AS/0953/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0953/2025

Fecha: 02 de septiembre de 2025

Expediente: LP-117-25-S

Partes: Simón Calle Calle c/ Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Tejar” representada por Ramón Rodríguez Arze.

Proceso: Nulidad de Escritura Pública, cancelación de partida y restitución.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1505 a 1507 vta., interpuesto por Simón Calle Calle, representado por Remigio, Ana María y Valentina Zenobia todos Calle Silva, contra el Auto de Vista Nº 836/2024 de 22 de noviembre, corriente de fs. 1372 a 1375, Auto Complementario de 25 de febrero de 2024, obrante a fs. 1379, pronunciados por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de ordinario de nulidad de escritura pública, cancelación de partida y restitución seguido por el recurrente contra el Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto, representado por Antonio Ramos Gómez; Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, representado Ivonne Patricia Ortega Vásquez y Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Tejar” representada por Ramón Lorenzo Rodríguez Arze; las contestaciones de fs. 511 a 1517, y de fs. 1519 a 1521 vta.; el Auto de concesión de 08 de abril de 2025, visible a fs. 1532; el Auto Supremo de admisión N° 0700/2025-RA de 02 de julio, obrante de fs. 1558 a 1560, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Simón Calle Calle, por memorial de demanda que discurre de fs. 75 a 79, subsanado de fs. 91 a 92, reiterado de fs. 95 a 96, subsanado de fs. 130 a 131, modificado a fs. 160 y vta., y a fs. 169, promovió el proceso ordinario de nulidad de escritura pública, cancelación de partida y restitución contra el Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto, representado por Antonio Ramos Gómez; Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, representado Ivonne Patricia Ortega Vásquez y Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Tejar” representada por Ramón Lorenzo Rodríguez Arze, quienes una vez citados, por memorial de fs. 580 a 602 el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, representado por Misael Iver Mayta Calle, formuló improponibilidad de la demanda, opuso excepciones de falta de legitimación y demanda defectuosa y contestó a la demanda de forma negativa; por escrito de fs. 736 a 741, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Tejar” Ltda., representado por Ramón Lorenzo Rodríguez Arce, respondió a la demanda de forma negativa y formuló demanda reconvencional de ratificación de venta, que fue resuelto por no presentada por Auto de 06 de noviembre de 2020, visible a fs. 888; cursante de fs. 957 a 959 la tercería coadyuvante de la citada cooperativa, misma que fue admitida por Auto Interlocutorio N° 142/2022 de 16 de marzo, saliente de fs. 1030 a 1031 vta.; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 448/2022 de 02 de agosto, cursante de fs. 1192 a 1197, en la que el Juez Público Civil y Comercial 4° de la ciudad de El Alto –La Paz, declaró IMPROBADA la demanda, salvando los derechos del demandante con respecto a la pretensión de nulidad de la Escritura Pública N° 349/1982, a la vía llamada por ley.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Remigio, Ana María y Valentina Zenobia todos Calle Siles, en representación de Simón Calle Calle, según escrito de fs. 1210 a 1214, originó que la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 836/2024 de 22 de noviembre, corriente de fs. 1372 a 1375, por el cual CONFIRMÓ la Sentencia, luego por Auto Complementario de 25 de febrero de 024, obrante a fs. 1379, se complementó la Sentencia disponiendo el pago de costas y costos, en base a los siguientes argumentos:

En cuanto al agravio del punto 1), la parte recurrente, en la presente causa pretende la nulidad de las Escrituras Públicas N° 272/1983 y N° 663/2012 y no así del N° 349/1982, ya que en su memorial de subsane de demanda señala “La misma autoridad hace mención la nulidad de la Escritura Pública N° 349/1982 con la superficie de 28.648.40 m2, pero se aclara que viene de otra partida matriz, por lo que no es necesario anular en la presente demanda, toda vez que tiene antecedente dentro de una acción penal por delitos, ilícito que pretende sobreponer…”; en ese entendido para ser viable la nulidad de las Escrituras Públicas N° 272/1983 y N° 663/2012, primigeniamente debía existir una identificación con la falsedad de la Escritura Pública N° 349/1982, ya que éste originó la suscripción de los documentos acusados de nulos; es decir, primero debió presentarse una Sentencia ejecutoriada que declare la nulidad de la Escritura Pública N° 349/2982, para aplicar de esa manera el principio de retroactividad a las escrituras públicas acusadas de nula, por lo que al no existir, se mantendrán las demandadas de nulidad, salvaguardando los derechos de la parte a las vías legales.

