AS/1205/2022-RA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1205/2022-RA

Sucre, 26 de septiembre de 2022

ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

Proceso: Potosí 51/2022

I. DATOS GENERALES

Por memorial de casación presentado el 28 de junio de 2022, cursante de fs. 426 a 432, Dennis Romero Cari impugna el Auto de Vista 43/2022 de 20 de junio, de fs. 414 a 421, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público e Inocencia Martínez en contra del recurrente, por la presunta comisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 en relación con el art. 20 del Código Penal (CP).

II. ANTECEDENTES

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

II.1. Sentencia.

Por Sentencia 36/2021 de 21 de diciembre (fs. 274 a 294 vta.), el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Dennis Romero Cari, autor de la comisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 en relación al art. 20 del CP, imponiendo la pena de quince años de privación de libertad.

II.2. Apelación restringida.

Contra la referida Sentencia, el recurrente formuló recurso de apelación restringida (fs. 350 a 362 vta.), resuelto por Auto de Vista 43/2022 de 20 de junio, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.

III. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Manifiesta el recurrente que el Tribunal de Alzada no se hubiera pronunciado respecto a los puntos impugnados vulnerando los derechos a la tutela efectiva y el debido proceso, este último en su vertiente del derecho a la defensa y presunción de inocencia.

En perspectiva del recurrente, en el caso de autos no se hubiera demostrado el delito endilgado previsto en el art. 251 del CP, ya que en el transcurrir del juicio oral, el Ministerio Público no demostró con ninguna prueba ya sea científica o técnica su participación en el ilícito.

El recurso explica que lo alegado por el Ministerio Público fue que el 16 de septiembre del 2020, el imputado y víctima hubieran consumido bebidas alcohólicas, y que a raíz de ello, se hubiera cometido el delito, sin precisar cuál el móvil para el desenlace de este hecho, para luego arrastrar el cuerpo del domicilio del imputado hacia la calle, aspecto que al existir cámaras de seguridad por el lugar no hubieran gravado este suceso, el argumento del Ministerio Público se atuvo a señalar que es la ropa misma que hubiese estado mojada, aspecto corroborado por el testigo FFCG, siendo estas pruebas las que fueron tomadas en cuenta para la sentencia condenatoria; analizando que el Tribunal de Alzada, en su resolución no fundamenta el agravio reclamado con relación a la valoración de la prueba, cometiendo incongruencias y negando el derecho al debido proceso en su vertiente derecho a la defensa establecidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal (CPP), concordantes con los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Con relación a la temática planteada invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 329 de 29 de agosto de 2006, 417/03 de 19 de agosto de 2003, 442 de 15 de octubre de 2005 y 57 de 1 de febrero 2003.

IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL PARA EL ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determina el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que: “Los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas”, Por su parte, este Tribunal Supremo de Justicia, precisó que: “(…) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizarlo en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la administración de justicia”.

Debe agregarse que el derecho de impugnación si bien está reconocido constitucionalmente, está desarrollado por las normas de desarrollo constitucional, debiendo atenerse en cada caso a lo que establezcan las mismas; en cuyo mérito, los sujetos procesales tienen la carga de formular los recursos que la norma adjetiva regula, cumpliendo con las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, de acuerdo a las previsiones del art. 396 inc. 3) del CPP.

Además, debe tenerse presente, que el art. 17-II de la Ley del Órgano Judicial, dispone que: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”.

Con relación al recurso de casación, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; en tanto que, el art. 417 del Código de Procedimiento Penal, establece los requisitos que deben ser observados para su formulación. El primero relativo a una exigencia temporal, en sentido que debe ser presentado dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

El segundo requisito relativo a su contenido, que exige la invocación de un precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, cuya mención y cita no resulta suficiente, al tener la carga procesal el recurrente de señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; debiendo exponer fundadamente la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia; a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos, de modo que resultará insuficiente la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal.

En cuanto a la prueba, la única admisible es el precedente contradictorio que deberá ser invocado a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio al formular el recurso de casación.