SE/0011/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">SENTENCIA Nº

FECHA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:011/2025

:5 de noviembre de 2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:81/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">RECURRENTE

RESOLUCIÓN RECURRIDA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Jeanine Añez Chávez.

:Sentencia 12/2022 de 10 de junio

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADO RELATOR

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Carlos Eduardo Ortega Sivila.

</td>

</tr>

</td>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA:

El Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada presentado el 19 de septiembre de 2025 (fs. 757 a 783) por Jeanine Añez Chávez, solicitando la revisión de la Sentencia 12/2022 de 10 de junio (fs. 5724 a 5761), el Auto Supremo 180/2025 de 1 de octubre que determinó la admisión del recurso; el memorial de la Procuraduría General del Estado (fs. 1105 a 1116 vta.), Ministerio de Gobierno (fs. 1519 a 1526) y Ministerio Público (fs. 1538 a 1544) respectivamente.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES PROCESALES DE LA REVISION Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA.

I.1. Antecedentes del proceso.

De la revisión de los antecedentes procesales se advierte que el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dictó la Sentencia 12/2022 de 10 de junio (fs. 5724 a 5761), declarando culpable a Jeanine Añez Chávez por la comisión de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los arts. 153 y 154 del Código Penal (CP), imponiendo la pena de diez años de presidio, además del pago de costas procesales y daños ocasionados.

En lo sustancial, la citada sentencia condenatoria, determinó por unanimidad que el Ministerio Público y la acusación particular probaron la responsabilidad penal de Jeanine Añez Chávez, concluyendo que asumió y ejerció funciones presidenciales de manera inconstitucional e ilegal, sin estar en la línea de sucesión establecida en el art. 169 de la CPE.

Se acreditó que Jeanine Añez era Senadora titular por el departamento del Beni, cargo electo por voto ciudadano, lo cual la constituía en servidora pública. Contaba con amplia experiencia parlamentaria y conocimiento de los reglamentos legislativos, al haber ejercido previamente como senadora y constituyente (MP9, MP10, MP80).

El Tribunal estableció que Añez presidió una sesión sin quórum reglamentario y sin convocatoria válida, vulnerando el Reglamento de la Cámara de Senadores.

No hubo convocatoria formal ni orden del día en plazo reglamentario.

La sesión fue suspendida inmediatamente al constatar la falta de quórum.

Testimonios y documentos confirman que solo participaron senadores opositores y que no existía autorización institucional para esa convocatoria (MP21, MP22, MP29).

Se probó que Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, nunca presentó renuncia escrita ni personal, como exige el Reglamento del Senado (art. 31) y la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.

Por tanto, Salvatierra seguía siendo legalmente la presidenta de la Cámara de Senadores, y Añez carecía de legitimidad para autoproclamarse en ese cargo (MP52, PGE-82, MP54).

El Tribunal consideró acreditado que, al 10, 11 y 12 de noviembre de 2019:

Las renuncias de Evo Morales, Álvaro García Linera y Víctor Borda aún no habían sido tratadas ni aceptadas por la Asamblea.

La Primera Vicepresidenta de Diputados, Susana Rivero, seguía en ejercicio de funciones y era, conforme al art. 169 CPE, la siguiente en la línea de sucesión en ausencia de la presidenta del Senado.

Por tanto, no existía vacío de poder que justificara la autoproclamación de Añez (MP1, MP2, MP3, MP35, MP47, MP54).

Asimismo, el Tribunal estableció que el 11 de noviembre de 2019, Añez convocó públicamente a las Fuerzas Armadas por televisión (UNITEL), atribuyéndose facultades que correspondían al Presidente del Estado y violando el art. 246.I de la CPE.

El 12 de noviembre de 2019 ocupó la oficina de la Presidencia del Senado sin estar legalmente habilitada.

Ese mismo día firmó documentos e instruyó a las Fuerzas Armadas a resguardar la Asamblea, actos que el Tribunal calificó como usurpación de funciones (MP8, MP16, MP20, MP50, MP66, MP99).

No se demostró que hubiera existido ninguna sesión formal de la Asamblea Legislativa Plurinacional el 12 de noviembre de 2019, ni grabaciones, ni convocatorias registradas, por lo cual la proclamación de Añez como Presidenta del Estado se realizó fuera del marco legal y constitucional (MP4, MP5, MP7, MP17, MP18, MP19).

El Tribunal sostuvo que Añez se autoproclamó Presidenta del Estado Plurinacional sin que se cumplieran los requisitos formales ni materiales establecidos por el art. 169 de la CPE, que prevé que:

“A falta de la Presidenta o el Presidente del Senado, asumirá la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Diputados”.

Dado que Susana Rivero seguía en funciones, Añez no formaba parte de la línea de sucesión constitucional, incurriendo así en un acto de ruptura del orden constitucional.

El Tribunal resaltó que Añez conocía plenamente los procedimientos legislativos y, pese a ello, decidió incumplirlos deliberadamente, demostrando intención dolosa en su actuar al autoproclamarse sin respaldo normativo.

En base a la valoración conjunta de las pruebas documentales y testificales, el Tribunal concluyó que Jeanine Añez Chávez actuó de manera contraria a la Constitución y las leyes, usurpó funciones y violó el procedimiento de sucesión presidencial, asumiendo el poder sin competencia legal ni legitimidad democrática.

Contra la citada Sentencia, la recurrente presentó Recurso de Apelación Restringida (fs. 6372 a 6421), resuelto mediante el Auto de Vista 59/2023 de 12 de mayo (fs. 8916 a 9090), que declaró procedente en parte el citado recurso, únicamente con relación al agravio vinculado al delito de Incumplimiento de Deberes y a la determinación de la pena. En lo demás, ratificó la declaración de culpabilidad por el delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, previsto y sancionado por el art. 153 del CP, manteniendo la pena de diez años de presidio, más costas y el pago de daños.

Contra el referido Auto de Vista, la recurrente interpuso Recurso de Casación (fs. 9443 a 9457 vta.), el que fue admitido parcialmente mediante Auto Supremo (AS) 1681/2023-RA de 31 de octubre (fs. 9713 a 9753), solamente en relación con el primer y tercer motivo casacional. Posteriormente, el AS 2064/2023-RRC de 22 de diciembre (fs. 9762 a 9809), declaró infundado el recurso de casación, manteniendo firme la decisión impugnada. Finalmente, la ejecutoria de la Sentencia fue declarada mediante Auto de 12 de enero de 2024 (fs. 9816 vta.).

I.2. Admisión del recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada.

Mediante el AS 180/2025 de 1 de octubre (fs. 785 a 787 vta.), la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, declaró admisible el recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada interpuesto por Jeanine Añez Chávez, bajo los siguientes argumentos:

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">La recurrente sustentó su recurso de conformidad al art. 421 inc. 5) del Código de Procedimiento Penal (CPP), que dispone literalmente: “Procederá el recurso de revisión de las sentencias condenatorias ejecutoriadas, en todo tiempo y en favor del condenado, en los siguientes casos: 5) Cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna” (sic).

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La recurrente fue condenada en aplicación de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (Ley 004) de 31 de marzo de 2010, cuando correspondía, según alega, la aplicación de la Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción (Ley 1390) de 27 de agosto de 2021, que se encontraba vigente a momento de la emisión de la Sentencia condenatoria, incorporando modificaciones a los tipos penales de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes e Incumplimiento de Deberes, determinando su aplicación de forma más restrictiva y por consiguiente más favorable al justiciable.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La pretensión condice o guarda armonía con la naturaleza jurídica del recurso de revisión de la sentencia condenatoria ejecutoriada, cuya finalidad es anular Sentencias condenatorias en las que no se hizo una correcta aplicación del principio de legalidad en sus componentes de tipicidad, taxatividad, interpretación restrictiva de las normas penales que hacen a la dignidad personal y retroactividad de la ley penal más benigna.

