SE/0017/2023

SALA PLENA

SENTENCIA: 17/2023

FECHA: Sucre, 20 de diciembre de 2023

EXPEDIENTE: 1113/2013

PROCESO: Contencioso Administrativo

RESOLUCIÓN IMPUGNADA: AGIT-RJ N°1429/2013 de 13 de agosto

PARTES: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADO TRAMITADOR: José Antonio Revilla Martínez.

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Emitida dentro del proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

VISTOS.

La demanda contenciosa administrativa de fs. 37 a 40, interpuesta por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, representada por Mayra Ninoshka Mercado Michel, que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- RJ N° 1429/2013 de 13 de agosto, emitida por la AGIT, la contestación a la demanda de fs. 60 a 63; la réplica de fs. 78 a 79; la dúplica de fs. 83, el decreto de Autos de fs. 541, los antecedentes del proceso y de la emisión de la resolución impugnada:

ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

Demanda y petitorio.

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, señaló que, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ/1429/2013 de 13 de agosto, resolvió ANULAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0423/2013, de 20 de mayo de 2013, disponiéndose la reposición de obrados hasta el vicio más antiguo; esto es, hasta la Vista de Cargo N° 23-0001976-12 de fecha 19 de noviembre de 2012, inclusive, a fin de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto, cumpliendo con lo previsto en los arts. 68 núms. 2, 6 y 7; 96, 99 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) y; 4 inc. d) de la Ley N° 2341 (LPA); conforme establece el inc. c), parág. I, art. 212 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), fallo que provoca agravios a la Administración Tributaria (AT), siendo los siguientes:

La AGIT violó el art. 76 carga de la prueba de la ley N° 2492 y art. 4 inc d) de la Ley N° 2341 principio de verdad material

El art. 76 de la ley N° 2492, sobre la carga de la prueba establece: "... quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos."', sin embargo, traslada esta obligación a la Administración Tributaria, cuando la norma es clara al establecer que dicha obligación le corresponde al contribuyente; manifestando además que no se ha hecho una correcta valoración de los descargos presentados por el contribuyente en la etapa de verificación, incumpliendo con ello el deber de establecer la verdad material en el caso.

Para desvirtuar lo mencionado en líneas anteriores, es preciso recordar que el contribuyente, como tal, de acuerdo al Código Tributario Boliviano, debe cumplir sus obligaciones tributarias, conforme a los arts. 22 y 23 de la Ley 2492; obligaciones que constituyen un vínculo de carácter personal entre el contribuyente y la AT, acorde al art. 13 de la Ley 2492, las mismas que nacieron a partir de que el contribuyente de forma voluntaria aperturó su NIT, lo que implicó el cumplimiento de deberes formales, estipulados expresamente en la norma.

Por otro lado, la acusada falta al principio de Verdad Material en el que ha incurrido la Administración Tributaria; el art. 4-d) de la Ley 2341 señala: "La Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal...", en ese contexto, la AT procedió a solicitar documentos y descargos al contribuyente, que como tal, debería haber tenido en su poder, sin embargo de la verificación del expediente se puede constatar que estas solicitudes no fueron cumplidas, toda vez que el contribuyente:

No presentó sus declaraciones juradas sin movimiento, así como tampoco ha presentado Estados Financieros ni Libros de Compras y Ventas, ni documento alguno que demuestre que no ha tenido movimientos contables.

No presentó pruebas documentales del inicio de acciones legales por los supuestos agravios sufridos por terceras personas.

La AGIT vulneró los principios constitucionales del debido proceso y derecho a la defensa.

La AGIT al violentar el art. 76 Carga de La Prueba de la Ley N° 2492 y art. 4 inc. d) de la Ley N° 2341 y el Principio de Verdad Material ha vulnerado los Principios Constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa del contribuyente, toda vez que al trasladar las obligaciones tributarias del contribuyente a la Administración Tributaria, altera el correcto derecho a la defensa procedimiento de determinación estipulado en la norma; toda vez que, impide cumplir con las facultades que le son inherentes, además de infringir el principio de legitimidad que tienen los Actos Administrativos emitidos.

Sumado el hecho que, con estas vulneraciones se imposibilita el asumir una legítima defensa; toda vez que, violenta el art. 13 de la Ley 2492, que indica que “La obligación tributaria es un vínculo de carácter personal evidenciando que la AGIT está favoreciendo al contribuyente, haciendo caso omiso a las estipulaciones legales establecidas en los artículos citados anteriormente que obligan y hacen responsable al contribuyente de sus obligaciones tributarias.

Petitorio.

En ese sentido solicitó se emita resolución declarando probada la demanda; consecuentemente, se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico N° AGIT-RJ 1429/2013 de 13 de agosto, manteniendo la calificación preliminar de la conducta, la cual se adecúa al ilícito tributario de omisión de pago en el marco de lo previsto por el art. 165 de la Ley 2492.

Contestación a la demanda y petitorio.

Mediante memorial de fs. 60 a 63, la Autoridad demandada contestó negativamente a la demanda, bajo los siguientes argumentos:

El sujeto pasivo el 27 de diciembre de 2012, presenta descargos ante la Vista de Cargo solicitando su nulidad, en la cual arguye vulneración al debido proceso y derecho a la defensa, incongruencias contenidas en la Vista de Cargo, ausencia de valoración de los descargos presentados durante el proceso de determinación y vulneración del principio de verdad material, aspectos que vician de nulidad la Vista de Cargo porque no se buscó la verdad material para establecer que su persona no presentó DDJJ alguna por lo cual no existe hecho imponible, seguidamente el 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó de manera personal al contribuyente, con la Resolución Determinativa N° 17- 0001848-12, de 28 de diciembre de 2012, por la cual, una vez valorados los argumentos del sujeto pasivo, se estableció de oficio por conocimiento cierto de la materia tributaria las obligaciones impositivas cuya deuda tributaria alcanza a la suma de 20.643,75 UFV equivalente a Bs37.161,86.- por el Impuesto a las Transacciones (IT), correspondiente al período fiscal enero 2008, importe que incluye intereses y multa del 100% del tributo omitido por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, de lo que se evidencia que la Administración Tributaria a momento de la emisión de la Vista de Cargo no consideró los argumentos presentados por el contribuyente en el proceso de verificación, mediante las notas de 18 y 22 de octubre de 2012, en las cuales indica que el 2007, su persona aperturó el NIT con la actividad de aserradero, proyecto que no logró concretar, razón por la cual no emitió ninguna factura ni presentó declaraciones juradas con movimiento, por lo que solicitó copias legalizadas de la declaración jurada y boleta de pago a efectos de iniciar las acciones legales contra las personas responsables de dicho acto doloso, solicitando adicionalmente plazo para la presentación de la documentación requerida, habiendo adjuntado al efecto la primera y la última factura sin emitir; ante lo cual la AT mediante proveído se limitó a otorgar el plazo de 3 días, sin emitir pronunciamiento en cuanto a sus argumentos, ni respecto a la solicitud del sujeto pasivo de fotocopias de la declaración jurada observada o de la solicitud de remitir el detalle de facturas que hubieran utilizado su registro tributario.

Asimismo la Administración Tributaria no realiza mayor investigación o análisis respecto a la obtención de la Declaración Jurada original presentada por el sujeto pasivo a la entidad financiera, el análisis de declaraciones juradas de periodos anteriores o posteriores, las ventas reportadas por sus clientes o algún otro elemento que permita determinar la emisión de las notas fiscales presentadas por el contribuyente y de esta manera establecer la verdad material en el presente proceso, conforme dispone el inciso d) del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), toda vez que el SIN se encuentra envestido de amplias facultades de verificación, fiscalización e investigación según el art. 100 de la Ley N° 2492 (CTB); omisión que afecta al debido proceso y derechos del sujeto pasivo establecidos en los núms. 2, 6 y 7 del art. 68 de la Ley N° 2492 (CTB).

En ese sentido se debe aclarar que en la etapa de descargos ante la Vista de Cargo, el mencionado contribuyente presentó memorial el 27 de diciembre de 2012, en el que arguye vulneración al debido proceso y derecho a la defensa, considerando las irregularidades cometidas en el proceso administrativo en cuanto a inconsistencias y a los plazos para la presentación de descargos.

Además que conforme a lo previsto por los Artículos 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), la Resolución Determinativa debe contener los fundamentos de hecho y de derecho, así como la relación y valoración de las pruebas de descargo; se establece que la Administración Tributaria vulneró los mencionados artículos que disponen los requisitos mínimos y fundamentación de los actos emitidos por la Administración Tributaria, cuya ausencia vicia de nulidad el acto administrativo, en este caso la Resolución Determinativa, al igual que la Vista de Cargo, acto que debía contener los hechos, datos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, conforme lo dispuesto en el Artículo 96 de la citada Ley 2492, y al evidenciarse vicios de nulidad más antiguos, corresponde a esta instancia anular obrados hasta la Vista de Cargo, por lo que la falta de valoración de los argumentos y pruebas vulneró el principio constitucional del debido proceso, previsto en el Parágrafo II del Artículo 115, de la Constitución Política del Estado, así como lo dispuesto en los Numerales 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que, conforme con el Parágrafo II del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde anular la Resolución de Alzada, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo N° 23-0001976-12, de 19 de noviembre de 2012 inclusive, a fin de que la Administración Tributaria emita una nueva cumpliendo con lo que prevén los Artículos 68, Numerales 2, 6 y 7; 96, 99 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) y; 4 inciso d) de la Ley N° 2341 (LPA) a fin de sanear el proceso de determinación.

En atención a lo ampliamente citado, sus probidades podrán verificar que los argumentos del demandante no son evidentes, de modo que la Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1429/2013, de 13 de agosto, fue dictado en estricta sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso, concluyendo que la demanda contencioso administrativa incoada, carece de sustento jurídico-tributario, siendo evidente que no existe agravio ni lesión de derechos que se le hubieren causado con la Resolución ahora impugnada.

Petitorio.

En tal mérito, pidió se emita Sentencia declarando IMPROBADA la demanda incoada de contrario.

Réplica.

De fs. 78 a 79 cursa escrito de réplica presentado por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, reiterando que el contribuyente no presentó estados financieros, ni libros de compras y ventas, como tampoco ningún documento que demuestre la inexistencia de movimientos contables; además de no haber presentado pruebas documentales del inicio de acciones legales por los agravios sufridos, e insiste en el mal cálculo efectuado, en cuanto al plazo otorgado en el Proveído 24-00001684-112 de 30 de octubre de 2012, ratificando los extremos de su demanda y pidiendo en definitiva se declare probada la misma.

Dúplica.

Por memorial de fs. 83 la AGIT presentó dúplica, señalando que la réplica es una transcripción de los argumentos de la demanda, los cuales fueron desvirtuados en la contestación; consecuentemente, no habría mayor mérito para pronunciarse sobre dicho memorial, pidiendo en definitiva se declare improbada la demanda.

Contestación del tercer interesado.

Mediante escrito de fs. 527 a 528, se apersonó María Ysabel Campero Alarcón en representación del tercer interesado Julio César Ramírez Arcani quien, con argumentos similares a la AGIT, pidió se declare IMPROBADA la demanda.