Decreto Supremo N° 11788

El abogado deberá tener presente que es servidor de la justicia y colaborador de su correcta administración. La esencia de su deber profesional es defender con máxima eficiencia y con estricta sujeción a las normas jurídicas y morales, los derechos de sus clientes.

El abogado en toda circunstancia deberá mantener el honor y dignidad de su profesión. No es solamente un derecho, sino un deber combatir por todos los medios lícitos a su alcance la conducta moralmente censurable de magistrados, jueces o colegas denunciando ante autoridades competentes y/o FEDERACION BOLIVIANA DE COLEGIOS DE ABOGADOS, Colegios de Abogados de su distrito, las faltas cometidas, evitando asumir actitudes pasivas que podrían hacerlo sospechoso o pasible de complicidad.

La conducta del abogado debe caracterizarse por la justicia y la equidad. No deberá aconsejar la comisión de actos fraudulentos ni hacer falsas aseveraciones o negaciones; citar las fuentes legales en forma incompleta, o incorrecta; realizar actos que pudieran en alguna forma obstruir o impedir la correcta administración de justicia.

El abogado que en ejercicio de su profesión sobornare o cohechare a un funcionario público, magistrado, juez, fiscal o funcionario judicial, comete grave transgresión contra la ética y el honor profesionales.

El abogado deberá abstenerse dé usar procedimientos o recursos innecesarios, introduciendo prácticas dilatorias que entorpezcan injustamente el normal desarrollo del procedimiento causando perjuicios a las partes.

El abogado tiene la libertad de aceptar o rechazar las atenciones de causas, sin estar obligado a expresar las razones que le asistan para obrar de uno u otro modo, con excepción de los asuntos que le fueren encomendados por mandato judicial.

La profesión de abogado impone defensa gratuitamente a los pobres de solemnidad. No cumplir con este deber desvirtuaría la esencia misma de la abogacía. Esta obligación no rige cuando existen defensores de pobres designados por autoridad competente u otras formas de defensa gratuita oficial o extraoficial.

El abogado es libre de aceptar la defensa de un sindicado o acusado, cualquiera sea su opinión personal sobre la culpabilidad de este. Habiendo aceptado su defensa debe emplear en ella, todos los medios lícitos a su alcance.

El abogado que tenga a su cargo la acusación considerará que su deber primordial es conseguir ante todo se haga justicia, sin limitar su actuación a perseguir una condena.

Guardar el secreto profesional a la vez es obligación y derecho del abogado. Por la vinculación establecida con su cliente, el secreto profesional figura en primer término. En relación con los jueces constituye un derecho, no pudiendo ser obligado a divulgar las confidencias hechas por sus clientes. Si el abogado fuera llamado a deponer como testigo en juicio, deberá asistir a la citación y con independencia de criterio, podra dar o rehusar respuesta al interrogatorio, sin obligarlo a violar el secreto profesional.

La obligación de guardar el secreto profesional se extiende a las confidencias recibidas por el abogado, de terceras personas así como aquellas confidencias conocidas de conversaciones necesarias buscando un acuerdo que no se materializó. También alcanza a las confidencias proporcionadas por sus colegas.

Si un abogado es acusado por su cliente tendrá el derecho de revelar el secreto profesional en defensa de la verdad, aunque al hacer tenga que verse obligado a divulgar confidencias que el cliente le hubiera hecho en el pasado.

El abogado debe cimentar su reputación en su capacidad profesional y honradez personal, evitando escrupulosamente formar clientela ofreciendo sus servicios, en menoscabo del prestigio de sus colegas y menos apoderándose de clientela ajena. No deberá ofrecer sus servicios por sumas menores que las fijadas en los Aranceles oficiales de su Colegio o Federación y menos ofrecer sus servicios por honorarios menores que los cobrados por otros colegas.

El abogado está prohibido de realizar publicidad sobre asuntos por él patrocinados y que no se encuentran definidos por los Tribunales, a menos que sea necesario hacerlo en interés de la justicia y moralidad. Tampoco será lícito discutirlos en publicaciones. Concluído el litigio podrá referirse al resultado alcanzado haciendo sus comentarios con altura. Esta limitación no se refiere a las informaciones o comentarios forenses formulados con fines exclusivamente científicos en revistas profesionales reconocidas, rigiéndose por pos principios generales de la moral a fin de no perjudicar la dignidad de las personas.

Falta a la ética profesional, el abogado que habitualmente absuelve consultas por radio, televisión y otros medios de publicidad, emitiendo opiniones nombre casos jurídicos concretos que le fueran planteados, sean o no gratuitos sus servicios.

