Decreto Supremo N° 10418

Se entiende por servicios profesionales de Consultoría o Asesoría, todas aquellas actividades relacionadas con la prestación de asistencia especializada en las diversas ramas del saber.

Cualquier proyecto a ser realizado por el Sector Público, deberá previamente contar con los estudios que justifiquen su ejecución.

Las empresas estatales u organismos del sector público que cuentan con asistencia técnica y asesoría propias o de entidades estatales que presten estos servicios, cuando requieran adicionalmente contratar servicios de consultoría, preferentemente deberán contratar empresas consultoras privadas.

No estarán sujetos a las disposiciones del presente Decreto, aquellos servicios de consultoría que por su naturaleza sean considerados como de seguridad del Estado y aquellos otros que pueden traducirse en riesgo económico para el Estado y sus empresas, según lo determine la Junta de Selección respectiva, la que además establecerá los regímenes de invitación, adjudicación y el grado de asociación de las empresas consultoras extranjeras con las nacionales.

El Sector Público podrá contratar los servicios de empresas consultoras extranjeras, únicamente en los casos en que a juicio de la Junta de Selección de la entidad contratante, no existieran empresas nacionales debidamente capacitadas para el objeto de la consultaría. La participación de firmas consultoras extranjeros, deberá condicionarse a que ellas actúen en el país, asociadas a empresas consultoras nacionales.

Dependiendo del origen del financiamiento, se deberá seguir el siguiente procedimiento en los trabajos de Consultoría:

El Ministerio de Planificación y Coordinación llevará el Registro Nacional de Empresas Consultoras legalmente establecidas en el país y de sus asociaciones con empresas consultoras extranjeras. Este registro estará sujeto a reglamentación especial.

Las empresas consultoras deberán llenar los siguientes requisitos para su registro y participación en los servicios al Sector Público:

Los empresas consultoras privadas que deseen participar en la invitación y selección para prestar servios al sector público, deberán ser independientes de organismos estatales, de empresas proveedoras de equipos y materiales, constructoras o ejecutoras de obras relacionadas con el proyecto específico, grupos financieros y de cualquier otro grupo que pueda efectuar la independencia de criterio en el estudio o conclusiones.

Para los efectos de contratación de servicios profesionales de consultoría por parte del sector público, se establecen las siguientes gradaciones:

La invitación pública deberá indicar claramente número, fecha, finalidad del proyecto, su localización, fecha de presentación de las ofertas y las condiciones de la misma.

Toda empresa consultora contratada para la prestación de servicios en el sector público deberá utilizar, cuando fuese necesario y posible los servicios para procesamiento y cálculo de datos de CENACO.

Para toda invitación, sea directa o pública, la entidad invitante deberá preparar los términos de referencia, en los que estén detalladamente especificadas las necesidades y alcances de los servicios profesionales que se solicitan.

A los efectos de los incisos c) y d) del Art. 10º, del presente Decreto, la Junta de Selección de la entidad interesada, declarará desierta la invitación pública, cuando se presenten menos de tres ofertas de servicios. En este caso se procederá a dirigir invitaciones escritas directas a un número adecuado de empresas consultoras de notoria especialización, incluyendo obligatoriamente a las empresas que se hubieran presentado a la primera invitación.

Tanto en invitaciones directas como en invitaciones públicas, las empresas consultoras presentarán su oferta de servicios en dos sobres separados debidamente sellados y lacrados, con los siguientes documentos:

La Junta de Selección para calificar la oferta tomará en cuenta los siguientes factores básicos:

Concluída y aprobada la selección de la empresa consultora, la Junta de Selección de la entidad contratante abrirá el sobre “B” que contiene el “COSTO DE CONSULTORIA” de la empresa calificada en primer lugar y negociará la parte económica financiera del estudio.

La entidad contratante, tiene la facultad de declarar desierta la invitación si las negociaciones no han podido ser conciliadas con ninguna de las firmas calificadas o si las condiciones de la oferta no son convenientes a los intereses de la entidad o institución pública, o eliminar aquellas que en la presentación de su oferta no hayan cumplido con los requisitos generales y especiales exigidos.

Para el conocimiento, apertura y calificación de ofertas y adjudicación de servicios profesionales de consultaría, se constituirá una Junta de Selección de conformidad con la estructura jurídica de los entes interesados, en los siguientes niveles:

La adjudicación de servicios de consultoría para el Estado, previa licitación, será aprobada en la siguiente forma:

Adjudicada la prestación de servicios, la entidad o institución pública interesada, confirmará por carta a la empresa consultora la aceptación de los términos y condiciones del servicio. Luego se procederá a la preparación del contrato respectivo. Formarán parte del contrato, la invitación, la oferta aprobada, los términos de referencia, alcance del trabajo y la carta de confirmación.

Los sobres de costo de las empresas proponentes no favorecidas, no serán abiertos y serán devueltos a los interesados con dos copias del plan de trabajo presentado.

Las obligaciones recíprocas entre instituciones del Gobierno y las firmas consultoras, serán estipuladas específicamente en un contrato, que contendrá como mínimas, las siguientes condiciones:

Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente Decreto.

Los señores Ministros de Estado en sus respectivas carteras, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.