AS/1227/2024-RA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1227/2024-RA

Sucre, 19 de julio de 2024

ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

Proceso: Oruro 95/2024

I. DATOS GENERALES

Por memorial de casación presentado el 22 de mayo de 2024, cursante de fs. 133 a 141 vta., Juan Carlos Aguilar Cucho, impugna el Auto de Vista 31/2024 de 13 de mayo, cursante de fs. 122 a 127, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Feminicidio en grado de Tentativa, previsto y sancionado por el art. 252 Bis num. 5) con relación al art. 8 del Código Penal (CP).

II. ANTECEDENTES

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

II.1. Sentencia.

Por Sentencia 34/2023 de 3 de octubre (fs. 45 a 60 vta.), el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Juan Carlos Aguilar Cucho, autor de la comisión del delito de Feminicidio en grado de Tentativa, previsto y sancionado por el art. 252 Bis num. 5) con relación al art. 8 del CP, “en grado de AUTOR conforme al art. 20 del Código Penal” (sic), imponiendo la pena de veinte años de presidio, más el pago de costas y responsabilidad civil a favor de la víctima y el Estado averiguables en ejecución de Sentencia.

II.2. Apelación restringida.

Contra la Sentencia, el imputado Juan Carlos Aguilar Cucho, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 66 a 78 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista 31/2024 de 13 de mayo, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.

III. MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Previa exposición de antecedentes procesales, reclama el recurrente que, el Auto de Vista impugnado no cuenta con una debida fundamentación, aspecto que provoca inobservancia del art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y constituye defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) de la referida norma adjetiva; en cuyo mérito, citando a las Sentencias Constitucionales 1075/2003-R de 24 de julio, 1146/2003-R de 12 de agosto, que establecerían el marco normativo y jurisprudencial respecto al recurso de apelación restringida, señala que, el Tribunal de alzada realizó apreciaciones genéricas, considerando que se presentaron 6 recursos de apelación restringida, generando un vacío de fundamentación y solamente en una pequeña parte hizo referencia a su recurso, sin explicar fundadamente los motivos por los cuáles determinó la improcedencia del mismo, cuando de la lectura de su recurso de apelación se observa que cumplió con todos y cada uno de los requisitos, en primer lugar expresó como agravio que la Sentencia adolecía de insuficiente fundamentación fáctica, probatoria intelectiva y jurídica, en lo atinente a la comprobación del hecho acusado y el grado de participación que provoca la inobservancia del art. 124 del CPP, defecto de Sentencia contenido en el art. 370 num. 5) de la referida norma adjetiva, que constituye defecto absoluto al tenor del art. 169 num. 3) del CPP; además, expuso precedentes contradictorios alegando que lamentablemente el Tribunal de mérito no realizó ningún análisis vinculado a la fundamentación respecto al grado de participación penal ya que ninguna de las pruebas lo incriminó, vulnerando la misma lo previsto por el art. 173 del CPP, lesionando “el debido proceso la falta de fundamentación en la sentencia”; por lo que, correspondía determinar su absolución; sin embargo, el fallo recurrido incurrió en carencia de fundamentación.

Añade el recurrente; “INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA SENTENCIA SOBRE LA EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PENAL EN EL DELITO ATRIBUIDO GRADO Y EL PROCESO, DE SUBSUNCIÓN REALIZADO, QUE PROVOCA LA INOBSERVANCIA DEL ART. 124 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. EN ESTE ULTIMO CASO, PREVISTO COMO DEFECTO DE SENTENCIA QUE SE ENCUENTRA PREVISTO EN EL IN.5) DEL ART. 370 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL” (sic).

Citando la Sentencia Constitucional 1289/2010-R de 13 de septiembre, alega que, toda Sentencia debe contar con la debida fundamentación y motivación como elemento del debido proceso.

Invoca como precedentes contradictorios a los Autos Supremos 99 de 24 de marzo de 2005, 14 de 26 de enero de 2007, 724 de 26 de noviembre de 2004, 66 de 27 de enero de 2006 y 314 de 25 de agosto de 2006.

IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL PARA EL ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determina el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que: “Los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas”, Por su parte, este Tribunal Supremo de Justicia, precisó que: “(…) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizarlo en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la administración de justicia”.

Debe agregarse que el derecho de impugnación si bien está reconocido constitucionalmente, está desarrollado por las normas de desarrollo constitucional, debiendo atenerse en cada caso a lo que establezcan las mismas; en cuyo mérito, los sujetos procesales tienen la carga de formular los recursos que la norma adjetiva regula, cumpliendo con las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, de acuerdo a las previsiones del art. 396 inc. 3) del CPP.