Decreto Supremo N° 1436

DECRETO SUPREMO N� 3453

DECRETO SUPREMO N° 1436

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

C O N S I D E R A N D O:

Que el numeral 2 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, establece como uno de los fines y funciones esenciales del Estado, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades.

Que el Parágrafo I del Artículo 23 del Texto Constitucional, determina que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal.

Que el Parágrafo I del Artículo 251 de la Constitución Política del Estado, dispone que la Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene como misión específica la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano.

Que el Parágrafo I del Artículo 3 de la Ley N° 264, de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”, señala que la Seguridad Ciudadana es un bien común esencial de prioridad nacional, para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos y garantías individuales y colectivas, de todos los estantes y habitantes del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que el Artículo 8 de la citada Ley, establece que el Ministerio de Gobierno es la máxima autoridad responsable de la formulación, planificación, aprobación y gestión de las políticas públicas de seguridad ciudadana.

Que el inciso a) del Artículo 34 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, determina que es atribución de la Ministra(o) de Gobierno, formular, dirigir y coordinar políticas para la seguridad pública del Estado Plurinacional, precautelando el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, el orden público y la paz social, inherentes al Estado Plurinacional.

Que el inciso b) del Artículo 34 del citado Decreto Supremo, señala que es atribución de la Ministra(o) de Gobierno planificar y coordinar con las Gobernadoras y Gobernadores y la Policía Boliviana el Régimen de políticas de seguridad pública en todo el territorio boliviano.

Que el Decreto Supremo Nº 1362, de 26 de septiembre de 2012, aprueba el “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012 - 2016”, disponiendo como uno de sus objetivos el fortalecimiento del Régimen Normativo en Seguridad Ciudadana.

Que es necesario reglamentar los mecanismos y procedimientos para la implementación de la Ley N° 264, a través de la emisión del presente Decreto Supremo.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

D E C R E T A:

I. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana es una entidad desconcentrada del Ministerio de Gobierno, con dependencia funcional del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, está a cargo de recopilar, procesar, analizar e interpretar la información relativa a la inseguridad ciudadana, causas que generan delincuencia, violencia y sus efectos socioeconómicos y políticos, generando estadísticas y estudios técnicos y científicos, que orienten la formulación y diseño de políticas públicas, planes, programas y proyectos en materia de prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana.

II. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana llevará adelante todas las gestiones necesarias que fortalezcan las relaciones interinstitucionales de coordinación con entidades e instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y otros observatorios, pudiendo acordar la suscripción de convenios de cooperación e intercambio de información sobre seguridad ciudadana.

I. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana remitirá y prestará asistencia técnica a los Observatorios de Seguridad Ciudadana de las Entidades Territoriales Autónomas que lo soliciten en:

II. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana coordinará con los Observatorios de Seguridad Ciudadana de las Entidades Territoriales Autónomas, la remisión semestral de la información generada por éstos.

III. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana podrá solicitar información específica y complementaria a los Observatorios de Seguridad Ciudadana de las Entidades Territoriales Autónomas en cualquier momento.

IV. La Policía Boliviana accederá a la información generada por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y por los Observatorios de Seguridad Ciudadana de las Entidades Territoriales Autónomas para la formulación de planes operativos y acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones en seguridad ciudadana.

I. La Policía Boliviana creará dentro del escalafón único la especialidad de Régimen Penitenciario, de acuerdo al reglamento específico.

II. La Universidad Policial – UNIPOL, creará la Escuela Básica de Seguridad Penitenciaria para la Formación y Especialización de servidores públicos policiales, cuyo funcionamiento responderá a las necesidades y requerimientos de recursos humanos para esta especialidad.

III. El personal formado y especializado en Régimen Penitenciario estará bajo supervisión del Ministerio de Gobierno a través de la Dirección General de Régimen Penitenciario y prestará sus servicios de manera exclusiva en los recintos penitenciarios de Bolivia, conforme a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 264.

I. El Comando General de la Policía Boliviana desarrollará y ejecutará planes, programas y proyectos para el fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial – IITCUP.

II. El Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana a través de la UNIPOL podrán suscribir convenios de cooperación con entidades e instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras para el fortalecimiento del IITCUP.

III. El Ministerio de Gobierno y las Entidades Territoriales Autónomas podrán suscribir convenios para destinar recursos para la construcción, refacción, ampliación y equipamiento del IITCUP en todo el territorio del Estado.

