AS/1192/2022-RA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1192/2022-RA

Sucre, 26 de septiembre de 2022

ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

Proceso: Oruro 172/2022

I. DATOS GENERALES

Por memorial de casación presentado el 8 de agosto de 2022, cursante de fs. 544 a 562., José Luis Coca Alcalá impugna el Auto de Vista 48/2022 de 20 de junio, de fs. 497 a 508 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y Edson Miliboy Challapa Lisperguer, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP).

II. ANTECEDENTES

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

II.1. Sentencia.

Por Sentencia 06/2021 de 2 de marzo (fs. 115 a 150), el Tribunal de Sentencia Primero del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a José Luis Coca Alcalá autor de la comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del CP, imponiendo la pena de 4 años de privación de libertad, con costas.

II.2. Apelación restringida.

Contra la referida Sentencia, José Luis Coca Alcalá formuló recurso de apelación restringida (fs. 226 a 252), que fue resuelto por Auto de Vista 48/2022 de 20 de junio, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.

III. MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

La parte recurrente rememorando los antecedentes del caso y de su recurso de apelación restringida, denuncia que el Tribunal de alzada emitió una resolución fuera de los alcances de los arts. 124 y 398 del CPP y carente de congruencia al resolver la apelación incidental y los defectos de Sentencia previstos en el art. 370 incs. 3), 1) y 6) del CPP. Además de la existencia el defecto de Sentencia establecido en el art. 370 inc. 5) del CPP, es decir; i) la resolución de la excepción por duración máxima del proceso; ii) la resolución de la ausencia de una determinación circunstanciada de los hechos, la errónea aplicación de la normativa sustantiva del art. 271 del CP, la errónea y defectuosa valoración de la prueba, y que la sentencia se basa en valoración defectuosa de la prueba; y, iii) la inexistencia de fundamentación de la pena.

Al efecto, invoca en calidad de precedentes contradictorios a los Autos Supremos 368/2012-RRC de 5 de diciembre, 304/2012 de 23 de noviembre, 396/2014-RRC de 18 de agosto, 14/2013-RRC de 6 de febrero, “248/201-RRC de 10 de octubre” (sic), 308 de 25 de agosto de 2006 y 326 de 12 de noviembre de 2012.

IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL PARA EL ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determina el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que: “Los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas”, Por su parte, este Tribunal Supremo de Justicia, precisó que: “(…) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizarlo en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la administración de justicia”.

Debe agregarse que el derecho de impugnación si bien está reconocido constitucionalmente, está desarrollado por las normas de desarrollo constitucional, debiendo atenerse en cada caso a lo que establezcan las mismas; en cuyo mérito, los sujetos procesales tienen la carga de formular los recursos que la norma adjetiva regula, cumpliendo con las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, de acuerdo a las previsiones del art. 396 inc. 3) del CPP.

Además, debe tenerse presente, que el art. 17-II de la Ley del Órgano Judicial, dispone que: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”.

Con relación al recurso de casación, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; en tanto que, el art. 417 del Código de Procedimiento Penal, establece los requisitos que deben ser observados para su formulación. El primero relativo a una exigencia temporal, en sentido que debe ser presentado dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.