SE/0537/2015

SALA PLENA

SENTENCIA: 537/2015.

FECHA: Sucre, 7 de diciembre de 2015.

EXPEDIENTE Nº: 81/2011.

PROCESO: Contencioso Administrativo.

PARTES: Empresa Minera San Cristóbal S.A. contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADO RELATOR: Pastor S. Mamani Villca.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa Minera San Cristóbal S.A., contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativo interpuesta por la Empresa Minera San Cristóbal S.A. de fs. 82 a 97 vta., impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0515/2010 de 22 de noviembre, la respuesta de fs. 147 a 153 vta., los memoriales de réplica de fs. 157 a 162, dúplica de fs. 166 a 167 y los antecedentes procesales; y.

CONSIDERANDO I: Que, Vladimir Alejandro Aguirre Morales, en representación de la Empresa Minera San Cristóbal S.A., dentro el plazo previsto en el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, interpuso demanda contencioso-administrativa, que se sintetiza en lo siguiente:

ANTECEDENTES: Manifestó que el 29 de agosto de 2008, presentó la Solicitud de Devolución Impositiva (SDI) por el periodo fiscal abril de 2008, la cual fue aprobada mediante Formulario 1137 con Orden Nº 5032233385 del 29 de agosto de 2008, por un monto de Bs. 26.485.227 por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Bs. 4.010.749 por el Gravamen Arancelario (GA), previa fiscalización, en aplicación del art. 8 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-03 de 11 de marzo de 2003.

El alcance de la fiscalización comprendió el periodo fiscal abril 2008, junio, septiembre y diciembre 2003; febrero y abril 2004, no obstante que las facultades de la Administración Tributaria para revisar las gestiones 2003 y 2004 estaban ya prescritas a momento de la emisión de la Resolución Administrativa CEDEIM PREVIA Nº 23-0000058-10 de 18 de enero de 2010, en tal razón el rechazo de la Devolución de Impuestos del Crédito Fiscal IVA de las facturas de esos periodos prescritos son improcedentes.

Expresó que el 1º de febrero de 2010, fue notificada la empresa con la Resolución Administrativa Nº CEDEIM PREVIA Nº 23-0000058-10 de 18 de enero de 2010, que resuelve la devolución mediante Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) por el periodo fiscal abril de 2008, del importe de Bs. 22.806.799 correspondiente al IVA y Bs. 4.000.331 correspondiente al GA, resolución que además dispone como monto no sujetos a la devolución las sumas de Bs. 3.678.428 por el IVA y Bs. 10.418 por el GA, los cuales no fueron objeto de impugnación.

Señaló que ante la interposición del recurso de Alzada, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, por Resolución ARIT/CHQ/RA 0081/2010 de 8 de julio, revocó parcialmente la resolución recurrida de Alzada:

a) Crédito Fiscal IVA.- Concepto 1.- De las 91 facturas depuradas por no tener vinculación con la actividad gravada se reconoce 84 facturas con validez de crédito fiscal, con el importe de Bs. 1.208.765.- Se mantiene incólume la decisión de la Administración Tributaria (AT) de depurar siete facturas (7) por no tener vinculación, manteniendo el importe de Bs. 1.037.432.-

b) Facturas sin medios fehacientes de pago.- Concepto 2.- Sobre las 6 facturas observadas por el concepto señalado, dispuso reconocer 1 factura por Bs. 64.747.41 manteniéndose incólume la depuración de 5 facturas por la AT, cuyo valor asciende a Bs. 138.922,94.

c) Mantenimiento de valor.- Concepto 3.- Se mantuvo incólume las diferencias detectadas por la AT de Bs. 955.522 de crédito fiscal.

Concluyó este punto señalando que el recurso Jerárquico interpuesto fue únicamente sobre las facturas y los cargos observados por la AT que fueron ratificados por la AGIT, sin que forme parte de la Litis aquellos que fueron aceptados por dicha autoridad a través de la Resolución AGIT-RJ 0515/2010 impugnada por la demanda.

Refirió también que la AGIT incorrectamente ha confirmado las observaciones de la AT por reparos al registro contable, por gastos incurridos por el contribuyente como no vinculados a la actividad exportadora y por crédito fiscal provenientes de gastos de transporte internacional, considerándolo no sujetos a devolución impositiva las facturas agrupadas en: CONCEPTO 1 (fs. 84-85) (Observaciones al Crédito Fiscal IVA), concepto (Observaciones al Registro Contable, Crédito Fiscal considerado no vinculado a la actividad gravada y Crédito Fiscal Transporte Internacional, que asciende a un Sub Total de Bs. 1.210.034 por gastos observados por Concepto 1.

