AS/0937/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0937/2025

Fecha: 27 de agosto de 2025

Expediente: O-39-25-S

Partes: Víctor Celso Gonzales Gutiérrez c/ Carmelo Gonzales Gutiérrez.

Proceso: División y partición de bien inmueble.

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 680 a 681 vta., interpuesto por Willy Gregorio Gonzales Apaza contra el Auto de Vista N° 183/2025 de 15 de abril, corriente de fs. 671 a 675, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario de división y partición de bien inmueble, seguido por Víctor Celso Gonzales Gutiérrez contra Carmelo Gutiérrez Gonzales; la contestación de fs. 685 a 687 vta.; el Auto de concesión de 26 de mayo de 2025, Visible a fs. 691 y vta., el Auto Supremo de admisión N° 0571/2025-RA de 17 de junio, todo lo inherente al proceso; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Víctor Celso Gonzales Gutiérrez, por memorial de demanda que discurre de fs. 65 a 67 vta., subsanado de fs. 77 a 79, promovió el proceso ordinario de división y partición de bien inmueble contra Carmelo Gonzales Gutiérrez, quien una vez citado, respondió negativamente a la demanda mediante memorial de fs. 109 a 113, asimismo, ante el fallecimiento de la parte demandada, se dispuso la sucesión procesal mediante Auto de 05 de julio de 2023 de fs. 227 a 228, apersonándose Javier Gonzales Apaza por escrito de fs. 345, Willy Gregorio Gonzales Apaza por memorial de fs. 383, Jessica Claudia Arias Ledezma por escrito de fs. 386 y vta., Isabel Gonzales Apaza Vda. de Cruz, Javier Gonzales Apaza, Miguel Ángel Gonzales Apaza y Favio Gonzales Apaza por memorial de fs. 450 a 452 vta., Jhenny Gonzales Apaza por escrito de fs. 507, se designó a la abogada Miriam Ignacio Mamani en calidad de Defensora de Oficio de Nelson Miguel Gonzales Calcina, Oscar Gonzales Apaza, Giovana Gonzales Apaza, Lidia Gonzales Apaza y María Antonieta Gonzales Apaza por Auto de 15 de abril de 2024 de fs. 521 subsanado por Auto de fs. 23 de abril de 2024 de fs. 538; desarrollándose de esta manera el proceso hasta la emisión de la Sentencia N° 6/2025 de 14 de enero, visible de fs. 618 a 629, dictada por el Juez Público Civil y Comercial 12º de la ciudad de Oruro, que declaró PROBADA la demanda de división y partición de bien inmueble, disponiendo la división partición del bien inmueble ubicado en la av. del Ejercito entre Iquique y Pisagua N° 895 con Matrícula N° 4.01.1.01.0012219.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Willy Gregorio Gonzales Apaza, según escrito de fs. 633 a 635 vta., originó que la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita el Auto de Vista N° 183/2025, de 15 de abril, corriente de fs. 671 a 675, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:

El objeto del proceso de ninguna manera tiene por objeto dilucidar el reconocimiento de la obligación asumida por Carmelo Gonzales Gutiérrez frente a su hermano Víctor Celso Gonzales Gutiérrez y su madre Ignacia Gutiérrez Catorceno y que la misma permita que sus derechos y acciones acrecienten por el pago que hubo realizado, del mismo modo no se dilucidó la determinación de bienes gananciales y tampoco la sucesión hereditaria que determine que el demandado obtenga mayor parte del inmueble.

El hecho de haber generado el pago, de ninguna forma puede ser exigida ipso facto, la compensación en la mayor parte de las acciones y derechos por no cursar elemento de prueba que acredite que se hace acreedor de exigir dicha obligación, más al contrario, de la confesión espontanea del propio demandado en la demanda y apelación hace referencia al aprecio, cariño y reconocimiento a su hermano, padre y madre, al margen de que el pago está dirigido a no perder el bien inmueble y no hace a una obligación contraída que permita la exigibilidad de un derecho por el pago realizado.

Alegar una presunta ganancialidad se constituye en un elemento subjetivo, más aún, si posterior a la adquisición del inmueble se efectuó diversas transferencias y asimismo cuestionada con la nulidad, en la que se ha consolidado el derecho en favor de Carmelo Gonzales Gutiérrez en dos terceras partes del bien inmueble, debido a que el derecho de su madre Ignacia Gutiérrez Catorceno fue transferida en favor del ahora recurrente.

El argumento de la sucesión hereditaria no se encuentra limitado únicamente al inmueble objeto de la litis, sino más bien, la sucesión hereditaria se encuentra vinculado a todo el acervo hereditario que no es objeto del proceso, por lo que, el argumento de que el inmueble es ganancial y por efecto de la sucesión por parte de su padre le correspondería el 16.6666% se constituye en un argumento carente de sustento legal al no haber acreditado dichos extremos, en ese sentido, resultaría inviable realizar un análisis en el sentido de que le corresponde el 83% de las acciones y derechos.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Willy Gregorio Gonzales Apaza según escrito visible de fs. 680 a 681 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) El Tribunal de Alzada no valoró la prueba documental de descargo, más propiamente las literales que cursa en fotocopias simples de fs. 90 a 95, que demostraría, por un lado, que el Comité Regional de Vivienda Barata de la Federación de Ferroviario de Oruro concedió un préstamo de Bs. 10.000.000,00 a favor de su abuelo Gumercindo Gonzales Quispe (+), quien procedió al pago de la suma de Bs. 5.000, empero, el saldo restante de lo adeudado de $us. 4.000, lo hubiera pagado su padre con recursos propios y, por otro lado, denotaría el porcentaje del bien inmueble ahora reclamado y se cumpliría con el objeto de la prueba respecto a “demostrar que el derecho propietario es 83.33% y 16.66%” conforme el acta de fs. 161 a 166 vta., sin considerar lo previsto en el art. 1311 del Código Civil y Auto Supremo N° 220/2018 de 04 de abril, vulnerándose el principio de verdad material por no pronunciarse al respecto.

b) El Tribunal Ad quem, no habría apreciado correctamente la declaración de su padre, ya que no hubiera reconocido en los porcentajes del 33.33% para cada uno, más al contrario, sería el demandante quien reconoció que el inmueble fue comprado por Gumercindo Gonzales Quispe, constituyendo confesión espontanea por reconocer que se trata de un inmueble ganancial de Gumercindo Gonzales Quispe e Ignacia Gutiérrez Catorceno y por tal motivo la división y fraccionamiento debe ser en las proporciones establecida por el art. 176 de la ley N° 603 y que al haber fallecido su padre, su porcentaje del 50% se llegaría a dividir en tres porciones equitativas en aplicación del art. 1103 del Código Civil, vulnerándose lo previsto en el art. 157 parág. III de la Ley Nº 439, respecto a la sana crítica y prudente criterio, así como el principio de verdad material contenida en el art. 134, 136, 138, 144 del Código Procesal Civil, y art. 1283, 1285, 1286, 1296 del Código Civil.

2. Contestación al recurso de casación:

Víctor Celso Gonzales Gutiérrez, respondió al recurso de casación mediante memorial de fs. 685 a 687 vta., argumentando lo siguiente:

El argumento expuesto respecto a los porcentajes sería falso, pues de ninguna forma resultaría ganancial el inmueble por presumirse de un inicio ya que requiere probarse al respecto, no pudiendo sustentarse una resolución en presunciones, ya que de antecedentes se tendría que el Comité Regional de Vivienda de la Federación Ferroviaria de Oruro, transfirió el inmueble a favor de tres personas que son: Ignacia Gutiérrez, Carmelo Gonzales y su persona Víctor Gonzales en 1976, empero su padre Gumercindo Gonzales Quispe falleció en 1970 y realizando una relación de fechas, el inmueble no llegaría a ser ganancial, puesto que hubiera fallecido 6 años antes de que el Comité transfiera el inmueble a favor de su madre, hermano y persona.

Que, el reclamo sobre la no valoración de copias no se encuentra fundamentado, ya que no señala la afectación que esto le genera a su pretensión como parte demandada.

Por lo referido, solicitó se declare infundado el recurso de casación.

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. El principio de trascendencia constituye el límite para disponer o no la nulidad procesal.

El Auto Supremo Nº 42/2020 de 20 de enero, señaló los siguiente: “De lo expuesto, se infiere que al momento de analizar el vicio procesal que podría generar una nulidad de obrados, corresponde previamente determinar la trascendencia y/o relevancia del mismo; es decir, constatar si se provocó una lesión evidente al derecho al debido proceso, así como la incidencia que podría tener en la decisión de fondo, máxime cuando ningún vicio procesal es absoluto para generar una nulidad, en tanto no se vulnere de forma real y efectiva el derecho a la defensa.

Siguiendo todo este entendimiento, aplicando parámetros progresivos en derecho y de proporcionalidad se determinó que no todo defecto es causal o motivo de nulidad, sino aquellos que generan trascendencia o relevancia al proceso, o sea sólo los que han de repercutir en el fondo de la causa. En ese contexto, corresponde a continuación verificar si lo acusado por el recurrente genera aquella consecuencia jurídica.”

III.2.- De la Valoración de la Prueba.

Respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia en el Auto Supremo N° 240/2015 del 14 de abril se ha orientado que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

III.3. La teoría de los actos propios.

Mostrando 38 de 75 parrafos.

Texto del fallo

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