AS/0903/2017-RRC

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 903/2017-RRC

Sucre, 20 de noviembre de 2017

Expediente : Cochabamba 29/2017

Parte Acusadora : Ministerio Público y otra

Parte Imputada : Juan Valencia Aranibar

Delito : Daño Calificado

Magistrada Relatora : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán

RESULTANDO

Por memorial presentado el 17 de abril de 2017, cursante de fs. 276 a 278 Guadalupe Medina Barco, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 30 de diciembre de 2016, de fs. 249 a 256, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, integrada por los vocales Nuria Gisela Gonzales Romero y Karem Lorena Gallardo Sejas, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente contra Juan Valencia Aranibar, por la presunta comisión del delito de Daño Calificado, previsto y sancionado por el art. 358 inc. 5) del Código Penal (CP).

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

I.1. Antecedentes.

a) Por Sentencia 09/2015 de 26 de enero (fs. 206 a 213), el Tribunal de Sentencia de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Juan Valencia Aranibar, autor de la comisión del delito de Daño Calificado, previsto y sancionado por el art. 358 inc. 5) del CP, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión, con costas y responsabilidad civil averiguables en ejecución de Sentencia.

b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Juan Valencia Aranibar (fs. 217 a 221), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista de 30 de diciembre de 2016, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró parcialmente procedente el recurso planteado y anuló totalmente la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia de Quillacollo, motivando la interposición del presente recurso de casación.

I.1.1. Motivo del recurso de casación.

Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 508/2017-RA de 12 de enero, se extrae el motivo admitido a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

La recurrente en su calidad de acusadora particular, resume el recurso de apelación restringida interpuesto por el acusado Juan Valencia Aranibar y el Auto de Vista que anula la Sentencia; con ese antecedente, señala que la Sentencia contiene fundamentación intelectiva y probatoria, que de forma pormenorizada y detallada, indica el medio probatorio y lo que demuestran cada una de ellos, hace referencia a las actas, inspecciones, fotocopias legalizadas y prueba de descargo, transcribe las declaraciones de todos los testigos de cargo y descargo y explica en el considerando V, el razonamiento lógico del Tribunal, por lo que a su criterio no se habría vulnerado derecho alguno del imputado, más al contrario indica que se estaría vulnerando los derechos de la víctima, que viene clamando justicia por cinco años y siendo que es una persona de la tercera edad. Para concluir, cita los Autos Supremos 214 de 28 de marzo de 2007 y 342 de 28 de agosto de 2006.

I.1.2. Petitorio.

La recurrente solicita que se conceda el recurso de apelación y se anule el Ato de Vista impugnado y se dicte nueva “sentencia absolutoria”.

I.2. Admisión del recurso.

Mediante Auto Supremo 508/2017-RA de 12 de julio, cursante de fs. 285 a 286 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Guadalupe Medina Barco, para su análisis de fondo.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO

De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:

II.1. De la Sentencia

Por Sentencia 09/2015 de 26 de enero, el Tribunal de Sentencia de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Juan Valencia Aranibar, autor de la comisión del delito de Daño Calificado, previsto y sancionado por el art. 358 inc. 5) del CP, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión, con costas y responsabilidad civil averiguables en ejecución de Sentencia, bajo los siguientes argumentos de hecho y de derecho relativos al motivo admitido:

a) La recurrente es propietaria del lote de terreno ubicado en la zona de Linde Chiquicollo, avenida Primero de Mayo s/n de la provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba, al cual acudió el 15 de enero de 2012, cuando observó la existencia de un arado, con destrucción de su plantación de alfa alfa, evidenciando que el hijo del ex propietario del terreno había contratado un tractor para el citado trabajo.

b) En el Considerando III señala que con la copia fotostática legalizada del testimonio de escritura pública 1290/97 de 12 de agosto de 1997, protocolizado ante Notario de Fe Pública, se evidencia la transferencia de un lote de terreno de la extensión superficial de 1.189,56 m2, que otorgó Albina Ricarda Aranibar Nogales a favor de los esposos Víctor García y Guadalupe Medina de García, protocolización ordenada por el Juez Quinto de Instrucción en lo Civil de Cochabamba, el cual, cuenta con el pago de impuestos anuales ante la Alcaldía Municipal de Tiquipaya, debidamente registrado en la oficina de Derechos Reales,

bajo la Partida y fojas 3173, del libro primero de propiedad de la provincia Quillacollo de 1 de septiembre de 1997.

