AS/0838/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0838/2025

Fecha: 04 de agosto de 2025

Expediente: T-11-25-S

Partes: Elisa Ávila representada por Sergio Gregorio Fernández Espíndola c/ Julia Rivera Yebara y María Rosario Castro Rivera.

Proceso: Reivindicación.

Distrito: Tarija.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 315 a 319 vta. interpuesta por Elisa Ávila representada por Sergio Gregorio Fernández Espíndola contra el Auto de Vista N° 68/2025 de 14 de marzo, corriente de fs. 300 a 306, pronunciado por la Sala Civil y Comercial de Familia y Niñez y Adolescencia Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija dentro del proceso ordinario de reivindicación, seguido por la recurrente contra Julia Rivera Yebara y María Rosario Castro Rivera; el Auto Interlocutorio de concesión N° 47/2025, de 21 de abril, visible a fs. 327 y vta., Auto Supremo de admisión 0434/2025-RA de 12 de mayo, visible de fs. 333 a 334 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Elisa Ávila representada por Sergio Gregorio Fernández Espíndola por memorial de demanda que discurre de fs. 27 a 29, subsanado a fs. 58 y vta., promovió el proceso ordinario de reivindicación, contra Julia Rivera Yebara y María Rosario Castro Rivera, quienes una vez citadas, según escritos visibles de fs. 79 a 82 vta., subsanada a fs. 86, fs. 112 a 115 vta., subsanada por escrito visible de fs. 122 y vta., contestan negativamente y reconvienen por usucapión decenal o extraordinaria; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia de 27 de febrero de 2019, que cursa de fs. 247 a 255 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 11° de la ciudad de Tarija, declaró IMPROBADA la demanda de reivindicación y declaró PROBADA la demanda reconvencional de usucapión, disponiendo el derecho propietario de Julia Rivera Yebara y María Rosario Castro Rivera por usucapión decenal del inmueble ubicado en la zona de Luis Pizarro ubicado sobre el Pasaje Nº 3 entre Pasaje Nº 3 y Timoteo Raña de la ciudad de Tarija Provincia Cercado del Departamento de Tarija con una superficie total de 213.46 m2. y la cancelación parcial de la Matrícula N° 6.01.1.01.0014697. bajo el asiento A-4 de 26 de noviembre de 2015.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Sergio Gregorio Fernández Espíndola en representación legal de Elisa Ávila según escrito de fs. 267 a 269 vta., originó que la Sala Civil y Comercial de Familia y Niñez y Adolescencia Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emita el Auto de Vista N° 68/2025, de 14 de marzo, corriente de fs. 300 a 306, donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada, bajo los siguientes fundamentos.

- Respecto al recurso de apelación en el efecto diferido, argumentó sobre el principio de trascendencia y el principio de finalidad del acto procesal, es decir que el acto será válido, aunque sea irregular, con él se cumplió el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión.

- De los antecedentes se tiene que la contestación y reconvención fueron notificadas al Dr. Sergio Fernández en representación de Elisa Ávila el 03 de marzo de 2017 que cursa fs. 123 vta.; luego Sergio Fernández por memorial de 06 de marzo de 2017 solicita citación mediante edicto de su mandante Elisa Ávila, toda vez que tiene su domicilio en la Republica de la Argentina, ordenándose estese a lo previsto en el art. 74 de Código Procesal Civil; en ese sentido a fs. 137 se interpone incidente de nulidad de citación encontrándose dentro el plazo de 30 días para contestar la demanda reconvencional, de lo que se colige, que la citación aunque no fue realizada con la formalidades del art. 74 del adjetivo civil, se cumplió con la finalidad del acto al cual estaba destinado, porque el apoderado legal tomó conocimiento de la misma dentro el plazo para responder, en la circunstancia de que existe actuados procesales presentados por el mismo apoderado.

- No se demostró los presupuestos de la nulidad, que no se causó indefensión, perjuicio o agravio, en razón a que siempre estuvo a derecho, debiendo quedar claro que la nulidad no opera por la nulidad misma, sino que se debe considerar que el defecto no resultó trascendente porque el acto cumplió su finalidad.

- Que las demandadas ingresaron al inmueble en condición de inquilinas conforme la declaración de la testigo María Cristina Ríos Gaite, habiendo sido valorado por la Juez en sentido que no se encuentra otra prueba que pueda dar credibilidad a esa declaración, en efecto la valoración lógica coherente por el juez que nace de la valoración integral de la prueba, toda vez que los otros testigo indicaron que Julia Rivera Yebara no pudo haber ingresado de inquilina por que la edificación inicial la hizo ella, pues el juzgador ha realizado una valoración integral de la prueba, tomando en cuenta la individualidad de cada uno de los medios de prueba ofrecidos, por lo que no existe vulneración al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Elisa Ávila representada por Sergio Gregorio Fernández Espíndola según escrito visible de fs. 315 a 319 vta., recurso que es objeto de análisis en cuanto a su admisibilidad.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

En la forma.