En cuanto al agravio del punto 2), tomando en cuenta que la parte recurrente sostiene que la minuta de transferencia efectuado por Teófilo Maqui Flores y otros es nulo por falta de forma prevista por ley; es preciso tener presente que la forma del negocio jurídico, en algunos casos requieren de ciertos elementos formales para ser válidos; es decir, para que el negocio jurídico surta efectos legales, el mismo debe cumplir con las solemnidades exigidas por ley, en este entendido nuestro Código Civil, regula este extremo en el art. 491, en ese sentido las alegaciones de que la minuta de transferencia es nula por falta de forma, tal extremo carece de sustento legal por cuanto la norma citada establece qué negocios jurídicos deben cumplir con las solemnidades exigidas, para que surta efectos legales, empero, al no subsumir lo alegado en la normativa legal vigente, el agravio carece de sustento legal.

En cuanto al agravio del punto 3), si bien el recurrente sostiene que no se valoró el Informe Pericial (a fs. 13 a 57) por el cual se determina que la Escritura Pública N° 389/1982 es un documento falsificado, en el caso, sólo se demandó la nulidad de las Escrituras Públicas N° 272/1983 y N° 663/2012 y no así el N° 389/1982; además, es preciso hacer hincapié, que si bien la parte recurrente presentó el Informe pericial, pero la misma fue producida en otro proceso –prueba trasladada-, la misma para ser válida en la presente causa, debió cumplir con ciertos requisitos para su respectiva valoración, como ser: a) que se trate de una copia auténtica u original, b) que sea pública y contradictoria por la parte contraria quien se aduce en el nuevo proceso, y c) haber intervenido las mismas partes, requisitos dispuestos por el Auto Supremo N° 723/2018, por consiguiente al no haber cumplido con los mismos, no tiende a ser válida en la presente causa y por ende no puede ser valorada.

Sobre el agravio del punto 4), se debe tener presente que el poder especial, suficiente y bastante, se refiere a un mandato circunscrito a un determinado objeto o gestión y a algunos otros actos complementarios, siendo limitado para algo específico; revisado la Escritura Pública N° 272/1983, se advierte que en el mismo se transcribe el Testimonio de Poder N° 518 en el cual se establece lo siguiente: “…Que, confiere Poder Especial y Suficiente, cual por derecho se requiere en favor del señor Luis Lorenzo Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Tejar” Ltda., para que en representación de sus personas, acciones y derechos (…) aceptar cheque, convenir precios, formas de pago, firmar documentos públicos y/o privados, escrituras, minutas, protocolos (…)”, de tal extremo se advierte que Luis Lorenzo Rodríguez a momento de la suscripción de la escritura Pública N° 272/1983, tenía poder especial y suficiente para suscribir el mencionado documento, por lo que no se puede alegar que no tenía poder.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Remigio, Ana maría y Valentina Zenobia calle Silva en representación de Simón Calle Calle, mediante memorial de fs. 1505 a 1507 vta., que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">El recurrente en el recurso de casación acusó que:

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<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">El Auto de Vista N° 836/2024 de 22 de noviembre, incurre en error de hecho en la apreciación de la prueba de la minuta de fecha “diciembre de 1982” que está relacionado con la Escritura Pública N° 272/1983 de 6 de julio, toda vez que en relación al mismo, la resolución aludida señaló de que, su persona no cumplió con la carga de la prueba, dando a entender que durante el proceso debió probar los hechos señalados, cuando las realidades objetivas de la nulidad cursan en la escritura pública, por cuanto a momento de suscribir la cesión gratuita ente Lorenzo Rodríguez y los representantes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no se tuvo el cuidado de señalar la personería jurídica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Tejar”.

</li>

<li style="margin:0 0 0 2400;">Incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba en cuanto al examen de la Escritura Pública N° 272/1983 de 6 de julio, toda vez que no observó que dicho instrumento viola flagrantemente la Ley General de Sociedad Cooperativas de 13 de septiembre de 1958 y el Consejo Nacional de Cooperativas, que claramente establecen que las Cooperativas de Ahorro y Crédito, no tienen la finalidad de realizar actos de enajenación de bienes por imperio de su art. 24; sin embargo, para cualquier donación, requieren la decisión de la Asamblea general de Socios al ser este el Órgano Supremo de decisión trasuntado en un acta, documento que no contiene, por lo que, la cesión gratuita es nulo por violación de las citadas leyes.

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<li style="margin:0 0 0 2400;">Incurre en apreciación errónea en cuanto a la prueba de la Escritura Pública N° 272/83, al alegar que contra el mismo no se cumplió con la carga argumentativa, cuando no es necesario que se invoque por la parte la ley violada.

</li>

</ol>

Fundamentos por los cuales, solicita se pronuncie Auto Supremo casando el Auto de Vista recurrido y se declare probada en parte la demanda interpuesta y se declare nulo y sin valor el contenido de la Escritura Pública N° 272/1983 de 06 de julio, la minuta sin fecha diciembre de 1982 y protocolo de 06 de julio de 1983.

2. Contestación al recurso de casación:

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto representado por Mónica Eva Copa Murga, alcaldesa de dicho municipio, representada legalmente por Orlando Camacho Cuevas, Marcos Marca Quispecahuana y Antonio Ramos Gómez, por memorial cursante de fs. 1511 a 1517 vta., respondieron al recurso de casación, solicitando en lo principal que:

El recurso de casación incoado no vislumbra qué es lo que pretende, puesto que en ella sólo se hace una relación de hechos ajenos a la demanda, incurriendo en incongruencia entre lo demandado, demostrado y resuelto.

El recurrente dentro del proceso no demostró la concurrencia de las causales de nulidad prevista en el art. 549 num. 1, 2 y del Código Civil en relación a las Escrituras Públicas N° 272/1983 y N° 663/2012; es decir, no se dio cumplimiento al art. 1283.I del Código sustantivo civil que señala, quien pretende en juicio un derecho, debe probar el hecho o hechos que fundamentan su pretensión; es más, ingresó en contradicción al pretender sorprender a la autoridad invocando la nulidad de la Escritura Pública N° 349/1982, que no era parte de su pretensión.

Por lo referido, solicitan se declare infundado el recurso.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Tejar” Ltda., representada por Ramón Lorenzo Rodríguez Arze, mediante memorial cursante de fs. 1519 a 1521 vta., contestó al recurso de casación, expresando:

El recurrente, no expresa qué causales de nulidad invocó en la demanda, ni argumentó ni probó los mismos, las nulidades no pueden acontecer coetáneamente o simultáneamente solo al acusar un determinado acto de nulo, sino se debe justificar y probar cada causal de nulidad conforme a los arts. 547 y 549 del Código Civil, lo cual no ocurrió.

La Cooperativa “El Tejar” no es sujeto de derecho público, sino de derecho privado, pero para un fin de su propia comunidad, por lo que no debe confundirse el enfoque de su actividad (de alcance e interés social a nivel general o específico) con su naturaleza jurídica privada (al no haber sido nacionalizada o creada por un decreto Supremo o con fondos estatales), esto conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas de 13 de septiembre de 1958, que dicho de paso en su art. 24 no prohíbe a una Cooperativa a disponer de sus propios bienes, por lo cual la sesión gratuita efectuada por la Cooperativa es válida jurídicamente.

El recurrente en el proceso acusó la existencia de supuestas causales de nulidad de la Escritura Pública N° 349/1982 y del N° 272/1982; sin embargo, ahora contradictoriamente asevera que el objeto de la demanda no fue la nulidad de la Escritura pública señalada, sino de la Escritura Pública N° 272/1982, lo que implica una incoherencia entre sus actos procesales y el recurso de casación.

En merito a lo expuesto solicita se declare infundado el recurso de casación.

La Junta de Vecinos de la Urbanización “Cooperativa El Tejar, representado por Amalia Condori Paredes y Dámaso Quispe Callisaya, en calidad de tercero coadyuvante, mediante memorial de fs. 1528 a 1530 vta., contestó al recurso de casación, expresando:

El memorial de recurso de casación describe una serie de hechos que no guardan relación, así en relación al supuesto error de hecho, el recurrente sustenta el supuesto error en relación a la minuta inserta en la Escritura Pública N° 272/1983 de 6 de julio pese a que en recurso de apelación no se señaló como agravio, lo cual inhabilita a ser considerado, al margen de lo anterior tampoco se demostró el supuesto error en la valoración cometido por el Auto de Vista.

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