AS/0846/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0846/2025

Fecha: 04 de agosto de 2025

Expediente: SC-38-25-S

Partes: Luz Martínez Cortez y Edilfonso Carrillo Romero c/ Mario Peña García.

Proceso: Reconocimiento de mejor derecho propietario.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 344 a 346 vta. interpuesto por Mario Peña García representado por Heydi Peña Languidey contra el Auto de Vista N° 116/2024, de 11 de octubre, corriente de fs. 327 a 336, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro del proceso ordinario de reconocimiento de mejor derecho propietario, seguido por Luz Martínez Cortez y Edilfonso Carrillo Romero contra el recurrente; el Auto de concesión de 02 de abril de 2025, visible a fs. 351 y vta.; Auto Supremo de admisión Nº 0431/2025-RA de 12 de mayo, cursante de fs. 358 a 359 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Luz Martínez Cortez y Edilfonso Carrillo Romero por memorial de demanda que discurre de fs. 49 a 52 vta., subsanado por escrito de fs. 66 a 67; promovió el proceso ordinario de reconocimiento de mejor derecho propietario contra Mario Peña García, quien una vez citado, según escrito visible de fs. 122 a 126 vta., se apersona y opone excepciones de incompetencia, falta de legitimación pasiva y cosa juzgada, contesta de forma negativa y reconviene por mejor derecho propietario; pretensiones que fueron declaradas IMPROBADAS mediante autos de 05 de abril, obrante de fs. 249 a 251 y contra el referido auto se interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación, misma que fue concedido en el efecto diferido; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia 224/2023, de 27 de noviembre, visible de fs. 275 a 279, en la que la Juez Público Civil y Comercial 21° de la ciudad de Santa Cruz, declaró PROBADA la demanda, declarando el mejor derecho propietario de los demandantes sobre el bien inmueble con Matrícula Nº 7.01.1.06.0059578, con relación al lote de terreno Nº 20 de Mario Peña García e IMPROBADA la demanda reconvencional; el demandado por intermedio de su representante pide aclaración, enmienda y complementación de la sentencia por escrito a fs. 280 y vta., solicitud que mereció el Auto de 02 de enero de 2024 cursante a fs. 281, que declara no haber lugar a la aclaración, enmienda y complementación.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Mario Peña García representado por Heydi Peña Languidey según escrito de fs. 284 a 290, originó que la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Domestica y Publica Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 116/2024, de 11 de octubre, corriente de fs. 327 a 336, que REVOCÓ parcialmente la sentencia apelada y declaró IMPROBADA la demanda de mejor derecho propietario presentada por Luz Martínez Cortez y Edilfonso Carrillo Romero; en base a los siguientes argumentos:

Que, resulta encontrarnos en el presente caso frente a dos lotes de terrenos diferentes y no se tiene el presupuesto de la identidad de la cosa para dar viabilidad al mejor derecho propietario; asimismo, tal extremo se corroboró de la prueba de mejor proveer cursante de fs. 266 donde informó la entidad municipal del lugar que, no ha existido ninguna modificación en la aprobación de la Urbanización Santa Ana; es decir, no se tiene cambio de numeración en los lotes 20 y 21, de manera posterior a su aprobación; además, ambas partes acreditan su derecho de propiedad sobre los bienes que manifiestan ser propietarios.

Asimismo, conforme se reconoció en el Auto Supremo Nº 574/2013, de 16 de junio, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia el cual este Tribunal de alzada debe remitirse dado su carácter vinculante y a fines de no pronunciar resoluciones contradictorias, donde las partes en controversia reconocen la existencia de dos inmuebles sobre los que se alega derecho propietario y no como se pretende hacer creer que se trataría del mismo bien, que contaría con un doble registro; empero, la prueba presentada ha sido suficiente para determinar que cada una de las partes goza de la titularidad registral de un bien distinto; por consiguiente, no se encuentran dados los presupuestos para reconocer alguno el mejor derecho propietario demandado y reconvenido.

Asimismo, Mario Peña Garcia representado por Heydi Peña Languidey, pide complementación y enmienda por memorial visible a fs. 339, misma que mereció el Auto 04/2025, de 13 de enero, cursante de fs. 340 a 341, donde fue RECHAZADO la solicitud de complementación y enmienda.

5. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Mario Peña Garcia representado por Heydi Peña Languidey según escrito visible de fs. 344 a 346 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación alegó que:

En la forma.

El Auto de Vista impugnado no hubiera considerado el recurso de apelación suscitado por la parte recurrente, pues no se pronunció sobre la demanda reconvencional, vulnerándose su derecho de acceso a la justicia y a obtener una respuesta pronta.

Fundamentos por el cual la recurrente solicitó se case en parte complementando el Auto de Vista impugnado, declarando probada la demanda reconvencional de mejor derecho de propiedad y en el fondo se declare probada la demanda de reivindicación ordenando a los demandantes la desocupación y entrega del inmueble en controversia.

2. Contestación al recurso de casación:

De la revisión de obrados se puede establecer que no cursa respuesta al recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Con relación al tema en cuestión, existe amplia y uniforme jurisprudencia; en el Auto Supremo Nº 581/2018, de 28 de junio, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, señaló: “Se entiende como fundamentación, a la obligación de la autoridad que lo emite de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada; y por motivación, el acto de expresar los razonamientos lógico-jurídicos que justifiquen la razón por la que consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, de donde se concluye que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad y la ausencia de fundamentación, supone una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico (…)”.

En la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 712/2015-S3, de 03 de julio, se refirió: “El debido proceso como derecho fundamental, contiene entre sus elementos constitutivos la obligatoriedad de la debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales; los cuales, deben estar fundados en derecho, conforme lo señala Manuel Atienza: (…) la motivación de las resoluciones judiciales se apoya en la necesidad de que el tribunal haga públicas las razones que le han conducido a fallar en uno u otro sentido, demostrando así que su decisión no es producto de la arbitrariedad, sino del correcto ejercicio de la función jurisdiccional que la ha sido encomendada, es decir, resolviendo el problema jurídico sometido a su conocimiento, precisamente, en aplicación del Derecho’. (Argumentación y Constitución, pág. 14)”.

III.2. Congruencia y pertinencia en las resoluciones judiciales.

Con relación a la congruencia de las resoluciones, existe abundante jurisprudencia, pues en el Auto Supremo Nº 736/2018, de 27 de julio, se estableció el siguiente razonamiento: “Este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 651/2014, 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”. Criterio que es acorde con lo establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0055/2014, de 03 de enero.

De igual modo, con relación a la pertinencia, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1662/2012, de 01 de octubre, señaló: “La pertinencia en las resoluciones judiciales dictadas en segunda instancia, se encuentra prevista por el art. 265 CPC, que señala que el auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación (…), es decir, a la expresión de los agravios sufridos por efecto de la resolución que se hubiere pronunciado. (…)

Consecuentemente, los jueces y tribunales de segunda instancia, al pronunciar resolución, deben velar porque sus determinaciones sean pertinentes, dado que: (…) la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios”.

III.3. De la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley.

El Auto Supremo Nº 410/2019, de 24 de abril, estableció: “El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo, normativa que genera una clasificación para una adecuada técnica recursiva donde debe exponerse si el recurso, ya sea en el fondo o forma se cimienta en la: 1) Violación de la ley, 2) Interpretación errónea de la ley y 3) Aplicación indebida de la ley; de los Jueces de instancia, encontrando como común denominador al término ley, esto como emergencia de la función nomofiláctica de este recurso, que en palabras de Nicolás Gonzales Cuellar Serrano más que la norma, lo que protege la casación es la exacta observancia de la Ley, sin embargo este Tribunal por el carácter progresivo y evolutivo de la ley tampoco puede dejar de lado la función uniformadora y dikelógica que completan a las facultades que ostenta este Máximo Tribunal de Justicia, retomando el tema de la clasificación antes glosada, corresponde generar el cuadro diferenciador de cada uno para tener certeza que no se tratan de sinónimos en su interpretación y/o aplicación.

Cuando se habla de violación de ley, se entiende que existe una infracción directa y con dolo al derecho positivo por parte de las autoridades inferiores, obrando fuera del marco legal que ella establece. En cambio, cuando se acusa errónea interpretación de la ley, nos enfocamos en otro plano distinto donde la autoridad judicial en ejercicio de su competencia al momento de analizar una norma jurídica, no ejerció de forma correcta los parámetros de interpretación legal que son reconocidos por la doctrina y Jurisprudencia (…). Como último caso, la indebida aplicación de la ley, en este escenario nos encontramos frente al supuesto donde la autoridad no aplicó la norma jurídica correcta o en su defecto empleo un precepto normativo errado, es decir la subsunción de un hecho a un incorrecto hipotético jurídico”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Mostrando 42 de 84 parrafos.

Texto del fallo

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