AS/0931/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0931/2025

Fecha: 27 de agosto de 2025

Expediente: SC-54-25-S

Partes: Arnulfo Rojas Guzmán c/ Esther Esperanza Rocha Cartagena y Elizabeth Sara Rocha Cartagena.

Proceso: Resolución de contrato y pago de pena convencional de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursantes de fs. 674 a 676, interpuesto por Arnulfo Rojas Guzmán representado por José Miguel Soto Castello y Germán Rudy Sánchez Coronado contra el Auto de Vista N° 12/2025 de 14 de marzo, corriente de fs. 668 a 670, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de resolución de contrato y pago de pena convencional de daños y perjuicios, seguido por el recurrente contra Esther Esperanza Rocha Cartagena y Elizabeth Sara Rocha Cartagena, la contestación de fs. 681 a 689 vta., el Auto de concesión N° 89/2025 de 22 de mayo, visible a fs. 690, el Auto Supremo de admisión N° 611/2025-RA de 24 de junio, obrante de fs. 700 a 701 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Arnulfo Rojas Guzmán, por memorial de demanda que cursa de fs. 31 a 36, subsanado por memorial de fs. 77 a 82 vta., promovió el proceso ordinario de resolución de contrato y pago de pena convencional de daños y perjuicios contra Esther Esperanza Rocha Cartagena y Elizabeth Sara Rocha Cartagena; quienes una vez citadas, esta última, mediante memorial de fs. 128 a 134 vta., contestó de forma negativa a la demanda, e interpuso excepciones previas de demanda defectuosamente propuesta e impersonería de los apoderado; por otro lado, por resolución emitida en audiencia preliminar el 31 de mayo de 2023 a fs. 154 y vta., se designó al Abogado Jhonatan Márquez Galarza defensor de oficio de Esther Esperanza Rocha Cartagena, quien posteriormente se apersonó por memorial de fs. 173 a 179 vta., contestando de forma negativa a la demanda y opuso excepción previa de incompetencia; por memorial de fs. 163 a 170, la referida, se apersonó, contestó negativamente e interpuso incidente de extinción del proceso por inactividad y excepción previa de incompetencia; posteriormente, por Auto de 24 de noviembre de 2023 cursante de fs. 220 vta. a 224, se declaró infundados la excepción de demanda defectuosamente propuesta, excepción previa de impersonería de los abogados, el incidente de extinción del proceso por inactividad y la excepción previa de incompetencia; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 39/2024 de 26 de julio, declarándose PROBADA la demanda sobre resolución de contrato de fecha 14 de febrero de 2020 sobre compraventa de lote de terreno en acciones y derechos, disponiéndose que en ejecución de sentencia sea el pago convencional por daños y perjuicios generados por el incumplimiento en el contrato.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Esther Esperanza Rocha Cartagena, según escrito de fs. 601 a 619 y por Arnulfo Rojas Guzmán representado por José Miguel Soto Castellón y Germán Ruddy Sánchez Coronado, por memorial de fs. 621 a 622, originó que la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N° 12/2025 de 14 de marzo corriente de fs. 668 a 670, donde resuelve ANULAR la Sentencia, disponiendo la devolución del expediente para que se emita nueva sentencia, en base a los siguientes argumentos:

De la lectura de la Sentencia, se tiene que la autoridad de grado se limitó a indicar que lo pretendido en la demanda es congruente con lo demandado, declarando probada en todas sus partes, sin haber fundamentado los motivos por los cuales considera viables los puntos de hecho a probar; siendo que, el mismo debió considerar lo dispuesto en el art. 134 del Código Procesal Civil, estando obligada legalmente de realizar un análisis integral de las pruebas aportadas, valorando todos y cada uno de los medios probatorios producidos, con la finalidad de llega a la averiguación de la verdad material.

Asimismo, si bien en el proceso existen varias pretensiones, habiendo hecho, la autoridad de instancia, de diversas normativas contempladas en el Código Civil; sin embargo, no es suficiente fundamento para dar viabilidad a todas y cada una de las pretensiones formuladas, y concluir que la parte demandada incumplió el contrato de 14 de febrero de 2020 cursante de fs. 1 a 2.

El disponer que en ejecución de fallos se proceda al pago convencional en daños y perjuicios generados por el incumplimiento, no tiene relación con el citado contrato, que no establece arras penales, así tampoco determina la obligación de las vendedoras de dividir ni fraccionar el inmueble cuyo derecho propietario lo ostentan en lo pro indiviso con otros coherederos.

Es claro y evidente, que toda venta a plazos, el derecho de propietario no se transmite sino hasta el pago de la última cuota, tal como establece el art. 585 del Código Civil.

Por otro lado, en Audiencia preliminar se presentó el contrato transaccional de 14 de junio de 2024 cursante de fs. 493 a 494, suscrito entre ambas partes, acordando modificar la demanda y conciliar la acción de resolución, constriñendo al juzgador a que sólo dirima la pretensión que versa sobre los daños y perjuicios, que no fue conciliado; entonces, correspondía a la autoridad únicamente verificar si el demandado demostró haber sufrido daños y perjuicios en base al incumplimiento de las vendedoras.

De lo expuesto, se concluyó que el A quo pronunció Sentencia, sin haber realizado mínimamente un análisis respecto de la conexitud de los puntos de hecho a probar y el acuerdo transaccional de 14 de junio de 2024, menos fundamentó y motivó su decisión respecto a todas las pretensiones demandadas, limitándose a declarar probada la demanda.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Arnulfo Rojas Guzmán representado por José Miguel Soto Castellón y Germán Ruddy Sánchez Coronado, según escrito visible de fs. 674 a 675, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) El Auto de Vista incurre en error in procedendo al haber anulado la Sentencia N° 39/2024 de 26 de julio, en forma extra petita, porque ninguna de las partes planteó como agravio dicho aspecto.

b) Incurre en vulneración del art. 218.III del Código Procesal Civil, en aplicación del nuevo modelo constitucional, ante la alegación de incongruencia de la Sentencia, el Tribunal de alzada, no puede anular, sino que debe pasar a resolver el fondo.

Fundamentos por los cuales el recurrente solicitó se dicte Auto Supremo anulatorio, dejándose sin efecto el Auto de Vista, a objeto de que el Tribunal de apelación emita nueva resolución en relación a los puntos objeto de expresión de agravios o en su defecto resolver el fondo de la Sentencia.

2. Contestación al recurso de casación:

Esther Esperanza Rocha Cartagena y Elizabeth Sara Rocha Cartagena, respondieron el recurso de casación mediante memorial de fs. 681 a 689 vta. alegando en lo principal que:

El recurso de casación no expresa la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebidamente o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, no cumpliendo que este requisito básico.

El Auto de Vista lo único que hizo fue desnudar la ausencia de motivación y fundamentación en la Sentencia, que afecta de forma directa el principio del debido proceso en su vertiente de fundamentación, por ello, se anuló la decisión, y ordenó que se dicte nueva resolución bajo los fundamentos del Ad quem.

Por lo referido, solicitó se declare infundado el recurso de casación, sea con expresa imposición de costas y costos en todas las instancias.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional desarrolló el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R, de 05 de julio, donde razonó que: “El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…” (Las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

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Texto del fallo

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