SE/0099/2017

SALA PLENA

SENTENCIA: 99/2017.

FECHA: Sucre, 13 de marzo de 2017.

EXPEDIENTE: 958/2013.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B. – ANDINA S.A.) contra el Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

MAGISTRADO RELATOR: Antonio Guido Campero Segovia.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 158 a 178 vta., subsanada vía fax a fojas 183 y en original a fojas 186 de obrados, interpuesta por Yacimientos Petrolíferos Bolivianos YPFB Andina S.A., representada por Carlos Daniel Terán Aranibar y Miriam Cecilia Limpias Ortiz, impugna la Resolución Ministerial (R.M. R.J.) Nº 090/2013, pronunciada el 29 de julio, por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía; la contestación de fojas 271 a 279, réplica de fojas 301 a 311.; dúplica de fojas 411 a 417 vta., los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

Que, Carlos Daniel Terán Aranibar y Miriam Cecilia Limpias Ortiz, se apersonaron a este Tribunal por memorial de fojas 158 a 178 vta., en representación legal de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos YPFB Andina S.A., manifestando que cumpliendo instrucciones de su mandante y de conformidad con lo estipulado en el art. 70 de la Ley Nº 2341-Ley del Procedimiento Administrativo (LPA) y en el Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), Libro IV Título VII capitulo VII, arts. 778 y siguientes, interponen formal demanda, solicitando se revoque la R.M. R.J. Nº 090/2013 de 29 de julio, emitida por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, confirmando los actos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y que fuera notificada a la empresa que representan el 5 de agosto del mismo año.

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

La empresa demandante señala que mediante Resolución Administrativa (RA) SSHD Nº 075/2000 de 29 de febrero, se concedió a YPFB Andina S.A. la concesión para la operación de la Panta de Comprensión de Rio Grande, siendo esta empresa designada Administradora de la Asociación de Riesgo Compartido propiedad de YPFB Chaco S.A., Petrobras Bolivia S.A., Total E&P y la Empresa YPFB Andina S.A., contando este grupo accionario además con una concesión de transporte para un ducto menor de 12 pulgadas.

Siendo obligación del concesionario presentar anualmente al ente regulador los Presupuestos Programados de Operaciones e Inversiones que incluya los costos permitidos incurridos bajo los límites de razonabilidad y prudencia, y los Presupuestos Ejecutados, conforme el Reglamento de Transporte de Hidrocarburo por Ductos, el 15 de febrero de 2006, YPFB Andina S.A., presentó a la ANH el Presupuesto Ejecutado correspondiente a la gestión 2005.

El 12 de septiembre de 2011, la Empresa Xonex-Energía, que se adjudicó el trabajo de auditoria regulatoria de carácter técnico económico y financiero de los presupuestos ejecutados Andina Compresión y Andina Ducto 12” de las gestiones 2005, 2006 y 2007, presentó el Informe Técnico del Presupuesto Ejecutado y el 13 del mismo mes y año el Informe Económico, ambos correspondiente a la gestión 2005.

En fecha 3 de octubre de 2011 YPFB Andina S.A. mediante nota JV RGC-190/2011, presentó descargos a los informes de auditoría haciendo llegar el 7 de octubre información complementaria a dichos descargos económicos y técnicos.

El 24 de agosto de 2012, la ANH emitió la RA Nº 2191/2012, aprobando el Presupuesto Ejecutado gestión 2005 de YPFB Andina S.A. – Planta de Compresión Rio Grande, notificada el 28 de agosto de 2012, que fue impugnada mediante Nota Cite JV RGC-192/2012, presentada el 5 de septiembre de 2012, mereciendo el Auto de 12 de septiembre de 2012, en la que el ente regulador desestimó la solicitud de aclaración y complementación por haber sido presentada fuera del plazo establecido por Ley.