I. Las Estaciones Policiales Integrales podrán estar conformadas por:

II. Las instituciones cuyas dependencias funcionen en las Estaciones Policiales Integrales, asignarán personal y medios necesarios para su funcionamiento y coordinarán la implementación de planes, programas y proyectos en seguridad ciudadana de manera conjunta.

III. El Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y las Entidades Territoriales Autónomas consensuarán la implementación progresiva de las Estaciones Policiales Integrales en base a estudios técnicos definidos en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y el presente Decreto Supremo, estableciendo el número y ubicación de las mismas.

IV. Las Estaciones Policiales Integrales podrán implementar Casas de Justicia de forma progresiva y en el marco de los servicios que éstas prestan, previa coordinación entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia.

I. Las Estaciones Policiales Integrales deberán contar con la infraestructura adecuada para su funcionamiento; asimismo, deberán tener acceso a vías libres transitables para su desenvolvimiento y accesos para personas con discapacidad.

II. Las Entidades Territoriales Autónomas en base a las responsabilidades establecidas en la Ley N° 264 y el presente Decreto Supremo construirán y equiparán las Estaciones Policiales Integrales en base a los diseños técnicos establecidos por el Ministerio de Gobierno y el Comando General de la Policía Boliviana.

I. El Comando General de la Policía Boliviana diseñará y ejecutará, a través de los Comandos Departamentales, planes, programas y proyectos para la implementación y gestión del modelo de Policía Comunitaria en todo el territorio del Estado.

II. El Ministerio de Gobierno, las Entidades Territoriales Autónomas, la Policía Boliviana y las demás entidades públicas vinculadas al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, destinarán los recursos necesarios para garantizar la implementación y sostenibilidad del modelo de Policía Comunitaria, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y los Planes de Seguridad Ciudadana de las Entidades Territoriales Autónomas.

III. La Policía Boliviana liderizará el proceso de implementación del Modelo de Policía Comunitaria, con participación de la sociedad civil.

I. Se establece el Servicio Civil Voluntario de Seguridad Ciudadana a nivel nacional a través del Grupo de Apoyo Civil a la Policía Boliviana – GACIP, dependiente de los Comandos Departamentales de la Policía Boliviana.

II. La organización, funciones y coordinación del Servicio Civil Voluntario de Seguridad Ciudadana se regirá por la respectiva normativa reglamentaria elaborada y aprobada por la Policía Boliviana.

III. La Policía Boliviana en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas podrán elaborar programas para la implementación y fortalecimiento del Servicio Civil Voluntario.

IV. Los miembros del GACIP, hombres y mujeres, que hubieran prestado sus servicios en este grupo por dos (2) años consecutivos de manera ininterrumpida, podrán postular a cualquiera de las unidades académicas de pregrado de la UNIPOL y su participación en este Servicio se considerará como puntaje de calificación, de acuerdo a reglamentación.

V. Las Entidades Territoriales Autónomas podrán proveer indumentaria y equipamiento necesarios para el funcionamiento del Servicio Civil Voluntario de Seguridad Ciudadana a través del GACIP.

I. Son instituciones coadyuvantes para la implementación del Sistema Nacional de Registro de Información, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Aduana Nacional, responsables de la remisión y actualización de las bases de datos.

II. Las instituciones coadyuvantes coordinarán el funcionamiento del Sistema Nacional de Registro de Información, a través de un programa informático de interacción en red con acceso en tiempo real administrado por el Ministerio de Gobierno a través de la Policía Boliviana.

III. Todas las instituciones públicas, podrán remitir al Ministerio de Gobierno información destinada únicamente a enriquecer la base de datos del Sistema Nacional de Registro de Información.

I. En base a los datos del Sistema Nacional de Registro de Información, de acuerdo al Artículo 72 de la Ley Nº 264, el Ministerio de Gobierno en coordinación con la Policía Boliviana, generará una base de datos complementaria para uso exclusivo policial con fines de investigación criminal, la cual será alimentada y constituirá el Sistema AFIS Criminal, con la siguiente información:

II. El Ministerio de Gobierno a través de la Policía Boliviana, administrará la información generada en el Sistema Nacional de Registro de Información y la base de datos complementaria, a través de sistemas tecnológicos de última generación, físicos, analógicos y digitalizados actualizados permanentemente, pudiendo ampliar sus alcances en virtud a las necesidades de seguridad.

