AS/0866/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0866/2025

Fecha: 04 de agosto de 2025

Expediente: LP-90-25-S

Partes: Lourdes Toribia Pérez Sandoval de Bracamonte c/ Tania Roxana Arispe Pérez y Virginia Beatriz Pérez de Fernández

Proceso: Nulidad de contrato, restitución de inmueble, cancelación y rehabilitación de partidas en derechos reales, más daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1679 a 1692 vta., interpuesto por Lourdes Toribia Pérez Sandoval de Bracamonte contra el Auto de Vista Nº 839/2024 de 13 de septiembre, corriente de fs. 1662 a 1667 vta., pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad de contrato, restitución de inmueble, cancelación y rehabilitación de partidas en derechos reales, más daños y perjuicios seguido por la recurrente contra Tania Roxana Arispe Pérez y Virginia Beatriz Pérez de Fernández; el Auto de concesión de 06 de mayo de 2025, visible a fs. 1708; el Auto Supremo de admisión N° 506/2025-RA de 28 de mayo, obrante de fs. 1719 a 1720 vta.; todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Lourdes Toribia Pérez Sandoval de Bracamonte por memorial de demanda que discurre de fs. 51 a 74 vta., aclarado por memorial de fs. 112 a 117, promovió el proceso ordinario de nulidad de contrato, restitución de inmueble, cancelación y rehabilitación de partidas en derechos reales, más daños y perjuicios contra Tania Roxana Arispe Pérez, Virginia Beatriz Pérez de Fernández y la Entidad Financiera de Vivienda La Primera E.F.V. representado por Mauricio Diez Canseco Arce y María Aurora Ampuero Beltrán, quienes una vez citados; Virginia Beatriz Pérez de Fernández según escrito visible de fs. 324 a 334 vta., contesta de forma negativa y plantea demanda reconvencional de acción negatoria, Tania Roxana Arispe Pérez conforme escrito cursante de fs. 414 a 435 vta., responde de forma negativa, plantea demanda reconvencional y opone excepción de litispendencia, pretensión que mereció el Auto N° 314/2021 de 10 de septiembre de fs. 705 a 716, que declaró improbada la excepción de litispendencia; Luis Bracamonte Guzmán conforme escrito cursante a fs. 213 y vta., se apersona y contesta de forma afirmativa la demanda; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 240/2022 de 12 de junio, que cursa de fs. 1490 a 1529, en la que, la Juez Público, Civil y Comercial 14° de la ciudad de La Paz, declaró IMPROBADAS tanto la demanda interpuesta por Lourdes Toribia Pérez Sandoval, como la demanda reconvencional interpuesta por Virginia Beatriz Pérez de Fernández y la demanda reconvencional interpuesta por Tania Roxana Arispe Pérez; y dispuso proceder al archivo de obrados.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Lourdes Toribia Pérez Sandoval representada por Lenny Pamela Moya, según escrito de fs. 1561 a 1574, originó que la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista Nº 839/2024 de 13 de septiembre, corriente de fs. 1662 a 1667 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos:

- La prueba testifical, la prueba documental, la declaración jurada extendida por Serina Clay, la inspección ocular realizada al inmueble y la confesión provocada prestada por las demandadas, carecerían de idoneidad y pertinencia para acreditar la nulidad de la minuta de 10 de diciembre de 1999; toda vez que, la prueba testifical -conforme lo dispuesto por el art. 1328 del Código Civil- no resultaría admisible para demostrar la existencia de una obligación; la prueba documental no demostraría que la demandante ubiera firmado sobre un papel en blanco; la declaración jurada realizada por Serina Clay (tercera ajena al proceso) no sería determinante ni contundente por su origen y contenido; la inspección ocular se limitaría a demostrar la existencia del inmueble; y, la confesión provocada prestada por las demandadas no acreditaría que la minuta en cuestión haya sido fraguada.

- De la valoración del pasaporte de la actora (fs. 1554), se constataría que su salida del territorio nacional ocurrió el 12 de diciembre de 1999, registrándose su ingreso a Estados Unidos al día siguiente (13 de diciembre de 1999). Esta secuencia temporal demostraría que el 10 de diciembre de 1999 la demandante se encontraba físicamente en el país, pues la fecha de la firma de la minuta es anterior al viaje; en consecuencia, quedaría acreditado que la suscripción de la minuta fue realizada por la demandante.

- Conforme lo razonado por el Auto Supremo N° 521/2016 de 16 de mayo, la firma en blanco no sería suficiente para fundar la nulidad contractual, pues no demuestra falta de consentimiento por sí mismo, siendo -contrariamente- una muestra de confianza y voluntariedad; además, la demandante no habría demostrado que desconocía el contenido de la minuta de 10 de diciembre de 1999.

- En relación al Protocolo de la Escritura Pública N° 41/2000 de 12 de enero y la Escritura Pública N° 2985/2001, la nulidad habría sido sustentada en las causales previstas por el art. 549 num. 2 y 3 del Código Civil; sin embargo, en apelación se pretendería que la nulidad prospere en razón a la ausencia de datos como su estado civil y la firma de consentimiento de su esposo, por lo que no correspondería pronunciarse al respecto por no haber sido objeto del proceso.

- Se habría acreditado mediante el informe pericial de fs. 1203 a 1259 que la firma consignada en el Protocolo de la Escritura Pública N° 41/2000 del 12 de enero corresponde a la actora. Pese a la impugnación de dicho medio probatorio por parte de la demandante, el A quo denegó dicha solicitud mediante Auto de 22 de junio de 2022 (fs. 1471 vta. a 1472), decisión que habría adquirido firmeza al no interponerse recurso alguno en su contra.

- La demandante habría confesado espontáneamente que firmó en blanco un papel sellado de color morado, en el que su hermano insertó posteriormente la minuta de venta cuestionada; además, no resultaría verídico que las firmas en blanco hayan tenido por finalidad el saneamiento del inmueble, puesto que, por la prueba producida en causa, se constataría que el fraccionamiento del inmueble se realizó en 1998 a través del Testimonio N° 178/98.

- Las demandadas a través de sus confesiones provocadas habrían afirmado que la demandante tenía el interés de vender el inmueble y que la minuta fue suscrita por ambas partes en la oficina de Waldo Pérez Sandoval.

Por memorial visible de fs. 1671 a 1673 vta., Lourdes Toribia Pérez Sandoval solicitó complementación y enmienda, misma que mereció el Auto cursante a fs. 1675 y vta., donde se declaró no ha lugar a la complementación y enmienda.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Lourdes Toribia Pérez Sandoval, según escrito visible de fs. 1679 a 1692 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

En la Forma.

a) El Tribunal de alzada no emitió criterio alguno sobre las apelaciones concedidas en efecto diferido, las cuales fueron anunciadas durante el proceso y ratificadas en el recurso de apelación, no existiendo un registro de rechazo sobre dichas pretensiones.

En la Fondo.

b) Vulnerando toda lógica jurídica, el Tribunal de alzada habría otorgado validez a la Escritura Pública N° 41/2000 de 12 de enero, omitiendo considerar que en dicha fecha se hallaba hospitalizada en Estados Unidos; puesto que, salió del país el 12 de diciembre de 1999, lo que imposibilitaba materialmente su participación en la suscripción del documento; en consecuencia, el Notario de Fe Pública habría incurrido en falsedad al aseverar su comparecencia física en el instrumento público, vulnerando normas del Código Procesal Civil , Código Civil, Ley del Notariado e instructivos de actuaciones notariales.

c) El Tribunal de alzada no habría considerado el incumplimiento de los deberes notariales en la elaboración de la Escritura Pública N° 41/2000; omitiéndose verificar la presencia de los suscribientes, además de no advertir la ausencia de la firma de su esposo Luis Bracamonte Guzmán; en consecuencia, estas irregularidades acreditarían la ilicitud y falsedad acusada, lo que conllevaría a la nulidad de pleno derecho del documento en cuestión.

d) No se habría considerado el informe del Hospital de Estados Unidos; las fichas de servicio del 10 de enero de 2000 al 19 de enero de 2000; el sobre de recepción de envió de documentación de DHL; el pasaporte original; el formulario Travel State Gov; y las identificaciones personales, documentales que demostrarían que el día y hora señalado por el notario se hallaba fuera del país.

e) Se habría vulnerado los principios de fe pública notarial, imparcialidad, rogación, inmediación, interpretación, objetivación, asesoramiento, consentimiento seguridad jurídica, inmediatez, forma y uteralteridad; toda vez que, todos ellos no habrían sido considerados por el Notario de Fe Pública a tiempo de suscribirse el Protocolo de la Escritura Pública en cuestión.

f) El Tribunal de alzada habría otorgado valor a una pericia por sobre las formalidades notariales que debe cumplir la conformación de las matrices protocolares y Escrituras Públicas, sin considerar que no están obligados a seguir las conclusiones de los peritos, conforme dispone el art. 1333 del Código Civil y el 202 del Código Procesal Civil.

g) Si bien la declaración jurada no constituye documento idóneo para acreditar un hecho, sin embargo, al estar acompañada con documentos verídicos, deberían ser apreciados de forma individualizada en razón a que fueron apostillados y debidamente traducidos mediante personal acreditado, ya que el en Bolivia rige el principio locus regit actum a través del art. 1294 del Código Civil, principio que establece que los documentos públicos otorgados en el extranjero tienen el mismo valor que los extendidos en Bolivia, si se encuentran legalizados, aspecto que no habría sido considerado por el Tribunal de alzada.

Fundamentos por los cuales, la recurrente solicitó anular el Auto de Vista.

2. Contestación al recurso de casación:

Virginia Beatriz Pérez de Fernández, por escrito de fs. 1704 a 1707, contestó al recurso de casación, bajo los siguientes argumentos:

- El recurso de casación no cumpliría con los requisitos exigidos por el art. 274 num. 2 y 3 del Código Procesal Civil; toda vez que, no citaría con términos claros y precisos el Auto de Vista recurrido y su foliación, además de no precisar la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebidamente.

- Todo el relato del recurso de casación se centraría en la supuesta ausencia de la recurrente durante la firma de la minuta y su correspondiente protocolo; sin embargo, en el transcurso del proceso se habría demostrado que la actora no salió del país en diciembre de 1999, compareciendo ante el Notario de Fe Pública para firmar el protocolo en presencia de dos testigos de actuación, cancelando personalmente el impuesto a la transferencia.

- La Escritura Pública N° 41/2000 habría sido faccionada ante y por autoridad pública que da plena fe de los actos sometidos a su competencia, teniendo todo el valor probatorio que le asigna la ley, no pudiendo ser objeto de argumentos fantasiosos con interpretaciones poco serias sobre la actuación realizada por el Notario de Fe Pública.

- El peritaje grafotécnico de fs. 1203 a 1259, estableció de forma categórica que las firmas estampadas por la recurrente en los documentos cuestionados son auténticas, siendo prueba plena respecto a la legalidad de la venta del inmueble.

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Texto del fallo

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