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TSJReiteradora

AS/1071/2018

Tribunal Supremo de Justicia
30 de octubre de 2018CivilMag. Juan Carlos Berrios Albizu

Derecho Civil / Derecho Civil Sustantivo / Contratos / Ineficacia e invalidez / Nulidad y anulabilidad / Nulidad / Causales / Por error esencial en el objeto / No procede

El recurrente rechaza las aseveraciones efectuadas por el Ad quem respecto a la inexistencia de causales de nulidad para que se dé curso a la demanda planteada, por cuanto de su parte considera que demostró la violación del art. 452 del Código Civil, ante la falta del objeto del contrato y por ende ...

Proceso
RECURSO DE CASACION/ORDINARIO/NULIDAD DE ESCRITURA PÚBLICA Y DE DOCUMENTOS
Sala
Civil
Año
2018

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Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 1071/2018

Fecha: 30 de octubre de 2018

Expediente: LP-10-18-S

Partes: Miguel Ángel Reyes Gumucio. c/ La Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “La Primera”.

Proceso: Nulidad de escritura pública y de documentos.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 242 a 246, interpuesto por Miguel Ángel Reyes Gumucio, contra el Auto de Vista N° 206/2017 de 27 de Abril, cursante de fs. 237 a 240 vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de Nulidad de escritura pública y de documentos, seguido por Miguel Ángel Reyes Gumucio contra La Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “La Primera”, el Auto de concesión de fs. 250, el Auto Supremo de Admisión N° 90/2018-RA de fs. 254 a 255, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

La Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia N° 15/2014 de 20 de enero, cursante de fs. 197 a 201, declarando PROBADA la demanda, con costas y dispuso la nulidad de la Escritura Pública Nº 2803/2008 de 24 de junio de 2008 y en ejecución de Sentencia la cancelación del asiento A4 y Asiento B1 de gravámenes que se hallan registrados en el Folio Real N° 2.01.0.99.0042914 y la nulidad de los documentos de 19 de mayo de 2008 y 20 de mayo de 2008.

Asimismo emitió el Auto de Complementación de 7 de noviembre de 2014 de fs. 203, por el que determinó complementar la Sentencia, disponiendo: “1.- ‘…Michel George Kondo Carvajal…’. 2,6,9 y 10.- ‘Martha Estela Gumucio vda. de Serrano…’ 3.- ‘…910 Av. Hugo Ernst…’ 4 y 15.- ‘…Escritura Pública N° 2803 de 24 de junio de 2008 suscrito ante Notaria Dra. Silvia Noya Laguna…’. 5.- ‘…Escritura N° 216/2008…’. 7.- ‘…Miguel Angel Reyes Gumucio…’. 8.- ‘…Michael George Kondo Carvajal…’. 11.- ‘…Michael George Kondo Guardia…’. 12.- ‘…Pedro Kondo Guardia…’. 13.- ‘…Pedro Kondo Guardia…’. 14.- ‘…Folio N° 2010990042914…’.16.- ‘…Suscritos por MIGUEL ANGE REYES GUMUCIO, LORE INDIRA ARGANDOÑA MARTINEZ Y PEDRO KONDO GUARDIA…” (sic); adicionalmente, pronuncio el auto de rechazo a la solicitud de aclaración, explicación y enmienda de 11 de febrero de 2015 de fs. 206 vta.

Contra la referida Resolución, Lore Indira Argandoña interpuso recurso de apelación por memorial de fs. 209 a 215 vta., resuelto por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien emitió el Auto de Vista N° 206/2017 de 27 de abril, cursante de fs. 237 a 240 vta., por el cual REVOCÓ la sentencia impugnada, el Auto de 17 de noviembre de 2014 de fs. 203 y Auto de 11 de febrero de 2015 de fs. 206 vta., sin costas; por consiguiente declaró IMPROBADA la demanda de fs. 32 a 36, bajo los siguientes argumentos:

Señala que la Sentencia vulnera la lógica al carecer de coherencia alegando dentro de un proceso de nulidad, causales para la resolución de un contrato, no siendo conexos y que contienen tratamientos distintos.

En el caso de Autos se argumenta que el hecho de no haber accedido a un préstamo bancario se subsumiría en la causal de nulidad prevista en el art. 549.1 y 2 del Código Civil, aspecto equivocado, pues no puede considerarse como una causa nacida en el momento de la celebración del acto, y que el pago si fue efectuado en su integridad, por lo que los argumentos de la demanda como de la Sentencia serian improcedentes, contrario sensu el incumplimiento en el pago de la obligación, no es causal para pretender la nulidad del negocio jurídico, sino es causal para su resolución o cumplimiento.

En los contratos de compraventa el objeto directo es el crear, transmitir derechos y obligaciones, transferir el dominio de una cosa por una parte y pagar un precio cierto de dinero, por la otra y el objeto indirecto es la conducta que deben cumplir las partes, es decir, transmitir la cosa y pagar el precio en el presente proceso, indica que es evidente que los actos jurídicos impugnados de nulidad tiene un objeto posible, licito y determinado, por ende surten todos sus efectos entre sus suscribientes ya que el objeto para el vendedor es transmitir el dominio o propiedad de un departamento ubicado en la calle Saliente Av. Hugo Ernest, pasaje 4 No. 910 tercer piso departamento 301 de la zona de Següencoma, por su parte los compradores tendrían como objeto el pagar el precio de la compra, en el caso concreto pagar al vendedor $us. 51.000, obligaciones que fueron efectuadas.