Compete a los propietarios o administradores, verificar que los sistemas de cámaras implementados estén operando en forma permanente y eficiente, debiendo conservar las filmaciones mínimamente por doce (12) meses; la destrucción maliciosa del sistema y de la información involucrará responsabilidad de acuerdo a norma.

I. Las entidades y establecimientos que conforman el subsistema de cámaras de seguridad privadas que incumplan con lo establecido en el presente capítulo serán sancionadas:

II. La Policía Boliviana estará encargada de realizar los operativos de control al cumplimiento del presente capítulo y coordinará con las entidades competentes la aplicación de las sanciones señaladas en el Parágrafo precedente.

III. Las instituciones educativas privadas, quedan excluidas de las sanciones previstas en el presente Artículo, sin perjuicio a la aplicación de otras sanciones establecidas por el Ministerio de Educación, de acuerdo a Reglamentación Específica.

I. El Sistema de Monitoreo Electrónico será administrado por el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana y funcionará a través del Centro Nacional de Control y Monitoreo y de Centros Remotos de Control y Monitoreo.

II. El Sistema de Monitoreo Electrónico deberá fortalecerse tecnológicamente a través de la implementación continua y progresiva de nuevos insumos que fortalezcan los programas y políticas de seguridad ciudadana.

III. El Ministerio de Gobierno y las Entidades Territoriales Autónomas, dotarán de sistemas de monitoreo y vigilancia bajo especificaciones técnicas definidas por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, debiendo garantizar el mantenimiento de los equipos en forma sostenida.

I. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico a través de Normas Regulatorias Sectoriales, establecerán dentro del periodo tarifario vigente, una tarifa especial o categoría para seguridad ciudadana que será aplicada exclusivamente a los Módulos Policiales, Estaciones Policiales Integrales, Módulos Fronterizos y Puestos de Control.

II. La tarifa especial o categoría para seguridad ciudadana será aplicada de acuerdo a reglamentación de la autoridad competente.

I. El Ministerio de Gobierno dotará de equipos especiales de protección individual a los recursos humanos de la Policía Boliviana para la defensa de la sociedad.

II. El Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana elaborarán las especificaciones técnicas para la adquisición de equipos especiales de protección individual, las cuales serán actualizadas en virtud al avance tecnológico.

III. El equipamiento especial de protección policial individual a ser dotado por el Ministerio de Gobierno a la Policía Boliviana será programado para cada gestión y evaluado semestralmente para su renovación en virtud a las necesidades de requerimiento institucional, deterioro y obsolescencia.

I. El Ministerio de Gobierno y las Entidades Territoriales Autónomas proveerán Centros de Mantenimiento a fines de brindar el mantenimiento y reparación a las unidades motorizadas de los Comandos Policiales, de manera continua y sostenida.

II. El Ministerio de Gobierno y las Entidades Territoriales Autónomas proveerán de manera permanente y sostenida a la Policía Boliviana, herramientas, equipamiento, lubricantes, carburantes y repuestos para el funcionamiento de los vehículos que presten servicios policiales.

III. La regulación del funcionamiento de los Centros de Mantenimiento, y la utilización de los lubricantes, carburantes y repuestos se regirá por reglamentación específica de la Policía Boliviana.

I. La cantidad asignada de combustible por el Ministerio de Gobierno y las Entidades Territoriales Autónomas será definida en los planes, programas y proyectos de acuerdo a un informe técnico de la Policía Boliviana, sujeta a incremento en base a solicitud fundamentada de la institución policial, para control y fiscalización por el Ministerio de Gobierno y las Entidades Territoriales Autónomas.

II. El control del abastecimiento de combustible a vehículos motorizados de la Policía Boliviana, se implementará a través del Sistema de Información de Comercialización de Combustible a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

III. La distribución del combustible al interior de la Policía Boliviana se efectuará en los surtidores policiales. En aquellos lugares donde no existan dichos surtidores, se realizará en Estaciones de Servicio más cercanas a la Unidad Policial, conforme a los Convenios o Contratos que se suscriban a tal efecto.

IV. La Agencia Nacional de Hidrocarburos proporcionará la información útil requerida por el Ministerio de Gobierno, las Entidades Territoriales Autónomas y la Policía Boliviana para la fiscalización de la provisión de combustibles.

