar en sentido que de disponerse la restitución o pronunciamiento sobre esta pretensión, la decisión de fondo ha de sufrir modificación, esto con la finalidad de que la determinación a ser asumida no sea una con un carácter netamente formal; criterio que igualmente debe ser observado y analizado por las autoridades jurisdiccionales previamente a disponer una nulidad procesal, es por dicho motivo que ese derecho no resulta absoluto, sino que debe responder a los principios y criterios dogmáticos que hacen a una nulidad procesal bajo una interpretación sistemática, y en caso de reunir los presupuestos citados corresponde otorgar y disponer la restitución del defecto formal por ser gravitante y trascendente.

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