c) Agrega que en mérito al derecho propietario que les asiste a los precitados esposos, tramitaron la autorización del Gobierno Municipal de Tiquipaya para la construcción del muro perimetral, hecho que según la declaración de los testigos de cargo fue impedido por el imputado, quien alega ser propietario de dicho lote de terreno al fallecimiento de su madre, el cual se encuentra cercado con palos y alambres de púas, sin contar con autorización ni documentación que acredite su derecho propietario.

d) Continúa alegando en el precitado Considerando que, las declaraciones de los testigos de cargo y descargo; y, el informe del Asignado al Caso René Yañez Ortega, coinciden en señalar que efectivamente el imputado, el 14 de enero de 2012 tomó los servicios de un tractorista para proceder al arado del terreno con sembradío de alfa alfa y árboles frutales existentes en el terreno, con la única diferencia que los testigos de cargo señalan que la destrucción de la plantación de alfa alfa se procedió a realizar en los terrenos de la víctima y los testigos de descargo establecen que dicho arado de plantación de alfa cumplió su ciclo de vida.

e) Del informe del investigador asignado al caso, del acta de inspección y muestrario fotográfico, se tiene que efectivamente el imputado, el 14 de enero de 2012, tomó los servicios del tractorista Miguel Tambo Flores, quien a su vez, al estar delicado de salud, envió a su hijo Luis Tambo para realizar trabajos de arado de terrenos de sembradío de alfa alfa, revolcando la tierra con sembradío de pastizal, sin haber acreditado derecho propietario alguno y menos tener posesión legal y pacífica de dicho lote de terreno.

f) Según las pruebas testificales y documentales, se tiene que sobre el lote de terreno se instauraron procesos de interdicto de retener la posesión incoada por el imputado, cuya Sentencia de 17 de octubre de 2012, se declaró improbada con costas y según la versión de testigos de cargo y descargo, existe una demanda de nulidad de venta incoada por el imputado contra la querellante y su esposo aspecto que no fue corroborado con prueba literal alguna.

g) Las pruebas literales de descargo producidas por la defensa, consistentes en copias fotostáticas del título ejecutorial, certificaciones de Derechos Reales, la dotación agraria a favor de Santos Aranibar de 0,6148 Has de tierra de labrantía en el ex fundo Betty, con registro a fojas 14 del libro de propiedad de Quillacollo, partida 36, con registro 23 de junio de 1962, con la siguiente venta a favor de Víctor García y esposa de 1.189,50 m2, de 28 de agosto de 1997, venta otorgada por Norberta Nogales de Aranibar, la extensión superficial de 3.074 m2 a favor de los precitados esposos, con registro a fs. 510 del primero de propiedad agraria de la provincia de Quillacollo, el 21 de agosto de 1970, a su vez los esposos aparecen dando en venta a Juan Valencia 396m2, el 8 de diciembre de 1984 a María Martha Valencia Aranibar 330 m2 el 26 de agosto de 2002 a Victor García y Sra. de 1.456 m2 el 20 de junio de 1997, la inscripción de una Sentencia de la demanda de afectación del fundo Betty, instaurado por Santos contra María Luis Vda. de Revollo, Testimonio del Auto de declaratoria de herederos ab intestato solicitada por Ricarda Aranibar Nogales de Valencia a la sucesión de Santos Aranibar Molina y Norberta Nogales Vda. de Aranibar, con registro a fs. 497 del libro primero de propiedad de Quillacollo, partida 497 de 8 de febrero de 1993, copia fotostática del testimonio 920/1997, otorgado por Notario de Fe Pública 12 a cargo de María Juana Prada Mendoza, sobre protocolización de la transferencia de un lote de terreno ubicado en la zona de Linde, comprensión del cantón Tiquipaya de la provincia Quillacollo que otorgan los señores Francisco Valencia Aguilar y Ricarda Aranibar de Valencia, a favor de Víctor García y Guadalupe Medina Barco, la extensión superficial de 1.456,80 m2, por la suma de Bs. 1.000.- (un mil bolivianos), debidamente registrado en la oficina de Derechos Reales a fojas y partida 2.216 del libro primero de propiedad de Quillacollo, de 20 de julio de 2012, informes poder, nóminas de afiliados, etc., informan y acreditan el origen, tenencia y disposición del derecho propietario de los esposos Francisco Valencia y Ricarda Aranibar.