V. Los Comandos Policiales en sus distintos niveles, deberán remitir informes de todas las asignaciones que reciban del Ministerio de Gobierno y las Entidades Territoriales Autónomas a su respectivo Comando Departamental.

COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES

I. El Sistema tiene como objeto realizar la supervisión, control y fiscalización de la comercialización de combustibles a todo vehículo automotor, que deberá contar de forma obligatoria con la Etiqueta de Auto-identificación – TAG otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

II. La implementación técnica, legal, administrativa y fiscalizadora, del Sistema de Información de Comercialización de Combustibles será reglamentada mediante resolución administrativa emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

I. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, registrará los vehículos automotores que se encuentre en territorio nacional para la asignación de la Etiqueta de Auto-identificación – TAG, que permitirá la comercialización de combustibles en todas las Estaciones de Servicio del país.

II. Los vehículos automotores deberán contar de forma obligatoria con la Etiqueta de Auto-identificación – TAG, de acuerdo a reglamentación a ser emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

III. La primera etiqueta será otorgada de manera gratuita, misma que deberá mantenerse en buen estado, para su buen funcionamiento. En caso de pérdida, deterioro o robo, la o el propietario del vehículo automotor deberá asumir el costo de la reposición de la etiqueta.

IV. Las estaciones de servicio para la venta de combustibles a personas públicas o privadas deberán cumplir con la reglamentación emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En caso de incumplimiento serán sujetas a las sanciones administrativas dispuestas en dicha reglamentación.

I. El Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dispondrán de una conexión en línea para compartir toda la información generada por el Sistema de Información de Comercialización de Combustibles.

II. La información generada por el Sistema de Información de Comercialización de Combustibles será almacenada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, siendo responsabilidad de ésta el desarrollo de la interface que permita su consulta y acceso por parte de la institución policial.

I. Una vez homologada la autorización de funcionamiento y recibidas las tarjetas de identificación y de operaciones, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, las empresas privadas de vigilancia deberán remitir al correspondiente Comando Departamental, copia legalizada de la Resolución Administrativa de Autorización de Funcionamiento, Licencia de Funcionamiento, Tarjetas de Identificación del personal y Tarjetas de Operaciones, además de una publicación de la Licencia de Funcionamiento en un periódico de circulación nacional. Con el cumplimiento de estos requisitos la empresa privada de vigilancia está legalmente autorizada para la prestación del servicio específicamente solicitado.

II. La Policía Boliviana, a través de la Unidad Especializada que corresponda, deberá publicar en un periódico de circulación nacional cuatrimestralmente la lista de empresas privadas de vigilancia autorizadas para su funcionamiento y de forma permanente y actualizada en su página web.

I. La autorización de funcionamiento deberá ser renovada durante los tres (3) últimos meses de vigencia de la misma.

II. En caso de no gestionar la renovación de autorización en el plazo establecido, la empresa privada de vigilancia estará sujeta a la clausura definitiva y consecuente ejecución de la boleta de garantía, a través de las Jefaturas Departamentales en coordinación de los Comandos Departamentales de la Policía Boliviana.

III. En caso de que una empresa privada de vigilancia decida concluir con la prestación de servicios, deberá de manera expresa hacer conocer a la Policía Boliviana a través de la Unidad Especializada que corresponda, especificando la fecha que dejará de operar, debiendo la Unidad Especializada de la Policía Boliviana, otorgar el correspondiente Certificado de Baja Definitiva, que le servirá en caso que corresponda, para el trámite de devolución de la boleta de garantía.

I. Para efectos del presente reglamento se establecen las siguientes sanciones:

II. El procedimiento para la aplicación de las sanciones descritas en el Parágrafo anterior, será establecido en el reglamento elaborado por la Policía Boliviana y aprobado por el Ministerio de Gobierno.

I. La Policía Boliviana deberá contar con un programa de capacitación permanente para el personal de las empresas privadas de vigilancia en seguridad, primeros auxilios, mecanismos de difusión e información, vigilancia y mecanismos de coordinación con la Policía Boliviana de acuerdo a reglamentación.

II. El programa de capacitación deberá tener una duración mínima de tres (3) meses.

III. La Policía Boliviana otorgará certificados de capacitación para brindar servicios de vigilancia y seguridad a toda persona que haya cursado el programa.

