AS/0930/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0930/2025

Fecha: 27 de agosto de 2025

Expediente: CB-44-25-S

Partes: Isabel Patricia Álvarez Pardo y María Isabel Ureña Mercado c/ Mario Zenón Céspedes Meneces.

Proceso: Devolución de capital de anticrético.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 140 a 144 vta., interpuesto por Mario Zenón Céspedes Meneces contra el Auto de Vista Nº 208/2024 de 13 de diciembre, corriente de fs. 134 a 136, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de ordinario de devolución de capital de anticrético seguido por Isabel Patricia Álvarez Pardo y María Isabel Ureña Mercado contra el recurrente; la contestación de fs. 148 a 161; el Auto de concesión de 19 de mayo de 2025, visible a fs. 162; el Auto Supremo de admisión N° 0579/2025-RA de 20 de junio, obrante de fs. 168 a 169 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Isabel Patricia Álvarez Pardo y María Isabel Ureña Mercado, por memorial de demanda que discurre a fs. 50 y vta., subsanado de fs. 57 a 58, promovieron el proceso ordinario de devolución de capital de anticrético contra Mario Zenón Céspedes Meneces, quien una vez citado, según escritos visibles de fs. 90 a 91 vta., se apersonó y contestó de manera negativa; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia de 17 de julio de 2023, cursante de fs. 100 a 103, en la que el Juez Público Civil y Comercial N° 20 de la ciudad de Cochabamba (en suplencia legal), declaró PROBADA la demanda, disponiendo que el demandado devuelva en favor de Isabel Patricia Álvarez Pardo la suma de $us. 50.000; y, a favor de María Isabel Ureña Mercado la suma de $us. 13.000, en el plazo de 3 días de ejecutoriada la Sentencia, bajo conminatoria de embargo y remate del inmueble otorgado en garantía; es decir, en anticresis, para con su producto efectivizarse las obligaciones perseguidas conforme a ley.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Mario Zenón Céspedes Meneces, según escrito de fs. 120 a 123, originó que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita el Auto de Vista N° 208/2024 de 13 de diciembre, corriente de fs. 134 a 136, que REVOCÓ PARCIALMENTE la Sentencia, solo en cuanto a la entrega del bien inmueble por no ser parte del petitorio de las demandantes, manteniéndose incólume lo demás, en base a los siguientes argumentos:

Sobre el agravio, de falta de control de proponibilidad, si la parte demandada consideraba que la autoridad judicial debió haber realizado un control de proponibilidad, tuvo en primera instancia la posibilidad de oponer la excepción de demanda defectuosamente propuesta, tramite inadecuadamente dado por la autoridad conforme al art. 128.I num. 6) del Código Procesal Civil; también, en audiencia preliminar pudo haber solicitado el saneamiento del proceso, conforme establece el art. 366.I un. 4) del mismo código; sin embargo, no lo hizo; en el memorial de 20 de mayo de fs. 90 a 91 vta., simplemente se limitó a contestar de forma negativa; y, en la audiencia preliminar no estuvo presente, menos su abogado, por lo que, al no ser un punto contenido en la Sentencia, no corresponde ser abogado en apelación conforme al art. 265.I del Código adjetivo civil.

Respecto a la pretensión de entrega de bien inmueble, se evidencia que, del memorial, de cumple lo ordenado de 04 de marzo de 2022, cursante de fs. 57 a 58), las demandantes aclararon su petitorio señalando “la devolución del capital anticrético”, consecuentemente, en aplicación del principio dispositivo, corresponde modificar parcialmente la parte resolutiva, sólo en cuanto a la entrega de bien inmueble.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Mario Zenón Céspedes Meneses, mediante memorial de fs. 140 a 144 vta., que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">El recurrente en el recurso de casación alegó que:

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<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">El Auto de Vista N° 208/2024 de 13 de diciembre, incumplió la obligación prevista en el art. 17 de la Ley N° 025, respecto a la observancia de la improponibilidad objetiva, pese a que se acusó en el memorial de respuesta a la demanda como en el planteamiento del recurso de apelación, sino más al contrario, mal interpretando la norma señalada y aplicando indebidamente la ley, le acusó de no haber planteado la excepción de “demanda defectuosamente propuesta”, hecho que no corresponde simplemente a las partes, sino que de acuerdo al principio de dirección previsto en el art. 1 num. 4 del Código Procesal Civil, tiene también la facultada saneadora el Juez de la causa, toda vez que la “devolución de capital de anticresis” contenido en una Escritura Pública corresponde al trámite especializado del proceso ejecutivo monitorio y no así al proceso ordinario, como se ha tramitado el caso indebidamente, toda vez que al observar esa irregularidad tenía la obligación legal de declarar la nulidad del proceso hasta la admisión de la demanda al no cumplir con los requisitos de admisibilidad y fundabilidad de la pretensión y presentarse la improponibilidad objetiva, incurriendo en interpretación errónea o aplicación indebida de la ley en la forma, incurriendo a la vez en incongruencia omisiva, al haber omitido la decisión de un asunto.

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Fundamentos por los cuales, solicitan se pronuncie Auto Supremo casando totalmente el Auto de Vista recurrido.

