AS/0854/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0854/2025

Fecha: 04 de agosto de 2025

Expediente: CH-44-25-S

Partes: Jaime Pedro Torres Miranda c/ Alcides Delgado Molina.

Proceso: Repetición entre coobligados.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 318 a 328, interpuesto por Alcides Delgado Molina contra el Auto de Vista N° 088/2025 de 17 de marzo, corriente de fs. 309 a 315, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de repetición entre coobligados, seguido por Jaime Pedro Torres Miranda contra el recurrente; la contestación de fs. 332 a 333 vta., el Auto de concesión de 15 de abril de 2025, visible a fs. 334; el Auto Supremo de admisión N° 386/2025-RA de 2 de mayo, obrante de fs. 339 a 340 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Jaime Pedro Torres Miranda, por memorial de demanda que discurre de fs. 44 a 46 vta., promovió el proceso ordinario de repetición entre coobligados contra Alcides Delgado Molina, quien una vez citado, por escrito visible de fs. 251 a 256, se apersonó y respondió negativamente a la demanda e interpuso demanda reconvencional de pago de lo indebido y pago de deuda prescrita; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 181/2024 de 25 de noviembre, que cursa de fs. 271 a 275 vta., en la que la Juez Público Civil y Comercial 5° de Chuquisaca, declaró PROBADA la demanda de repetición entre coobligados e Improbada la demanda reconvencional; decisión que fue enmendada a solicitud expresa de Jaime Pedro Torres Miranda, mediante Auto de 27 de noviembre de 2024, visible a fs. 279, disponiendo enmendar específicamente “…el Banco Bisa…” por “…la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público…”

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Alcides Delgado Molina según escritos de fs. 281 a 288 vta., originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista N° 088/2025 de 17 de marzo, corriente de fs. 309 a 315, donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos:

- Se encontraría claramente demostrado que el demandante, en su condición de garante solidario, mancomunado e indivisible, fue quien canceló lo adeudado a la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público. Dicha cancelación tuvo lugar a raíz del proceso ejecutivo instaurado contra ambos contendientes, proceso en el cual se emitió una Sentencia Inicial el 31 de marzo de 2021 que dispuso el pago de lo adeudado, intereses devengados y costas y costos procesales; esta situación denotaría ineludiblemente la existencia de una obligación de pago que no fue declarada prescrita judicialmente, por lo que no existiría un pago indebido.

- El deudor principal no habría incurrido en mora al momento de su cese voluntario de funciones; toda vez que, la cláusula sexta del contrato de préstamo establecía como condición para la mora únicamente el incumplimiento de las amortizaciones de las cuotas mensuales. Dichas cuotas, según el extracto de pago, habrían sido canceladas hasta el 29 de marzo de 2019, con independencia del cese; en consecuencia, el plazo de prescripción comenzaría a computarse desde el día siguiente a ese último pago. Dicho plazo se habría visto interrumpido, primero, por el requerimiento de pago realizado por la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público mediante carta notariada del 9 de octubre de 2020, y posteriormente por la demanda ejecutiva del 23 de marzo de 2021, por lo que, al no haber transcurrido los 2 años necesarios para la prescripción bienal de los intereses, ni los 5 años requeridos para la suma devengada, la prescripción no se habría consumado.

- La enmienda realizada por el A quo -a solicitud expresa del demandante-, no modificaría ni alteraría los sustancial de lo decidido, por lo que no se advertiría el defecto acusado.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Alcides Delgado Molina según escrito visible de fs. 318 a 328, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) Error de hecho en la apreciación y valoración de la prueba, vinculado a la verdad material, con sujeción a los arts. 271.I y 265.I.III de la Ley 439, con relación a los arts. 1286 y 1287 del Código Civil y arts. 134, 136.II y 145.II de la referida Ley, siendo que el Ad quem no habría considerado que el demandante pagó una deuda solidaria de forma unilateral e indebida; puesto que, realizaría dicho pago sin esperar un fallo negativo o positivo en relación a la excepción de prescripción planteada en el proceso ejecutivo instaurada por la entidad ejecutante (Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público); aspectos sobre los cuales no se habría realizado una exposición adecuada y detallada de las razones de hecho y derecho que fundamentan su decisión de no acoger favorablemente los reclamos presentados en apelación.

b) El Tribunal de alzada habría realizado un análisis sesgado de la prueba al valorar únicamente el extracto expedido por la entidad ejecutante en el proceso ejecutivo, sin considerar integralmente el acervo probatorio de la causa. Ello se evidencia en la omisión de la nota dirigida al Gerente de la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público (fs. 140), mediante la cual se comunica el retiro voluntario de la entidad y el estado de mora generado desde esa fecha, conforme a lo pactado en la cláusula sexta del contrato; dicha prueba resultaría concordante con las boletas de pago de haberes mensuales y el certificado de aportes expedido por el Jefe de Escalafón de la Fiscalía General del Estado, los cuales demostrarían que el último aporte se efectuó en mayo de 2012; aspecto que habría sido pasado por alto por el Ad quem, ya que no consideró que con posterioridad a dicha fecha no se realizó ningún pagó o cuota mensual.

c) Violación al derecho del debido proceso, en su vertiente de debida fundamentación, motivación y congruencia, vinculada a la errónea interpretación de la Ley Sustantiva, con infracción de los arts. 440, 1492, 1493 y 1507 del Código Civil, siendo que el demandante incurrió en pago de una obligación prescrita.

Fundamentos por los cuales el recurrente solicitó se case el Auto de Vista y se declare improbada la demanda y probada la reconvención.

2. Contestación al recurso de casación:

Jaime Pedro Torres Miranda, contestó el recurso de casación mediante memorial de fs. 332 a 333 vta., señalando que:

- La acusación referente al presunto error de hecho en la apreciación de la prueba vinculada con el principio de verdad material, no tendría razón de ser, pues las autoridades de instancia -a partir de la prueba aportada- habrían llegado a la conclusión de que el garante personal pagó lo adeudado por el demandado, correspondiendo su repetición.

- Se habría acreditado que el demandante canceló su deuda parcialmente hasta el 29 de marzo de 2019, independientemente del cese voluntario de sus funciones, razón por la cual, considerando los actos de interrupción realizados por la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público, la deuda no habría prescrito, como erradamente aseguraría el demandado a través de su acción reconvencional.

Por lo referido, solicitó se declare infundado el recurso de casación, con costas procesales.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre el pago de lo indebido.

Cuando se paga algo que no se debe, la ley concede a quien pagó el derecho a repetir lo pagado. Esta es una solución de elemental equidad fundada en el principio general, de que no es conforme con la equidad hacerse rico sin derecho y en detrimento de otro, en otras palabras, que nadie puede enriquecerse sin causa a costa de otro. En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 963 del Código Civil establece que: “Quien ha recibido lo que no se le debía queda obligado a restituir lo que se le ha pagado.” Al respecto, el Prof. Morales Guillen, establece que el pago de lo indebido, “…es un hecho que genera una relación jurídica, por virtud de la cual el que recibe una cosa o cantidad sin razón derecha, queda obligado a restituirla a quien por error hizo la entrega o pago, el cual adquiere por ello la cualidad de acreedor, con el derecho consiguiente de reclamar la restitución, más o menos amplia, en cuanto a sus efectos o derivaciones, según la buena o mala fe del que aceptar el pago indebido.” (Las negrillas nos corresponden). Entonces, el citado principio se configura en nuestro ordenamiento, como la aplicación de una regla de equidad que no permite a nadie enriquecerse a costa de otro; consecuentemente, la equidad y la justicia aparecen como fundamento del enriquecimiento sin causa.

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Texto del fallo

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