I. Los medios de comunicación que incumplan lo establecido en los Artículos 44, 45 y 46 del presente Decreto Supremo, serán sancionados:

II. El Ministerio de Comunicación llevará un registro y base de datos sobre el seguimiento y aplicación de las sanciones.

I. Cualquier ciudadana o ciudadano podrá presentar denuncia por incumplimiento a la Ley N° 264, en las oficinas regionales o ante el personal encargado de la Oficina de Atención al Consumidor – ODECO de la ATT.

II. La ATT en el plazo de tres (3) días hábiles administrativos, de recibida la denuncia, remitirá al Viceministerio de Políticas Comunicacionales del Ministerio de Comunicación, a fin de que se inicie el correspondiente proceso.

III. En el marco de lo establecido por la Ley N° 264, el Ministerio de Comunicación, a través del Viceministerio de Políticas Comunicacionales, de oficio, a denuncia o sobre la base de los reportes de información requeridos a los medios de comunicación, iniciará Proceso Administrativo Sancionador por presuntas infracciones administrativas que vulneren lo establecido en los Artículos 44, 45 y 46 del presente Decreto Supremo.

IV. Conocida la presunta infracción administrativa, el Viceministerio de Políticas Comunicacionales del Ministerio de Comunicación, iniciará el Procedimiento Administrativo Sancionador contra el medio de comunicación y le concederá un plazo de diez (10) días hábiles, computables a partir de su notificación, para que asuma defensa y presente los descargos correspondientes.

I. Vencido el plazo, con o sin respuesta del medio de comunicación, el Viceministerio de Políticas Comunicacionales del Ministerio de Comunicación, emitirá Resolución Administrativa fundamentada y motivada, en un plazo de cinco (5) días hábiles administrativos.

II. Emitida la Resolución Administrativa, el Viceministerio de Políticas Comunicacionales del Ministerio de Comunicación, deberá notificar al medio de comunicación en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles administrativos computables a partir del siguiente día hábil de su pronunciamiento.

I. Contra la Resolución Administrativa Sancionatoria, podrá presentarse el Recurso de Revocatoria ante la autoridad que emitió la misma.

II. Contra la Resolución que resuelve el Recurso de Revocatoria podrá presentarse el Recurso Jerárquico ante la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Comunicación. Ambos recursos se tramitarán conforme al procedimiento establecido en la Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo y el Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 2003.

III. Se autoriza el cobro coactivo de aquellas resoluciones que se encuentren firmes en sede administrativa.

IV. Agotada la vía administrativa, queda expedita la vía judicial a través del Proceso Contencioso Administrativo.

I. Por ser la Seguridad Ciudadana prioridad nacional, en el marco de la seguridad interna del Estado, se autoriza a las Entidades Territoriales Autónomas la contratación directa para proyectos de inversión y motorizados en el marco del Plan Nacional y los planes de las Entidades Territoriales Autónomas de seguridad ciudadana.

II. Las entidades deberán incluir en sus reglamentos específicos el contenido del Parágrafo precedente para su correspondiente cumplimiento.

III. Una vez suscrito el contrato, las Entidades Territoriales Autónomas deberán:

I. Las Entidades Territoriales Autónomas a través de los Consejos de Seguridad Ciudadana de las Entidades Territoriales Autónomas, elaborarán y aprobarán sus respectivos Planes de Seguridad Ciudadana, los cuales deberán estar sujetos al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente, sin perjuicio de la continuidad de los programas y proyectos en ejecución.

II. Los Planes de Seguridad Ciudadana de las Entidades Territoriales Autónomas, deben contemplar la asignación presupuestaria y la programación de su ejecución, en el marco del Artículo 38 de la Ley N° 264.

III. Los planes operativos anuales y los presupuestos de las Entidades Territoriales Autónomas deberán incluir los programas y proyectos considerados en sus Planes de Seguridad Ciudadana.

IV. Los Planes de Seguridad Ciudadana de las Entidades Territoriales Autónomas aprobados se constituyen en convenios intergubernativos entre las Entidades Territoriales Autónomas y el Ministerio de Gobierno.

I. Las Entidades Territoriales Autónomas, según especificaciones técnicas coordinadas con la Policía Boliviana, procederán a la adquisición y al pago de bienes inmuebles, muebles, equipamiento y tecnología preventiva pública para la Policía Boliviana de acuerdo a sus Planes de Seguridad Ciudadana.

II. Los bienes inmuebles, muebles, equipamiento y tecnología preventiva pública, adquiridos o en propiedad de las Entidades Territoriales Autónomas serán transferidos a la Policía Boliviana, debidamente saneados.

III. La Policía Boliviana es la encargada del uso, conservación y buen manejo de los bienes transferidos y los registrará en sus inventarios.

IV. El Ministerio de Gobierno en coordinación con la Policía Boliviana, administrarán y supervisarán los bienes transferidos.

V. Los bienes adquiridos por las Entidades Territoriales Autónomas, en cumplimiento de los Planes de Seguridad Ciudadana, serán transferidos de acuerdo al siguiente procedimiento:

VI. Los bienes inmuebles en proceso de construcción estarán bajo responsabilidad y control de las Entidades Territoriales Autónomas hasta su transferencia definitiva a la Policía Boliviana en coordinación con el Ministerio de Gobierno.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- La desconcentración de los servicios policiales establecida en el Artículo 33 de la Ley N° 264 a través de la reglamentación emitida por la Policía Boliviana y aprobada por el Ministerio de Gobierno, deberá ser elaborada en un plazo de sesenta (60) días hábiles, computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Las Normas Regulatorias Sectoriales establecidas en el Artículo 27 del presente Decreto Supremo para la definición de las tarifas para seguridad ciudadana en servicios básicos, deberán ser aprobadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo reglamentario.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- La implementación del colocado de etiquetas de Auto - identificación – TAG, establecido en el Artículo 32, entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.-

I. Los estándares para el desarrollo de tecnologías de información y comunicación, monitoreo y vigilancia electrónica deberán ser emitidos y difundidos por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana en un plazo de treinta (30) días hábiles computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo.

II. A partir de la emisión de los estándares establecidos por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, las entidades comprendidas en el Subsistema de Cámaras de Seguridad Privadas tendrán un plazo de sesenta (60) días hábiles computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, para instalar sus sistemas de cámaras y monitoreo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.- El Comando General de la Policía Boliviana en un plazo de treinta (30) días hábiles, computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, deberá elaborar el reglamento operativo de las empresas privadas de vigilancia, aprobado por el Ministerio de Gobierno mediante Resolución Ministerial y deberá contener lo siguiente:

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Se incluyen los incisos h) e i) en el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 0793, de 15 de febrero de 2011, con el siguiente texto:

“h) Controlar y verificar el cumplimiento de los contenidos de la publicidad de los medios de comunicación en seguridad ciudadana y seguridad vial;

i) Conocer y resolver los procesos administrativos sancionatorios que se inicien en el marco de la Ley N° 264, de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para Una Vida Segura.”

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Las Entidades Territoriales Autónomas que creen Observatorios de Seguridad Ciudadana, deberán garantizar el personal y material para su funcionamiento, así como los medios técnicos para la instalación y funcionamiento del Sistema de Información Geo-referenciada de Seguridad Ciudadana.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.- La adquisición de vehículos por parte de las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de los planes de seguridad ciudadana y para ser transferidos a la Policía Boliviana, queda exenta de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 0283, de 2 de septiembre de 2009.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.- Los recursos presupuestados para la adquisición de bienes inmuebles y en construcción, muebles, equipamiento y tecnología preventiva pública por las Entidades Territoriales Autónomas para la Policía Boliviana, deberán ser inscritos en el Grupo de Gasto 70000 por las mismas.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.- La implementación del Subsistema Estatal para la instalación de cámaras de seguridad en instituciones educativas fiscales y de convenio, conforme a lo establecido en numeral 1 del Artículo 22 del presente Decreto Supremo, será progresiva de acuerdo a planificación coordinada entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobierno.

DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.- La construcción de las Estaciones Policiales Integrales en los Centros Mineros deberá realizarse de acuerdo a requerimiento de éstos, previo diagnóstico demográfico situacional y delictivo, conforme a un modelo específico a ser proporcionado por la Policía Boliviana.

Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil doce.

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa Soruco, Ana Teresa Morales Olivera, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Mario Virreira Iporre, Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Daniel Santalla Torrez, Juan Carlos Calvimontes Camargo, José Antonio Zamora Gutiérrez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Claudia Stacy Peña Claros, Nardy Suxo Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres.