AS/0956/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0956/2025

Fecha: 02 de septiembre de 2025

Expediente: PT-13-25-S

Partes: Froilán Valeriano Alfaro, Leonardo Maíz Flores, Eduardo Valeriano Rojas, Florencia Choque Choque y Félix Quispe Manchego c/ Jhonny Mario Garnica Hilario, Olga Ofelia Aguanta Delgado, Paulino del Rio Mur Villca, Mabel Arcenia Delgado, Roger Martin Toconas Chávez, Noemí Llanque Mollo, Roberto Calani Condori, Wilson Villca Flores y María Magdalena Luis Gira.

Proceso: Rendición de cuentas.

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 839 a 842 vta., interpuesto por Jhonny Mario Garnica Hilario, Mabel Arcenia Delgado, Olga Ofelia Aguanta Delgado y Roger Martin Toconas Chávez contra el Auto de Vista N° 066/2025 de 25 de abril, corriente de fs. 815 a 822 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso ordinario de rendición de cuentas, seguido por Froilán Valeriano Alfaro, Leonardo Maíz Flores, Eduardo Valeriano Rojas, Florencia Choque y Félix Quispe Manchego contra los recurrentes; el Auto de concesión de 02 de junio de 2025, visible a fs. 846 vta., Auto Supremo de admisión N° 0641/2025- RA del 26 de junio, corriente de fs. 852 a 853 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Froilán Valeriano Alfaro, Leonardo Maíz Flores, Eduardo Valeriano Rojas, Florencia Choque Choque y Félix Quispe Manchego por memorial de demanda cursante de fs. 77 a 86 vta., subsanado a fs. 127 y vta., fs. 279 a 285, promovieron el proceso ordinario de rendición de cuentas contra Jhonny Mario Garnica Hilario, Olga Ofelia Aguanta Delgado, Paulino del Rio Mur Villca, Roger Martin Toconas Chávez, Mabel Arcenia Delgado, Noemí Llanque Mollo, Roberto Calani Condori, Wilson Villca Flores y María Magdalena Luis Gira, los primeros cuatro una vez citados, según escrito visible de fs. 315 a 320, contestaron de forma negativa y opusieron excepciones de cosa juzgada e impersonería; pretensión que, mereció el Auto de 06 de octubre de 2022, obrante de fs. 485 vta. a 490, por la que el Juez Público, Civil y Comercial 1° de Tupiza - Potosí, declaró IMPROBADAS las excepciones planteadas; con relación a Mabel Arcenia Delgado, Noemi Llanque Mollo, Wilson Villca Flores y Roberto Calani Condori, se los declaró en Rebeldía por Auto de 10 de agosto de 2022, cursante a fs. 335 y vta., Auto de 25 de agosto de 2022, cursante a fs. 344 vta. y Auto de 16 de septiembre de 2022, cursante a fs. 359 y vta.; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 39/2022 de 20 de octubre, corriente de fs. 560 a 567 vta., por la cual el Juez Público, Civil y Comercial 1° de Tupiza-Potosí, declaró IMPROBADA la demanda ordinaria de rendición de cuentas; además, de condenar en costas y costos.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Froilán Valeriano Alfaro, Leonardo Maíz Flores, Eduardo Valeriano Rojas, Florencia Choque Choque y Félix Quispe Manchego según escrito de fs. 583 a 589, originó que la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emita el Auto de Vista N° 066/2025 de 25 de abril, corriente de fs. 815 a 822 vta., el cual REVOCÓ la Sentencia y en consecuencia declaró PROBADA la demanda de rendición de cuentas, bajo los siguientes argumentos:

- El objeto de la demanda es la rendición de cuentas del manejo de los bienes e intereses del Proyecto San Gerardo por parte del anterior Directorio a cargo de la parte demandada, el cual al estar legalmente constituido conforme las documentales visibles de fs. 72 a 76 y su Estatuto Orgánico de la entidad; ante ello, dicho Directorio estuvo a cargo en su momento de la parte demandada, por ende tenía la obligación de cumplir con la rendición de cuentas; además, de restituir la documentación y otros bienes, aspectos que no se aprecia fueron valorados por el Juez de primera instancia; consiguientemente, no aplicó correctamente el principio de congruencia entre lo pedido, lo demandado y lo resuelto; en otras palabras no se puede decidir sobre cuestiones que no fueron debatidas en el proceso ni conceder más de lo solicitado por las partes.

- Debe entenderse que según el objeto de la prueba, el Juez dispuso dos puntos concretos a probar para la parte demandante: 1) Demostrar que tiene acción y derecho a exigir se les rinda cuentas sobre la administración de los bienes del Proyecto San Gerardo; y, 2) Demostrar que los demandados tienen la obligación de rendir cuentas a los demandantes; al respecto, cabe señalar que como agravio se tiene manifestado que el Juez A quo no valoró las declaraciones testificales de cargo, extremo que se tiene advertido, apreciando que se desestimó las referidas declaraciones testificales de cargo, a pesar de que éstos formaban parte del aludido Proyecto; en consecuencia, por lo expresado y conforme señala el art. 186 del Código Procesal Civil concordante con el art. 1330 del Código Civil, se observa que el Juez de instancia no obró correctamente a tiempo de emitir la sentencia.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Jhonny Mario Garnica Hilario, Mabel Arcenia Delgado, Olga Ofelia Aguanta Delgado y Roger Martin Toconas Chávez, según escrito visible de fs. 839 a 842 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

Del contenido del recurso de casación.

De la revisión del recurso de casación interpuesto por Jhonny Mario Garnica Hilario, Mabel Arcenia Delgado, Olga Ofelia Aguanta Delgado y Roger Martin Toconas Chávez, se observa que, en lo trascendental de dicho medio de impugnación, acusaron lo siguiente:

a) El Auto de Vista realizó una incorrecta interpretación sobre el alcance jurídico de los estatutos y reglamentos del Proyecto San Gerardo; toda vez que, no fueron cumplidos los arts. 11, 12 y 13 del estatuto, elementos que no fueron observados y valorados al revocar la Sentencia de primera instancia.

b) Incorrecta valoración probatoria, al no acreditar que la parte demandante actuó en representación de un menor de edad o un beneficiario del Proyecto San Gerardo; por lo que, no contarían con legitimación activa y carecerían de personería para reclamar derecho de rendición de cuentas.

Fundamentos por los cuales, solicitaron se case el Auto de Vista N° 066/2024 de 25 de abril; y, deliberando en el fondo se declare improbada la demanda de rendición de cuentas. Con costas y costos.

2. De la contestación al recurso de casación.

La parte demandada, debidamente notificada con el recurso de casación en análisis, no contestó al mismo.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la rendición de cuentas.

Respecto a la rendición de cuentas, el Auto Supremo N° 388/2021 de 04 de mayo ha efectuado un amplio entendimiento que señala: “Respecto a la rendición de cuentas, corresponde citar el aporte doctrinario de Alsina, que al respecto señala lo siguiente: ´La obligación de rendir cuentas resulta de un principio de razón natural, pues únicamente quien tiene derecho exclusivo sobre un bien puede usar de él libremente sin estar en la necesidad de rendir cuenta a nadie de su conducta. Quien no se halle en tal situación y administre bienes total o parcialmente ajenos, debe rendir cuentas de ello aun cuando haya existido gestión común o mancomunada...´El citado criterio es compartido por Morales Guillén, quien al comentar el art. 687 del Código de Procedimiento Civil, señala: ´En la materia, la regla es: quien haya administrado bienes, gestionado negocios total o parcialmente ajenos, aunque sean comunes del administrador o gestor con otra persona, o quien haya ejecutado un hecho relativo al manejo de fondos o de bienes que no le pertenecen en propiedad exclusiva, está obligado a presentar las cuentas de su administración o gestión, a menos que esté dispensado expresa o tácitamente por quien tiene derecho a exigirlas o examinarlas o por la ley´.

En esa misma lógica el actual Código Procesal Civil en su art. 357.I refiriéndose a la procedencia de dicha acción señala: ´Toda persona que se considerare con derecho a exigir rendición de cuentas de otra, podrá pedir se declare por la autoridad judicial que esté obligado a rendirlas.´; de lo expuesto se infiere que todo aquel que administre o gestione negocios ajenos por cuenta o en interés de un tercero, está obligado a rendir cuentas de su actuar; en ese entendido, aquel que considere tener derecho de exigir rendición de cuentas a otra, debe acudir ante la autoridad judicial para que esta declare dicha obligatoriedad, es decir, que la petición de rendición de cuentas supone la existencia probada del derecho de exigirlas y de la obligación de rendirlas.

En otras palabras, la rendición de cuentas es la obligación que tiene toda persona que ha administrado un bien o un negocio dentro de una sociedad, a fin de presentar un detalle de las operaciones efectuadas, ingresos obtenidos, saldos en contra y toda la documentación de cuanta operación se haya efectuado, todo ello con el fin de definir el estado de lo administrado en el negocio.

En concordancia con lo expuesto en el Auto Supremo Nº 1029/2015-l de 16 de noviembre razonó lo siguiente: ‘…el proceso de rendición de cuentas tiene por finalidad concreta, la determinación de la obligación o no de rendirlas, para ello ha de comprobarse legalmente si el demandado puede ser compelido a rendir las cuentas de su administración o gestión y si el demandante tiene el derecho de exigirlos”.

De lo referido se entiende por rendición de cuentas a la obligación que contrae quien ha realizado actos de administración o de gestión, por cuenta o en interés de un tercero, y en cuya virtud debe suministrar a éste un detalle circunstanciado y documentado acerca de las operaciones realizadas, estableciendo, eventualmente, el saldo al deudor o acreedor resultante en contra o favor del administrador o gestor. La rendición de cuentas constituye la forma legalmente prevista para acreditar la adecuada gestión de bienes ajenos.

II.2. De la legitimación.

Al respecto el Auto Supremo N° 997/2016 de 24 de agosto orientó: “El art. 115.I de la Constitución Política del Estado, señala lo siguiente: ´I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos’, como se podrá apreciar, la norma constitucional describe la defensa de los derechos y los intereses legítimos de las personas, debe ser protegida por los operadores judiciales, consiguientemente, la norma activa la función jurisdiccional, siempre y cuando se trate de los intereses legítimos que las partes deben acreditar.

Mostrando 37 de 73 parrafos.

Texto del fallo

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