</li>

</ol>

I.3. Contestación de la Procuraduría General del Estado (PGE), Ministerio de Gobierno y Ministerio Público (MP) a la solicitud de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada.

La Procuraduría General del Estado (PGE), el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público (MP), sostienen que el recurso de revisión extraordinaria interpuesto por Jeanine Añez Chávez es improcedente, porque, según alegan, los temas planteados ya fueron debatidos y resueltos en etapas anteriores del proceso penal, especialmente la aplicación retroactiva de la Ley 1390 como norma penal más benigna.

Sostienen que el AS 180/2025, que admitió la revisión, fue emitido sin la debida fundamentación ni motivación, contraviniendo el debido proceso y la congruencia exigida por la jurisprudencia constitucional, puesto que no valoró las resoluciones anteriores (Auto de Vista 59/2023 y Auto Supremo 2064/2023-RRC) donde ya se había abordado la cuestión de la ley más favorable.

Sostienen además que el AS 180/2025 presenta contradicciones internas, pues admite la revisión por dos delitos cuando la condena se dictó solo por uno, sin justificar la ampliación ni analizar adecuadamente la prueba. Señalan también que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia incurrió en autocontradicción respecto a sus propios precedentes, particularmente el AS 173/2025, donde se estableció que no es posible reabrir debates ya cerrados ni revisar pruebas del juicio oral mediante este recurso extraordinario, por lo que su admisión vulnera la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada.

Asimismo, argumentan que el recurso de revisión tiene una naturaleza excepcional y restrictiva, limitada a corregir errores manifiestos o injusticias evidentes, y no puede ser utilizado como una “tercera instancia” para reexaminar decisiones judiciales. En consecuencia, afirman que la solicitud de Añez carece de sustento jurídico, pues no presenta hechos nuevos ni errores graves que justifiquen la revisión.

También se alega que la admisión del recurso afecta derechos como la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, al prolongar innecesariamente el proceso y generar incertidumbre sobre decisiones ya firmes. Finalmente, enfatizan que la revisión extraordinaria no suspende la ejecución de la sentencia condenatoria y que su admisión indebida contradice los artículos 421, 423, 424 y 427 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que solicitan declarar el recurso manifiestamente improcedente y dejar sin efecto el AS180/2025 que lo admitió.

CONSIDERANDO II: BASES JURÍDICAS CONSTITUCIONALES, NORMATIVAS, DOCTRINALES Y DETERMINACIÓN CONTEXTUAL DE LA SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA QUE SE PRESTENDE SEA REVISADA.

II.1. De la revisión de la sentencia condenatoria ejecutoriada.

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce y garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales que se sustancian en la jurisdicción ordinaria, asegurando a las partes el derecho a recurrir las decisiones judiciales como manifestación del debido proceso y del derecho a la defensa. Esta garantía constitucional guarda plena correspondencia con el art. 184.7 de la misma Norma Suprema, que atribuye al Tribunal Supremo de Justicia la competencia para conocer y resolver los recursos de revisión extraordinaria de sentencia, reafirmando así el carácter excepcional y de control último que reviste este mecanismo.

A su vez, dicho mandato constitucional se encuentra estrechamente vinculado con lo dispuesto en el art. 38.6 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que ratifica la competencia del máximo Tribunal de Justicia para conocer este tipo de impugnaciones excepcionales. Del mismo modo, esta figura se sustenta en los compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano en materia de derechos humanos, particularmente en el art. 25 núm. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que garantiza el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los Jueces o Tribunales competentes, así como en el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), que reconoce el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante Tribunales nacionales competentes frente a actos que vulneren sus derechos fundamentales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha resaltado que los Estados deben garantizar recursos efectivos que permitan la protección de derechos fundamentales, incluso frente a sentencias firmes. No obstante, ha reconocido el carácter extraordinario y restrictivo de la revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada.

En el caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros contra Chile (Sentencia de 2 de septiembre de 2015), citado en este fallo de manera orientadora, se ha referido sobre el recurso de revisión como un recurso excepcional con el fin de evitar que la cosa juzgada mantenga una situación de evidente injusticia debido al descubrimiento de un hecho que, de haberse conocido al momento de dictarse la Sentencia hubiese modificado su resultado, o que demostraría la existencia de un vicio sustancial en la Sentencia.

En ese sentido, la Corte IDH entiende que el recurso de revisión constituye una excepción al principio de cosa juzgada y está orientado a enmendar los errores, irregularidades, o violaciones al debido proceso, cometidos en determinadas decisiones judiciales, para que, en aplicación de la justicia material, se profiera o emita una nueva decisión que resulte acorde al ordenamiento jurídico cuando sea evidente que en esas mismas decisiones se cometieron errores manifiestos o ilicitudes que las vuelven contrarias a derecho. La normatividad interna de varios Estados de la región ha incorporado estos recursos en el marco de sus derechos procesales penales en sujeción al Código Procesal Modelo para Iberoamérica de 1989 que regula la revisión de sentencias firmes a partir del art. 359 y siguientes.

En atención a lo expuesto, debe entenderse que esos recursos se establecen como un remedio contra los actos violatorios de los derechos fundamentales, en los términos del art. 25 de la CADH, cometidos en el desarrollo de un proceso judicial.

Para el profesor Claus Roxin la “revisión del procedimiento” sirve para la eliminación de errores judiciales frente a sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Sobre la cosa juzgada material refiere que la paz jurídica sólo puede ser mantenida, si los principios contrapuestos de seguridad jurídica y justicia son conducidos a una relación de equilibrio, por lo que el “procedimiento de revisión” representa el caso más importante de quebrantamiento de la cosa juzgada en interés de una decisión materialmente correcta. Su idea rectora reside en la renuncia a la cosa juzgada, cuando hechos conocidos posteriormente muestren que la Sentencia es manifiestamente incorrecta de manera insoportable para la idea de justicia.

Nótese que el razonamiento de Roxin sobre la “revisión del procedimiento” refleja una visión profundamente humana y ética del derecho penal. Él no ve la justicia como un simple juego de formas o procedimientos cerrados, sino como una búsqueda constante de la verdad y la corrección moral de las decisiones judiciales.

Cuando sostiene que la paz jurídica sólo puede mantenerse equilibrando la seguridad jurídica con la justicia, nos invita a reflexionar sobre el delicado punto de encuentro entre el respeto a la cosa juzgada, que da estabilidad al sistema judicial, y la necesidad de reparar los errores judiciales cuando estos resultan intolerables para la conciencia jurídica. En otras palabras, el procedimiento de revisión de una sentencia condenatoria ejecutoriada no se constituye en una amenaza a la seguridad jurídica, en tanto tenga por fin la corrección de una decisión manifiestamente incorrecta, en procura de alcanzar materialmente el valor justicia.

Su idea central de renunciar a la cosa juzgada cuando surgen hechos nuevos que revelan la injusticia manifiesta de una sentencia, no debe interpretarse de forma restringida o aislada a una situación fáctica novedosa, en razón a que las distintas legislaciones procesales en materia penal, como en el caso boliviano, establecen otros casos específicos para su procedencia (Art. 421 del CPP), lo que no implica debilitar el sistema de justicia penal, sino reafirmar su legitimidad. En ese sentido, Roxin nos recuerda que el derecho penal no sólo debe proteger el orden social, sino también la verdad y la justicia material, valores sin los cuales la seguridad jurídica pierde su sentido más profundo.