Pidió tener presente que la empresa tiene como única actividad gravada la exportación de minerales, siendo por tanto improcedente separar los gastos y costos incurridos en el desarrollo de la actividad, unos como “no vinculados a la actividad gravada” y otros como “vinculados a la actividad exportadora”, porque en todos los casos la actividad es la misma y única. En tal virtud, todos los gastos de tipo operativo son sujetos a devolución de impuestos por estar vinculados a la única actividad que es la exportadora.

a) Facturas emitidas por la empresa “ASC Bolivia LDC (Sucursal Bolivia)” vinculadas con la actividad gravada de la EMSC.-

Sobre el particular manifestó que la empresa “ASC Bolivia LDC (Sucursal Bolivia) emitió dos facturas en la misma fecha, una por los servicios prestados y otra por los gastos incurridos en la ejecución del Servicio de Administración, a efecto de que los mismos sean reembolsados por la empresa, conforme al contrato suscrito el 1º de enero de 2003 con la señalada empresa, cuyos gastos observados son sujetos de devolución impositiva por estar vinculada con la actividad gravada y exportadora, renovables anualmente y además reconocida por autoridad competente. Resulta equivocado no diferenciar el tratamiento legal entre los gastos sujetos a Crédito Fiscal IVA y los sujetos de Devolución de Impuestos, y más aun tratándose de la empresa, cuyo objeto social principal es la actividad minera exportadora, por lo que el reparo de la AT es improcedente.

Expresó asimismo que de acuerdo al contrato suscrito con la empresa “ASC Bolivia LDC (Sucursal Bolivia)”, cuyo objeto fue la prestación del servicio de Administración de las Operaciones a ser realizados por la empresa San Cristóbal S.A., acordándose además que el Contratista realizará a nombre del Contratante o a nombre propio las compras de bienes y servicios, pudiendo contratar a terceras personas y/o empresas para el cumplimiento del Contrato, por lo que los gastos y costos en los que incurriera debía ser re-facturados al Contratante. Además, el Contratista tendría a su cargo entre otras operaciones inherentes a la actividad minera las siguientes:

• Administración de operaciones e instalaciones.

• Administración financiera y fiscal, contabilidad, operaciones financieras y bancarias.

• Representación del Contratante, de acuerdo a las facultades otorgadas en Poderes a tales propósitos.

• Compra de requerimiento de materia prima y otros productos a nombre del Contratante o a nombre propio.

• Control de inventarios de materias primas y productos.

• Previsión de información técnica y tecnológica (Know how).

Es indudable que los servicios descritos están plena y directamente relacionadas con la actividad de la empresa, conforme al art. 3 del DS Nº 25465, insistió.

Señaló por otra parte, que posterior a la firma del contrato, y considerando que “ASC Bolivia LDC (Sucursal Bolivia)” era poseedora de casi la totalidad del capital social de “Minera San Cristóbal S.A.”, se acordó entre las partes Contratante y Contratista, que el pago por los gastos incurridos en el cumplimiento del contrato (reembolso de gastos) y por los Servicios de Administración contratados serán pagados en su momento mediante la otorgación de una participación accionaria, ya que los mismos constituirían Aportes de Capital a la Empresa MSC, por lo cual se efectuó la contabilización en la cuenta “Aportes por Capitalizar” hecho que consta en los Estados Financieros de la empresa MSC, desde el ejercicio fiscal 2003 hasta el 2007, así como en las Notas a los mismos. Posteriormente, en el año 2005 la Empresa matriz “ASC Bolivia LDC” transfiere a la Empresa “Apex Silver Mines Limited” el 100% de su participación accionaria, y con ello naturalmente se transfiere su sucursal “ASC Bolivia LDC (Sucursal Bolivia)” y a su vez también se transfiere la Empresa Minera San Cristóbal S.A. en el porcentaje de participación. Posteriormente en el año 2005 y 2007 se transfiere la participación accionaria, resultando que la capitalización de la deuda un hecho muy posterior al acaecimiento del hecho imponible del IVA sobre el aumento de Capital de la empresa MSC, a través de una capitalización de una deuda con los accionistas es diferente y ajeno al derecho al cómputo del crédito fiscal IVA sobre esas facturas por servicios, aspectos que han sido de conocimiento de la Administración Tributaria dentro del proceso de verificación, sin embargo las observaciones a las Facturas fue por el hecho que, según Fiscalización no fueron llevadas al Gasto, sino a Aportes por Capitalizar, existiendo un error de apreciación de la mecánica contable, toda vez que la partida que se contabiliza como Aportes a Capitalizar es la cuenta por pagar (obligación de pago), no así el Gasto. Además señaló que como prueba irrefutable presentaron en fase administrativa Certificaciones por los que se establecen que las facturas otorgadas por la empresa Contratista corresponde a los servicios prestados a la empresa MSC, por ello demuestran que los gastos observados por este concepto (facturas 70, 71, 72, 73, 74 y 75) son sujetos a la devolución de devolución impositiva, en la medida que están vinculados directamente en la actividad gravada generadora de ingresos y vinculados directamente a la actividad exportadora, careciendo de sustento legal lo aseverado por la Administración Tributaria.