2. Contestación al recurso de casación:

María Isabel Ureña Mercado e Isabel Patricia Álvarez Pardo, por memorial cursante de fs. 148 a 161, respondieron al recurso de casación, solicitando en lo principal que:

El Auto de Vista recurrido, se encuentra fundado en argumentación jurídica y en función a un análisis correcto del caso presentado, prueba aportada y consiguiente desarrollo del juicio.

La vía ejecutiva no sólo es la única admitida para dilucidar cuestiones patrimoniales con cargas recíprocas, sino también el proceso ordinario, por ser apta para determinar aspectos contenciosos y contradictorios, por lo que acudieron a esta última vía para solicitar la devolución del capital de anticrético y a su vez anunciar la entrega y devolución del inmueble.

La SCP N° 0436/2014, señala que la demanda ordinaria de devolución de capital anticrético, es plenamente procedente, al igual que el Auto Supremo N° 179/2017.

La forma del proceso (ordinario, ejecutivo, sumarísimo) está determinado por la naturaleza de la pretensión de cuerdo a la Ley N° 349; no obstante, una vez iniciado el proceso bajo determinada forma, si la parte demandada no cuestiona esta circunstancia de forma oportuna, su silencio y participación activa en el proceso, puede interpretarse como aceptación tácita de la forma procesal.

Por lo referido, solicitan se ratifique el Auto de Vista recurrido y se ordene la prosecución del proceso hasta la subasta y remate del bien inmueble.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la nulidad de obrados y nulidad de oficio.

Al respecto el Auto Supremo N° 347/2023 de 19 de abril, señaló: “Con relación a la declaratoria de nulidad de obrados de oficio, en el Auto Supremo N° 146/2021 de 01 de marzo, se emitieron las siguientes consideraciones: ‘El Estado mediante sus operadores de justicia, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, en el marco de lo establecido en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado; es por ello que el Tribunal Supremo de Justicia estableció razonamiento consecuente de proteger los actos procesales y de aplicar excepcionalmente la nulidad procesal; en ese marco, entre otras determinaciones, mediante el A.S. Nº 581/2013 de fecha 15 de noviembre, orientó: ‘…la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes; que condiciona además la nulidad a que procede cuando la irregularidad fue reclamada oportunamente en la tramitación del proceso, alocución normativa que se desprende del derecho a una justicia pronta y oportuna instituida por la Constitución Política del Estado en su art. 115.II’.

Este Tribunal Supremo de Justicia ha asumido una postura consecuente con la filosofía constitucional reprimiendo aquellas nulidades procesales que tienen como único objeto el de cumplir formalismos y que relega la solución del conflicto y en ello el derecho de las partes a una tutela judicial inmediata, en esta postura asumida citamos el Auto Supremo Nº 83/2013 que señaló: ‘Sólo es pertinente proceder con la nulidad de oficio cuando la vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes tiene incidencia directa en el derecho a la defensa y se ve seriamente afectado de forma objetiva; pues la nulidad de obrados es una medida excepcional, aplicable con criterio restrictivo en caso de verificarse indefensión efectiva, lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, que el Estado garantiza por medio de sus órganos de justicia, conforme señala el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado’.

Bajo esa consideración, instauró para las nulidades establecidas de oficio un parámetro lógico - jurídico de observancia por los tribunales de instancia y por el mismo Tribunal Supremo de Justicia, a fin de limitar aquellas decisiones anulatorias que no se ajusten al principio de conservación de los actos y se aparten del derecho a una justicia pronta y oportuna, en tal sentido, el Auto Supremo Nº 506/2017 de 16 de mayo manifestó: ‘Conforme el art. 106 del Código Procesal Civil, que hace mención a que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, disposición aplicable al presente caso conforme a la disposición transitoria segunda de la mencionada ley, por lo que se pasa a efectuar una revisión de oficio del proceso en cuestión en aplicación del principio de eficacia, contenido en el art. 180.I de la CPE, que deben contener las resoluciones judiciales’.

Por otra parte, el art. 17.I de la Ley Nº 025 señala: ‘La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley’, en este entendido, a los Tribunales aún les es permisible la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo, que el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado, por lo que en el caso de que un Juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, este en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria al tomar una decisión anulatoria, debe tener presente que una nulidad de oficio solo procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al debido proceso, cuando el vicio tenga incidencia directa en la decisión de fondo o el derecho a la defensa esté seriamente afectado’.

Por su parte, el Auto Supremo N° 479/2021 de 26 de mayo, señaló: ‘El art. 106 del Código Procesal Civil, Ley N° 439 de fecha 19 de noviembre de 2013 previene en su parágrafo I que: ‘La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte en cualquier estado del proceso, cuando la ley lo califique expresamente’, concordante con dicha norma, el art. 17 parágrafo I de la Ley N° 025 manifiesta que la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley; de lo expuesto se tiene que, si bien aún les es permisible a los Tribunales la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo que el régimen de revisión no es absoluto sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado.

En ese entendido, en el caso de que un juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, éste, en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, al tomar una decisión anulatoria, debe tener presente que una nulidad de oficio sólo procederá cuando la ley así lo determine, exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes o cuando el vicio tenga incidencia directa en la decisión de fondo o el derecho a la defensa esté seriamente afectado”.

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