Quabranta la ética profesional el abogado que espontáneamente ofrezca sus servicios profesionales y emita opiniones sobre determinado asunto, con el propósito de promover juicio u obtener clientes, salvo, en los casos cuando el parentesco o íntima amistad, lo induzcan a obrar de esa manera que a su juicio sea su deber.

El abogado, en todo tiempo deberá prestar cooperación a la justicia que es indispensable para mantener la función social que desempeña. Su actitud para con los jueces y magistrados debe ser respetuosa y considerada, manteniendo con independencia su libertad de criterio, en el ejercicio de su profesión.

Es deber del abogado procurar por todos los medios legales a su alcance que los nombramientos de jueces y magistrados sean hechos en consideración a sus méritos y no por motivos políticos o familiares. Evitar que jueces y magistrados se dediquen a otras actividades diferentes a la magistratura, con excepción de la cátedra universitaria.

Cuando el abogado presente por escrito quejas o denuncias fundamentales contra un magistrado o juez ante las autoridades competentes y/o Colegio de Abogados de su distrito, este, le prestará amplia colaboración para restablecer el imperio de la justicia y el derecho.

Cuando un abogado cesa en el desempeño de sus acciones judiciales u otro cargo público, no aceptará el patrocinio de asuntos por él conocidos en carácter oficial; tampoco patrocinará asuntos semejantes en los cuales expresó opiniones diversas en el desempeño de su cargo, mientras no justifique su cambio de doctrina.

Es deber del abogado no tratar de ejercer influencias sobre el juzgador apelando a vinculaciones políticas o de amistad, o recurriendo a cualquier otro medio que no sea el convencer con razonamientos lógicos. Es falta grave intentarlo.

Falta grave de su parte será comunicarse en forma privada con el juez sin la presencia y conocimiento del abogado de la parte contraria, particularmente, si lo hace fuera de estrados.

Ningún abogado permitirá que se usen sus servicios profesionales o su nombre para facilitar o hacer posible el ejercicio ilegal de la profesión por quienes no están legalmente autorizados.

Es deber del abogado ser respetuoso con los jueces, magistrados, autoridades, colegas, clientes y parte contraria.

Es deber del abogado para con su clieste servirlo con eficiencia y esmero para hacer prevalecer sus derechos sin temer la antipatía del juzgador ni la impopularidad.

No debe el abogado asegurar a su cliente que su asunto tendrá buen éxito ya que influyen en la decisión de un caso numerosas circunstancias imprevisibles; sino sólo opinar según su criterio sobre el derecho que le asiste. Debe siempre favorecer una justa transacción.

Las relaciones del abogado con su cliente deben ser personales en razón de que la responsabilidad es directa y de consiguiente el abogado no deberá aceptar asuntos presentados a través de intermediarios. Excepto cuando trate con instituciones de beneficencia que intervienen en favor de gente necesitada.

Las relaciones entre abogado y cliente tienen base estrictamente personal, en razón de que la responsabilidad es directa y de consiguiente el abogado no deberá aceptar asuntos presentados por intermediarios. Exceptúanse sus relaciones con Instituciones benéficas o cuando sea nombrado abogado de una compañía o sociedad. El abogado no está obligado por los miembros, individualmente, que la constituyen.

El abogado debe responder por los perjuicios causados a su cliente por pérdida del asunto encomendado, por negligencia, incompetencia, dolo o cualquier falta inexcusable.

Tan pronto como el cliente solicite sus servicios, el abogado está obligado a informarle si tuviera interés contrapuesto, o alguna relación con las partes, o se encontrase sujeto a influencias de la parte contraria. Deberá revelar para quien solicita sus servicios tenga pleno conocimiento de esos antecedentes, si insiste en solicitar sus servicios.

Una vez aceptado el patrocinio de un asunto, el abogado no podrá renunciar sinó por causas justificadas sobrevivientes que afecten su honor, dignidad o su conciencia, o, implique incumplimiento de las obligaciones morales o materiales del cliente hacia el abogado o sea necesario la intervención exclusiva de un profesional especializado.

El abogado debe recomendar a su cliente observe conducta respetuosa a Jueces y Magistrados y demás funcionarios judiciales. En igual forma, respeto al abogado contrario, contraparte, terceristas que pudieran intervenir legalmente en el juicio, con objeto de evitar proceder impropio, incidentes o actos reñidos con la moral. Si el cliente persistiera en observar conducta inapropiada, el abogado deberá cortar sus relaciones con él, sin responsabilidad.

Cuando el abogado decsubra durante la tramitación del juicio que se hubiera cometido algún error, o cuando constate la existencia de dolo o engaño, que reporten injusto beneficio a su cliente, pondrá éste en antecedentes para que sean corregidos renunciado a cuanta injusta ventaja se hubiere presentado en favor de su cliente.

Como norma general en materia de honorarios, el abogado tendrá presente que el objeto esencial de la profesión es servir a la justicia y colaborar en su administración.

Para determinar el monto de sus honorarios, el abogado deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

El abogado no deberá adquirir intereses pecuniarios en litigio relativos al asunto que patrocinió. Tampoco podrá adquirir directa o indirectamente bienes de su cliente en los remates que sobrevengan como emergencia del juicio.

El abogado deberá evitar toda controversía con su cliente acerca de sus honorarios, hasta donde sea compatible con su dignidad profesional y con sus derechos a recibir adecuada retribución por sus servicios. En caso de verse obligado a demandar el pago de sus honorarios será preferible se haga representar por un colega, o mediante arbitraje ante su Colegio de Abogados.

El abogado deberá avisar inmediatamente a su cliente de los bienes y dineros que reciba para él. Deberá entregarlos sin excusa alguna tan pronto el cliente lo solicite. Falta a la ética prfesional el abogado que disponga de fondos de su cliente sin su expresa autorización.

Entré los abogados debe existir espíritu de fraternidad que enaltezca la profesión, con respeto recíproco y sin dejarse influenciar por la animadversión de las partes.

El abogado no tratará directa o indirectamente con la contraparte, sin conocimiento de su cliente y del abogado contrario. Solamente con la intervención de éste podrá gestionar conversaciones o transacciones.

El abogado al entrevistar a los testigos que proponga su cliente, por motivo alguno podrá inducir a faltar a la verdad.

El abogado no intervendrá en favor de otra persona patrocinada en el mismo asunto por un colega, sin dar aviso previo a éste, salvo el caso de renuncia expresa o imposibilidad del mismo.

Los convenios celebrados entre abogados deben ser estrictamente cumplidos, aunque no se ajusten a las formas legales. Los que fueren importantes para el cliente deberán ser escritos, pero, el honor profesional exige que en cualquier caso se cumplan como si constara en instrumento público.

El abogado no deberá interpretar, como si su cliente estuviera demostrando falta de confianza en su aptitud, cuando el cliente proponga ayuda o consejo profesional. Por regla general, tal colaboración adicional debería aceptarse, Empero, si el abogado primeramente consultado se opone, el segundo no deberá insistir en prestar su concurso. Si el primer abogado consultado hace dejación del caso, el segundo podrá tomarlo a su cargo actuando con toda libertad.

El abogado sólo podrá asociarse con otros colegas para ejercer la profesión, en ningún caso con propósito ostensible o implícito para aprovechar su influencia consiguiendo asuntos.

Será obligación de todo abogado inscribirse en el Colegio de Abogados de su Distrito, pagar cuotas y contribuciones y prestar su concurso y adhesión al Colegio que lo cobija, esforzándose por dignificar la profesión y por que su Colegio alcance el mayor éxito en su organización. Las comisiones que le fueran encomendadas deberán ser cumplidas a satisfacción. Sólo en caso de presentar razonable excusa, quedará eximido de su cumplimiento.

Las disposiciones del presente Código alcanza a todas las ramas de profesionales del Derecho.

Los Consejos Ejecutivos de los Colegios de Abogados departamentales y de la Federación Boliviana de Colegios de Abogados, elevarán a conocimiento de sus respectivos Tribunales de Honor, todas las causas que hubiesen sido sometidas a su consideración, en tanto hubiesen agotado los recursos de conciliación y arbitraje. Al efecto notificarán a las partes, y elevarán los obrados que cursen en su poder, más un informe circunstanciado de las actuaciones que les correspondió realizar.

Recibidos los antecedentes por el Presidente del Tribunal de Honor, se señalará día y hora de audiencia, disponiendo la notificación personal a las partes, a fin de que esten a derecho.

A partir de la notificación, las partes quedan facultadas a imponerse de obrados, y el Tribunal de Honor organizará el proceso en el término de cinco días.

Instalada la audiencia se escuchará la exposición de las partes, y se procederá a la recepción de pruebas de cargo y descargo en el término de diez días.

