AS/0951/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0951/2025

Fecha: 02 de septiembre de 2025

Expediente: CH-59-25-S

Partes: Prima Loayza Palacios Vda. de Sifuentes c/ Máxima Arancibia, Víctor López Arancibia, Ana María López Arancibia, Inés López Arancibia, Lucio López Arancibia y Perfecto López Arancibia, todos herederos de Ernesto Barrios López.

Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 540 a 548, interpuesto por Máxima Arancibia, Víctor López Arancibia, Ana María López Arancibia, Inés López Arancibia, Lucio López Arancibia y Perfecto López Arancibia, representados por Gustavo Márquez Loayza, contra el Auto de Vista N° 172/2025, de 24 de abril, corriente de fs. 520 a 526, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria, seguido por Prima Loaysa Palacios Vda. de Sifuentes en contra de los recurrentes; el Auto de concesión de 5 de junio de 2025, visible a fs. 555; Auto Supremo de admisión 0573/2025-RA de 20 de junio, visible de fs. 563 a 565, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">Prima Loayza Palacios Vda. de Sifuentes, por memorial de demanda que discurre de fs. 49 a 55 vta., subsanado a fs. 58, promovió el proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria, contra Máxima Arancibia, Víctor López Arancibia, Ana María López Arancibia, Inés López Arancibia, Lucio López Arancibia y Perfecto López Arancibia, todos herederos de Ernesto Barrios López, quienes una vez citados, la primera por escrito visible de fs. 116 a 120, se apersonó, contestó de manera negativa, planteó excepción de demanda defectuosa y reconvino por nulidad de documento privado; los restantes por escrito visible de fs. 240 a 244 vta., se apersonaron, contestaron negativamente, plantearon excepción de demanda defectuosa y reconvinieron por nulidad de documento privado; excepción que fue declarada improbada por Auto Interlocutorio N° 16/2024, de 12 de marzo, desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 01/2025 de 14 de enero, que cursa de fs. 464 a 481 vta., en la que la Juez Público Mixto Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal N° 1 de Padilla-Chuquisaca, declaró PROBADA la demanda ordinaria de usucapión decenal o extraordinaria, disponiendo la inscripción en favor de Prima Loayza Palacios Vda. de Sifuentes, sobre el 50% del bien inmueble ubicado en la calle Bolívar s/n, Zona Central de la localidad de El Villar, Provincia Tomina del Departamento de Chuquisaca, con una superficie de 2362.29 m2.; cuyas colindancias son: al Norte, con la propiedad de Victoria Zamorano; al Sur, con la propiedad de Cecilia Loaysa; al Este, con la propiedad del Municipio; al Oeste, con la propiedad del Municipio; e IMPROBADA la demanda reconvencional de nulidad de documento privado.

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2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Máxima Arancibia, Víctor López Arancibia, Ana María López Arancibia, Inés López Arancibia, Lucio López Arancibia y Perfecto López Arancibia, representados por Gustavo Márquez Loayza, según escrito de fs. 485 a 490 vta., originó que la Sala Civil, Comercial y Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista N° 172/2025, de 24 de abril, corriente de fs. 520 a 526, donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada; contra la referida determinación se solicitó complementación a través del escrito visible de fs. 532 a 533 vta., la cual fue rechazada por Auto de 29 de abril de 2025, cursante de fs. 534, bajo los siguientes fundamentos:

Corresponde tener en cuenta que el art. 393 de la Constitución Política del Estado, prescribe que: “El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda...”. En ese entendido “la función económica social (FES) se diferencia de la función social (FS) en que la primera se refiere a la utilización sostenible de la tierra para actividades productivas, mientras que la segunda es más amplia y abarca el uso de bienes para diversos fines, como vivienda o comercio”.

El art. 120.I de la Constitución Política del Estado, señala: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa”.

Ahora bien, debido a la pluralidad de jurisdicciones constitucionalmente reconocidas conforme al art. 179.I de la Ley Fundamental, es posible que en el ejercicio de la función judicial, se lleguen a suscitar conflictos de competencias entre las jurisdicciones ordinaria, agroambiental e indígena originaria campesina, razón por la cual, el constituyente y el legislador establecieron previsiones para que sea la justicia constitucional quien dirima estos conflictos, garantizando el elemento competencia del derecho al juez natural.

El hecho de que la vivienda hubiera estado fuera del radio urbano primigeniamente y a momento de la interposición de la demanda se encuentre dentro del radio urbano, no implica que la posesión sobre la misma cambie, o se pretenda entender como si fueran dos propiedades distintas.