b) Valor del crédito fiscal.-

Expresó que si bien los aportes de capital no están gravados, la AGIT realiza una interpretación equívoca de la norma y de la naturaleza de los créditos a favor de los accionistas que fueron capitalizados por las razones siguientes:

• El aporte de capital fue la deuda existente entre la empresa Contratista y la Contratante.

• No es aceptable que la empresa ASC Bolivia LDC – Sucursal Bolivia ha aportado al capital de servicios o trabajos, por cuanto este tipo de aportes está expresamente prohibido por el Código de Comercio para Sociedades de Responsabilidad Limitada y Sociedades Anónimas.

• Existió capitalización de deuda y no capitalización de servicios o trabajos.

• El perfeccionamiento del crédito fiscal se dio en el momento de la prestación de servicios, mientras que la capitalización es un hecho muy posterior, por ello el IVA que se encuentra pagado y no solo por el contratante (EMSC) sino también por el emisor de la factura (ASC Bolivia LDC-Sucursal Bolivia) es válido por tanto sujeto a la devolución impositiva.

• El hecho de que el aporte de capital está exenta de impuestos, es indiferente porque la devolución que se solicita es el Crédito Fiscal pagado.

• La posición de la AGIT implicaría que quien ha aportado no debió facturar y habría pago en exceso por parte del proveedor, no siendo correcta porque el art. 5 de la Ley 843, que hace referencia a la permuta, establece que cada operación debe ser tratada de forma independiente. En este caso la prestación de servicios está sujeta al IVA, correspondiendo la facturación y el beneficio de compensar el crédito fiscal.

• El Crédito Fiscal surge a raíz del contrato de prestación de servicios, cuya facturación no puede ser refutada de indebida.

• La capitalización de la deuda fue un modo de extinguir la deuda que se tenía con los accionistas, y es un hecho posterior, ajeno y extraño al hecho imponible de prestación de servicios, por lo tanto el derecho al crédito fiscal no proviene de la capitalización sino del primer momento de donde surge el Crédito Fiscal, que es la factura emitida originada en la prestación de servicios.

• De la capitalización señaló no estar pidiendo ningún Crédito Fiscal por no estar gravada y por lo tanto tampoco no se pagó ningún impuesto, porque, contrario sensu de haber estado alcanzada la capitalización por el IVA o cualquier otro impuesto, estos tributos se hubieran pagado independientemente a que el servicio prestado ya fue facturado y ya se pagó los impuestos que recaían sobre él.

c) Inadmisible mutaciones del fondo de la Litis.-

La AGIT para confirmar la depuración de las facturas Nos. 70, 71, 72, 73, 74 y 75, por Bs. 7.928.238,38 y un crédito fiscal de Bs. 1.030.671, considera que es un nuevo hecho que vulnera el derecho a la defensa, al debido proceso y a la doble instancia, razón por la que solicitan se re-conduzca el proceso, apartándose de los elementos nuevos, reconociendo que las observaciones originales previstas en el Acto administrativo impugnado (RD) han sido desvirtuados plenamente y NO se puede exigir introducir aspectos ajenos a los puntos de la Litis definidos en el Recurso de Alzada, dado que la AGIT debió limitarse necesariamente a resolver los aspectos que forman parte de la Litis y no introducen nuevos conceptos que nunca han formado parte de ella. Este aspecto además sostiene, que la AGIT a través de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0429/2010 de 22 de octubre, se pronunció bajo el principio de congruencia la imposibilidad de incorporar nuevos elementos entre las cuestiones planteadas, al considerar lesionan los derechos a la defensa y debido proceso, y derecho a la doble instancia.

d) La facultad de la AT para fiscalizar las facturas emitidas por “ASC Bolivia LDC (Sucursal Bolivia)” se encuentran prescritas.-

Independientemente de la improcedencia de la observación, la facultad de la AT para controlar, verificar y fiscalizar tributos, determinar deudas tributarias en relación a las facturas emitidas por “ASC Bolivia LDC (Sucursal Bolivia)” correspondientes a los periodos fiscales junio, septiembre y Diciembre de 2003 estaban prescritas antes de emitirse la Resolución Administrativa CEDEIM PREVIA Nº 23-0000058-10 de 18 de enero de 2010, siendo que la prescripción es un medio extintivo de las obligaciones, que puede ser planteada en cualquier momento, sea durante la impugnación e inclusive después de resuelta la impugnación en ejecución de sentencia. SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, que estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código Civil.

e) Pertinencia de la oposición y denuncia de la prescripción en esta instancia de demanda contencioso administrativa.-

Señaló que corresponde dejar establecido que en el caso presente no existe ninguna causal de suspensión de la prescripción de los periodos fiscales junio, septiembre y diciembre de 2003, por tanto la posición de la AGIT debió ser afirmativo, independientemente de su posición respeto a la pertinencia de la oposición de la prescripción en Recurso Jerárquico.

En relación a la incorrecta confirmación de la AGIT de la factura emitida por “Fundación Infocal”.- La factura observada Nº 2293 por Bs. 52.010 por concepto de capacitación del personal MSC, para el mantenimiento de maquinaria especializada utilizada en muchos casos únicamente en el rubro de la explotación de minerales, siendo gastos necesarios.

En relación a la incorrecta confirmación de la AGIT del Crédito Fiscal observado por Transporte Internacional.- Las facturas originadas por la contratación de los servicios de transporte de carga deben ser desestimadas, dado que las mismas fueron emitidas incluido el IVA, el cual fue fehacientemente pagado por MSC, hecho que condiciona que la empresa se beneficie de ese crédito fiscal en virtud al Principio de Neutralidad Impositiva. El pago de IVA no fue una decisión unilateral de la empresa, ya que los proveedores fueron quienes decidieron no acogerse a la Ley 3249 Ley Tasa Cero IVA – Transporte Internacional de Carga, y continuar bajo el Régimen General. Señaló que dicha ley fue creada siguiendo los Principios de Neutralidad Impositiva y de País Destino, los cuales buscan que el exportador tenga el mismo tratamiento legal que el empresario que realiza sus ventas dentro del país y que no se “exporten impuestos” afectando el costo del producto exportado y por ende a su competitividad, como pretende la AT colocando a la Empresa en una situación más gravosa que nuestros competidores.

OTROS ASPECTOS QUE RATIFICAN LA VALIDEZ DEL CRÉDITO FISCAL

a) La posición de la AT es contraria con el Principio de país Destino.-

Expresó que las observaciones realizadas en la Resolución Administrativa por la AT, son contrarias al Principio de País Destino o ajusta de Frontera, Principio que tiene como finalidad que las operaciones de comercio exterior, las mercancías de exportación no sea gravada en el territorio de origen sino en la jurisdicción territorial del país importador, procediendo para el efecto a la devolución de los impuestos al consumo. En consecuencia, el país donde se producen los bienes o generan los servicios, deben contar con los mecanismos que eviten la exportación de impuestos, principalmente los de consumo, mediante la devolución total a los exportadores de los impuesto indirectos, servicios, bienes de capital o todo gasto y costo vinculados a la producción, fabricación, transporte y comercialización de bienes a ser exportados. Dicho de otra manera, el Principio de País Destino es un medio para evitar la doble imposición, ya que en virtud al mismo las mercancías no son gravadas en el país de origen, por el contrario se gravan en el país destino.

b) La posición de la AT es contraria con el Principio de Neutralidad Impositiva.-

Señaló que el Régimen General de Exportaciones está regido por el Principio de Neutralidad Impositiva, que inicialmente se hallaba normado en la Ley 1489, que luego fue modificado por la Ley 1963, que reconoce que la actividad exportadora goza del principio de neutralidad impositiva para las exportaciones mediante devolución de impuestos bajo el sistema de crédito-débito fiscal en el caso de IVA y la devolución de aranceles de importación, pagados en las compras de insumos utilizados en la producción de mercancías exportables. De este modo el principio de Neutralidad Impositiva exige que el sistema tributario altere lo menos posible las decisiones del exportador en relación a la producción, consumo, ahorro, trabajo, etc., asegurando las políticas fiscales que resguarden esta situación.

Sostuvo también que la posición de la AT es claramente contraria a éste principio, ya que no reconoce gastos directos e indirectos vinculados con la actividad exportadora, transgrediendo las políticas de incentivo al exportador y afectando a las decisiones propias en relación al desarrollo de nuestras actividades, por lo que pide resguardar el Principio de neutralidad Impositiva, que es de vital importancia que las instancias de verificación actúen correctamente en relación a la autenticidad del origen y el destino de los mencionados gastos.

c) El tratamiento tributario del Crédito Fiscal IVA de los gastos sujetos a devolución impositiva y del Crédito Fiscal IVA para compensar Débitos por ventas locales debe ser el mismo.-

Manifestó que a efectos de la devolución impositiva de los gastos vinculados con la actividad exportadora no existe ninguna diferencia en el tratamiento legal con los gastos vinculados a la actividad sujetos a crédito fiscal. La Ley 843 y su Decreto Reglamentario y DS Nº 25465, que reglamenta la devolución de impuestos al sector exportador, establecen los mismos términos, requisitos y condiciones para los gastos a efecto de la devolución impositiva y para los gastos sujetos a crédito fiscal. En este caso los arts. 8 de la Ley 843 y 8 del DS Nº 21530. A su vez, el art. 11 de la Ley 843 dispone que el impuesto que los exportadores pudieran recaudar por operaciones realizadas en el mercado local, podrán ser compensado mediante Crédito Fiscal por gastos sujetos a devolución de impuestos. De modo que los gastos y costos por compras, adquisiciones, importaciones definitivas de bienes y servicios incorporados al costo o insumo de cualquier naturaleza que estén vinculados a la actividad gravada son sujetos a crédito fiscal o a devolución impositiva, la única diferencia es que, el primer caso (sujeto a crédito fiscal) se aplica a los gastos y costos de productos que son comercializados en el mercado local, sin embargo la devolución de impuestos se aplica a los gastos y costos que son exportados en virtud al Principio de Neutralidad Impositiva.

En el caso específico mencionó, al ser íntegramente exportadora, los gastos y costos vinculados a la actividad gravada son los mismos vinculados a la actividad exportadora, ya que toda la producción tiene como único e íntegro destino la exportación y nada se vende en el mercado local, por lo tanto no se podría separar gastos y costos incurridos en el desarrollo de las actividades, unos como vinculados a la actividad gravada y otros como vinculados a la actividad exportadora, porque es la misma, por lo que todos los costos y gastos son sujetos a crédito fiscal y por ende a devolución impositiva, por no existir diferencia entre ellos, por estar vinculados a la actividad exportadora y a su vez también están vinculados a la actividad gravada de la empresa.

d) La vinculatoriedad de los gastos incurridos y que forman parte de la estructura del costo del producto exportado deben ser analizados también bajo un criterio comercial.-

Manifestó que la vinculatoriedad de los gastos incurridos por la empresa que forman parte del producto exportado deben ser analizados también bajo el criterio comercial, el cual no puede ni debe omitirse, ya que los gastos que proyectan y logran el desenvolvimiento óptimo de cualquier empresa, en muchos casos propios y sujetos a políticas empresariales internas, tienen una incidencia directa e incuestionable en el desarrollo de las actividades y en el logro de los objetivos productivos de la misma. Por lo que en la medida que los gastos efectuados con ocasión de incentivar, mejorar, potenciar, reformar, optimizar, etc. El trabajo de desempeño de los recursos humanos y otros gastos inherentes al proceso de exportación, deben ser analizados también con un criterio empresarial y comercial, toda vez que las empresas ordinariamente realizan gastos con fines comerciales con la finalidad de mejorar y hacer mejores negocios, por tanto no se puede castigar a la empresa si el gasto es necesario para hacer una mejor gestión y mejorar sus ingresos, por ello todos estos gastos, forman parte de la estructura de costo del producto exportado, por tanto sujetos de devolución impositiva aseveró.

Incorrecta apreciación de la AGIT para confirmar las facturas depuradas por supuesta falta de Medios Fehacientes de Pago – Concepto 2.-

Mencionó que la AGIT incorrectamente confirmó la depuración de facturas de los gastos por compras locales por observaciones al medio de pago, agrupados en Concepto 2.-, cuyo importe en Bs.1.068.638.- cuyo crédito fiscal asciende a Bs.138.923.- Independientemente a las observaciones señaladas las facturas emitidas por Eduardo Quintanilla y Enersol S.A. correspondiente al periodo fiscal febrero/2004; y Leduc Drilling S.R.L. y SAPSA emitidas en periodo fiscal Abril/2004, se encuentran prescritas.

Continuó señalando que la AGIT incurrió en grave error de interpretación de la norma, en la medida que el art. 81 de la Ley 2492 CTB, al señalar que la prueba requerida y no presentada oportunamente, así como la que fuere presentada fuera de plazo puede ser presentada en calidad de reciente obtención cuando el contribuyente pruebe que no lo hizo por motivos que se deban a causa propia. Debe tenerse presente que la prueba de reciente obtención no se enmarca en ninguna de las situaciones referidos por el referido art. 81 de la Ley 2492 CTB, ya que fueron producidos dentro del Recurso de Alzada y Jerárquico, a objeto de probar fehaciente e indubitablemente la procedencia del Crédito Fiscal, y anterior a este momento no existían o no habían sido legalizadas por los únicos entes facultados para el efecto. En este caso los extractos bancarios fueron legalizados por las respectivas entidades bancarias finalizó.

En mérito a los argumentos esgrimidos, solicitó emitir sentencia declarando PROBADA la demanda, consecuentemente revocar parcialmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0515/2010 de 22 de noviembre, en los aspectos impugnados, y disponer la aprobación y aceptación de la Solicitud de Devolución de Impuestos de los montos que fueron depurados en la referida Resolución Administrativa CEDEIM PREVIA Nº 23-0000058-10 de 18 de enero.

CONSIDERANDO II: Que, admitida la demanda y corrida en traslado a la autoridad demandada, siendo citada legalmente la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en tiempo hábil se apersonó Juan Carlos Maita Michel a este Tribunal en base a los argumentos expuestos en su memorial de fs. 147 a 153 vta., quien respondió la demanda, manifestando en síntesis lo siguiente:

i.- Sobre la depuración de las facturas agrupadas en Concepto 1, de los servicios contratados a ASC Bolivia LDC, y que las mismas estarían vinculadas directamente con la actividad gravada, y siendo que en la misma fecha emitió dos facturas, una por tarifa de los servicios prestados y la otra por los gastos incurridos en la ejecución del Servicio Administración, a efectos de que los mismos sean reembolsados por la empresa, según se acordó en el contrato; expresó que de acuerdo al Papel de Trabajo V14 “Facturas Depuradas” se tiene las Observaciones lo siguiente: “Son aportes de Capital de ASC, que no son parte del crédito fiscal”, las Facturas 70, 71, 72, 73, 74 y 75, que corresponden a servicios prestados y reembolso de gastos, ante lo cual se debe tener presente que la observación de la AT se concreta que el motivo de la transacción por dicho servicios y reembolsos de gastos se trata de Aportes de Capital, sobre la base de los arts. 4, 7 y 8 de la Ley 843, arts. 4, 7 y 8 del DS. Nº 21530, art. 3 del DS Nº 25465.

El art. 3 del DS Nº 25645, dispone que la devolución del crédito fiscal IVA correspondiente a los costos y gastos por la compra de bienes, activos, servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado conforme a las normas del art. 11 de la Ley 843; empero para la determinación del crédito fiscal deben realizarse bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos realicen operaciones en el mercado interno, en este sentido los costos y gastos por la compra de bienes, activos y servicios vinculados a la actividad deben estar gravados por el IVA para el cómputo del crédito fiscal. Asimismo el art. 1 de la Ley 843, establece que el IVA que grava la venta de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, los contratos de obras, la prestación de servicios y toda otra prestación cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio nacional, y las importaciones definitivas, por el cual se considera que el IVA es considerado de base amplia. Sin embargo el segundo gravamen sobre las operaciones de compra – venta de acciones, deventures, títulos de valor y títulos de crédito; así también el último párrafo del citado artículo señala que: “No se encuentran comprendidos en el objeto de este impuesto, las ventas o transferencia que fueren consecuencia de una reorganización de empresa o de aportes de capitales a las mismas”.

De todo ello expresó que el demandante no dio mayores elementos que desvirtúen la observación como: “Aportes de Capital de ASC, no son parte del crédito fiscal”, lo que dio lugar a que la AT descarte como crédito fiscal las facturas emitidas por ASC, más al contrario por las notas a los Estados Financieros Auditados de 2002 al 2007, se observa que las notas 9, 11, 13 y 18, señala que corresponde a los aportes efectuados por el accionista principal que formaron del capital pagado realizado con la emisión de nuevas acciones; por lo que conforme al art. 3 del DS Nº 25465 que refiere que el crédito fiscal para los exportadores debe realizar bajo las mismas normas que rige para los sujetos pasivos que realicen operaciones en el mercado interno, y conforme lo señalado en el último párrafo de los arts. 2 de la Ley 843 e inc. B), art. 2 del DS Nº 21530, dichas operaciones no se encuentran comprendidos en el objeto del IVA, por lo que correspondía la depuración del crédito fiscal.

ii.- Sobre las inadmisibles mutación del fondo de la Litis y la prescripción de los periodos fiscales junio, septiembre y diciembre 2003, señaló que de conformidad a los arts. 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 CTB, y el art. 198 inc. e) y 211 num. I de la Ley 3092, que quien considere lesionados sus derechos con la Resolución de Alzada, deberá interponer de manera fundamentada su agravio, fijando con claridad la razón de su impugnación e indicando con precisión lo que se pide, para que la AGIT pueda conocer y resolver sobre la base de dichos fundamentos planteados en el Recurso Jerárquico, razón por lo que no corresponde en procedimiento dar respuesta a puntos no impugnados en el recurso jerárquico por parte del ahora demandante por el principio de congruencia que debe regir en la justicia tributaria, más aún cuando dichos puntos no han sido reclamados o impugnados en los recursos de alzada y jerárquico, sino consentidos, libre, voluntaria y expresamente por el ahora demandante.

iii.- Respecto a la confirmación por la AGIT de la depuración de la factura emitida por INFOCAL, expresó que el mismo no correspondía su valoración conforme al art. 217-a) de la Ley 3092, por haber sido acompañado en fotocopia simple, junto a la Orden de Servicios Nº OS 7000236 y el Comprobante del Libro Mayor extraído de sus Sistema Contable.

Enfatizó además que en la factura que se supone fue presentado en original en sede administrativa, solo se observa en el detalle el Pago anticipo 50% sin describir el contenido de la capacitación, detalle del personal que se hubiera beneficiado con la capacitación, propuesta del curso o términos de referencia del curso, y en la misma situación, la Orden de Pago, los medios de pago y la contabilización de Registros, se encuentran en simples fotocopias, siendo esas razones por haberse confirmado la depuración del crédito fiscal.

iv.- Sobre la confirmación de la AGIT del crédito fiscal observado por Transporte Internacional, sobre el que la AT considera errónea que la empresa registró facturas por concepto de servicios de transporte internacional contraviniendo la Ley 3249, art. 2 del DS Nº 28656 y la RND Nº 10-0016-09, por lo que incorrectamente depuró el crédito fiscal consignado, y que fuera pagado por la Empresa, hecho que condiciona que la empresa se beneficie con el crédito fiscal en virtud del principio de neutralidad impositiva, manifestó que la Ley 3249 establece un régimen de tasa cero, disponiendo que los servicios de transporte internacional por carretera originado en el país con destino final en el exterior o aquel originado en el exterior con destino final en el país, se encuentran sujetos al beneficio fiscal a partir del primer día hábil del mes siguiente a la publicación, entrando en vigencia a partir del primer día hábil del mes de enero de 2006, en concordancia con el art. 3 de la Ley 2492, que dispone que las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinan, siempre que hubiera publicación previa, lo que significa que a partir del 3 de enero de 2006, la Ley 3249, era de cumplimiento obligatorio; en ese entendido, MSC al momento de contratar los servicios de transporte internacional para el traslado de su mercancía, sea desde Calama, Mejillones o Antofagasta, debió considerarse que las facturas no eran válidas para el cómputo del crédito fiscal IVA.