En igual sentido, para el maestro italiano Eugenio Florián “La exigencia de que la sentencia sea conforme a la realidad lo más posible es tan fuerte que se alza contra la sentencia donde no se verifique esto por muy perfecta que sea formalmente. Al interés social de que la cosa juzgada sea respetada e intangible como presunción absoluta de verdad, se sobrepone el interés, individual y social al mismo tiempo, de que la verdad efectiva triunfe y que la inocencia no sea inmolada sobre el altar de una justicia simbólica y aparente. Y esta es la razón de la revisión…”

En este marco normativo, el recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada se erige como un mecanismo extraordinario de control de justicia, cuyo propósito esencial es invalidar una sentencia firme que, pese a haber adquirido autoridad de cosa juzgada, resulta incompatible con la verdad material o histórica de los hechos juzgados. Se trata de un instrumento procesal destinado a restablecer la justicia material, ante circunstancias que evidencian un error judicial grave o una violación sustancial de derechos fundamentales.

Sin embargo, resulta importante aclarar que este recurso no constituye una nueva instancia de valoración probatoria, ni un medio para reabrir el debate jurídico o fáctico del proceso concluido (situación que será objeto de análisis en el acápite de la resolución del caso), sino que procede únicamente por las causales expresamente establecidas en el citado art. 421 del CPP. Dichas causales revisten un carácter taxativo y restrictivo, en virtud del principio numerus clausus, (cláusula cerrada) que impide ampliar su alcance por analogía o interpretación extensiva.

En consecuencia, la revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada se configura como un recurso de carácter excepcional y de naturaleza correctiva, orientado a remediar los errores judiciales manifiestos que pudieran haber lesionado los principios de justicia, verdad material y seguridad jurídica. Representa la última garantía del sistema de justicia penal en el marco de una concepción liberal del derecho penal, en la medida en que permite restablecer la justicia material sobre la verdad formal, asegurando que el principio de cosa juzgada no se convierta en un obstáculo para la realización efectiva de los derechos fundamentales y la búsqueda de la verdad histórica y del valor justicia como una aspiración ético y social del sistema jurídico en general.

Con relación a su finalidad, resulta especialmente ilustrativo lo expuesto por el maestro Julio Bernardo Jorge Maier en su obra Derecho Procesal Penal, Tomo I, pág. 92 y siguientes, cuando explica que:

“La finalidad de este recurso es evitar que una persona inocente sea sometida a una pena o medida de seguridad que no merece, o que un condenado reciba una sanción más grave de la que corresponde.”

Esta afirmación resume con acierto el pensamiento compartido por muchos de los grandes juristas del derecho penal, quienes entienden que la revisión de sentencia no es un simple trámite procesal, sino una herramienta destinada a resguardar el sentido más humano y profundo de la justicia penal. Se trata, en definitiva, de encontrar la verdad y la justicia material, más allá de la “fría” aplicación de la norma a los fines de evitar que una persona sufra una condena injusta o desproporcionada. De ese modo, la acción y recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, reafirma la dimensión ética, social y reparadora del derecho penal, recordándonos que detrás de cada pretensión o solicitud de revisión excepcional de su condena hay una vida que merece ser tratada con dignidad y respeto.

II.2. Sobre la aplicación temporal de la ley penal y el principio de la lex mitior (aplicación de ley penal más favorable).

A la luz del texto constitucional, el principio de retroactividad benigna de la ley penal se erige como una verdadera garantía jurisdiccional en favor de la persona procesada. Este principio, profundamente vinculado con la idea de justicia material, asegura que ninguna persona sea juzgada o sancionada bajo una norma más severa cuando una ley posterior resulte más favorable.

Así lo dispone expresamente el art. 123 de la CPE, al establecer que:

“La ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en (…) materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en los demás casos señalados por la Constitución.”

Este mandato constitucional no se constituye en una simple redacción elaborada por el constituyente, sino en una expresión concreta del valor justicia en el ámbito penal. Implica que el Estado, en su función punitiva, debe actuar con equidad y humanidad, reconociendo que el castigo pierde legitimidad cuando una nueva norma refleja una comprensión más justa o proporcional de la conducta sancionada. En ese sentido, la retroactividad favorable conocido en la doctrina jurídica como lex mitior, protege la dignidad humana frente al poder punitivo del Estado, garantizando que el derecho penal sea un instrumento de justicia material y no de arbitrariedad.

Esta garantía constitucional, encuentra armonía plena con los estándares internacionales del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, establecidos en el art. 9 de la CADH y en el art. 15, núm. 1, del PIDCP, instrumentos vinculantes para el Estado boliviano, conforme dispone el art. 256 de la CPE.

En conjunto, estas normas reflejan un mismo compromiso: que toda persona sea juzgada bajo la ley más favorable, reafirmando así el respeto a la justicia, la dignidad humana y el principio de legalidad que deben guiar al derecho penal en un Estado verdaderamente constitucional.

La Corte IDH, con relación al principio de retroactividad de la ley penal más favorable, indica que “(…) si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello.”

No obstante, pese al reconocimiento que hace el Sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto al principio de la lex mitior, es necesario precisar que el razonamiento asumido por la Corte IDH se ha centrado principalmente en su aplicación vinculada al quantum de la pena, es decir, a los casos en que una norma posterior disminuye la sanción impuesta.

Sin embargo, a juicio de este Tribunal Supremo de Justicia, una interpretación verdaderamente garantista y humanista del derecho penal exige ir más allá de esa lectura restrictiva. El principio de favorabilidad, más aún en derecho penal, debe entenderse en un sentido amplio y flexible, abarcando no solo la reducción de la pena, sino también aquellos supuestos en los que una ley posterior introduce modificaciones sustanciales en los elementos objetivos o subjetivos del tipo penal. Dichos cambios pueden tener un impacto decisivo en el proceso de subsunción o tipicidad de la conducta, es decir, en la determinación de si un hecho sigue siendo o no punible, afectando el análisis del injusto penal en relación al juicio de reprochabilidad de la conducta con relevancia penal.

En este contexto, la aplicación de la lex mitior no puede limitarse únicamente al aspecto cuantitativo de la sanción, sino que debe extenderse a cualquier modificación legislativa que beneficie al imputado, incluso cuando esta altere la descripción típica del delito de manera tal que la conducta antes considerada delictiva pierda su carácter típico y, por ende, deje de ser jurídicamente reprochable.

Al respecto, el Profesor Eugenio Raúl Zaffaroni destaca que no debe pensarse que la retroactividad de la ley penal más benigna se reduce al caso de la ley que desincrimina el acto o que conmina pena menor. En principio, la retroactividad es de la ley penal y debe extenderse a toda disposición penal que desincrimine, que convierta un delito en contravención, que introduzca una nueva causa de justificación, una nueva causa de inculpabilidad o una causa que impida la operatividad de la punibilidad, es decir, a todo el contenido que hace recaer una pena sobre la conducta. En segundo lugar, la mayor benignidad de la ley no la da solamente la pena, sino que hay un gran número de circunstancias que deben tomarse en cuenta en cada caso, como puede ser un menor tiempo de prescripción, una distinta clase de pena, el cumplimiento parcial de la misma, etc. Todo ello determina que la individualización de la ley penal más benigna deba hacerse en cada caso concreto, tomando por separado cada una de las leyes, sin que sea permitido tomar preceptos aislados de una y otra, lo que implicaría formar una tercera ley, llena de hibridismo.

En definitiva, la ley más benigna debe aplicarse siempre que la nueva norma refleje una comprensión más justa, racional y proporcionada del derecho penal, pues solo así se garantiza la vigencia real del principio de justicia material y el respeto efectivo de la dignidad humana frente al poder punitivo del Estado.

Para el profesor Claus Roxin, cuando la ley vigente al momento de cometerse el hecho se modifica antes de dictarse sentencia, debe aplicarse la norma más benigna. Del mismo modo, si un precepto penal es derogado tras la comisión del delito, pero antes de la sentencia, corresponde absolver al autor, puesto que ya no existe fundamento legal para castigar una conducta que el propio legislador ha dejado de considerar delictiva.

