SE/0226/2017

SALA PLENA

SENTENCIA: 226/2017.

FECHA: Sucre, 18 de abril de 2017.

EXPEDIENTE: 1085/2013.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADO RELATOR: Pastor S. Mamani Villca.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. de 21 a 23, planteada por la Administración Aduanera impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1404/2013, emitida el 13 de Agosto, por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fs. 49 a 53, réplica de fs. 84 a 86 vta., dúplica a fs. 90 a 91; los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

Que mediante nota N° AN-GRPGR-UFIPR-C-039/2012 la Administración Aduanera solicitó al Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) la autenticidad del Certificado N° CM-PT-04-00077-2012, correspondiente al vehículo que ampara el Documento Único de Importación (DUI) 2012/521/C-1623, petición respondida por IBMETRO el 24 de agosto de 2012, mediante Informe N° IBMETRO-DML-INF-231/12, en el que se señala que el indicado certificado no existe y no está registrado en ninguno de los archivos IBMETRO-Central La Paz ni Cochabamba, haciendo conocer además, varias observaciones respecto al técnico que hubiera efectuado la inspección y la ausencia de formalidades en dicho documento, concluyendo que no fue realizado bajo procedimientos establecidos por IBMETRO. Asimismo, concluyó que la revisión de los códigos y números de los certificados recibidos, que los mismos no se encuentran registrados en los archivos y base de información de la entidad, por lo que los mismos tendrían origen fraudulento, por lo que la Dirección de la entidad iniciaría las acciones que correspondan, solicitando además a la Unidad de Fiscalización de la ANB efectúe las gestiones que sean convenientes para dar con los responsables de esos hechos.

Con ese antecedente, -dice- se evidenció que la Agencia Despachante de Aduana BURGOS SRL, al momento de efectuar el despacho aduanero de la DUI Nº 2012/521/C-1623 de 4 de mayo de 2012, presentó un certificado medio ambiental no validado o presuntamente falso, por lo que se estableció que no se contaba con la Certificación Medioambiental emitida por IBMETRO que certifique que los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos de un vehículo son compatibles con los niveles establecidos o aprobados por la legislación nacional vigente.

Citando la normativa contenida en los arts. 148 del CTB, 84, 85 y 88 de la Ley General de Aduanas (LGA), 111 y 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), 3º y 5º del DS 28963 así como la R.M. 357 de 1 de septiembre de 2009, señaló que se presume que se habría incurrido en el ilícito de contrabando tipificado en el art. 181-b) del CTB, según tributos pagados de Bs. 39.483,00, equivalentes a 22.547,67UFV s; es decir, contrabando contravencional.

Que, en base al informe AN-UFTPR-I-139/2012 y Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-087/2012 de 31 de octubre y la prueba analizada el 27 de diciembre de 2012, Administración Aduanera dictó la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-24/2012, declarando probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando en contra de Gustavo Francisco Villarroel Morales, con CI N° 6541699 Chbba., por el inciso b) del artículo 181 del CTB.

La Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), anuló la Resolución del recurso de alzada ARIT/CHQ/RA 0097/2013 de 6 de mayo, emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria Chuquisaca, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional, con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente para determinar la veracidad del certificado Medio Ambiental N° CM-PT-04-00077-2012, la Administración Aduanera dicte nueva acta de intervención contravencional, si corresponde, al respecto expuso como fundamento: “xii De lo anterior se evidencia que existe una contradicción de argumentos ente el sujeto pasivo y la Administración Aduanera respecto a la prueba principal puesto que Fermina Céspedes Salazar, asegura que es plenamente válida para desvirtuar la contravención de contrabando contravencional impuesta, y por otro lado, el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria, establecen que el Certificado Medio Ambiental CM-PT-04-0033-2011 correspondiente al vehículo que ampara la DUI C-1652 no existe, ni se encuentra registrado en los archivos de IBMETRO según informe AN-UF-UFIPR-I N° 060/2012; motivo por el cual dicha prueba, se encuentra suspendida al pronunciamiento en la vía penal; es decir, para determinar si lo hechos generadores acaecieron o no, dando como resultado el nacimiento de una contravención aduanera de la cual sería responsable el sujeto pasivo; se requiere previamente el pronunciamiento sobre la veracidad o no del mencionado certificado medio ambiental (fs. 15 de antecedentes administrativos c.2) hecho que, como bien lo señala la Administración Aduanera, competen al Ministerio Publico”.