h) En el Cuarto Considerando, a continuación pasa a detallar la prueba testifical y literal del Ministerio Público, así como de la acusación particular; y la prueba testifical y literal de descargo, desglosando cada una de ellas.

II.2. De la apelación restringida

Contra la precitada Sentencia, el imputado Juan Valencia Aranibar, presentó recurso de apelación restringida, con los siguientes fundamentos relativos al motivo admitido:

Denuncia que la Sentencia se basa en valoración defectuosa de la prueba [art. 370 inc. 6) del CPP], dado que en el caso, la Sentencia solamente contendría una fundamentación probatoria descriptiva que se limitaría a describir la misma y no así una fundamentación probatoria intelectiva, menos aún establece el valor otorgado a cada prueba incorporada a juicio oral por el Ministerio Público.

II.3. Del Auto de Vista impugnado.

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, resolvió el recurso de apelación restringida, por Auto de Vista impugnado, que declaró parciamente procedente el recurso planteado y anuló totalmente la Sentencia apelada y ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia de Quillacollo, con los siguientes argumentos relativos al motivo admitido:

a) El Tribunal de alzada pudo advertir que el Tribunal de alzada, en el Considerando IV (Medios Probatorios de la Sentencia), efectivamente se

realiza una descripción de toda la prueba de cargo y de descargo; sin embargo, en el Considerando III (Fundamentación Probatoria, de manera contradictoria, se establecen los hechos probados sobre elementos de convicción, sin realizar un detalle minucioso de qué pruebas objetivas serían las que llevaron a la convicción de la comisión del delito.

b) El Tribunal de alzada advierte que no se realizó una integral fundamentación probatoria intelectiva del conjunto de las pruebas de cargo y descargo producidas en el debate del juicio oral, al no haber asignado fundadamente el valor correspondiente en su conjunto a los elementos de prueba incorporados al juicio, incurriendo en omisiones y contradicciones al dar valor a las pruebas testificales de cargo, sin especificar respecto a qué testigos, así como en base a qué documentales, sin detallar las mismas para dar por acreditada la existencia del cuerpo del delito acusado, además de no haber contrastado con las pruebas testificales y documentales de descargo; por consiguiente, no ha actuado dentro del marco de razonabilidad y equidad previsibles para decidir de forma congruente.

III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS

En el caso presente, la acusadora particular denuncia que la Sentencia de mérito contendría la fundamentación intelectiva y probatoria suficiente, por lo que no correspondía su nulidad, conforme lo determinó el Tribunal de alzada; por lo que corresponde dilucidar si los extremos denunciados son evidentes y si constituyen contradicciones con los precedentes contradictorios invocados, a fin de dejar sin efecto el fallo impugnado o declarar infundado el recurso intentado.

III.1. Precedentes contradictorios invocados

La recurrente reputa como contradictorias al Auto Supremo invocado, las doctrinas legales aplicables contenidas en los Autos Supremos que se glosarán a continuación.

El Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, cuya doctrina señala que: “El sistema de la sana crítica, otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento.

El avenimiento de nuestro sistema procesal a este método de valoración de prueba, exige una adecuada fundamentación de la sentencia lo que permite controlar las inferencias lógicas del juzgador, por eso que los razonamientos de los jueces deben tener un sustento acorde a las normas propias del entendimiento humano, al grado tal que una sentencia pueda ser entendida en su elemental lógica hasta por un lego.

Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio.

Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda.

El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.

Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los

recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.

El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.

Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.

Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.

Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez.

El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad, regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la comprensión de los acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo”.

Y el Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006, que señaló: “Las resoluciones, para ser válidas, deben ser motivadas. Esta exigencia constituye una garantía constitucional, no sólo para el acusado sino también para el Estado, en cuanto tiende a asegurar la recta administración de justicia.