Vencido el término de prueba, el Presidente designará al Vocal Relator, quien absolverá informe en el término de cinco días; fenecido ese término el Tribunal pronunciará su fallo en el término de cuarenta y ocho horas.

El fallo será pronunciado por simple mayoría de votos, en caso de empate dirimirá el Presidente.

En caso de que el sometido a proceso no concurra a la audiencia o audiencias se pronunciará el fallo en rebeldía.

El fallo del Tribunal de Honor será notificado a las partes en el término de cuarenta y ocho horas.

Todo fallo de los Colegios departamentales podrá apelarse dentro del término de tres días. En los fallos de segunda instancia el término será de ocho días.

Los fallos de los Colegios departamentales no apelados quedarán ejecutoriados y causarán estado.

Recibido el proceso por el Tribunal de Honor de la Federación Boliviana del Colegio de Abogados en recurso de apelación, éste aprehenderá conocimiento y podrá recibir nuevas pruebas si las hubiere.

El Tribunal de apelación concederá el término de cinco días para que las partes presenten expresión de agravios. Si no se presentaran alegatos o prueba alguna, el Tribunal dictará el fallo correspondiente.

Las sanciones consisten en:

Las votaciones mencionadas en los artículos anteriores serán secretas.

Los Miembros del Tribunal de Honor, sólo podrán excusarse de conocer el proceso, por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, por enemistad capital y por prejuzgamiento. Corresponde al Presidente del Tribunal de Honor aceptar o rechazar la excusa.

Los Miembros de los Tribunales de Honor Nacional o de los Colegios Departamentales, que retarden, perjudiquen, nieguen o se parcialicen en una causa, incurrirán en falta grave que dará lugar a la suspensión definitiva del cargo.

Los Tribunales de Honor son autónomos. El Tribunal de Honor de la Federación Boliviana de Colegios de Abogados, ejerce jurisdicción Nacional y los Colegios Departamentales dentro de su respectiva jurisdicción territorial. Están sometidos, a su potestad también los Miembros de sus directorios, o sea, los Consejos Ejecutivos, Tribunales de Honor, Tribunales de Arbitraje y Conciliación, Comisión de Derecho Humano y Garantías Constitucionales, por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones.

El Tribunal Nacional de Honor así como los Tribunales de los Colegios de Abogados Departamentales, presentarán informes de sus actividades en la posesión de sus Directorios y la Federación Boliviana de Colegios de Abogados en los Congresos Nacionales sugiriendo reformas o modificaciones de este procedimiento.

Los Tribunales de Honor de los Colegios de Abogados Departamentales se constituirán con cinco miembros y el Tribunal de Honor de la Federación de Colegios de Abogados con siete miembros.

Los Miembros del Tribunal de Honor Nacional serán elegidos, por el Congreso Nacional de Abogados. Los Miembros de los Tribunales de Honor de los Colegios Departamentales se designarán en las elecciones que se efectúen para la renovación de sus Directorios.

Deberán tener residencia forzosa en la sede donde funciona el Tribunal al que pertenecen, no pudiendo ser Miembro del mismo, los que ejerzan cargos ejecutivos en los Directorios Nacional o Departamental.

Conforman quorum en los Colegios de Abogados cuatro de sus miembros y en el Tribunal de Honor Nacional seis de sus miembros incluyendo a sus Presidentes. En caso de Muerte, renuncia o cualquiera causa que declare en vacancia o impida a un miembro del Tribunal de Honor cumplir con las funciones encomendadas será sustituído por el Abogado que sea designado por el Consejo Ejecutivo, a fin de garantizar el normal funcionamiento de sus Tribunales.

Los Tribunales de Honor de los Colegios Departamentales y de la Federación Nacional, sólo están sometidos al Estatuto de la Abogacía, al Código de Etica Profesional y a este Reglamento y tienen por superior jerárquico los primeros el Tribunal de Honor Nacional y los segundos al Directorio en pleno, en materia de juzgamiento.

El Tribunal Nacional de Honor residirá en la ciudad de La Paz, y sus atribuciones son:

Resolver las recusaciones que se interpongan contra los miembros del Tribunal de Honor.

Ejercer facultad disciplinaria sobre los Tribunales Departamentales.

Los Miembros del Tribunal de Honor designados de conformidad con el Artículo 2º de éste Reglamento, elegirán en la primera reunión que tengan un Presidente y un Secretario, quedando como Vocales en ejercicio los demás miembros.

Corresponde al Presidente:

Corresponde al Secretario:

Coresponderá a los Vocales: