AS/1557/2023-RA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1557/2023-RA

Sucre, 06 de octubre de 2023

ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

Proceso: Oruro 124/2023

I. DATOS GENERALES

Por memorial de casación presentado el 15 de agosto de 2023, cursante de fs. 85 a 87 vta., Nelsy Devia Torrez, impugna el Auto de Vista 053/2023 de 26 de julio, de fs. 69 a 76, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Tráfico, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (L 1008).

II. ANTECEDENTES

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

II.1. Sentencia.

Por Sentencia 08/2023 de 8 de febrero (fs. 36 a 42), el Juez de Sentencia 7° en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Nelsy Devia Torrez, autora de la comisión del delito de Tráfico, previsto y sancionado por el art. 48 en relación al art. 33 inc. m) de la L 1008, imponiendo la pena de diez años de privación de libertad, más el pago de 2.000 días multa a razón de Bs. 0,50 por día.

II.2. Apelación restringida.

Contra la referida Sentencia, el Ministerio Púbico, formuló recurso de apelación restringida (fs. 46 a 48 vta.), resuelto por Auto de Vista 053/2023 de 26 de julio (fs. 69 a 76), emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declarando procedente el recurso planteado e imponiendo a la imputada la pena de doce años y seis meses de presidio, en lo demás mantuvo firme la Sentencia apelada, con costas contra la parte que se opuso al recurso.

III. MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Previa relación de antecedentes procesales, refiriéndose al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la contestación que interpuso en su contra, la recurrente acusa que el Tribunal de alzada emitió una Resolución con carencia de fundamentación, contradictoria y arbitraria en relación a la fijación de la pena, por cuanto la simple expresión no puede suplir la fundamentación a la que estaba compelido, más aún cuando no se aplicó a su favor el principio de favorabilidad por su condición de mujer extranjera, aspectos que contrariamente fueron considerados por el Tribunal de mérito, constituyéndose este hecho en una flagrante vulneración a la garantía del debido proceso en su elemento fundamentación y motivación.

Respecto al punto invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremo 50 de 27 de enero de 2007, 268 de 25 de abril de 2019 y 99 de 24 de marzo de 2005.

IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL PARA EL ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determina el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que: “Los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas”, Por su parte, este Tribunal Supremo de Justicia, precisó que: “(…) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizarlo en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la administración de justicia”.

Debe agregarse que el derecho de impugnación si bien está reconocido constitucionalmente, está desarrollado por las normas de desarrollo constitucional, debiendo atenerse en cada caso a lo que establezcan las mismas; en cuyo mérito, los sujetos procesales tienen la carga de formular los recursos que la norma adjetiva regula, cumpliendo con las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, de acuerdo a las previsiones del art. 396 inc. 3) del CPP.

Además, debe tenerse presente, que el art. 17-II de la Ley del Órgano Judicial, dispone que: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”.

Con relación al recurso de casación, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; en tanto que, el art. 417 del Código de Procedimiento Penal, establece los requisitos que deben ser observados para su formulación. El primero relativo a una exigencia temporal, en sentido que debe ser presentado dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

El segundo requisito relativo a su contenido, que exige la invocación de un precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, cuya mención y cita no resulta suficiente, al tener la carga procesal el recurrente de señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; debiendo exponer fundadamente la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia; a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos, de modo que resultará insuficiente la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal.