SE/0001/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">SENTENCIA Nº

FECHA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:001/2025

:20 de junio de 2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:07/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">RECURRENTE

RESOLUCIÓN RECURRIDA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Richard Mamani Martínez.

:Sentencia 12/2019 de 16 de octubre

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA RELATORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Fanny Coaquira Rodríguez.

</td>

</tr>

</td>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA.

El Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada presentado el 9 de enero de 2025 (fs. 67 a 70 vta.) por Richard Mamani Martínez, solicitando la revisión de la Sentencia 12/2019 de 16 de octubre (fs. 535 a 547 de anexos), el Auto Supremo 8/2025 de 17 de marzo (fs.140 a 143 vta.) que determinó la admisión del recurso; la respuesta de la víctima (fs. 168 a 169 vta.), el memorial del Ministerio Público (fs. 175 a 184) los antecedentes del proceso y todo lo que en materia fue pertinente analizar.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES.

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Como antecedentes del proceso se tiene que, el Tribunal de Sentencia Nº 1 de las Provincias de Nor y Sud Cinti con asiento en Camargo del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió la Sentencia 12/2019 de 16 de octubre (fs. 535 a 547 de anexos), emergente del proceso penal signado como Causa N° 18/2017, con NUREJ 1070304, seguido por el Ministerio Público a denuncia de Tredina Martínez Bellido, por la presunta comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño y Adolescente, tipificado en el art. 308 bis del Código Penal (CP) declarando al ahora recurrente, autor del delito referido imponiendo la condena privativa de libertad de veinte años de presidio; a cumplirse en la cárcel pública de Morros Blancos de la ciudad de Tarija. De la revisión de obrados se advierte que, contra la referida Sentencia no se presentó ninguna impugnación; librándose Mandamiento de Condena Nº 05/2023 de 6 de marzo (fs. 588 de anexos).

Por otro lado, se tiene la Sentencia 71/2024 del 8 de agosto, emitida por el Juzgado de Sentencia Penal Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante la cual se condena a Tredina Martínez Bellido quien fue denunciante original y hermana de la víctima en el proceso referido ut supra, por la comisión del delito de Acusación y Denuncia Falsa, previsto en el art. 166 del CP (fs. 28 a 56). Asimismo, la Sentencia 13/2025 de 13 de febrero, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción contra la Violencia Hacia las Mujeres del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que condenó a Ángel Gabriel Gómez Martínez como autor material del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, incurso en el art. 308 bis., con la pena de veinticinco años de presidio; y a Tredina Martínez Bellido como autora penalmente responsable del delito de Encubrimiento conforme a los arts. 20 y 171 del CP, imponiéndole dos años de reclusión (fs. 121 a 129).

El recurrente Richard Mamani Martínez, interpone Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada mediante escrito de 9 de enero de 2025 (67 a 70 vta.), que fue observado por providencia de 20 de enero de 2025 (fs. 73), el memorial de 13 de marzo de 2025, que subsana observaciones (fs. 135 a 138 vta.); amparado en la aplicación del art. 421.2 y 4.a y b del Código de Procedimiento Penal (CPP).

El recurrente fundamenta su pretensión impugnativa en dos causales taxativamente previstas por el ordenamiento procesal penal:

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">Sobre la causal establecida en el art. 421.2 del CPP, la prueba falsa declarada judicialmente, aduce la acreditación de falsedad de los medios probatorios en los que se sustentó la condena, circunstancia reconocida por fallo judicial; pues el recurrente sostiene que la Sentencia 12/2019 de 16 de octubre, fue dictada con base en elementos probatorios cuya falsedad ha sido judicialmente reconocida mediante decisión firme y ejecutoriada. En ese sentido, refiere la existencia de la Sentencia 71/2024 de 8 de agosto, emitida por autoridad jurisdiccional competente, a través de la cual se condena a Tredina Martínez Bellido por el delito de Acusación y Denuncia Falsa, tipificado en el art. 166 del CP. Aquella sentencia constituye prueba indubitable y autónoma de que la denuncia que dio lugar a la persecución penal en su contra fue dolosamente fabricada, por lo que el juicio de condena se sustentó en hechos mendaces y testimonios falaces que comprometieron el derecho fundamental a la presunción de inocencia, conforme el art. 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE), el debido proceso establecido por el art. 115. II de la CPE y las garantías del juicio justo reconocidas por el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