De la revisión de la Sentencia (a fs. 464) se constata que la parte actora ha presentado la demanda de usucapión, adjuntando el plano de línea y nivel municipal a fs. 28, en el que se establece como antecedente la superficie de 4001.66 m2, por otra parte, es menester tener en cuenta que es tarea de la autoridad jurisdiccional valorar toda la prueba en su integralidad en función a su sana Critica, en ese entendido, la parte recurrente debe tener presente que la autoridad jurisdiccional en la sentencia también mencionó el plano del inmueble objeto del litigio a fs. 6, que establece que el inmueble tiene una superficie de 4724,58 m², misma que es coincidente con la documental de fs. 15 al 22 y también es coincidente con el folio real a fs. 57 en cuanto a la superficie y el informe pericial, en consecuencia, la explicación devela la congruencia con la que se ha emitido la sentencia, estando acreditado la correspondencia que existe entre lo demandado, lo considerado y lo resuelto.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Máxima Arancibia, Víctor López Arancibia, Ana María López Arancibia, Inés López Arancibia, Lucio López Arancibia y Perfecto López Arancibia, representados por Gustavo Márquez Loayza según escrito visible de fs. 540 a 548, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN.

Del medio de impugnación objeto de la presente resolución, los ahora recurrentes Máxima Arancibia, Víctor López Arancibia, Ana María López Arancibia, Inés López Arancibia, Lucio López Arancibia y Perfecto López Arancibia, representados por Gustavo Márquez Loayza, alegaron que:

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">El Tribunal de alzada habría emitido una resolución carente de fundamentación, motivación, seguridad jurídica y congruencia; toda vez que, no explicarían por qué no se tendría por acreditado la excepción de demanda defectuosa, máxime si no existiría norma legal que permita demandar a un muerto; al contrario, el adjetivo civil establece que la demanda debe contener el nombre, domicilio y generales del demandado, aspecto que no habría sido considerado correctamente, por lo que al referir que se debió plantear una excepción de impersonería y no de demanda defectuosa, resultaría ser un argumento absurdo y arbitrario, que contravendría a lo dispuesto por los arts. 110 num. 4, 128 y 367.II num. 2 del Código Procesal Civil y el art. 2.I del Código Civil.

</li>

<li style="margin:0 0 0 2400;">El Ad quem habría omitido realizar una valoración integral de la prueba. Esta omisión, acusada en el recurso de apelación, constituiría -según los recurrentes- un vicio suficiente para anular la Sentencia, sin necesidad de ingresar al fondo del asunto, en particular al dejar de valorar las documentales de fs. 294 a 316; por tal razón, dicha omisión vulneraría lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal Civil.

</li>

<li style="margin:0 0 0 2400;">Erróneamente se habría concluido que no existe incongruencia en la Sentencia, sin considerar que no se admite correspondencia entre la superficie demandada y la dispuesta en la resolución recurrida, además de que existiría una contradicción en la extensión de la superficie total del inmueble conforme los planos de línea nivel adjuntos a la causa.

</li>

<li style="margin:0 0 0 2400;">La resolución adolecería de fundamentación y motivación, además de vulnerar el principio de seguridad jurídica y legalidad, al omitir el análisis de la improponibilidad de la demanda acusada en la contestación de la demanda como un fundamento de fondo.

</li>

<li style="margin:0 0 0 2400;">El Tribunal de alzada habría incurrido en una indebida aplicación del art. 138 del Código Civil; toda vez que, no consideró que la Ley Municipal N° 51/2019 de 29 de noviembre, referente a la delimitación del área urbana del centro poblado de “El Villar” y la Resolución Ministerial N° 495/19 de 26 de diciembre, emitido por el Viceministerio de Autonomías, acreditarían que la declaratoria de área urbana del pueblo “El Villar” fue formalizada el 26 de diciembre de 2019; por lo que, el plazo de 10 años exigidos para la procedencia de la usucapión resultaría insuficiente.

</li>

<li style="margin:0 0 0 2400;">No se habría constatado que en obrados no cursa un plano individual de división; por lo que, no existiría precisión de la parte física, que la parte demandante pretende usucapir, dado que para la procedencia de la usucapión se requiere una posesión física del bien y no abstracta.

</li>

<li style="margin:0 0 0 2400;">No se habría considerado que la falsedad del testimonio de fs. 23 a 25, no necesitaría probarse con pericia, puesto que el mismo documento acredita su falsedad, puesto que no existe concordancia entre el documento privado de 5 de marzo de 2012 y el testimonio.

</li>

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Fundamentos por los cuales los recurrentes solicitaron se case el Auto de Vista y en el fondo se declare improbada la demanda de usucapión y probada la demanda reconvencional de reivindicación, con costas y costos.

De la contestación al recurso de casación.

Prima Loayza Palacios Vda. de Sifuentes, pese haber sido notificada con el recurso de casación, conforme se establece de la diligencia a fs. 550, la misma no emitió respuesta al recurso.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la nulidad de oficio.

Mostrando 48 de 95 parrafos.

Texto del fallo

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