AS/0835/2017

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 835/2017

Sucre: 15 de agosto 2017

Expediente: CB-30-17-S

Partes: Arturo Antonio Zurita Castellón. c/Jorge López Saavedra y otros.

Proceso: Mejor derecho propietario y reivindicación.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 680 a 690 de obrados, interpuesto por Jorge López Saavedra contra el Auto de Vista Nº REG/S.CII/ASEN.157/18.11.2016, de fecha 18 de noviembre de 2016, cursante de fs. 669 a 675 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso mejor derecho propietario y reivindicación, seguido a instancia de Arturo Antonio Zurita Castellón contra Jorge López Saavedra y presuntos interesados, la respuesta al recurso de casación de fs. 715 a 716 de obrados, la concesión del recurso de fs. 724 de obrados, el Auto de admisión de fs. 730 a 731 vta., de obrados, los antecedentes del proceso; y

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el proceso el Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial de Cochabamba, pronunció Sentencia de fecha 23 de diciembre de 2014, cursante de fs. 348 a 355 vta., por la cual declaró: PROBADA la demanda de mejor derecho propietario y reivindicación de bien inmueble cursante de fs. 16 a 17 IMPROBADA la demanda reconvencional de usucapión quinquenal y acción negatoria planteada por Jorge López Saavedra, IMPROBADA la excepción perentoria de prescripción de fs. 124 a 137 IMPROBADAS las excepciones perentorias opuestas por la defensora de oficio de presuntos interesado, en consecuencia ordeno al demandado Jorge López Saavedra desocupar el bien inmueble ubicado en Avenida Independencia y restituirlo en favor del demandante Arturo Antonio Zurita Castellón, fijándose un plazo de 90 días en aplicación analógica del art. 628 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil, computable a partir de la ejecutoria del presente fallo, sin costas por ser juicio doble, conforme a lo previsto por el art. 198.III del Código de Procedimiento Civil.

Contra la mencionada Sentencia interpusieron recurso de apelación Jorge López Saavedra, cursante de fs. 372 a 377 vta. de obrados en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció Auto de Vista Nº REG/S.CII/ASEN.098/04.11.2015, de fecha 04 de noviembre de 2015, por el cual anuló el Auto de Concesión de Alzada de 15 de septiembre de 2015, de contrario declaró ejecutoriado el Auto interlocutorio de 26 de enero de 2011 y la Sentencia de 23 de diciembre de 2014, con el fundamento de que la apelación carece de la fundamentación exigida por las normas legales y obvian las características propias de una expresión de agravios, interponiendo Jorge López Saavedra recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 610 a 616 de obrados, en cuyo mérito la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia emitió el Auto Supremo Nº 998/2016, de 24 de agosto de 2016, cursante de fs. 660 a 663 vta., por el cual ANULÓ el Auto de Vista Nº REG/SCII/ASEN.098/04.11.2015, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y dispuso que la Sala sin espera de turno y previo sorteo pronuncie nueva Resolución con arreglo a lo previsto por el art. 265.I del Código Procesal Civil.

Emitido el nuevo Auto de Vista Nº REG/S.CII/ASEN. 157/18.11.2016, por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por el cual declaró INADMISIBLE el recurso de apelación contra el Auto interlocutorio de fecha 16 de enero de 2011, en consecuencia declaró ejecutoriado el mismo y CONFIRMÓ la Sentencia apelada de 23 de diciembre de 2014, con costas, con los siguientes fundamentos: Analizando el poder otorgado por el actor en favor de su mandatario, se tiene que le otorga facultades expresas de apersonarse ante cualquier Juzgado de Partido en lo Civil de esta ciudad a objeto de demandar el mejor derecho propietario, reivindicación del bien inmueble, nulidad de registro y otras contra Jorge López Saavedra, siendo expreso el mandato al señalar que reiterando que la facultad implica para iniciar y concluir los procesos civiles y/ o penales contra Jorge López Saavedra, lo cual conduce a la conclusión de que el poder que exhibió el mandatario para acreditar su personería reúne los requisitos mínimos de contenido que permiten intervenir en esta causa. En ese sentido esta excepción no tiene mérito alguno, posición con la que comparte este tribunal; de donde se concluye que el tema de la impersonería o falta de personería ya fue objeto de trámite, análisis y Resolución, por lo que no amerita mayor discusión al particular. Respecto de que existe contradicción en la ubicación del lote de terreno, es pertinente aclarar que revisado el memorial de demanda de fs. 16 se tiene que el actor ha sido especifico al manifestar que los documentos que se permite acompañar acreditan que es propietario de un bien inmueble de la extensión superficial total de 362.50 M2, signado con el lote 96, ubicado en el Km 0 el Ticti de esta ciudad, Avenida Independencia, Registrado en Derechos Reales a fs. 276 Partida Nº 276, del Libro Primero A de propiedad de la ciudad e Cercado, de fecha 5 de febrero de 1991, derecho que le corresponde por compra a la Empresa Nacional de Ferrocarriles, de donde se extracta que no existe contradicción alguna respecto a la ubicación del bien inmueble motivo de la presente, cuya documentación al efecto adjunto testimonio Nº 588/1990, debidamente registrado en Derechos Reales de Cochabamba, igualmente sobre el bien inmueble el demandado, olvidando el argumento de que la tradición es la misma por lo el demandante se ha equivocado al buscar su lote, plantea acción reconvencional de usucapión quinquenal y acción negatoria, obviamente sobre el mismo bien inmueble, dado que no podría tratarse de otro inmueble, o diferente al que motiva la acción principal, desvirtuando de esta manera el supuesto agravio sobre el particular. Respecto a la valoración de la prueba el Tribunal de Alzada determino que revisados los antecedentes procesales, se tiene que la A quo a tiempo de sentenciar la causa dio cabal y estricta aplicación lo dispuesto por los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento, relativos a la valoración de las pruebas de cargo y descargo, conforme a la valoración que a ellas les otorga la ley, sana crítica y prudente criterio. En cuanto a la parte demandante ha probado el derecho propietario por el testimonio No 588/90, otorgado por ante la Notaria de Gobierno que acredita que la Empresa Nacional de ferrocarriles en su calidad de propietario de varias superficies de terreno en la ciudad de Cochabamba, registrada a fs. 593, Pdta. Nº 255 del Libro Primero de propiedad de la Provincia Cercado, por minuta de 31 de julio de 1990, transfirió un lote de terreno signado con el Nº 96, con una superficie de 256 Mts 2, así como por el pago de impuestos municipales que cursan de fs. 1 a7 y los comprobantes por los años 2009, 2010 2011, 2012, de fs. 339 a 342; del acta de inspección de fs. 293 se acredita que el demandado Jorge López Saavedra actualmente se encuentra en posesión física del lote de terreno en litigio, aproximadamente unos 8 años, conforme a lo establecido por las declaraciones testificales de descargo y en particular de la declaración testifical de Wilfredo Villafañe Pozo, quien era anterior ocupante del inmueble. De igual manera el demandado no ha acreditado que el título de propiedad del demandante Arturo Zurita no cumple con las formalidades de ley y por ende se trataría de documentos sin valor legal por haber sido autorizada por una junta apócrifa de ministros, lo cual ha viciado de nulidad de dichos documentos, esto en virtud a que dichos documentos de derecho propietario del demandante tienen todo el valor legal que les otorga el art. 1289 del Código Civil, además de que el demandado no ha reconvenido solicitando la nulidad de dichos títulos. Tampoco se ha acreditado que se hubiese operado la usucapión quinquenal a su favor sobre el bien inmueble, puesto que si bien ha demostrado su posesión física sobre el inmueble por más de 5 años no ha acreditado la existencia de un título idóneo por el cual hubiere adquirido la propiedad y mucho menos que dicho título hubiere sido inscrito en Derechos Reales, contraviniendo lo dispuesto por el art. 134 del Código Civil. Por esta misma circunstancia al no tener título inscrito en Derechos Reales tampoco ha probado la pretensión referida a la acción demandada. Otro aspecto que no ha probado es que la acción de reivindicación del demandante hubiera prescrito puesto que conforme establece el art. 1454 del Código Civil, la acción reivindicatoria es imprescriptible. En la especie se tiene que la Resolución apelada contiene la debida y necesaria fundamentación exigida por la jurisprudencia constitucional.

Contra la Resolución de Alzada interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo Jorge López Saavedra cursante de fs. 680 a 690 vta., el cual se analiza:

II. DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN:

En la forma.-

1.-Acusa que el tribunal Ad quem no se habría pronunciado respecto a la apelación en el efecto diferido, acusando que la demanda adolece de contradicciones y la citación previa a garante de evicción excepciones que fueron rechazadas y apeladas en el efecto diferido.

2.- Denuncia que el Tribunal de Alzada respecto al poder otorgado por la parte demandante no se habría pronunciado respecto a que existe ausencia de facultad para citar al demandado, ausencia para demandar a presuntos interesado, ausencia para prestar juramento de desconocimiento de domicilio, ausencia para responder a la reconvención, puesto que solo indica que solo existe facultad para demandar a Jorge López Saavedra.

3.- Refiere que el Tribunal de Alzada no habría valorado las certificaciones de la Alcaldía cursante de fs. 132 y 134 del expediente, con relación a la ubicación del bien inmueble, indicando que la vivienda no sería la misma.

4.- Acusa que el recurso de apelación se habría remitido sin cumplir con la debida tramitación, pues el Tribunal no habría notificado con la radicatoria y menos con algún actuado a los presuntos interesados, pues indica que la remisión del expediente se hará con noticia de las partes, no existe notificaciones a presuntos interesados. Sobre el mismo punto indica que se habrían omitido diligencias de orden público como la de fs. 99 donde falta notificar a los presuntos interesados, así como el Tribunal Ad quem en ningún actuado habría notificado a los presuntos interesados.

5.- Acusa violación de los arts. 261 y 265.I del Código Procesal Civil referido a que el Auto de Vista debe circunscribirse a los puntos que fueron objeto de apelación.

6.- Denuncia que no se habría hecho conocer con la presente demanda a su esposa Nancy Soliz Delgadillo, ya que el bien inmueble del cual se pretende la reivindicación también sería de propiedad de su esposa.

7.- Cuestiona que el Juez de la causa habría violado el art. 213-2 y 3 del Código Procesal Civil, toda vez que ha realizado una apreciación parcial de todas las pruebas al dictar una Sentencia atentatoria a su derecho de hábitat y que el demandante habría probado su derecho propietario sobre sobre el lote signado como 96, con una superficie de 362,50 M2 y por las certificaciones de la Alcaldía Municipal de Cochabamba el lote se encuentra en el Distrito 6, Subdistrito 16, zona Alalay Norte, certificaciones que no habrían sido valoradas, por lo que el Auto de Vista viola los arts. 1321 del C.C. y arts. 115 y 180 de la C.P.E.

De la respuesta al recurso de casación.-

La parte contraria indica que ha tomado conocimiento del recurso de casación interpuesto por la parte demandada refiriendo que el Auto de Vista realiza una interpretación errónea de los antecedentes de la Ley y violación de normas de orden público, así como la inobservancia de los arts. 15 y 17 de la Ley 025, pidiendo en consecuencia se anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la presentación de la demanda toda vez que se estaría afectando su derecho a habitab y vivienda; al respecto debemos decir que el Auto de Vista correctamente pronunciado no hace otra cosa que aplicar la normativa en su art. 218 del Nuevo Código Procesal Civil, es decir, circunscribirse a cumplir con los requisitos de la Sentencia en todo lo que fuere pertinente y que hubieran sido objeto de apelación con expresión de agravios, es más a tiempo de fundamentar la Alzada era obligación del recurrente fundamentar punto por punto los errores, omisiones o agravios y demás deficiencias que se atribuyen a la Sentencia, limitándose el apelante a realizar solamente un análisis sobre las facultades del mandante y también que el lote de terreno que el demandante pretende reivindicar es diferente a las certificaciones de la Alcaldía, olvidándose que el demandado dividió el lote de terreno solo con la finalidad de burlar la sana administración de justicia. El recurso de casación interpuesto carece de sustento legal limitándose a transcribir uno a uno los argumentos anotados en el recurso de Alzada, sin fundamento alguno, menos hacer mención a la prueba documental que no habría sido valorada, consecuentemente solicito al este Tribunal Supremo de Justicia declare improcedente el recurso de casación con relación a Marcos Aras Arostegui y Carlos Paniagua Quinteros conforme el art. 220-I-5) de la Ley 603 e infundado con relación al recurso de casación de Jorge López Saavedra en sujeción al art. 220-II de la precitada norma.

III. DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- De la Nulidad Procesal, su Trascendencia y Relevancia Constitucional.-

Actualmente al tratar sobre las nulidades procesales debemos tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues, las formas previstas por Ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo del derecho de las partes a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones (art. 115 de la CPE), por lo que, en materia de nulidades procesales, tanto la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, esto en función al nuevo Estado Constitucional de Derecho que rige en el país.

En este sentido, Eduardo J. Couture en su libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil, señala sobre el principio de trascendencia, “…cuyo contenido nos expresa; que no hay nulidad de forma, si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa de juicio, es así que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los métodos de debate cada vez que esta desviación suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes.” (Las negrillas nos pertenecen).

De dicho antecedente, se infiere que “no hay nulidad sin perjuicio”, en ese sentido la jurisprudencia y la doctrina es unánime en el sentido de sostener que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un gravamen; en este entendido el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido a través de la SCP Nº 0427/2013 de 3 de abril que: “…las nulidades de los actos procesales en el proceso civil -y en otras materias donde sea aplicable este cuerpo normativo- tienen un alcance conceptualmente diferente, si se interpreta y aplica desde el punto de vista del Estado legislativo o legal de Derecho (en el que impera la ley, en desmedro de la Constitución) y otro diametralmente contrario desde la perspectiva del Estado Constitucional de Derecho (en el que impera la Constitución como norma jurídica directamente aplicable y justiciable desplazando incluso a la ley y sus reglas).

En efecto, en el Estado Legislativo de Derecho, para la procedencia de las nulidades de actos procesales, bastaba que el procedimiento esté viciado por infracción o vulneración de normas procesales que los órganos jurisdiccionales hubieren cometido, es decir, las nulidades procesales, tenían únicamente relevancia meramente procesal.

En cambio en el Estado Constitucional de Derecho, la procedencia de las nulidades de actos procesales, está condicionada únicamente si el procedimiento está o no viciado, por no haber hecho efectivo un derecho fundamental o garantía constitucional, es decir, las nulidades procesales tienen relevancia constitucional.

Bajo esta concepción, las nulidades de los actos procesales serán procedentes cuando se constate irregularidades, infracciones o vulneraciones de normas procesales que se presenten en el marco de un proceso, siempre que éstas a través de la invalidación de los actos procesales, aseguren a las partes del proceso los derechos al debido proceso o a la tutela judicial efectiva, caso contrario, si no garantizan esos derechos, entonces, la invalidación del acto procesal en cuestión a través de una nulidad procesal no tienen relevancia constitucional. Un razonamiento jurídico distinto, esto es, entender que las nulidades procesales pueden hacer ineficaces e inválidos los actos procesales con la mera constatación de la vulneración de los requisitos y formas que expresa la ley procesal sin ninguna conexitud con la lesión o no a derechos fundamentales o garantías constitucionales, es retornar a la concepción del modelo Estado legislativo de Derecho ya sepultado.

En ese orden, estos dos fenómenos, no pueden tener consideración separada por los jueces, en una suerte de afirmar que corresponde a la jurisdicción ordinaria velar y considerar las nulidades procesales con relevancia meramente procesal y a la justicia constitucional las nulidades procesales con relevancia constitucional, porque, como ampliamente se refirió anteriormente, el cambio de paradigma en la potestad de administrar justicia en el Estado Constitucional de Derecho, se visualiza en que todos los jueces de la pluralidad de jurisdicciones reconocidas en la Constitución, deben partir de la norma jurídica fundamental, de sus normas constitucionales-principios, es decir, de los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales en su razonamiento jurídico cotidiano.”., de dicho entendimiento se puede inferir que a momento de analizar el vicio que podría generar una nulidad de obrados corresponde, determinar la trascendencia de dicho vicio, es decir, se debe constatar si se provocó una lesión evidente al derecho al defensa o la incidencia que podría tener en la decisión de fondo de la causa; existiendo la posibilidad de analizar la relevancia procedimental y constitucional, ya que ningún vicio procesal es absoluto para generar una nulidad en tanto no vulnere el derecho a la defensa.