Roxin explica con precisión que: “Si en el momento de la condena el legislador considera que una conducta es menos merecedora de pena o incluso que no lo es en absoluto, desde el punto de vista político-criminal no tendría el menor sentido castigar conforme a una concepción que, entretanto, ha quedado superada. En tal caso, debe aplicarse la ley más benigna, incluso en la instancia de revisión, si la atenuación no se produjera hasta después del fallo en primera instancia.”

Esta reflexión revela una comprensión profundamente racional del derecho penal, en la que la justicia no se mide solo por la legalidad formal, sino por la coherencia ética del sistema penal frente al cambio de valores y concepciones sociales. El Profesor Roxin nos recuerda que el castigo pierde sentido cuando es el propio Estado, a través de su legislador, el que reconsidera el merecimiento de una pena, y que la aplicación de la lex mitior constituye, en última instancia, un acto de justicia material y respeto a la dignidad humana, aplicable incluso, ante la instancia de revisión, en caso de no hacerse efectiva en el primer fallo.

Por otra parte, es importante destacar que el constituyente, así como el legislador ordinario, no establecieron de manera expresa cómo debe determinarse cuál es la ley penal más favorable (lex mitior). A primera vista, podría deducirse que basta con comparar de forma abstracta las leyes involucradas. Por ejemplo, si la ley vigente al momento del hecho imponía únicamente una pena de trabajos comunitarios, y la nueva ley (en vigor al momento de la emisión de Sentencia) prevé una pena privativa de libertad, parecería evidente que la primera es más benigna. No obstante, esta comparación superficial no satisface el mandato constitucional ni legal, que ordena aplicar la ley más favorable al condenado o procesado en un determinado caso.

Esta situación implica que el Juez o Tribunal debe analizar de forma minuciosa y cuidadosa ambas leyes con relación al caso específico o concreto y escoger aquella que, en sus efectos reales, resulte verdaderamente más beneficiosa para la persona sometida a proceso.

Por consiguiente, no se trata solo de comparar la severidad de las penas en abstracto, sino de analizar como señala Zaffaroni, todo el contenido de la disposición penal que desincrimine, vale decir, que despenalice o atenúe la punibilidad.

Bajo esa lógica, podría ocurrir que una ley que impone una pena aparentemente más grave resulte, en los hechos, más favorable, si permite acceder, por ejemplo, a beneficios como la suspensión condicional de la pena. Además, cuando existen varios acusados, la ley más benigna puede no ser la misma para todos, ya que su aplicación depende de las circunstancias y del juicio de reprochabilidad de la conducta individual de cada uno de ellos.

Por ello, resulta inapropiado intentar establecer reglas generales o automáticas sobre qué ley es más favorable. Hacerlo conduciría arribar a conclusiones erróneas, pues la verdadera lex mitior solo puede determinarse caso por caso, mediante un análisis concreto, humano y razonado bajo la perspectiva del Derecho Penal Liberal, que priorice la justicia material sobre las apariencias formales.

II.3. Sobre el principio de legalidad y tipicidad.

El AS 21 de 26 de enero de 2007, estableció que el principio de legalidad constituye una de las garantías constitucionales más importantes para la protección del individuo frente al poder punitivo del Estado. Su esencia radica en que nadie puede ser sancionado por una conducta que no esté previamente establecida como delito por la ley. De esta manera, el principio de legalidad se asienta sobre la seguridad jurídica, al permitir que toda persona pueda prever cuáles son las conductas prohibidas y las consecuencias jurídicas que pueden derivar de sus actos.

Este principio, formulado clásicamente por Feuerbach bajo el aforismo “nullum crimen, nulla poena sine praevia lege” (no hay delito ni pena sin ley previa), ha evolucionado en el tiempo, incorporando nuevas exigencias que fortalecen su contenido y alcance. Así, hoy comprende también los principios de taxatividad, tipicidad, lex scripta y especificidad, que en conjunto garantizan una mayor precisión y previsibilidad en la aplicación del Derecho Penal.

En ese sentido, el principio de tipicidad se presenta como una manifestación concreta del principio de legalidad, imponiendo a los Jueces y Tribunales la obligación de adecuar rigurosamente la conducta del imputado al tipo penal descrito por la ley. Solo así se evita cualquier interpretación extensiva o arbitraria que pueda afectar el debido proceso y generar un defecto absoluto insubsanable.

Corresponde, por tanto, al intérprete o juzgador determinar el verdadero sentido de la norma penal, realizando una valoración sistemática que respete la jerarquía normativa y la coherencia del orden jurídico al que aquella pertenece.

De manera complementaria, este Tribunal, a través del AS 771/2017-RRC de 5 de octubre, estableció que en el sistema penal boliviano el principio de legalidad se encuentra expresamente reconocido en los arts. 116.II de la CPE y 4 del CP. Este principio encierra tres garantías esenciales: i) la garantía criminal, ii) la garantía penal y iii) la garantía jurisdiccional, además de cuatro exigencias adicionales que delimitan su aplicación.

La primera de estas garantías, la “garantía criminal”, se sintetiza en el clásico aforismo “nullum crimen sine lege”, que impide sancionar una conducta si no está previamente descrita como delito en la ley. Esta idea está recogida en la primera parte del art. 4 del CP, que dispone:

“Nadie podrá ser condenado o sometido a medida de seguridad por un hecho que no esté expresamente previsto como delito por ley penal vigente al tiempo en que se cometió...”.

Junto a las garantías, el principio de legalidad se complementa con las exigencias de lex previa, lex certa, lex scripta y lex stricta. La segunda de ellas, también conocida como principio de taxatividad o tipicidad, impone que la ley penal describa las conductas punibles de manera clara, precisa y sin ambigüedades.

Sobre este punto, el AS 85/2012-RRC de 4 de mayo precisó que la aplicación del principio de legalidad exige una faceta más estricta: la certeza o taxatividad en la formulación del tipo penal, lo que configura la tipicidad. En esa línea, los jueces deben actuar con absoluta sujeción a la ley, realizando una labor objetiva y precisa de subsunción de los hechos a los tipos penales acusados, de modo que exista un encuadre exacto y sin dudas entre la conducta y la descripción legal.

Se vulnera este principio, cuando el juzgador, al aplicar un tipo penal o imponer una sanción, se aparta del sentido literal o del espíritu de la norma, o cuando su interpretación resulta manifiestamente irrazonable o incompatible con el ordenamiento jurídico. En tales casos, el resultado inevitable es el desconocimiento de derechos y garantías constitucionales, en particular del debido proceso en su componente de seguridad jurídica, conforme establece el art. 178.I de la CPE.

Por su parte, la doctrina penal clásica ha identificado, desde hace tiempo, que el principio de legalidad no solo es una garantía frente al poder punitivo del Estado, sino también un conjunto de límites concretos que orientan la actuación de Jueces y Legisladores. En esa línea, se reconocen cuatro consecuencias fundamentales, presentadas tradicionalmente como “prohibiciones” que derivan directamente de dicho principio y que buscan asegurar la previsibilidad y justicia en la aplicación del Derecho Penal.

Las dos primeras están dirigidas al juez, como salvaguardas frente a interpretaciones arbitrarias o expansivas del poder punitivo:

<ul style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">La prohibición de la analogía en perjuicio del reo, que impide extender una norma penal más allá de su tenor literal, garantizando que nadie sea castigado por un hecho que no esté expresamente previsto en la ley.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La prohibición del uso del Derecho consuetudinario para fundamentar o agravar la pena, que asegura que solo la ley escrita, aprobada conforme al procedimiento constitucional, pueda definir delitos y sanciones.

</li>

</ul>

Las otras dos prohibiciones se dirigen al legislador, como límites esenciales al momento de crear normas penales:

<ul style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">La prohibición de la retroactividad de la ley penal, que impide aplicar normas sancionadoras a hechos cometidos con anterioridad a su vigencia, salvo que se trate de una ley más favorable para el autor del hecho.