Precisa que en ambas obligaciones el objeto era posible, pues se encontraban dentro del comercio humano y realizables, asimismo eran lícitos, ya que no van en contra del ordenamiento jurídico, menos les es prohibido, finalmente están determinados, en la ubicación precisa, cuantum por lo que tanto en la Escritura Pública Nº 2803/2008 así como en los documentos privados de 19 y 20 de mayo de 2008 no falta el objeto del contrato y menos los requisitos señalados por Ley.

Tampoco la Ley señala alguna forma sacramental para la celebración del contrato de compraventa, por lo que no procedería la nulidad de los mismos.

Aspectos que no fueron observados por la parte demandante resultando infundada la pretensión, puesto que el hecho de que se haya o no accedido a un préstamo bancario para pagar la compraventa no constituye causal para la nulidad de un acto.

Adicionalmente refieren que los documentos de anticipo de legítima no fueron materia del caso de Autos y si el apelante pretendía la declaración judicial de bien propio sobre el departamento debió acudir ante autoridad competente.

En cuanto al certificado emitido por Michael George Kondo Carvajal de fs. 309 no enervaría lo expuesto al no constituir prueba que acredite las causales de nulidad aducidas, además de contradecir la confesión provocada de fs. 135 “C” – 135 “D”, donde hace énfasis a que el precio fue pagado por los compradores en decisión familiar, por lo que la Juez a quo no habría resuelto de forma adecuada, resultando evidentes las afirmaciones del entonces apelante.

Auto de Vista, contra el que Miguel Ángel Reyes Gumucio planteó recurso de casación mediante memorial de fs. 242 a 245, objeto del presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

El Tribunal de alzada inobservó que demostró la existencia de las causales de nulidad.

La parte recurrente advierte que no es evidente las afirmaciones del Tribunal de alzada al sostener que no existen las causales de nulidad invocadas y que si bien la Mutual La Primera no desembolso el crédito, ello no constituiría una causal de nulidad y que la Juez de primera instancia vulneró el principio de congruencia y de pertinencia.

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Máxima

OBJETO Y LA CAUSA DEL CONTRATO/La doctrina refiere que para la causa de un contrato no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico- social que se vaya a cumplir.

Datos del proceso

Demandante
Miguel Ángel Reyes Gumucio.
Demandado
La Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “La Primera”.
Proceso
RECURSO DE CASACION/ORDINARIO/NULIDAD DE ESCRITURA PÚBLICA Y DE DOCUMENTOS
Magistrado relator
Juan Carlos Berrios Albizu

Precedente

Auto Supremo N° 504/2014 de fecha 8 de septiembre 2014, el cual ha señalado: “Ahora el objeto de un contrato o de un convenio, debe reunir ciertos requisitos, conforme a los que señala el art. 485 del Código Civil, debe ser posible, lícito y determinado o determinable, cuando el Código hace referencia al requisito de lo posible, señala que la prestación prometida sobre un bien debe pertenecer al obligado y en el caso de una venta, el cual el objeto del contrato resulta ser la transferencia del derecho de propiedad de un bien, y este bien debe pertenecer al vendedor, de ello se deduce que la transferencia del derecho propietario tenga un objeto posible, conlleva a señalar que el vendedor se encuentra en la posibilidad de transferir dicho bien. Lo propio sucede cuando se trata de una división y partición de terrenos, los copropietarios tengan la posibilidad de dividir dicho bien, o sea, que el bien debe existir en el patrimonio de los copropietarios, por eso se dice que la cosa debe ser cierta, en sentido de que los copropietarios sean titulares de dicho bien y el mismo exista objetivamente y tratándose de bienes sujetos a registro, deben estar respaldos con el título y su pertinente registro, así demostrados se entenderá que el bien se encuentra dentro del patrimonio de los copropietarios y por ello que dicha división puede ser posible, porque los titulares tienen en su patrimonio el bien descrito que será dividido. Sobre la causa ilícita y motivo ilícito, corresponde remitirnos al Auto Supremo N° 311 de 17 de junio de 2013, en el que se señaló lo siguiente: “La causa ilícita, en nuestra legislación ha sido interpretada en el Auto Supremo Nº 252/2013 de 17 de mayo en el que se indicó que: “Ahora el Código Civil en lo pertinente "De la causa de los contratos" en su art. 489 refiere: "(Causa Ilícita) La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa". En lo referente, nuestra legislación, conforme la corriente doctrinaria moderna, aceptó a la causa como un elemento constitutivo del contrato, entendiendo a ésta en la función económica-social que el contrato desempeña, tesis defendida por Mazeaud, entre los más destacados, que al exponer sus argumentos de la causa indicaba que "…ésta cumple una función económico- social, que el contrato cumple, y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intensión personal de cada una de las partes". De igual criterio podemos citar a Carlos Miguel Ibañez (Derecho de los contratos, 2010, pág. 358) que señala: "…la causa es la finalidad inmediata y directa que se propone el que se obliga, y esa finalidad es igual para todos los que celebran un mismo contrato con igual carácter en él. Todo comprador se propone la adquisición de una cosa, todo vendedor la obtención del precio en dinero. Entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto…". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa Sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico-social que se vaya a cumplir. La causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; en contrario sensu, se puede referir un contrato con causa ilícita cuando las partes persigan una finalidad económico- práctica contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral).

Tribunal Supremo de Justicia30 de octubre de 2018AS/1071/2018Fuente oficial