El 17 de septiembre de 2013 (debió decir 2012), YPFB Andina S.A., presentó Recurso de Revocatoria que fue admitido por la ANH el 20 de septiembre de 2012, disponiendo de oficio la apertura de término probatorio de 10 días hábiles administrativos; empero, no obstante de dicho plazo la ANH mediante la RA AND Nº 3149 de 19 de noviembre de 2012, desestimó el Recurso de Revocatoria por haber sido interpuesto fuera de plazo; solicitándose el 3 de diciembre de 2012 aclaración y enmienda, rechazada por contestación de 5 de noviembre (debió decir diciembre) de 2012 siendo la misma clara y precisa se esté a su contenido.

El 14 de diciembre de 2012, YPFB Andina S.A., presentó Recurso Jerárquico contra la RA Nº 3149/2012 que fue resuelto por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía rechazándolo y en consecuencia confirmando la RA Nº 3149/2012 así como la RA ANH Nº 2191/2012.

I.2. Fundamentos de la demanda.

1. Sobre la Nulidad del procedimiento por vulneración a los derechos de petición e información y a los principios de informalismo, verdad material e in dubio pro actione, causando indefensión al administrado, señaló que YPFB Andina S.A., mediante Nota Cite JV RGC-192/2012, solicitó de manera expresa a la ANH aclaración, enmienda e información de la RA N° 2191/2012, con la triple pretensión de solicitar aclaración, información y enmienda que debió ser entendida como manifestación de la voluntad de impugnar ciertos actos arbitrarios. En esta triple pretensión, continúan los demandantes, haciendo uso del derecho a la petición e información, señalando que se reclamó: a). El haber recortado los cargos que se registraron como previsiones sin considerar el principio devengado; b) La no aceptación por parte de la ANH del costo efectivamente pagado por YPFB Andina S.A., con relación al gas, que era el combustible requerido para mantener las operaciones diarias de compresión durante la gestión 2005 a mayo 2006; c). No considerar el gasto efectivamente pagado por el servicio de administración; d). La falta de consideración como parte del gasto financiero de las comisiones bancarias e ITF que fueron efectivamente pagadas en las operaciones normales con los proveedores de insumos y servicios; e). El criterio aplicado para definir las cuentas de estudio de un proyecto que no se sabe si llegue a implementarse ya que todo proyecto de inversión requiere previamente de un estudio de ingeniería.

En cuanto a la solicitud de aclaración e información, refirieron que la ANH y el Ministerio de Energía e Hidrocarburos emitieron su pronunciamiento, desestimando su petición con el argumento de haber sido interpuesto extemporáneamente, sin haber considerado la naturaleza de la petición, vulnerando el principio de verdad material que rige la Administración Pública y que si bien, efectivamente, la solicitud fue presentada después de 6 días de su legal notificación con la RA Nº 2191/2012, esto no libera a la Administración de la obligación de atender el derecho de petición y de información que asiste al administrado en pro del derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, que no tienen plazo para ser ejercidos, pudiendo ser interpuestos en cualquier momento y cuantas veces sea necesario., el no atender esta solicitud acarrea nulidad en el procedimiento. Al efecto los demandantes citaron los arts. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), 1.b), 16, 18 de la LPA, aclarando que resulta fundamental considerar el Principio de Informalismo y el de Favorabilidad conforme estableció la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 136/2013-R y la SCP Nº 0338/2012 referida al derecho a la petición, así como las Sentencias Constitucionales (SSCC) Nos. 1159/2003-R, 0843/2002-R y SCP Nº 0213/2013, referidas estas tres últimas a la obligación de la Administración a resolver prontamente las peticiones.

Realizando una serie de ampulosas consideraciones sobre el “Derecho a la Petición”, la empresa demandante concluye que la ANH y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía con su actuación de no responder a la solicitud de aclaración y complementación, afectaron su derecho a la defensa, viciando de nulidad el procedimiento y situando al administrado en estado de indefensión, más aún si se considera que la solicitud de información fue presentada dentro de los 10 días que franquea la Ley para que el administrado haga uso de los recursos administrativos si así ve por conveniente, en base a la información cierta requerida que resulta fundamental para la sustanciación del proceso.

Refiriéndose a la naturaleza impugnatoria de la Nota Cite JV-RGC-192/2012 en virtud de los Principios de Informalismo, Verdad Material e In dubio Pro Actione., la entidad demandante señaló que resultaba inminente que la intención de YPFB Andina S.A., era la manifestación clara de la afectación de sus derechos e intereses legítimos con la emisión de la RA Nº 2191/2012, por lo que tal Nota poseía una naturaleza impugnatoria, por lo cual, a través de ella se solicitó a la Autoridad Administrativa información y documentación para sustanciar el proceso, y una vez tomado conocimiento de ella, debió calificarla como una actuación de carácter impugnatorio, siendo obligación de la entidad reguladora, interpretar la intención del administrado, conforme la determinación de los arts. 42 y 46 de la LPA y en aplicación del Principio de Informalismo, conforme al entendimiento recogido en la SC Nº 0642/2003-R de 8 de mayo, que señala que la autoridad administrativa podrá interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del escrito, sino conforme a la intención del recurrente, corrigiendo equivocaciones formales de los administrados. Agregó en relación al Principio In dubio Pro Actione que éste postula en favor de la mayor garantía y de la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de acción, asegurando más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento, permitiendo que en caso de duda, ésta debe resolverse en el sentido más favorable a la continuación del procedimiento hasta su conclusión.

Continúa la demanda señalando que en aplicación de los principios anotados y descritos precedentemente, el ente regulador tenía la obligación de calificar la solicitud de enmienda efectuada por YPFB Andina S.A., mediante Nota Cite JV-RGC-192/2012 como una impugnación de las actuaciones administrativas que dieron origen a la RA Nº 2191/2012 y que implican afectación a sus derechos subjetivos e intereses legítimos, no pudiendo la ANH aducir desconocimiento de la pretensión del administrado, toda vez que dicha Nota fue presentada a los 6 días de los 10 que franquea la Ley, resultando que, al no haber considerado aquella Nota como un recurso de impugnación, la autoridad no sólo hizo caso omiso de la petición, sino que no emitió respuesta alguna, vulnerando los arts. 11, 16.b) y 52 de la LPA.

Incidió en el hecho que el Auto de 12 de septiembre de 2012 únicamente desestimó la solicitud de aclaración y complementación sin pronunciarse en lo absoluto sobre la enmienda impetrada, cuando la autoridad administrativa tenía obligación de emitir pronunciamiento al respecto, transgrede los derechos de YPFB Andina S.A. Situación similar se presenta en relación a la RA Nº 3149/2012 que se limitó a desestimar el recurso de revocatoria interpuesto por el demandante contra la RA Nº 2191/2012 por haber sido presentada supuestamente fuera del plazo establecido y también en la R.M. R.J. Nº 090/2013 en la que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía rechazó el recurso jerárquico y confirmó los actos administrativos de instancia inferior, olvidando que por aspectos meramente formales no puede dejar de pronunciarse sobre los aspectos de fondo reclamados en el recurso, acarreando entonces la nulidad del procedimiento por todas las actuaciones y omisiones de la autoridad administrativa que causaron indefensión al administrado.

2. Refiriéndose a la Nota Cite JV-RGC-192/2012 que según la demanda cumplió con todos los requisitos para ser considerada un recurso administrativo de impugnación, indicó que el ente regulador no tomó en cuenta que aquella Nota cumplía con las exigencias previstas en lo arts. 39 y 56 de la LPA, así como con los arts. 48, 49 y 86 del Decreto Supremo (DS) N° 27172-Reglamentario de la Ley indicada para el SIRESE, por cuanto fue presentada por escrito ante el Director Ejecutivo de la ANH, se individualizó el acto impugnado (RA Nº 2191/2012); se indicó de manera fundada el derecho subjetivo y los intereses legítimos vulnerados, fue presentada el sexto día de haber sido notificado con la Resolución que se impugnada, es decir dentro del plazo de los 10 días establecidos por Ley. De considerar la autoridad administrativa que dicha Nota no cumplía con los requisitos antedichos, añade el demandante, correspondía observar la disposición contenida en el art. 87 del DS Reglamentario citado, es decir, que debió requerirse se subsanen las deficiencias observadas y recién proceder a la desestimación del recurso.