</li>

<li style="margin:0 0 0 4800;">La prohibición de leyes penales indeterminadas o imprecisas, que exige que las conductas punibles estén descritas con claridad y exactitud, de modo que cualquier ciudadano pueda conocer de antemano qué comportamientos están prohibidos y cuáles son sus consecuencias.

</li>

</ul>

En conjunto, estas cuatro prohibiciones configuran y delimitan el principio de legalidad, constituyendo la base de un Derecho Penal racional, previsible y respetuoso de la dignidad humana.

En consecuencia, no se trata meramente de normas técnicas, sino de auténticas garantías frente al abuso de poder y de pilares esenciales para la seguridad jurídica en un Estado Constitucional de Derecho, principios que encuentran su reconocimiento expreso en los arts. 14.I.III.IV y 22 de la CPE.

II.4. Sobre el estado de necesidad constitucional, decisionismo y legitimidad material.

El denominado estado de necesidad constitucional se erige como una figura extraordinaria y excepcional, concebida para proteger la continuidad, estabilidad y funcionamiento del Estado Constitucional de Derecho cuando éste se enfrenta a circunstancias extremas que hacen insuficiente o impracticable la aplicación de las normas formales vigentes.

En escenarios como por ejemplo crisis institucionales graves, amenazas a la soberanía, colapsos del orden público, convulsiones políticas y sociales o situaciones de fuerza mayor, el derecho no puede permanecer indiferente. La prioridad ya no es cumplir con la forma por la forma misma, sino salvaguardar los valores y fines esenciales del orden constitucional, que son la democracia, la justicia, la libertad y la preservación de la vida institucional del Estado.

Por ello, en este contexto excepcional, la legitimidad material, es decir, la justificación ética y política de los actos encaminados a proteger la Constitución, prevalece sobre la formalidad procedimental. No se trata de negar el valor de las normas, sino de reconocer que el Derecho existe para garantizar la vigencia del sistema constitucional, y no para facilitar su destrucción priorizando caprichosa y absurdamente la aplicación de una rigidez formal ante situaciones extremas que ponen en riesgo la estabilidad del Estado Constitucional de Derecho.

En otras palabras, el estado de necesidad constitucional opera como un mecanismo de defensa última del propio orden democrático, permitiendo adoptar decisiones que, aunque puedan apartarse temporalmente del procedimiento ordinario establecido, se orientan a preservar la esencia misma del Estado Constitucional de Derecho. Su justificación radica, por tanto, en un principio profundamente humano y racional: cuando la forma amenaza con destruir el fondo, la supervivencia del sistema debe anteponerse a los ritualismos de la norma. No obstante, corresponde precisar por parte de este Tribunal Supremo de Justicia, que el estado de necesidad constitucional tiene un límite infranqueable en el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, pues no puede, bajo ninguna circunstancia, ser utilizado como pretexto para restringir, suprimir o vulnerar derechos fundamentales, ni mucho menos para justificar la comisión de delitos de lesa humanidad.

En ese orden de ideas, Carl Schmitt aborda el concepto de "estado de necesidad constitucional" a través de la figura del soberano que decide sobre el estado de excepción. Aunque Schmitt no utiliza explícitamente la expresión "estado de necesidad constitucional", su teoría implica una suspensión del orden jurídico en situaciones extremas. Asimismo, resume su crítica al liberalismo político y parlamentario de su época bajo el concepto denominado “decisionismo”, el que era concebido por Schmitt como lo opuesto al pensamiento normativista y a una concepción de la política basada en el ideal de la discusión racional. Como doctrina jurídica, el “decisionismo” sostiene que en circunstancias críticas la realización del derecho depende de una decisión política vacía de contenido normativo.

De manera complementaria, Gabriel L. Negretto, en su ensayo “El concepto de decisionismo en Carl Schmitt. El poder negativo de la excepción”, explica que para Schmitt, en situaciones críticas el derecho no se sostiene en una norma general, sino en una decisión política.

El liberalismo, por el contrario, confía en que la razón, las normas y los procedimientos son suficientes para garantizar el orden y la justicia.

En su dimensión filosófica, el “decisionismo” se presenta como una reacción contra el iluminismo y su fe en la razón. Schmitt comparte con Max Weber la idea de que la racionalización moderna ha encerrado al ser humano en una “jaula de hierro”, y propone el “decisionismo” como una forma de liberar la vida política de esa mecanización.

Desde esta perspectiva, Schmitt sostiene que todo orden legal se funda en una decisión y no en una norma, es decir, que la existencia misma del Estado depende de la autoridad capaz de determinar cuándo las leyes dejan de aplicarse.

En ese contexto, el estado de necesidad constitucional se encuentra implícito como la situación extrema que justifica la suspensión del orden jurídico con el propósito de preservar la integridad del Estado.

Negretto citando a Schmitt en su obra Teología Política, destaca que ninguna norma resulta aplicable a una situación anormal, en el caso de extrema necesidad (extremus necessitatis casus), el elemento decisional de lo jurídico “se libera de toda atadura normativa y deviene, en este sentido, absoluto.”

Ese pasaje resume una de las ideas más provocadoras de Carl Schmitt. Lo que Schmitt plantea y que Negretto subraya, es que el derecho tiene un límite cuando la realidad se sale de lo normal. En situaciones extremas, cuando el Estado o el orden jurídico están en peligro, no hay norma que alcance para resolver la crisis, y en ese punto es donde aparece el poder de la decisión soberana.

Decidir, en ese contexto, significa actuar más allá de las reglas, asumir la responsabilidad de mantener el orden incluso si eso implica suspender temporalmente el propio derecho. Por eso Schmitt dice que, en esos casos, la decisión “se libera de toda atadura normativa”: el soberano ya no obedece a la ley, sino que la crea o la suspende según la necesidad del momento.

El pensamiento de Schmitt puede resultar inquietante y hasta controvertida, en razón a que pone en evidencia la fragilidad del ahora denominado Estado Constitucional de Derecho; sin embargo, no se puede negar lo acertado de su razonamiento, que ante escenarios de crisis extraordinarias (crisis del sistema político, económico, social, jurídico y democrático), no son las leyes las que salvan al Estado, sino la capacidad de alguien para decidir.

Por su parte, Giorgio Agamben, en su obra Estado de Excepción, retoma la tesis de Carl Schmitt; sin embargo, realiza una crítica a la luz de la realidad contemporánea.

Para este filosofo italiano, el estado de excepción es “ese momento del derecho en el que se suspende el propio derecho para garantizar su continuidad e incluso su existencia”. Sin embargo, considera que a lo largo del Siglo XX, esta figura ha dejado de ser un recurso extraordinario siendo normalizado por varios regímenes, convirtiéndose en una práctica recurrente y constante de gobiernos autoritarios.

Esta observación y crítica realizada por Agamben, obliga a este Tribunal a reflexionar sobre la necesidad de equilibrar la legalidad formal con la legitimidad material, concluyendo que el “decisionismo”, se justifica únicamente en circunstancias verdaderamente excepcionales para proteger la continuidad del Estado Constitucional de Derecho; sin embargo, nunca debe convertirse en un pretexto o excusa para suprimir y violar derechos fundamentales de los miembros de una sociedad, menos aún, para cometer crímenes o delitos de lesa humanidad.

A la luz de las consideraciones efectuadas debemos concluir que el “decisionismo” de Carl Schmitt parte de una premisa clara y radical: la soberanía se expresa en la decisión, no en la norma. En ese sentido, el derecho se subordina al poder, y el acto de decidir (particularmente en los momentos de crisis o excepción) adquiere un carácter fundacional. Para Schmitt, el soberano tiene la potestad de suspender el orden jurídico para garantizar la continuidad del Estado, porque la existencia del Estado es el presupuesto de todo orden jurídico. Sin embargo, esa concepción, aunque pretende preservar la unidad política y la preservación del Sistema, abre la puerta a una peligrosa normalización del estado de excepción, donde la legalidad cede ante la voluntad del poder, conforme advirtió Giorgio Agamben.

