AS/0955/2024-RA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 955/2024-RA

Sucre, 14 de junio de 2024

ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

Proceso: Cochabamba 194/2024

I. DATOS GENERALES

Por memorial de casación presentado el 8 de febrero de 2024, Esteban Condori Adrián, cursante de fs. 342 a 348 vta., impugna el Auto de Vista 480/2023 de 29 de diciembre de fs. 293 a 298 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y FUBE en representación de AAA, por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual, previsto en el art. 312 segunda parte del Código Penal (CP).

II. ANTECEDENTES

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

II.1. Sentencia.

Por Sentencia 33/2023 de 8 de mayo (fs. 221 a 250), el Juzgado de Sentencia, contra la Violencia hacia la Mujer Nº 3 de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Esteban Condori Adrián, culpable de la comisión del delito de Abuso Sexual, calificado conforme los arts. 312 del CP, imponiendo la pena de 12 años de reclusión, más costas y pago de responsabilidad civil a favor de la víctima y el Estado.

II.2. Apelación restringida.

Contra la referida Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida de fs. 293 a 298 vta., resuelto por Auto de Vista 480/2023 de 29 de diciembre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso apelado por consiguiente confirmó la Sentencia en todas sus partes.

III. MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

El recurrente manifiesta que el Tribunal de Apelación realizó defectuosa valoración probatoria conforme establece el art. 173 con relación al art. 370 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), puesto que no consideró: “1.- LAS DECLARACIONES DE LA MENOR HAN IDO MODIFICANDOSE A TRAVES DEL TIEMPO, ES DECIR PRIMERO DIJO UNA COSA Y LUEGO LA AGRAVO MUCHO MAS LA SIGUIENTE DECLARACION, TODO ESTO MANIPULADO POR SU MADRE. 2.- TODAS CONSIDERACIONES ERA TENDENCIOSA Y DIRIGIDA, POR SU MADRE YA QUIEN ES ELLA QUIEN TENIA UN INTERES MANIFIESTO Y CIERTO PARA PERJUDICARME. 3.- POR PARTE DE SU OTRA HIJA ANAYELI QUE SUPUESTAMENTE MI PERSONA HABRIA ABRAZADO O SEGÚN ELLA BESADO A SU HERMANA MAYELI Y QUE DESPUES ES QUE LA MADRE HABLA CON.....Y QUE ESTA NO SABEMOS COMО, PERO PRESUMIMOS QUE POR MEDIO DE AMENAZAS, MALOS TRATOS, HA FORZADO A SU HIJA A DECLARAR HECHOS QUE JAMAS PASARON, 4.- COMO SE INICIA EL PROCESO, A TRAVEZ DE UNA CARTA DE LA HIJA MENOR DE CELIA CORIA, QUIEN SEGÚN SU APRECIACION VERIA ALGO MALO, QUE YO LE HABRIA ABRAZADO Y BESADO Y SU AUTORIDAD NO HA VALORADO LA DECLARACION DE ESTA MENOR, DONDE HABLA DE UNA SOLA OPORTUNIDAD, Y QUE NO HA VISTO NUNCA MAS NADA, TAMPOCO HA CONSIDERADO DE QUE ESTA MENOR SIEMPRE HA ESTADO EN EL LUGAR JUNTO CON SU HERMANA Y SU MAMA, ESTO DEMUESTRA QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS HA VISTO ALGO EXTRAÑO, YA QUE ESTO NUNCA HA EXISTIDO Y QUE LA MENOR MELANY CORIA ESTA MINTIENDO, MANIPULADA Y AMENAZADA POR SU MADRE. 5.- QUE SE HA DEMOSTRADO DE QUE MI MADRE LE DEBIA UN DINERO A LA DENUNCIANTE CELIA CORIA Y QUE NO LE ESTABAN PUDIENDO PAGAR. Y MAS AUN LA DENUNCIANTE CELIA CORIA EN SU PRIMERA DECLARACION Y CONVERSANDO CON MI PERSONA Y CON MI MADRE INDICA QUE YO HABRIA VIOLADO A MELANY; OJO ESTA CONCLUSION LA SACA DESPUES DE HABER HABLADO CON MELANY, LO QUE DEMUESTRA DE QUE QUIEN HA FABRICADO TODO ESTE HECHO INVENTANDOSE UNASITUACION, Y OBLIGANDO A SU HIJA A MENTIR ES CELIA.”, aspecto que violenta lo establecido en el art. 124 del CPP, y sus derechos y garantías constitucionales como el debido proceso, derecho a la defensa y la publicidad de los actos jurisdiccionales puesto que: “EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, SI BIEN CONSIDERÓ QUE LA SENTENCIA INCURRÍA EN EL DEFECTO COMPRENDIDO EN EL ARTS. 173 Y 370 DEL CPP, DICHO ARGUMENTO CARECE DE FUNDAMENTO, SUFICIENCIA Y CLARIDAD EN TORNO AL TIPO PENAL DE ABUSO SEXUAL PARA CONSIDERARSE QUE EXISTIÓ INOBSERVANCIA DE LA LEY SUSTANTIVA, VIOLÁNDOSE DE ESA MANERA EL ART. 124 DEL CPP, ADEMÁS EL DEBIDO PROCESO, EL DERECHO A LA DEFENSA Y LA PUBLICIDAD DE ACTOS JURISDICCIONALES. ESTE MOTIVO FUE ADMITIDO FLEXIBILIZANDO REQUISITOS DE APERTURA DE COMPETENCIA ANTE LA DENUNCIA ARGUMENTADA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE RANGO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE SE TENGA POR FUNDAMENTADO Y JUSTIFICADO EL RECURSO, SIEMPRE AMPLIANDO LO FAVORABLE, ES QUE EL TRIBUNAL SUPREMO, TENGA LOS ELEMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS PARA HACER JUSTICIA.”, concluye solicitando se anulen las resoluciones y se dicte una nueva que tome en cuenta toda la prueba y le otorgue valor a las mismas respecto al delito de abuso Sexual.

Con relación a la temática abordada invoca en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos 45 de 28 de enero de 2003, 119 de 23 de abril de 2005, 247 de 18 de agosto de 2005, 1510/2022-RRC de 10 de noviembre, “217/2014 de 4 de junio 18 de agosto de 2005” y 254/2014-RRC de 30 de julio; Así mismo, cita la Sentencia Constitucional 1401/2003-R de 26 de septiembre.

IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL PARA EL ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determina el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que: “Los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas”, Por su parte, este Tribunal Supremo de Justicia, precisó que: “(…) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizarlo en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la administración de justicia”.