AS/0924/2016

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 924/2016

Sucre, 21 de noviembre de 2016

Expediente : La Paz 97/2016

Parte Acusadora : Oscar Gaciano Alvarado Mejía y otro

Parte Imputada : Juan Félix Illanes Gonzales y otro

Delito : Calumnia

RESULTANDO

Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2017, cursante de fs. 480 a 483 vta., Juan Félix Illanes Gonzales y Pedro Manzano Quispe, oponen Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción dentro del proceso penal seguido en su contra por Oscar Gaciano Alvarado Mejía y Felipe Alvarado, por la presunta comisión del delito de Calumnia, previsto y sancionado por el art. 283 del Código Penal (CP)

I. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN

Los imputados Juan Félix Illanes Gonzales y Pedro Manzano Quispe, formulan Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, argumentando que ante la jurisdicción competente, iniciaron una acción penal en contra de los querellantes por el delito de Perturbación de Posesión, admitiéndose la querella en mayo de 1998 por el delito de Despojo, dictándose Sentencia el 28 de julio de 2010 por Perturbación de Posesión, que declaró la absolución de culpa y pena de Felipe Alvarado y Oscar Gaciano Alvarado Mejía.

Invocando los arts. 29 y 30 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señalan que los delitos prescriben desde la media noche que se consumó o desde el momento que cesó su consumación; en el caso presente, el delito se habría cometido en abril de 1998 y siendo que dicho delito prescribe en cinco años, por contener una pena privativa de libertad cuyo máximo legal es menor de seis y mayor de dos, la solicitud se adecua al art. 29 inc. 2) del CPP, al haber transcurrido más de dieciocho años desde el momento de la consumación de los hechos penales sindicados.

Agregan que durante el tiempo transcurrido desde la supuesta comisión del delito, no existe interrupción o suspensión del término de la prescripción; por lo que, en apoyo de la Sentencia Constitucional 1666/2012 de 1 de octubre y arts. 27, 29, 30, 34 y 308 inc. 4) del CPP, opone la presente Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, reiterando que el ilícito penal se consumó a media noche de abril de 1998, habiendo transcurrido más de seis años y tratarse de un delito instantáneo que tiene una pena máxima de tres años, solicitando además se tramite de previo y de especial pronunciamiento, antes de resolver la causa de fondo.

En el OTROSÍ, indica que adjunta prueba consistente en: denuncia, expediente del proceso de perturbación de posesión, Sentencia 45/14, Sentencia 05/2015, Autos Supremos 189/2011, 392, 165 de 8 de junio de 2006, 265/2013 de 30 de septiembre y Sentencias Constitucionales 101/2006 y 1190/01; además, de Resoluciones 1/2004 y 79/2005.

II. RESPUESTA A LA EXCEPCIÓN OPUESTA

En cumplimiento al decreto de 11 de noviembre de 2016 de fs. 484 emitido en cumplimiento al art. 314 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 20 de octubre de 2014, los querellantes Oscar Gaciano Alvarado Mejía y Felipe Alvarado, por memorial presentado el 3 de enero de 2017 de fs. 501 a 502, en respuesta a los argumentos expresados en la Excepción de Extinción de la Acción Penal, manifiestan que el objeto de juicio es resultado de una acción penal, donde los imputados fueron acusadores del delito de Perturbación de Posesión, cuya sustanciación duró aproximadamente trece años, que el dato que se señala como inicio del cómputo de la prescripción -abril de 1998-, marca la fecha de la denuncia que culminó el 28 de julio de 2010, con sentencia declarativa de inocencia a su favor, confirmado en recurso de apelación y declarado infundado en casación; por lo que, los datos proporcionados por los excepcionistas son errados, porque el inicio del cómputo de la prescripción, es la fecha en que los mencionados fallos alcanzaron ejecutoria, no siendo procedente la excepción de prescripción por ausencia de fundamentación en el planteamiento y la prueba que le respalde, siendo dilatorio.

III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCION OPUESTA

III.1. De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal.

La Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, Él juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las

comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la

causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA.”

En el caso presente, se evidencia que como emergencia de la formulación de recurso de casación por parte de los excepcionistas en contra del Auto de Vista 24/2016 de 7 de marzo, la causa se encuentra radicada ante esta Sala Penal, de modo que en observancia del entendimiento jurisprudencial glosado, tiene competencia para resolver la excepción opuesta.

III.2. De la prescripción.