Frente a esa visión, la doctrina de la “legitimidad material” desarrollada por autores como Habermas, Ferrajoli, Radbruch o Bobbio, asume una postura similar pero bajo un enfoque ético social, sosteniendo que la validez del derecho no depende solo de su forma o del procedimiento que lo produce, sino también de su contenido sustantivo, es decir, de su coherencia con los principios de justicia, dignidad y derechos fundamentales, toda vez que una ley puede cumplir con todo la rigurosidad formal para su construcción, pero a su vez puede resultar ilegítima. En otras palabras, no basta con que el poder actúe conforme a la ley; su acción debe ser justa, razonable y compatible con los valores constitucionales que dan sentido al orden jurídico. En ese sentido, la “legitimidad material” impone un límite ético y jurídico al poder, incluso en situaciones excepcionales, recordando que ningún estado de necesidad puede justificar la supresión de lo humano. Bajo esa premisa, este Tribunal Supremo de Justicia reafirma su compromiso con el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos.

En el fondo, mientras el “decisionismo” de Schmitt busca salvar al Estado aún a costa del derecho, la “legitimidad material” busca salvar al derecho incluso frente al Estado.

En ese orden de ideas, resulta necesario destacar que la figura del estado de necesidad constitucional, encuentra su equilibrio entre el “decisionismo” y la “legitimidad material”. Si bien es cierto que, en el estado de necesidad constitucional se asumen decisiones alejadas de las formas prescindiendo de todo ritualismo jurídico que signifique un obstáculo en la conservación y continuidad del Estado Constitucional de Derecho, no debe perderse de vista que esas decisiones deben estar precedidas del respeto a los derechos humanos.

En síntesis, el estado de necesidad constitucional se erige como la aplicación equilibrada del “decisionismo” que encuentra su límite en la “legitimidad material”, es decir, que ante una situación extraordinaria o de crisis del Estado que ponga en peligro la estabilidad del sistema constitucional y de derecho, las decisiones excepcionales que se asuman a los fines de salvaguardar el sistema, pueden estar desprovistas de formalidades jurídicas pero a su vez deben estar acompañadas de una “legitimidad material” en procura de proteger la vida, los derechos fundamentales y el orden constitucional.

En el caso boliviano, el Tribunal Constitucional a través de la Declaración Constitucional 0003/2001 de 31 de julio de 2001, asumió un criterio que se decantó por la “legitimidad material” por sobre la rigurosidad formal establecida en el ordenamiento jurídico vigente en ese momento.

En dicho contexto, el 2001 el ex presidente de la República, Jorge Quiroga Ramírez, realizó una consulta constitucional al Tribunal Constitucional ante la renuncia por motivos de salud del presidente Hugo Banzer Suárez, a los fines que se defina correctamente el procedimiento de sucesión presidencial. En la consulta, se planteó la duda de si el vicepresidente de la República debe asumir la presidencia mediante una Ley de la República o solo con una Resolución del Congreso Nacional, considerando que ya existía una ley que proclamó al presidente y vicepresidente electos.

Asimismo, se consultó quién debía ocupar las funciones del vicepresidente cuando éste (Jorge Quiroga Ramírez) asuma la Presidencia: si el presidente del Senado pasa a ser vicepresidente interino o si queda vacante el cargo, y qué efectos tiene esto en su derecho a postularse en futuras elecciones. Finalmente, se solicitó al Tribunal Constitucional que interprete la Constitución para definir estas cuestiones ante la falta de normas reglamentarias sobre la sucesión presidencial.

Dentro ese marco, el Tribunal Constitucional interpretó que, ante la renuncia del Presidente Hugo Banzer, es el Vicepresidente quien asume de forma inmediata la Presidencia (legitimidad material), sin necesidad de estar presidida por una Ley o Resolución Congresal (formalismo jurídico), puesto que la Constitución vigente en ese momento, prevé la sucesión ipso facto (automáticamente) para garantizar la inmediatez y continuidad del orden constitucional. Asimismo, estableció que la Vicepresidencia queda vacante y que el Presidente del Senado solo ejerce la Presidencia del Congreso, sin ocupar la Vicepresidencia.

Nótese que este caso, a criterio de este Tribunal, no se aplicó el decisionismo de Schmitt, en virtud a que la interpretación constitucional no se alejó del marco constitucional ni tampoco suspendió temporalmente el derecho para resolver la aplicación correcta de la sucesión presidencial. Por el contrario, el Tribunal Constitucional sustentó y fundó su razonamiento en la “legitimidad material”, priorizando la efectividad y continuidad institucional del poder ejecutivo (ahora órgano ejecutivo) dentro del orden jurídico vigente, por encima del formalismo legalista (liberalismo parlamentario) de exigir una ley o resolución del Congrego Nacional a objeto de darle legalidad a la sucesión presidencial.

II.4. Sobre el sistema de sucesión presidencialista.

En la última parte del sub acápite anterior, se citó a modo de ejemplo y de forma referencial, a los fines de establecer con mayor claridad la aplicación de la doctrina de la “legitimidad material”, la consulta constitucional realizada al Tribunal Constitucional ante la duda de la aplicación correcta del procedimiento de sucesión presidencial a consecuencia de la renuncia por motivos de salud del presidente Hugo Banzer Suárez.

Al margen de lo señalado, nótese que el sistema de sucesión en Bolivia y en general en América Latina, resulta predominantemente presidencialista, en merito a que el sistema de sucesión presidencial tiene como núcleo central la ausencia permanente del presidente, relegando de su análisis y regulación constitucional los casos donde se presente la ausencia permanente del vicepresidente y en su caso, del presidente de la cámara de senadores y diputados, situación que hace restringida la regulación constitucional del sistema de sucesión al presidente del Estado. Un ejemplo que sustenta esta afirmación se encuentra en el razonamiento realizado por el Tribunal Constitucional en la anteriormente citada Declaración Constitucional 0003/2001 de 31 de julio de 2001, que estableció que ante la sucesión del Presidente por el Vicepresidente, el Presidente del Senado ocupa la Presidencia del Congreso Nacional, más no asume las funciones de Vicepresidente de la República, suprimiendo por completo la figura vicepresidencial a consecuencia del sistema de sucesión presidencialista que rige en Bolivia.

Al respecto, el Profesor Leiv Marsteintredet, en su trabajo de investigación titulado “Vicepresidencia y los Problemas de la Sucesión Presidencial en América Latina. Viejos y Nuevos Retos para el Presidencialismo”, realiza una crítica al sistema de sucesión presidencial en América Latina, en razón a que los textos constitucionales establecen un procedimiento formal, lineal y simétrico de sucesión presidencial, sin distinguir o diferenciar las causas o el origen que provoca la sucesión (muerte natural, destitución por mal desempeño, escándalos de corrupción y renuncias por presión popular), situación que devela un vacío constitucional que en muchos de los casos no resuelve la crisis institucional o de legitimidad.

Dicho criterio, se sustenta cuando señala que “(…) el sistema de sucesión está construido para resolver una situación de ausencia permanente del presidente. No obstante, los retos para el sistema político son diferentes cuando se muere el presidente por causas naturales (el presidente Guzmán de República Dominicana en 1982) que cuando el presidente es destituido por "mal desempeño de sus funciones" (el presidente Lugo en Paraguay en 2012). También existe una gran diferencia entre cuando cae un presidente por un escándalo de corrupción (el presidente Collor de Melo en Brasil en 1992) y cuando hay una renuncia por presión popular en las calles (el presidente De la Rúa en Argentina en 2001). La salida que ofrecen las reglas de sustitución para una crisis presidencial es cambiar a un presidente por otro sin tomar en cuenta las distintas modalidades o procedimientos que han causado la caída presidencial. Si existe un vicepresidente elegido popularmente, el vicepresidente es el sucesor permanente hasta las próximas elecciones regulares. Si no hay vicepresidente elegido popularmente, como en México, Chile y Venezuela, se organizan nuevas elecciones si la vacancia permanente se produce durante la primera parte del período presidencial, si la vacancia se produce durante la última parte del período presidencial, el sucesor designado o elegido por el congreso sustituye al presidente de manera permanente hasta las próximas elecciones. El reto que presenta la nueva inestabilidad es que las crisis que producen la renuncia o destitución del presidente con frecuencia son políticas más que relacionadas a la persona del presidente. Mientras que la sustitución de un presidente por otro puede ofrecer una salida satisfactoria a la crisis cuando se muere un presidente, o la crisis se torna contra el presidente de manera personal, los desafíos son mayores cuando es la conducción política y económica del gobierno la que causa la crisis presidencial. En estos casos la crisis exige una renovación más amplia que sólo la silla presidencial, y las demandas populares casi siempre implican cambios políticos y "que se vayan todos" los actores políticos. Se puede cuestionar si diferentes tipos de crisis que terminan en la caída del presidente deben responder con el mismo mecanismo de sustituir a un presidente por otro”. (Las negrillas nos corresponden)

Dentro de ese marco, al analizar el artículo 169.I de la Constitución Política del Estado (CPE), vigente desde el 7 de febrero de 2009, se observa que el constituyente boliviano mantuvo una redacción similar respecto al sistema de sucesión presidencial previsto en el texto constitucional de 1967, a excepción del rol que asumía en ese entonces el presidente de la extinta Corte Suprema de Justicia, que en la actual Constitución ha quedado suprimido.

En similar sentido, se puede advertir que el sistema de sucesión determinado por el constituyente boliviano mantiene el sistema rígido y lineal de prelación sin distinguir las causas de sucesión presidencial como advierte Marsteintredet.

Esta situación de vacío constitucional, que en tiempos de crisis y circunstancias extraordinarias puede prolongar indefinidamente la inestabilidad política, social y económica, pone en riesgo la vigencia del orden constitucional. Por ello, resulta necesario asumir decisiones amparadas en la figura del estado de necesidad constitucional, con el fin de proteger y garantizar la continuidad del Estado Constitucional de Derecho. Esto se debe a que no es lo mismo aplicar un mecanismo de sucesión presidencial por causa de muerte o enfermedad, que una sucesión derivada por razones políticas o de protestas sociales que provoquen la renuncia anticipada del presidente antes de la culminación de su mandato constitucional.

A decir de Marsteintredet, las situaciones de crisis que producen la renuncia o destitución del presidente con frecuencia son políticas más que relacionadas a la persona del presidente. En algunos casos, la sustitución de un presidente por otro puede ofrecer una salida satisfactoria a la crisis cuando fallece un presidente, o cuando la crisis se torna contra el presidente de manera personal.

Empero, los desafíos son mayores cuando es la conducción política y económica del gobierno la que causa la crisis presidencial. En estos casos la crisis exige una renovación más amplia que sólo la silla presidencial, y las demandas populares casi siempre implican cambios políticos y "que se vayan todos" los actores políticos. En consecuencia, resulta altamente cuestionable si diferentes tipos de crisis que terminan en la caída del presidente deben responder con el mismo mecanismo de sustitución de un presidente por otro; ante dicha situación fáctica la figura del estado de necesidad constitucional cobra una importancia decisiva.

II.5. La doctrina de la imputación objetiva en la tipicidad según el funcionalismo normativista.

Antes de abordar de lleno la presente temática doctrinal, resulta pertinente realizar una breve descripción de los principales postulados desarrollados por las diferentes escuelas de la teoría del delito entre los siglos XIX y XX. Este repaso permite comprender con mayor claridad si la conducta atribuida a una persona adquiere relevancia jurídico-penal desde el enfoque normativista propuesto por el funcionalismo penal a través de la imputación objetiva.

La escuela causalista, representada por autores como Von Liszt y Beling, sostenía que el delito surgía del nexo causal entre la acción y el resultado. En otras palabras, consideraba delito toda acción humana que generara una modificación en el mundo exterior. Bajo esta concepción, la teoría de la equivalencia de condiciones establecía que todas las circunstancias que contribuyeran, directa o indirectamente, a la producción de un resultado podían ser objeto de reproche penal.

Sin embargo, este planteamiento evidenció serias deficiencias debido a su carácter excesivamente amplio e impreciso: si toda condición que participaba en el resultado era causal, prácticamente cualquier acción humana podría ser considerada delictiva. Por ello, se intentó establecer un límite lógico y jurídico mediante el criterio de la conditio sine qua non (abstracción mental de la conducta para determinar si el resultado desaparece), aunque este también resultó insuficiente para resolver situaciones complejas, como aquellas en las que intervenían múltiples sujetos o factores concurrentes en la producción del resultado.

Posteriormente, Hans Welzel, a través de la doctrina finalista, sostuvo que la configuración del delito no podía limitarse a la mera relación causal entre acción y resultado, como proponía el causalismo. En su lugar, planteó que toda acción típica debía entenderse como un comportamiento humano orientado a la obtención de un fin, incorporando la voluntad y la intención del sujeto como elementos esenciales del tipo penal. Con ello, Welzel trasladó los elementos subjetivos (dolo y culpa) desde la culpabilidad hacia la tipicidad, dando lugar a una comprensión más integral de la acción penalmente relevante. Este enfoque permitió una mejor sistematización de las diversas formas de manifestación del delito, como los delitos comisivos, omisivos, de mera actividad y los delitos de peligro, tanto concreto como abstracto.

No obstante, desde la perspectiva del funcionalismo normativista, desarrollado por los profesores Roxin y Jakobs, el finalismo presenta un enfoque excesivamente subjetivo, al concentrar su atención en la voluntad del actor y en la finalidad individual de su conducta. Este énfasis, si bien resulta relevante para entender la intención del sujeto, tiende a relegar el rol social y normativo que cumple el Derecho Penal, por el que busca proteger bienes jurídicos y mantener la estabilidad del orden normativo. Por ello, los teóricos del funcionalismo normativista proponen un cambio de enfoque: dejar de centrar el análisis exclusivamente en el fin perseguido por el autor y, en su lugar, valorar la función de la conducta dentro del sistema jurídico, considerando cómo su realización afecta a los valores y bienes que la norma penal protege. De esta manera, la imputación penal no se limita a juzgar solamente la intención individual, sino que también evalúa la relevancia social y normativa de la conducta, asegurando que la intervención del Derecho Penal cumpla su propósito de garantizar la seguridad jurídica y la protección de la sociedad.

En ese sentido, en respuesta a las limitaciones que plantea el finalismo de Welsel, la doctrina del funcionalismo normativista plantea la teoría de la imputación objetiva como una herramienta dogmática que permite definir cuando un comportamiento se encuentra dentro de un espacio jurídicamente permitido y cuando es, por el contrario, socialmente perturbador, alterando el orden social y poniendo en peligro o lesionando los bienes jurídicos penalmente protegidos.

La imputación objetiva parte de la idea de que cada persona posee una esfera propia de actuación, la cual debe administrar de manera responsable, sin invadir ni dañar los derechos de terceros. Su objetivo principal es determinar si un hecho que ha lesionado un bien jurídico protegido puede atribuirse normativamente a alguien, es decir, si existe una conducta típica que derive de la violación de un deber jurídico relevante para el Derecho Penal. En otras palabras, para valorar la relevancia penal de un acto, no basta con identificar quién causó físicamente el resultado; se requiere un análisis normativo que vaya más allá de la mera causalidad.

Este enfoque se centra en definir claramente los límites de responsabilidad de cada individuo, asignando la consecuencia del hecho únicamente a quien ha excedido indebidamente los márgenes de su propia esfera de competencia. La teoría de la imputación objetiva, a través de sus diversos institutos dogmáticos, proporciona las herramientas para trazar y delimitar estos ámbitos de responsabilidad, asegurando que la atribución penal sea justa y proporcionada.

En este contexto, resulta esencial considerar el concepto de rol social, que, más allá de su denominación formal, se refiere a la posición concreta que ocupa cada persona en un determinado entorno social. Cada individuo, al desempeñar su rol social, tiene expectativas normativas de conducta, y estas expectativas permiten establecer si su actuación puede considerarse típica y penalmente relevante o, por el contrario, carece de relevancia penal. Así, el análisis del rol social no solo ayuda a identificar responsabilidades, sino que también orienta la aplicación del Derecho Penal en relación a la función social de cada conducta.

Desde la perspectiva del funcionalismo normativista de Roxin, para determinar la comisión de un injusto penal es necesario identificar si la conducta ha lesionado o puesto en peligro un bien jurídico protegido más allá de lo socialmente permitido o tolerado. Esto se debe a que el Derecho Penal, bajo este enfoque, no se limita a sancionar cualquier acción que cause un resultado, sino que busca proteger aquellos bienes jurídicos que son esenciales para la convivencia social y para la vigencia del orden normativo.

En otras palabras, antes de considerar a una persona responsable penalmente, es preciso analizar si su conducta ha traspasado los límites de lo normativamente permitido y si ha afectado un bien relevante para la sociedad que sea de interés del Derecho Penal.

De esta manera, el funcionalismo no solo se centra en la acción del individuo, sino también en la función social de la norma penal, asegurando que la intervención del Derecho Penal sea justa, proporcionada y verdaderamente necesaria para la protección de los bienes jurídicos esenciales.

Por consiguiente, la teoría de la imputación objetiva propone varios filtros o criterios para determinar si una conducta puede ser considerada penalmente reprochable. Entre ellos destacan: i) el riesgo permitido, ii) la prohibición de regreso, iii) el principio de confianza, iv) la autopuesta en peligro y v) el ámbito de protección de la norma.

No obstante, para fines del presente fallo, se desarrollará únicamente el criterio relativo al ámbito de protección de la norma del art. 153 del CP. Para tal efecto, conviene partir del principio de reducción teleológica del tipo, retomado por el profesor Claus Roxin dentro su teoría de la imputación objetiva, aclarando que este principio funciona como una herramienta interpretativa previa al juicio de tipicidad. Sin embargo, debido a su estrecha relación con el ámbito de protección de la norma (pues ambos buscan evitar aplicaciones formales o desproporcionadas del Derecho Penal), resulta pertinente analizarlo en conjunto.

En ese sentido, el principio de reducción teleológica del tipo, también denominado interpretación restrictiva conforme a la finalidad de la ley penal, implica limitar el alcance literal de una norma cuando su aplicación estricta conduciría a resultados contrarios a la finalidad protectora del tipo penal. Dicho de otro modo, este principio impide aplicar el tipo penal a supuestos que, aunque encajen literalmente en su texto, no mantienen una correspondencia lógica normativa con el fin (teleológico) que persigue la norma.

En consecuencia, bajo este principio la interpretación del Derecho Penal no puede agotarse en el mero tenor literal de la ley. Es necesario realizar una interpretación finalista y funcional del tipo, atendiendo al rol social que cumple la norma penal, que en definitiva según la teoría funcionalista o normativista de la teoría del delito, persigue la protección efectiva de los bienes jurídicos de alta relevancia penal a fin de resguardar la convivencia social, además de la vigencia y confianza en el ordenamiento jurídico.

Una vez comprendido el principio de reducción teleológica del tipo, corresponde analizar el ámbito de protección de la norma, que se constituye en uno de los criterios más importantes dentro de la teoría de la imputación objetiva del funcionalismo normativista.

Este criterio parte de la idea de que no todo resultado dañoso puede atribuirse penalmente a quien realiza una conducta que, en apariencia, lo ha provocado. Para que exista imputación típica, el resultado debe encontrarse dentro del fin de protección que persigue la norma penal vulnerada. En otras palabras, solo se imputa penalmente aquel resultado que constituye la concreción del riesgo que la norma busca evitar.

Dicho de modo sencillo, la norma penal protege determinados bienes jurídicos frente a ciertos riesgos específicos, y solo cuando el resultado dañoso es consecuencia directa de ese riesgo, la conducta puede considerarse típica. Si el resultado se produce por una cadena causal completamente ajena al propósito de protección de la norma, no corresponde imputarlo al autor, aunque desde una perspectiva causal parezca vinculado a su actuar.

Supongamos que una autoridad administrativa firma una resolución que posteriormente se declara nula por un error técnico en la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo, por ejemplo, la falta fundamentación del acto administrativo (art. 28 inc. e) de la Ley 321), pero no se demuestra que con dicha resolución se haya generado un daño económico al Estado o se haya afectado a sus intereses.

En este caso, aunque formalmente (interpretación literal) la conducta podría adecuarse al tipo penal de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes (art. 153 del Código Penal), no puede afirmarse que el resultado esté dentro del ámbito de protección de la norma, ya que el propósito del tipo penal no es sancionar errores administrativos o deficiencias procedimentales involuntarios, sino evitar el ejercicio arbitrario o desviado del poder público en perjuicio del patrimonio e intereses del Estado vinculados al correcto funcionamiento de la administración pública. En palabras de Silva Sánchez: “El bien jurídico protegido en los delitos de corrupción y contra la administración pública no es otro que la integridad, imparcialidad y eficacia del servicio público como manifestación de la función estatal orientada al interés general.”

En consecuencia, aplicar el tipo penal al caso ejemplificado, implicaría una interpretación meramente literal y formal, desvinculada del sentido teleológico de la norma. Desde la perspectiva de la imputación objetiva, la emisión de una resolución administrativa que carece de un elemento formal, como la fundamentación, no representa, por sí misma, una lesión ni un riesgo al bien jurídico que la norma penal pretende proteger.

Por consiguiente, atribuir responsabilidad penal al servidor público en estas circunstancias constituiría un error, al no existir una correspondencia entre el resultado y la finalidad protectora del tipo penal.

En consecuencia, el análisis del ámbito de protección de la norma exige determinar cuál es el riesgo o lesión que la norma penal busca evitar y si el resultado producido es justamente la materialización de ese riesgo. Cuando el resultado se aleja del fin de protección, la imputación penal resulta improcedente, pues el Derecho Penal no puede extender su alcance más allá del ámbito que el legislador quiso tutelar.

Este criterio, desarrollado principalmente por Claus Roxin, busca fortalecer la función de garantía del Derecho Penal frente a interpretaciones expansivas o meramente formales, reafirmando que la finalidad esencial de la norma penal es proteger bienes jurídicos frente a riesgos jurídicamente desaprobados, y no castigar cualquier daño causalmente atribuible.

Bajo esta perspectiva, el ámbito de protección de la norma actúa como un filtro racional y garantista, que permite delimitar la responsabilidad penal conforme a la función social y protectora del Derecho Penal dentro de un Estado Constitucional de Derecho.

II.6. Sobre el delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes.

Como antecedente normativo sobre la incorporación en la legislación penal del tipo previsto en el art. 153 del CP, es necesario remitirnos al Decreto Ley 10426 del 23 de agosto de 1972 el que promulgó varios códigos en Bolivia, incluyendo el Código Penal, el Código de Familia, el Código de Comercio y el Código de Procedimiento Penal. Este decreto tuvo como objetivo actualizar y unificar la legislación boliviana en estas áreas. El Código Penal, en particular, se convirtió en la ley penal vigente del país, y la mayoría de sus artículos han sido ratificados y modificados por leyes posteriores, como la Ley 1768 entre otras.

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