SE/0005/2025

Texto del fallo

<div>

SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">SENTENCIA Nº

FECHA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:005/2025

:20 de junio de 2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:15/2019

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">RECURRENTE

RESOLUCIÓN RECURRIDA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Ángel Gabriel Condori Villca.

:Sentencia 43/2009 de 8 de noviembre

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADO RELATOR

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Carlos Eduardo Ortega Sivila.

</td>

</tr>

</td>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA.

El Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada presentado el 25 de marzo de 2019 (fs. 347 a 349 vta.) por Ángel Gabriel Condori Villca, solicitando la revisión de la Sentencia 43/2009 de 8 de noviembre (fs. 177 vta. a 186 vta.), el Auto Supremo 105/2019 de 17 de julio que determinó la admisión del recurso; el memorial del Ministerio Público (fs. 379 a 390 y 393 a 400) y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES.

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Como antecedentes del proceso se tiene que, el Tribunal de Sentencia Nº 1 del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió la Sentencia 43/2009 de 8 de noviembre (fs. 177 a 186 vta.), declarando autor y culpable al recurrente de la comisión del delito de Violación de Niño, Niña, y Adolescente, incurso en el art. 308 bis con el agravante del art. 310 numerales 2, 3 y 4 ambos del Código Penal (CP) imponiendo la pena de 25 años de presidio a cumplirse en el Centro Penitenciario de El Abra en Cochabamba, más costas en favor del Estado y la víctima.

Contra la referida Sentencia, se interpuso el Recurso de Apelación Restringida (fs. 217 a 224), siendo resuelto mediante el Auto de Vista 2/2010 de 6 de enero (fs. 259 a 261) que declaró la improcedencia del recurso; ante ello, se formuló el Recurso de Casación (fs. 288 a 289 vta.) resuelto mediante el Auto Supremo 509/2013 de 16 de octubre (fs. 329 a 331), que declaró infundado el recurso de Casación (fs. 288 a 289 vta.).

Asimismo, consta de fs. 332 a 333 las notificaciones realizadas con el Auto Supremo 509/2013 de 16 de octubre a Ángel Gabriel Condori Villca, Raúl Quispe Ylacio en representación de Edith Quispe Ylacio, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y al Fiscal General del Estado, y el decreto de la Presidencia del Tribunal de Sentencia Nro. 1 del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declara ejecutoriada la Sentencia (fs. 337).

I.2 ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA.

Mediante el Auto Supremo 105/2019 de 17 de julio (fs. 352 a 353), la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declaró admisible el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada planteado por el recurrente, con los siguientes argumentos:

Invocando los art. 4 del CP, 123 de la Constitución Política del Estado, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de la SCP 1742/2013 de 21 de octubre y Auto Supremo 548 de 10 de octubre de 2014, el recurrente refiere que, a tiempo de dictarse la Sentencia el quantum de la pena prevista por el art. 308 Bis del CP, era de 15 a 20 años de reclusión, más 5 años por la concurrencia de las agravantes previstas en el art. 310.2, 3 y 4 del CP, imponiéndosele en consecuencia una pena de 25 años de presidio; sin embargo, señala que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia Ley 348, modifico el art. 310 del CP, abrogando las agravantes contenidas en los incisos 2 y 3, persistiendo únicamente la prevista en el inciso 4, que actualmente se encontraría en el inciso g) del art. 310 del CP.

Así arguye que, el segundo considerando de la Sentencia el Tribunal de Juicio tomo como un parámetro para la fijación del quantum de la pena, que el hecho ocasiono indudablemente en la niña una lesión psicológica que puede afectar negativamente en su personalidad, existiendo el riesgo de que no logre superar el hecho, por lo que se estimó imponer la sanción previa en el grado máximo y agravantes referidas, sin embargo, al encontrarse las dos de las tres agravantes abrogadas, como se tiene establecido considera que las modificaciones introductorias por Ley 348, son favorables a su persona, lo cual incidiría en el ámbito de la esfera de su libertad.

Por ello concluye que correspondería la modificación de la pena impuesta a una mínima de 15 años, más la agravante de 5 años, siendo en consecuencia su pena de 20 años de presidio según los alcances de los principios de favorabilidad y retroactividad de la ley prevista en el art. 123 de la CPE; invocando como causal de procedencia del medio de impugnación, el art. 421.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.3 CONTESTACIÓN DE LA VÍCTIMA.

Por Auto Supremo 105/2019 de 17 de julio, la Sala Plena a tiempo de admitir el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada dispuso librar la provisión citatoria a los efectos de realizar la notificación a Edith Quispe Ylacio – madre de la víctima – en representación de la acusación particular diligencia de comunicación procesal que fue ejecutada mediante edictos (fs. 478 a 483), el mismo que fue publicado de manera virtual con fecha de vigencia de 12 de agosto de 2024 a 12 de septiembre de 2024 en el Portal Web Oficial del Tribunal Supremo de Justicia sin que la ciudadana Edith Quispe Ylacio se haya apersonado ni respondido a los extremos contenidos en el Recurso, intentando por el recurrente no obstante el tiempo transcurrido.

Conforme los dispuesto por el Auto Supremo 105/2019 de 17 de julio de 2019, se puso en conocimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en representación de la Víctima, quien pese a haber sido legalmente notificado mediante provisión (fs. 420 a 437), constatándose en obrados que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no se apersonó ni presento respuesta al presente proceso.

I.4 CONTESTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Mediante memorial de 5 de febrero de 2020 (fs. 393 a 400), el Ministerio Público solicitó se declare improcedente el recurso presentado bajo los siguientes fundamentos:

En el presente caso, cursa una Sentencia que declara autor del delito de Violación al ahora recurrente, imponiendo una sanción de 25 años de reclusión sin derecho a indulto. En ese entendido, el recurrente hubiera amparado su petición en el art 421-5) del CPP, que establece la “…Procedencia del recurso, en todo tiempo y a favor del condenado; en los siguientes casos…”, “…cuando corresponde aplicar retroactivamente la ley penal más benigna…”, En ese entendido hace conocer que en el presente caso se lo hubiera sancionado al recurrente bajo el art. 310 numerales 2, 3 y 4 del CP, con la agravante del art. 310 del CP, siendo un delito por agresión sexual.

Así señala, que el recurrente resulta ser padre de la víctima y que esta situación fue aprovechada para cometer el hecho ilícito delictivo, por ello en esta causal agravante, la victima tendría las menores posibilidades de resistir, además que el daño llega a ser mayor y estaría enmarcado en el inc. g) del art. 310 del CP modificado por el art. 83 de la Ley Nº 348.

Por lo manifestado, también resalta que el recurrente, no acredita que la reducción de dos de las tres agravantes genere la posibilidad de reducir la pena, óptica erróneamente sindicada por el recurrente, ya que en ninguna parte del recurso menciona que la norma que permitiría reducir la sanción al existir una causal que justifique la agravante.

Con lo que concluye el Ministerio Público, solicitando, que declare improcedente el recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada interpuesta por Ángel Gabriel Condori Villca.

CONSIDERANDO V: FUNDAMENTOS DE LA SALA PLENA.

El art. 180.II de la CPE garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales pronunciados en la jurisdicción ordinaria, lo que tiene plena concordancia con el art. 184.7 de la Norma Suprema, respecto al conocimiento y resolución de casos de revisión extraordinaria de Sentencia; aspecto que está íntimamente ligado con el art. 38.6 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), además de tener una relación directa con los arts. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada es un mecanismo a través del cual se busca la invalidación de una sentencia que ha adquirido firmeza y autoridad de cosa juzgada, en procura de reivindicar la justicia material, porque la verdad procesal declarada es disonante con la verdad histórica del acontecer objeto de juzgamiento; esta demostración sólo es posible jurídicamente dentro del marco que delimitan las causales taxativamente señaladas en el CPP; y para ello, se debe sustentar en alguna de las causales contenidas en el art. 421 del CPP.

La causal de procedencia debe estar sustentada en prueba que posibilite cuestionar la resolución primigenia y tenga la fuerza suficiente para declararla ineficaz jurídicamente, de ahí que, quién promueva este medio de impugnación, debe acompañar la prueba que sea equiparable al fallo cuya revisión se pretende.

El legislador en el art. 308 Bis del Código Penal vigente a momento de la emisión de dicha determinación judicial, establecía que: “…Quien tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo menor de catorce (14) años. Penetración anal o vaginal o introdujera objetos con fines libidinosos, será sancionado con privación de libertad de quince (15) a veinte (20) años, sin derecho a indulto, así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento. Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de doce (12) años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de tres (3) años, entre ambos, y no se haya producido violencia ni intimidación…”.

En el mismo cuerpo normativo a través del art. 310, vigente a momento de la emisión de dicha determinación judicial, hacía referencia a las agravantes, donde el legislador a establecido:

“…La sanción privativa de libertad será agravada con cinco (5) años:

1) Si como producto de la violación se produjera alguna de las circunstancias previstas en los artículos 270 y 271 de este Código;

2) Si se produjera un grave trauma o daño psicológico en la víctima;

3) Si el autor fuera ascendiente, descendiente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

4) Si el autor estuviere encargado de la educación o custodia de la víctima, o si ésta se encontrara en situación de dependencia o autoridad;

5) Si en la ejecución del hecho hubieran concurrido dos (2) o más personas;

6) Si el autor utilizó armas u otros medios peligrosos susceptibles de producir la muerte de la víctima; o,

7) Si el autor hubiera sometido a la víctima a condiciones vejatorias o degradantes.

8) Si el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas armadas, fuerzas policiales, o de seguridad privada, en ocasión de sus funciones;

Si como consecuencia del hecho se produjera la muerte de la víctima, se aplicará la sanción correspondiente al asesinato…”.

Por otra parte, el constituyente a través del art. 60 de la CPE señala: “…Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado…”. Y en el art. 61-I) del mismo cuerpo normativo se establece: “…Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad…”. Precepto normativo que tiene plena concordancia con lo previsto en el art. 15.I,II y III de la CPE.

La Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) en su art. 145, al referirse al derecho a la integridad personal de los menores establece:

“I. La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual.

II. Las niñas, niños y adolescentes, no pueden ser sometidos a torturas, ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

III. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, deben proteger a todas las niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, abuso o negligencia que afecten su integridad personal”.

Misma que tiene plena concordancia con lo previsto en los arts. 9 y 12 a del mismo cuerpo normativo.

Así el art. 148 del mismo cuerpo normativo, al referirse a los derechos a ser protegidos contra la violencia sexual, establece:

“I. La niña, niño y adolescente tiene derecho a ser protegida o protegido contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual. El Estado en todos sus niveles, debe diseñar e implementar políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz de la niñez y adolescencia; así como garantizar programas permanentes y gratuitos de asistencia y atención integral para las niñas, niños y adolescentes abusados, explotados y erotizados.

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 12000;">Son formas de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, las siguientes:

</li>

</ol>

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 9600;">Violencia sexual, que constituye toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente;

</li>

<li style="margin:0 0 0 9600;">Explotación sexual, que constituye toda conducta tipificada en el Código Penal, consistente en cualquier forma de abuso o violencia sexual, con la finalidad de obtener algún tipo de retribución;

</li>

<li style="margin:0 0 0 9600;">Sexualización precoz o hipersexualización, que constituye la sexualización de las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta precoces, permitiendo o instruyendo que niñas, niños o adolescentes adopten roles y comportamientos con actitudes eróticas, que no corresponden a su edad, incurriendo en violencia psicológica; y

</li>

</ol>

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 12000;">Las niñas y adolescentes mujeres gozan de protección y garantía plena conforme a previsiones del Articulo 266 del Código Penal, de forma inmediata”.

</li>

</ol>

CONSIDERANDO VI: RESOLUCIÓN DEL CASO.

De la revisión de los antecedentes del presente caso, se tiene que, conforme al art. 421 del CPP, el recurrente arguyó que la ley con la que fue sentenciado y que venía cumpliendo, fue modificada por la promulgación de la Ley 348 y que estas modificaciones fuesen favorables al recurrente.

Mostrando 140 de 279 parrafos.

Texto del fallo

Lee el fallo completo con Pixi

Datos del proceso