I.2. Fundamentos de la demanda.

Apuntó que refutando la fundamentación de la AGIT, le corresponde señalar lo siguiente:

Que al amparo de la Resolución de Directorio (RD) 01-004-09 de 12 de marzo de 2009 que aprueba el Procedimiento de Control Diferido y de conformidad a lo señalado en el art. 96 y último párrafo del art. 181 del CTB, modificado por la cláusula Décima Sexta de las Disposiciones Adicionales de la Ley 317, se emitió el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-087/2012 de 28 de septiembre de la DUI 2012/521/C-1623, en la que se puede observar de manera más amplia el trabajo realizado, la identificación de las personas sindicadas, identificación de los medios de prueba y/o medios empleados para la comisión del Contrabando Contravencional, descripción de la mercadería objeto de contrabando y demás datos que ayudaron a determinar la contravención aduanera.

Realizando una trascripción de los arts. 48 del Decreto Supremo (DS) Nº 27310; 85 de la LGA; 65 y 148 del CTB; 111 del RLGA, indicó que el citado art. 48 del DS Nº 27310 señala que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los arts. 21 y 100 del CTB, en las fases de control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, la verificación de calidad, origen, u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante esas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior; es decir, que todo aquello que no haya podido ser determinado puede ser sujeto a una fiscalización según corresponda, el término faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito sine quanon para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 del CTB.

Que por lo señalo, el procedimiento seguido a consecuencia del Control Diferido Regular es totalmente válido al haberse determinado en el mismo que la DUI no cuenta con documentos de soporte válidos, por lo que el sujeto pasivo adecuó su conducta a lo establecido en el art. 181-b) del CTB ya que está transportando un vehículo infringiendo los requisitos esenciales por normas aduaneras, tales como, los arts. 111-k) del RLGA y 119, modificado por la disposición adicional tercera del DS Nº 572 de 14 de julio de 2010. En caso de no contar con la acreditación mediante certificación que la mercancía es apta para su consumo o utilización, la Administración Aduanera en coordinación con la entidad, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías.

Reiteró que en el procedimiento de Control Diferido Regular, se estableció claramente que el certificado de IBMETRO que fue presentado como documento de soporte de la DUI, no existe y no está registrado en ninguno de los archivos de IBMETRO-Central La Paz conforme se estableció en la nota IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio.

Con relación a lo señalado por la AGIT de que debe existir pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional que determine la falsedad del documento no corresponde porque el proceso penal instaurado por la Aduana por los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado no tiene la finalidad de determinar la falsedad de documento, pues el mismo esta corroborado por el certificado de IBMETRO, al parecer la AGIT pone en duda lo afirmado por IBMETRO dando mayor credibilidad a lo señalado por los importadores.

Haciendo una transcripción de los arts. 198, 199 y 203 del CP afirmó que de su interpretación no se pretende se identifique la falsedad, sino más bien, se determine quién es el autor o participe del hecho delictivo, de ahí que no resulta coherente que la AGIT pretenda se dilucide el proceso penal para determinar si el certificado es falso o no, sino en qué grado fueron responsables de la elaboración y uso de este documento, por lo que la determinación o no del sujeto punible en ningún momento convalidará el certificado CM-PT-04-00077-2012, al contrario solo sancionará el hecho punible, situación distinta con el proceso de contrabando contravencional que se inició, puesto que al tener la certificación de IBMETRO de que los merituados documentos son falsos, es como si los mismos no existieran porque no fueron emitidos por la entidad competente y, por consiguiente, se hubiera incumplido lo dispuesto por el art. 111 inc. k) del Reglamento de la Ley General de Aduanas, en ese entendido es que se procesó por contrabando contravencional.

El proceso penal ordinario es un tema aparte iniciado con la finalidad de poder determinar quiénes son los responsables de fraguar documentos que están permitiendo la circulación de vehículos que no cumplen con las exigencias medio ambientales, atentando contra la salud de la sociedad en su conjunto. IBMETRO ha certificado que los certificados utilizados en los despachos aduaneros no fueron emitidos por la misma, con ello se demuestra que fueron fraguados, correspondiendo a la Autoridad jurisdiccional determinar quién o quiénes son los responsables.

I.3. Petitorio.

Solicitó se declare probada la demanda contencioso administrativa, revocando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 1404/2013 de 18 de agosto emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, por consiguientemente, se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS-24/2012 de 27 de diciembre.

II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente la demanda con memorial presentado el 15 de agosto de 2014, que cursa de fojas 49 a 53, señalando que los fundamentos de la Resolución impugnada son claros y están respaldados con argumentos técnico jurídicos.

Apuntando los antecedentes administrativos del caso, señaló que existe una contradicción de argumentos entre el sujeto pasivo y la Administración Aduanera respecto a la prueba principal, puesto que Gustavo Francisco Villarroel Morales, asegura que es plenamente válida para desvirtuar la contravención de contrabando contravencional impuesta, por otro lado, el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria establecen que el Certificado Medio Ambiental del vehículo que ampara la DUI 2012/521/C-1623 de 4 de mayo de 2012, no existe ni esta registrado en los archivos de IBMETRO, y que por lo mismo sería presuntamente falso; motivo por el cual dicha prueba se encuentra supeditada al pronunciamiento en la vía penal; es decir, para determinar si los hechos generadores acaecieron o no, dando como resultado el nacimiento de una contravención aduanera de la cual sería responsable el sujeto pasivo se requiere previamente del pronunciamiento de la veracidad del certificado medio ambiental, hecho que como bien lo reconoce la misma Administración Aduanera compete al Ministerio Público. En tal virtud, la instancia jerárquica está imposibilitada por mandato del art. 197-II inc. b) de la Ley 3092, pronunciarse sobre la autenticidad o falsedad del certificado Medio Ambiental, teniendo el sujeto activo las vías legales correspondientes para dicho fin, en cumplimiento del último parágrafo del art. 217 de la misma ley, referido a un proceso judicial previo, el cual estaría iniciado según asegura la Administración Aduanera.

II.1. Petitorio.

Concluyó solicitando se declare improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la ANB, manteniendo firme y subsistente la resolución jerárquica impugnada.

III. INTERVENCION DEL TERCERO INTERESADO.

Gustavo Francisco Villarroel Morales, como tercero interesado fue legalmente notificado con el proceso contencioso administrativo mediante orden instruida (fs. 16), no habiéndose apersonado al mismo ni asumido defensa.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

En el caso de autos, la Administración Aduanera controvierte la decisión de anular lo obrados, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-087/2012, de 31 de octubre, inclusive, con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente para determinar la veracidad del Certificado medio Ambiental N° CM-PT-04-00077-2012, la Administración Aduanera dicte una nueva Acta de Intervención Contravencional, si corresponde conforme establece el inc. c), Parágrafo I, del art. 212, de la Ley N° 3092 (Título V del CTB).

Al efecto señaló, que el art. 48 del DS Nº 27310 faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito sine quanon para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de la AGIT no interpretó correctamente dicha normativa conforme establece el art. 8 del CTB y realizó una interpretación incorrecta al pretender que se determine en una Fiscalización Posterior, un hecho ya demostrado en el Control Diferido Regular, a cuya consecuencia se anuló obrados sin justificativo o normativa específica, causándole un grave perjuicio al haber anulado obrados sin justificativo o normativa específica, siendo que el procedimiento seguido en el caso a consecuencia del Control Diferido Regular es válido, y donde se determinó que la DUI no contaba con documentos de soporte válidos, razón por la que el sujeto pasivo adecuó su conducta a lo establecido en el art. 181-b) del CTB, al haber transportado un vehículo infringiendo los requisitos esenciales por normas aduaneras, tales como, los arts. 111-k) del RLGA y 119, modificado por la disposición adicional tercera del DS Nº 572 de 14 de julio de 2010.

Por otra parte, se estableció que el certificado de IBMETRO presentado como documento de soporte de la DUI, no existe y no está registrado en ninguno de los archivos de IBMETRO-Central La Paz conforme se estableció en la nota IBMETRO DML CE 01659/2012 de 24 de agosto y que la exigencia de que exista un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional que determine la falsedad del documento no corresponde porque el proceso penal instaurado por la Aduana por los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado no tiene la finalidad de determinar la falsedad de documento, ya que el mismo esta corroborado por el certificado de IBMETRO, certificado que al parecer la AGIT pone en duda, dando mayor credibilidad a lo señalado por los importadores.

Por su parte, la autoridad demandada indicó que existía contradicción de argumentos entre el sujeto pasivo y la Administración Aduanera respecto a la prueba principal, puesto que el sujeto pasivo asegura que la misma era plenamente válida para desvirtuar la contravención de contrabando contravencional impuesta, y por otro lado, el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria establecían que el Certificado Medio Ambiental N° CM-PT-04-00077-2012 de 25 de mayo, el vehículo que ampara la DUI C-1623, no existía ni estaba registrado en los archivos de IBMETRO; motivo por el cual dicha prueba estaba supeditada al pronunciamiento en la vía penal; es decir, que para determinar si los hechos generadores acaecieron o no, dando como resultado el nacimiento de una contravención aduanera de la cual sería responsable el sujeto pasivo se requería previamente el pronunciamiento de la veracidad del certificado medio ambiental, hecho que como lo reconoce la misma Administración Aduanera compete al Ministerio Público. Estando la instancia jerárquica imposibilitada por mandato del art. 197 parágrafo II inc. b) de la Ley 3092, pronunciarse sobre la autenticidad o falsedad del certificado Medio Ambiental, teniendo el sujeto activo las vías legales correspondientes para dicho fin, en cumplimiento del último parágrafo del art. 217 de la misma ley.

V. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

A efectos de resolver y, en el marco de la controversia planteada, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso informan lo siguiente:

1. Que, mediante Comunicación Interna AN-GRPGR-UFIPR-CI-059/2012 de 25 de julio de 2012, el Jefe de la Unidad de Fiscalización a.i de la Gerencia Regional de Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia, ante irregularidades detectadas, entre ellas certificados medio ambientales presumiblemente falsos, solicita al Gerente Regional de Potosí de la Aduana Nacional autorice a esa unidad proceder a realizar un control Diferido regular a vehículos Usados Importados por Personas Naturales y Empresas Unipersonales Tramitadas en la Administración de Aduana Frontera Villazón de enero a junio de 2012, adjuntado al efecto el detalle de DUI s (fs. 32-34 anexo 1 sede administrativa).

2. El 1 de agosto de 2012, la Administración Aduanera solicitó a la Agencia Despachante de Aduana (ADA) “Burgos SRL” la remisión de DUI s de los vehículos detallados en el anexo con sus documentos de respaldo originales (fs. 36 anexo 1). El 2 de agosto del mismo año, la mencionada ADA, mediante Nota Cite: 042/2012, remitió la documentación requerida (fs. 37 -38 anexo 1 sede administrativa).

3. Con nota AN-GRPGR-UFIPR-C-039/2012, la Administración Aduanera, solicitó certificación de autenticidad de nueve (9) certificados emitidos por esa entidad, entre ellos DUI 2012/521/C-1623 que dio origen al presente proceso (fs. 41 anexo 1 sede administrativa).

4. IBMETRO remitió el Informe IBMETRO-DML-INF-231/12 de 21 de agosto, el cual indica que concluida la revisión de los códigos y números de los Certificados, se informa que los certificados no se encuentran registrados en los archivos y base de información de IBMETRO- CENTRAL La PAZ. Además, que no tienen el sello digital de visto bueno del director de área que es una característica de autenticidad de los certificados correspondientes a la gestión 2012 y llevan la firma del técnico de IBMETRO-La Paz Eddy Mamani y sello institucional IBMETRO REGIONAL CBBA., situación que no corresponde ya que los certificados Medio Ambientales para el recinto aduanero Villazón son emitidos por IBMETRO La Paz, debiendo tener los mismos el sello y firma del técnico y sello Institucional IBMETRO La Paz (fs. 42-43 anexo 1). En cuya virtud, El Director de Metrología Legal–IBMETRO respondiendo a la Administración Aduanera concluye que los Certificado Medio Ambientales tendrían un origen fraudulento, por lo que dicha dirección iniciaría las acciones correspondientes (fs. 47 anexo 1 sede administrativa)

5. El 30 de octubre de 2012, la Gerencia Regional Potosí, emitió el informe AN-UFIPR-I-139/2012, que da cuenta de haberse realizado el aforo documental, la decodificación del VIN del vehículo importado, la falta de certificado de IBMETRO, por lo que sugiere anular la DUI 2012/521/C-1623 de 4 de mayo, debido a que no existe certificado medioambiental emitido por IBMETRO. Finalmente, estableció indicios de la comisión del ilícito de contrabando tipificado en el art. 181-b) del CTB e indicios de la existencia de delitos penales por la falsedad del certificado de IBMETRO correspondiendo su consideración por la Unidad Legal para que tome las acciones que correspondan (fs. 48-64 anexo 1 sede administrativa).