3.- A cerca de la nulidad por violación al debido proceso al constatarse arbitrariedad al calificar los recursos administrativos como extemporáneos. Manifestó que la Nota Cite JV-RGC-192/2012 al haber sido presentada dentro de plazo, fundamentar y exponer los derechos subjetivos e intereses legítimos afectados por la RA Nº 2191/2012, solicitando su enmienda y solicitar se le proporcione a YPFB Andina S.A., los informes técnicos y legales en los que se sustenta dicha Resolución, no pudo dejar de ser considerada como un recurso de impugnación, menos aducir desconocimiento de las pretensiones del administrado, de hacerlo se estaría vulnerando el derecho a la defensa y a recibir una respuesta motivada y fundada, a más de contravenir la obligación de resolver todo asunto sometido a su conocimiento conforme prevé el art. 52 de la LPA.

Añadió que si bien para el administrado el derecho a la petición y el acceso a la información-documentación son imprescriptibles, para la administración existe la obligación de responder pronta y oportunamente, más aún si la información requerida resulta esencial para fundamentar el proceso, recalcó que la SCP Nº 00113/2013-L de 20 de marzo que sirve de fundamento para la R.M. R.J. Nº 090/2013, emitida por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía no es aplicable al caso de YPFB Andina S.A., por las características de la Nota Cite JV-RGC-192/2012.

Realizando una serie de consideraciones redundantes sobre la Nota Cite JV-RGC-192/2012 y aspectos doctrinales acerca del principio de informalismo que rige el procedimiento administrativo, en la demanda se afirma que tanto la ANH cuanto el Ministerio de Hidrocarburos y Energía al haber desestimado los recursos administrativos de impugnación, violaron la garantía constitucional del debido proceso, situaron en estado de indefensión al administrado, dando lugar a la nulidad del procedimiento.

4.- Sobre el Principio de Verdad Material y la Doctrina de los actos propios. Arguyó que la autoridad administrativa en ningún momento del proceso efectuó un análisis respecto de la existencia de las irregularidades explicadas en las solicitudes de YPFB Andina S.A., no habiendo considerado que en virtud al Principio de Verdad Material que rige el procedimiento administrativo y se opone al de Verdad Formal que rige el procedimiento civil, la administración se encontraba obligada a investigar y resolver más allá de lo alegado en los recursos administrativos, que este principio juntamente con el de Informalismo, permite dejar de lado ciertas formalidades que no son consideradas esenciales, es así que en el caso de YPFB Andina S.A., interpretó que la admisión del Recurso de Revocatoria, significó que fueron cumplidos todos los requisitos previstos por Ley o si alguno hubiese sido incumplido, la autoridad administrativa en aplicación del art. 4.l) de la LPA consideró excusada la formalidad. Sobre la doctrina de los actos propios, en la demanda se anotó que la ANH admitió la reiteración del Recurso de Revocatoria a través del Auto de admisión de fecha 20 de septiembre de 2012, sometiendo el procedimiento administrativo a periodo de prueba a fin de conocer el fondo del asunto planteado, por lo que la Resolución de aquel recurso no pudo basarse en cuestiones de forma, resultando entonces una contradicción que primero la ANH haya admitido el recurso para luego resolver y determinar que el mismo fue presentado tardíamente.

Aditamento que la RA ANH Nº 3149 se opone a la Teoría de los Actos Propios que deriva de la aplicación del principio lógico de no contradicción, aplicable en el campo del derecho público, en tanto exige al Estado un comportamiento coherente frente a los administrados, el obrar de una manera contradictoria con una conducta anterior dentro de una misma situación jurídica, conlleva responsabilidad para la autoridad administrativa, por lo que cuando la AHN asumió conocimiento del recurso de impugnación, admitió la reiteración del Recurso de Revocatoria, dispuso la apertura de plazo probatorio, señaló día y hora de audiencia dentro del plazo probatorio, para luego desestimar el recurso por extemporáneo, habría transgredido esta Teoría y situado a YPFB Andina S.A. en estado de indefensión.

5.- En cuanto a los aspectos económicos y financieros. Señaló que el ente regulador no consideró la razonabilidad del gasto en los siguientes ítems: a) Combustibles, consumibles y otras fuentes de energía para operaciones, considerando el monto de $us.2.920.642 como gasto no razonable ni prudente porque los gastos registrados no cuentan con factura, b) Servicios Profesionales (cargos a empresas relacionadas) señala que la YPFB Andina S.A. remitió una explicación en detalle sobre el manejo administrativo de la cuenta cargos a empresas afiliadas, incluyendo un criterio de benchamark para que la autoridad competente cuente con elementos que le permitan aprobar un monto razonable de la Planta de Río Grande y Línea de 12 pagado en la gestión 2005, c) Servicios Generales, observando la auditoria el alquiler de un micro con chofer y los servicios de comisiones bancarias aduciendo que son gastos que debe ser asumido de manera corporativa por la empresa, no debiendo ser contabilizados dentro de los gastos regulados, y respecto al costo de $us.57 se debe al derecho de uso de la plataforma electrónica del CITIBANK para realizar pagos en cuentas del exterior; d) Gastos Financieros, observando el gasto correspondiente al Impuesto a las Transacciones Financieras por $us.65.592, considerando que los mismos deben ser asumidos por la empresa y no incorporados como parte de la tarifa comprensión; e) Comisiones Bancarias, por un monto de $us.29.701, que según la ANH deben ser asumidos de manera corporativa no pudiendo ser incluidos en los costos regulados.

I.3. Petitorio.

Concluyó solicitando: “Se haga oportunamente lugar a la presente Demanda, declarando la nulidad del procedimiento administrativo, hasta el vicio más antiguo, el Auto de 12 de septiembre de 2012, emitido por la ANH, ordenando a la misma se expida sobre todos los aspectos pretendidos en el Recurso de Impugnación de fecha 5 de septiembre de 2012 (Nota Cite JV-RGC 192/2012. En consecuencia se ordene la revocación de la Resolución Ministerial RJ Nº 090/2013, emitida por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía el 29 de julio de 2013 y por su mérito la Resolución Administrativa AMH Nº 3149/2012 del 19 de noviembre de 2012, y la Resolución Administrativa ANH Nº 2191/2012”.

II. De la contestación a la demanda.

Juan José Hernando Sosa Soruco, en su condición de Ministro de Hidrocarburos y Energía, se apersonó al proceso, respondiendo negativamente con memorial presentado el 8 de mayo de 2014 cursante de fojas 271 a 279, luego de enunciar los antecedentes del proceso administrativo, señaló en síntesis los siguientes extremos:

Que la empresa demandante cambio radicalmente los argumentos expuestos en la tramitación de los recursos administrativos, exponiendo nuevos agravios que habría cometido el Ministerio a tiempo de resolver el Recurso Jerárquico, cuando refiere que la autoridad administrativa al recibir la Nota Cite JV-RGC 192/2012 presentada el 5 de septiembre de 2012, debió entender primero que la pretensión era triple porque solicitó aclaración, enmienda además de información, además de haber entendido también dicha Nota como una manifestación de su voluntad de impugnar ciertos actos administrativos.