a) Existe error y vicio insubsanable, pues no debió realizarse la notificación con la acción reconvencional, sino la citación conforme al art. 73 y 74 del Código Procesal Civil, por tratarse de una nueva demanda, ya que, el oficial de diligencias independientemente de haber notificado le correspondía practicar la citación, empero diligenció la notificación en secretaria del juzgado, tal omisión trae consigo la nulidad de lo obrado hasta el vicio más antiguo. El Juez de primera instancia debió haber resuelto el incidente de nulidad de citación de manera oportuna y no llevarlo a resolver en audiencia preliminar.

b) Son nulas las actuaciones del Juez A quo, toda vez que fue suspendido en funciones desde el 15 de febrero de 2017 hasta el 15 de marzo del mismo año, empero por resolución de 16 de febrero de 2017 del entonces Juez Manuel Estrada Baldiviezo se ordenó la devolución a secretaria del expediente ya que se encontraba inhabilitado de emitir resolución; siendo en consecuencia desde ese acto nula las demás actuaciones.

c) No debieron ser admitidas las demandas reconvencionales, puesto que para la procedencia de la demanda de usucapión decenal o extraordinaria se deben cumplir con ciertas exigencias que no se cumplieron en el caso presente como previene el art. 87 y 138 del Código Civil.

d) No se ha cumplido con la citación del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, toda vez que se tiene ordenado a fs. 123, provocando indefensión al Estado en este caso al Municipio de Tarija y la provincia Cercado, en ese sentido no se ha dado cumplimiento a lo que manda el art. 1, 4 y 5 del Código Procesal Civil.

En el fondo.

a) El Auto de Vista incurrió en incorrecta valoración de la prueba testifical producida por las reconvencionistas, sin tomar en cuenta la declaración testifical de María Cristina Ríos Gaite, que manifestó que Julia Rivera de Castro ingreso a la casa de adobe, en calidad de inquilina de Antonio Gaite y que pagaba Bs. 80 por concepto de alquileres; siendo la inquilina una detentadora y que para estas no opera la usucapión decenal o extraordinaria, violando e interpretando erróneamente y aplicando indebidamente el art. 145 del Código Procesal Civil.

Fundamentos por los cuales el recurrente solicitó anular obrados hasta fs. 89 inclusive y casar el Auto de Vista y deliberando en el fondo declaren improbadas las demandas reconvencionales planteadas, sea con costas y costos.

2. Contestación al recurso de casación:

Julia Rivera Yebara y María Rosario Castro Rivera, respondieron el recurso de casación mediante memorial de fs. 323 a 325 vta., exponiendo que:

- El incidente de nulidad ya fue resuelto por auto interlocutorio de 6 de noviembre de 2017, que no sería procedente al no causarle indefensión y que a lo largo del proceso siempre estuvo a derecho, teniendo el apoderado dos oportunidades para contestar las demandas reconvencionales, estando en plazo, pero no lo hizo.

- De la resolución de 16 de febrero de 2017 dictada por el Juez Manuel Estrada Baldibiezo no resuelve nada solo indica que se encontraba suspendido en funciones empero con ello no se generó ningún perjuicio, además que la misma fue consentida por el recurrente, que no reclamó en posteriores memoriales.

- El reclamo que no se hubiera presentado planos y otros, no es pertinente, toda vez que el recurso de casación consiste en demostrar que hubo violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley sea en la forma o en el fondo.

- Con relación a la notificación del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, desconocen por que no se lo hizo, empero se tiene un informe técnico U.A.F.T.M.- 594/C.M.S.- 141/2016, que concluye que el inmueble de las demandadas objeto de consulta no se encuentra en sobre posición con vías de circulación, cual es base y prueba del proceso.

- Con relación a la declaración testifical de María Cristina Ríos Gaite que no fue valorada, que indica que las demandadas ingresaron como inquilinas de Antonio Gaite el año 1992, empero este último falleció el 22 de mayo de 1965, cuando ni siquiera había nacido una de las demandadas y tampoco la testigo, denotando que la testigo mintió porque es familiar de Elisa Ávila, tal como consta en su declaración.

Por lo referido, solicitó se declare infundado el recurso de casación en la forma y fondo, además de condenar en costas y costos.

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De las resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación.

Sobre la cuestión identificada al exordio, esta Sala a través del Auto Supremo N° 756/2018, de 08 de agosto, entre muchos otros, se ha pronunciado, estableciendo: “…preliminarmente corresponde señalar que, si bien el principio de impugnación se configura, como principio regulador para los recursos consagrados por las leyes procesales con la finalidad de corregir, modificar, revocar o anular los actos y resoluciones judiciales que ocasionen agravios a alguna de las partes, por principio constitucional todo acto jurisdiccional es impugnable, sin embargo no es menos evidente, que ese derecho no es absoluto para todos los proceso e instancias, debido a que este se encuentra limitado, por la misma Ley, ya sea, por el tipo de proceso, por la clase de Resolución tomando en cuenta la trascendencia de la decisión, sin que ello implique afectar el derecho de las partes, sino de la búsqueda de una mayor celeridad en las causas que se tramitan.

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