</li>

<li style="margin:0 0 0 2400;">Sobre el descubrimiento de hechos nuevos y prueba sobreviniente de acuerdo al art. 421.4.a y b del CPP, la aparición de hechos nuevos y el descubrimiento de elementos probatorios sobrevinientes, los cuales, por su carácter objetivo, novedoso y determinante, resultarían suficientes para acreditar su no participación en el hecho punible por el cual fue condenado; a efecto de sustentar esta causal, expone los siguientes elementos probatorios sobrevinientes:

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 7707;">Declaración extrajudicial de la presunta víctima, Beatriz Martínez Bellido, quien al alcanzar la mayoría de edad, ha prestado una declaración extrajudicial en la que identifica como autor del hecho ilícito a su cuñado, Ángel Gabriel Gómez Martínez, y afirma que fue objeto de presiones, amenazas y coacción por parte de su hermana, Tredina Martínez Bellido, para que incrimine falsamente a Richard Mamani Martínez.

</li>

<li style="margin:0 0 0 7707;">Medios de prueba documentales complementarios y convergentes, declaración de la víctima el 13 de octubre de 2022, en la que reitera lo manifestado extrajudicialmente.

</li>

<li style="margin:0 0 0 7707;">Informes sociales que dan cuenta de las condiciones de vulnerabilidad y coerción a las que fue sometida la víctima.

</li>

<li style="margin:0 0 0 7707;">Publicaciones de medios de prensa que reproducen declaraciones posteriores de la víctima, en las que desmiente categóricamente su imputación original.

</li>

<li style="margin:0 0 0 7707;">Acusación formal emitida por el Ministerio Público, que invoca la existencia del proceso penal seguido en contra de los verdaderos responsables, identificado con CUD 60112012201678, en el que el Ministerio Público, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, formalizó imputación contra Ángel Gabriel Gómez Martínez y Tredina Martínez Bellido, ratificando los extremos denunciados en este recurso y consolidando la hipótesis de inocencia del recurrente.

</li>

<li style="margin:0 0 0 7707;">Sentencia 13/2025 de 13 de febrero (fs.121 a 129) pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción contra la Violencia Hacia las Mujeres del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija que condenó a Ángel Gabriel Gómez Martínez como autor material del delito de Violación de Infante Niño, Niña y Adolescente, previsto por el art. 308 bis del CP, con una pena de veinticinco años de presidio, y a Tredina Martínez Bellido como autora penalmente responsable del delito de encubrimiento ilícito conforme a los arts. 20 y 171 del CP, imponiéndole dos años de reclusión.

</li>

</ol>

</li>

</ol>

En virtud de todo lo expuesto, el recurrente sostiene que se ha configurado plenamente la concurrencia de causales legalmente previstas para la revisión extraordinaria, debiendo el Tribunal de revisión ejercer un control material sobre la validez sustantiva de la sentencia condenatoria cuestionada, a efectos de restituir la vigencia de las garantías constitucionales vulneradas y preservar la legalidad sustantiva del orden jurídico.

En consecuencia, solicitó que se declare la admisibilidad del Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada y posteriormente, se disponga la nulidad de la Sentencia 12/2019 de 16 de octubre, se emita fallo absolutorio a su favor, se ordene su inmediata libertad mediante el correspondiente mandamiento, y se disponga la remisión de antecedentes procesales pertinentes, en aplicación de los principios de verdad material, justicia restaurativa, debido proceso, legalidad, presunción de inocencia y primacía de los derechos fundamentales.

I.2 ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA.

Mediante el Auto Supremo 8/2025 de 17 de marzo (fs.140 a 143 vta.), la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declaró admisible el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada planteado por el recurrente, disponiendo diligencias posteriores.

I.3 CONTESTACIÓN DE LA VÍCTIMA.

Mediante memorial de 7 de abril de 2025, (fs. 168 a 169 vta.), Beatriz Martínez Bellido en su calidad de víctima respondió respecto al medio de impugnación argumentando que, su testimonio como víctima prestado cuando contaba con once años de edad fue obtenido bajo coacción psicológica y amenazas por parte de Tredina Martínez Bellido y Ángel Gabriel Gómez Martínez, quienes la indujeron a imputar falsamente al ahora recurrente con el propósito de encubrir la verdadera autoría del ilícito.

Como elemento central de la revisión, se aduce la existencia de nueva prueba decisiva consistente en la declaración testimonial libre y espontánea prestada por la recurrente ante la Cámara Gesell el 13 de octubre de 2022, complementada con el respectivo informe social de la misma fecha, documentos que integran el expediente del proceso posterior seguido bajo el CUD 60112012201678.

En dicho proceso, mediante Sentencia 13/2025 de 13 de febrero de 2025, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción contra la Violencia Hacia la Mujer del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija condenó a Ángel Gabriel Gómez Martínez como autor material del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente con la pena de veinticinco años de presidio, y a Tredina Martínez Bellido como autora penalmente responsable del delito de Encubrimiento conforme a los arts. 20 y 171, todos del CP, imponiéndole dos años de reclusión.

En consecuencia, solicita la declaración de nulidad de la Sentencia 12/2019, la absolución de Richard Mamani Martínez de los cargos que le fueron imputados, y la expedición inmediata del correspondiente mandamiento de libertad.

I.4 CONTESTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Mediante memorial de 13 de mayo de 2025 (fs. 175 a 184), el Ministerio Público solicitó se declare improcedente el recurso presentado bajo los siguientes fundamentos:

La Fiscalía General del Estado, hace mención al art. 308 bis del CP sobre el tipo penal, diversas disposiciones constitucionales y de la Ley 548 – Código Niña, Niño y Adolescente sobre protección de menores, haciendo además una simple y vaga referencia a los Autos Supremos 294/2020, 853/2020 y 197/2022, sin que se extraigan los fundamentos o criterios aplicables al caso.

El Ministerio Público argumenta que las sentencias presentadas como prueba no acreditaban estar ejecutoriadas ni tener calidad de cosa juzgada, requisito esencial para la revisión, ya que señaló que los nuevos elementos no demostraban categóricamente la inocencia del recurrente ni la inexistencia del hecho, destacando que la retractación de la víctima no se produjo en sede judicial ni mediante Cámara Gesell; además subrayó que los nuevos procesos penales versaban sobre hechos distintos al caso original.

El análisis concluyó con la solicitud de declarar improcedente el recurso, por no cumplir los requisitos del art. 421 CPP y carecer de sustento probatorio suficiente para modificar una sentencia ejecutoriada; además, enfatizó los principios de seguridad jurídica y protección especial a víctimas de violencia sexual, destacando la naturaleza excepcional del instituto de revisión.

CONSIDERANDO II: FUNDAMENTOS DE LA SALA PLENA.

El Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada constituye una de las instituciones jurídicas más excepcionales del ordenamiento procesal penal, en tanto que tiene como propósito esencial desvirtuar la fuerza jurídica de la cosa juzgada material, cuando se evidencian hechos nuevos, pruebas sobrevinientes o irregularidades graves que, no obstante, al haber escapado del conocimiento de la autoridad jurisdiccional al momento de la emisión de la sentencia, poseen la virtud de comprometer la legitimidad del fallo y revelar un error judicial sustancial que debe ser corregido.

Desde una perspectiva constitucional, el ordenamiento jurídico boliviano reconoce a través del art. 115.II de la CPE, “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, el cual no se agota en la mera posibilidad formal de acceder a la justicia, sino que implica también el acceso a medios procesales idóneos y eficaces que permitan la reparación de eventuales violaciones a los derechos fundamentales, incluso luego de haberse dictado sentencias firmes, en observancia del principio de justicia material. Este principio se vincula con el art. 180.II de la CPE, que consagra el principio de impugnación, y con el art. 116.I, que erige la presunción de inocencia como pilar fundamental del proceso penal.

En ese marco, el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada se encuentra regulado por el art. 421 del CPP, que establece taxativamente seis causales en virtud de las cuales puede promoverse esta impugnación extraordinaria. Su carácter cerrado (numerus clausus) responde a su condición excepcional y a la necesidad de preservar la seguridad jurídica y la estabilidad de las resoluciones judiciales firmes. Sin embargo, su excepcionalidad no puede transformarse en un obstáculo para la consecución de la justicia, ya que su sentido último es corregir errores judiciales manifiestos y reparar condenas que, a la luz de nuevos elementos objetivos y decisivos, resulten incompatibles con la verdad material e histórica de los hechos.

Doctrinalmente, el recurso de revisión ha sido conceptualizado como una "acción de rescate de la verdad material", según Fernando de la Rúa en su obra “La Casación Penal” refiriéndose al Recurso de Revisión de Sentencia Ejecutoriada, define: “Por esta vía se procura, por excepción, rescindir sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, cuando se verifica fehacientemente que alguno de los elementos que le dieron fundamento es falso o distinto, de manera tal que pudo conducir al error judicial”; el mismo jurista en la mencionada obra, cita el entendimiento asumido por David, Fégoli, Agusti, Leonardo A y otro, en la Causa 29, señalando: “El pedido (…) se debe fundar en nuevos elementos de juicio por haber sido antes desconocidos o por derivar de acontecimientos producidos con posterioridad al pronunciamiento impugnado, desde que no estuvieron ni pudieron estar al alcance del juzgador hasta después que dictó su sentencia (…)”.

Sobre el mismo medio de impugnación, el jurista nacional William Herrera Añez en su obra “El Proceso Penal Boliviano”, refiere: “Este recurso tiene la finalidad esencial de atacar la cosa juzgada y hacer prevalecer el valor justicia sobre el de seguridad jurídica que inspira la cosa juzgada. El legislador ha tenido que sopesar si, en un momento dado, el valor seguridad jurídica debe sobreponerse al valor justicia; en otras palabras, el legislador se ha visto obligado a solucionar el terrible problema que supone considerar que un mecanismo, como el de la cosa juzgada, que está pensado como medio de seguridad apto para conseguir la justicia, puede en ocasiones ser un elemento que propicie situaciones clamorosamente injustas. (…) En todo caso, la finalidad del recurso es rescindir sentencias condenatorias formal y materialmente válidas, firmes pero injustas cuando existen elementos probatorios que demuestren las condiciones contenidas en la Ley Nº 1970”.

En doctrina, se ha sostenido que la prueba nueva debe ser objetiva, exógena, ajena al proceso fenecido y con alto valor de convicción, lo que implica que no debe haber sido valorada en el juicio original y que, de haberlo sido, habría alterado sustancialmente el contenido de la sentencia condenatoria.

Por su parte nuestra legislación en el art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales pronunciados en la jurisdicción ordinaria, en esta lógica el art. 184 núm. 7) de la Norma Suprema, señala como atribución del Tribunal Supremo de Justicia, “conocer y resolver casos de revisión extraordinaria de sentencia”, precepto concordante con el art. 38 núm. 6) de la Ley 025 del Órgano Judicial (LOJ); además, se prevén de forma clara y precisa, cuáles son los casos o ante qué hechos, procede este recurso extraordinario, para la materia en análisis; el art. 421 CPP, en relación con la argumentación de la recurrente, señala: “(PROCEDENCIA). Procederá el recurso de revisión de las sentencias condenatorias ejecutoriadas, en todo tiempo y a favor del condenado, en los siguientes casos:

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">Cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten incompatibles con los establecidos por otra sentencia penal ejecutoriada;

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Cuando la sentencia impugnada se funde en prueba cuya falsedad se declaró en fallo posterior ejecutoriado;

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de delitos propios de la función judicial, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior ejecutoriado;

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos, se descubran hechos preexistentes o existan elementos de prueba que demuestren:

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">Que el hecho no fue cometido,

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Que el condenado no fue autor o partícipe de la comisión del delito, o,

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Que el hecho no sea punible.

</li>

</ol>

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna; y

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">Cuando una sentencia del Tribunal Constitucional tenga efecto derogatorio sobre el tipo o norma penal que fundó la condena.

</li>

</ol>

Por otro lado, el Ministerio Público, si bien es parte esencial del proceso penal y titular de la acción penal pública conforme al art. 225 de la Constitución Política del Estado, no es órgano de decisión ni intérprete final de la verdad procesal, su intervención en el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada tiene naturaleza de parte interesada, y su criterio no vincula al juez, quien debe resolver con independencia, imparcialidad y sometimiento exclusivo a la Constitución, la ley y la valoración integral del conjunto probatorio, conforme lo establecido por el art. 178.I de la CPE.

El art. 173 del CPP establece que la valoración de la prueba es una atribución exclusiva del juez, quien debe fundar su decisión de forma lógica, armónica y razonada, pues aceptar sin cuestionamiento el criterio fiscal implicaría abdicar de la función jurisdiccional, lo cual está constitucionalmente prohibido.

CONSIDERANDO III: RESOLUCIÓN DEL CASO.

Corresponde precisar que el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada tiene la característica de ser extraordinario y tiene un trámite específico, por ello no puede constituir parte del proceso que dio origen a la sentencia; siendo un mecanismo a través del cual se busca la invalidación de una sentencia que adquirió firmeza y autoridad de cosa juzgada, en procura de reivindicar la justicia material; porque la verdad procesal declarada es disonante con la verdad histórica del acontecer objeto de juzgamiento; esta demostración sólo es posible jurídicamente dentro del marco que delimitan las causales taxativamente señaladas en la ley.

La procedencia del Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, al ser instituido para invalidar sentencias condenatorias, debe sustentarse en alguna de las causales contenidas en el art. 421 del CPP, en relación con los arts. 25 Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; es decir, cuando existan elementos nuevos y distintos a los que determinaron su decisión, por resultar incompatibles con situaciones relevantes posteriormente descubiertas o por circunstancias sobrevinientes. La causal de procedencia debe estar sustentada en prueba que posibilite cuestionar la resolución condenatoria ejecutoriada y tenga la fuerza suficiente para declararla ineficaz jurídicamente, de ahí que, quien promueva la revisión de sentencia condenatoria penal, debe acompañar la prueba que sea equiparable al fallo cuya revisión se pretende, de tal naturaleza que demuestre que el sentenciado estuvo gravemente impedido de acceder a ella y que por su importancia afectaría sustancialmente el curso de la resolución motivo de revisión.

De igual manera, el art. 423 del CPP prevé que el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada debe interponerse acompañando la prueba correspondiente y contendrá la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables; en el caso de autos, el recurrente por una parte ampara su pretensión en las causales establecida en el art. 421.2 y 421.4 en los incs. a y b del CPP, en el caso sub examine, se evidencia que el ciudadano Richard Mamani Martínez fue condenado mediante Sentencia 12/2019, dictada por el Tribunal de Sentencia 1° de las provincias Nor y Sud Cinti, el 17 de octubre de 2019, a una pena de 20 años de presidio, por la supuesta comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP, dicha sentencia fue declarada firme y ejecutoriada al no haber sido objeto de recurso ordinario posterior.

Mostrando 158 de 316 parrafos.

Texto del fallo

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