Respecto a la solicitud de información, apuntó que la Nota en cuestión constituye una solicitud de aclaratoria y complementación propia de la tramitación previa a la interposición de los recursos administrativos, es así que en la referencia de la Nota se indicó “Solicita aclaración y enmienda de la RA ANH Nº 2191/2012 del 24 de agosto de 2012”, no haciendo alusión siquiera a solicitud de información o documentación alguna y utilizando como base legal de su petición el art. 11 del DS Nº 27172 Reglamentario de la LPA para el SIRESE, no invocando ninguna otra norma que diera a entender una solicitud de información, habiéndose consignado claramente que se solicitaban aclaraciones y complementaciones sin que exista solicitud de información o documentación específica, pretendiendo con la demanda recién dotarle una finalidad distinta, pretendiendo cubrir la negligencia del personal de la empresa demandante por la presentación extemporánea de aquella solicitud que derivó en la presentación fuera de plazo del recurso de revocatoria, que no consideró que por mandato del art. 21 de la LPA, los términos y plazos para la tramitación de los recursos administrativos se entienden como máximos y son obligatorios, no estando librados a la voluntad de la autoridad administrativa.

Sobre la solicitud de enmienda, señaló que el demandante pretende forzar el contenido de la Nota Cite JV-RGC 192/2012 cuando afirma que esta constituía un recurso de revocatoria, aspecto nuevo que es invocado recién en esta etapa que no fue expresado en sede administrativa donde se invocó únicamente la aplicación de los principios de informalismo, verdad material e in dubio pro actione, constituyendo dicha Nota inequívocamente una solicitud de aclaración y de ningún modo una voluntad impugnatoria de un acto definitivo emitido por la ANH, no cumpliendo con los requisitos exigidos por los arts. 86 del DS Nº 27172 y 117 del DS Nº 27113, de manera tal, que, la pretensión del demandante en sentido de que tal Nota debe ser considerada como un recurso impugnativo en aplicación del principio de informalismo excede los alcances de dicho principio. Citó al efecto la SC Nº 0092/2005 de 19 de agosto que resalta el carácter pro administrativo del principio de informalismo, no extendiéndose el alcance de su aplicación a la exoneración del cumplimiento de los plazos procesales, pronunciándose la SC Nº 1102/2004-R de 16 de julio, cuyo entendimiento en relación al plazo procedimental señaló que “el recurso al ser presentado fuera de plazo ya constituyó una negligencia del recurrente que no puede ser subsanada por el señalado principio” (refiriéndose al principio de informalismo).

A cerca de la acusada violación al Principio de Verdad Material y la Doctrina de los Actos Propios, refirió que el demandante pretende hacer incurrir en error a este Tribunal sobre la base de afirmaciones falsas en torno a la Nota Cite JV-RGC 192/2012, que según el demandante constituiría un recurso de revocatoria y que el memorial presentado en fecha 17 de septiembre de 2012 con la suma “Interpone recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa ANH Mº 2191/2012 de 24 de agosto de 2010 (Presupuesto 2005)”, representó una reiteración del recurso de revocatoria, afirmación del demandante totalmente falsa –a decir de la autoridad demandada, por las siguientes razones: a) La Nota Cite JV-RGC 192/2012 no cumple con los requisitos exigidos por la normativa administrativa para ser considerado un recurso de impugnación, y en su contenido íntegro únicamente se solicita aclaración sobre algunos puntos de la resolución; b) El memorial presentado en 17 de septiembre de 2012, resulta por demás claro al señalar “Interponemos Recurso de Revocatoria”; c) En el memorial de recurso de revocatoria el demandante claramente indicó que en el entendido de que su solicitud de aclaración y complementación interrumpe el plazo para la interposición de los recursos administrativos; para más adelante señalar que consideran por desestimada su solicitud; d) Si la voluntad planteada en la Nota señalada era la interposición del recurso de impugnación, no se entiende como en la interposición del Recurso Jerárquico el propio demandante citó como antecedentes la Nota Cite JV-RGC 192/2012 simplemente como una solicitud de complementación y enmienda, además haciendo mención expresa a que, por memorial de 17 de septiembre de 2012 interpuso Recurso de Revocatoria.

La autoridad demandada afirmó que las contradicciones anotadas en el párrafo precedente ponen en evidencia que en ninguno de los actuados realizados en sede administrativa, YPFB Andina S.A., afirmó que la Nota tantas veces indicada constituía un recurso de revocatoria, siendo este un elemento nuevo introducido en la presente demanda, aclaró expresamente en relación a la Doctrina de los Actos Propios, que la admisión o radicatoria de un determinado recurso administrativo, no genera más efecto que el de evidenciar el conocimiento del trámite por una determinada autoridad, no implicando una aceptación de consideración de argumentos de fondo, pues de ser así no tendría sentido la disposición del art. 90.a) del Reglamento a la LPA para el SIRESE.

Finalmente, sobre el punto subtitulado Aspectos Económicos Financieros, señaló que no corresponde pronunciamiento alguno en virtud a que el objeto de los recursos administrativos se circunscribió a determinar la legalidad o ilegalidad de la Resolución de la ANH y establecer la oportunidad de presentación de los recursos, no habiendo ingresado a ver lo aspectos de fondo planteados por el demandante en la presente acción.

II.1. Petitorio.

La autoridad demandada solicitó se declare improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la Resolución impugnada en el proceso.

III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

1. Los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno procesal, dan cuenta que el hecho que dio lugar al reclamo de YPFB Andina S.A. contra los actos de la ANH y Ministerio de Hidrocarburos y Energía, fue la Auditoría Regulatoria de carácter Técnico, Económico y Financiero del Presupuesto Ejecutado por la empresa demandante de la gestión 2005, en las operaciones de transporte por ducto menor de 12 pulgadas de la Planta de Compresión de Rio Grande, que concluyó, previo el Informe DEF 0185/2012 INF de 31 de mayo (fojas 1 a 38 del Anexo 1) e Informe DDT 0382/2012 de 15 de agosto, en la emisión de la RA ANH N° 2191/2012 de 24 de agosto, por la cual, la ANH, resolvió sobre la base de los principios de razonabilidad y prudencia, aprobar el Presupuesto Ejecutado Gestión 2005 de YPFB Andina S.A., Planta de Compresión Rio Grande (fojas 32 a 33 del Anexo 1).

2. YPFB Andina S.A., mediante Nota JV RGC-192/2012 de 5 de septiembre, solicitó aclaración y enmienda de la RA ANH N° 2191/2012 (fojas 32 a 33 del Anexo 1) que como respuesta mereció el Auto de 12 de septiembre de 2012, por el cual, la ANH, con el argumento que la petición fue presentada fuera del plazo establecido por el art. 11.I del DS Nº 27172, resolvió “Desestimar a solicitud de aclaración y complementación” (fojas 51 a 52 del Anexo 1).

3. Mediante memorial que discurre a fojas 54 a 55 vlta. del Anexo 1, complementado en los términos del memorial de fojas 110 a 112 del mismo anexo, YPFB Andina S.A., dedujo Recurso de Revocatoria contra la RA ANH N° 2191/2012 de 24 de agosto, que fue resuelto con el pronunciamiento de la RA ANH N° 3149/2012 de 19 de noviembre, en la que la ANH “Desestimó” el recurso interpuesto al no haber sido interpuesto dentro del plazo previsto por el art. 64 de la LPA (fojas 128 a 131 del Anexo 1).

4. La empresa demandante, interpuso Recurso Jerárquico de fojas 133 a 148 vta. del Anexo 1, que fue conocido y resuelto por el Ministro de Hidrocarburos y Energía que pronunció la R.M. R.J. N° 090/2013 de 29 de julio, determinando “Rechazar” el Recurso Jerárquico y en su mérito confirmar la RA ANH N° 3149/2012 y la RA ANH N° 2191/2012, emitidas ambas por la ANH, debido a que, según la autoridad demandada, los argumentos del Recurso Jerárquico no se adecúan a las previsiones del ordenamiento jurídico administrativo, ni en la jurisprudencia ni doctrina aplicable (fojas 272 a 292 del Anexo 1, reiterada de fojas 97 a 117 del Expediente).

5. Dicho acto administrativo dio origen al proceso contencioso administrativo, materia de autos.