Decreto Supremo N° 22836

El presente Decreto Supremo establece las normas generales para el reordenamiento de todas las empresas públicas y la participación del Estado en las empresas de economía mixta, sin excepción alguna.

Las empresas pertenecientes al sector público serán sometidas en un periodo hasta de dos años a un proceso de reordenamiento mediante contratos de rendimiento, privatización, venta de activos o disolución y liquidación, conforme a las normas contenidas en el presente Decreto.

La Comisión de Evaluación de la Empresa Pública, creada por D.S. 22407 de 11 de enero de 1990, autorizará el inicio y además reglamentará los procesos de privatización en todas las entidades del Sector Público, cuando así se resolviera con excepción de aquellas pertenecientes al Sector Público autónomo.

El Poder Ejecutivo, mediante los Contratos de Rendimiento, establecerá los resultados económico-financieros y los índices de productividad que deben obtener las empresas públicas en un período determinado. Mediante dichos contratos, el Poder Ejecutivo podrá desregular los mercados en los que operan las empresas públicas, posibilitando así la libre competencia.

Los Contratos de Rendimiento, además de las disposiciones expresas contenidas en el Decreto Supremo 22620 de 15 de octubre de 1990, darán a las empresas una mayor autonomía operativa, a cambio de compromisos de cumplimiento de metas que necesariamente se reflejarán en la mejora de su rendimiento.

Las empresas que se detalle a continuación deberán suscribir con el Gobierno “Contratos de Rendimiento”:

La privatización se entenderá como la venta, traspaso o transferencia, por cualquier medio, de la totalidad o de una parte de los activos o actividades de una empresa, que sean del dominio total o parcial del Estado Boliviano, a una persona individual o colectiva que no sea el Estado Boliviano o una dependencia de éste; exceptuando aquellas comprendidas en los artículos 138 y 139 de la Constitución Política del Estado.

El proceso de privatización busca aumentar la competitividad y eficiencia de la economía y alcanzar uno o varios de los objetivos siguientes:

Dentro de los criterios de eficiencia y competitividad, el sector privado podrá invertir en infraestructura básica.

La valoración de una empresa estatal estará relacionada con el valor económico o de mercado que tenga dicha empresa en ese momento. Este valor reflejará la capacidad de los activos y pasivos de la empresa para generar un flujo de ingresos netos potenciales actualizados que arrojen una tasa de rentabilidad adecuada para la inversión. Esta inversión incluirá el monto total de la inversión existente, los trabajos de rehabilitación más el capital de trabajo necesario. La tasa de rentabilidad que sea aceptable para un inversionista estará relacionada con aquella que éste pudiera obtener a través del uso alternativo del capital, tomando en cuenta los distintos factores de riesgo.

La Comisión de Evaluación de la Empresa Pública considerará ofertas para la privatización parcial o total de las empresas públicas bajo cualquiera de los métodos que se deriven del artículo 8 de ese Decreto y seleccionará para su implantación la propuesta que, bajo las circunstancias, provea al Estado la mejor combinación entre el traspaso del riesgo económico de la operación de la empresa al sector privado y la maximización de beneficios para el Estado.

Ninguno de los bienes privatizados o las inversiones complementarias subsiguientes que hayan sido realizadas, podrán ser comprados nuevamente por el Estado, salvo sentencia judicial de adjudicación.

Los recursos netos provenientes de éstas transferencias no podrán ser presupuestados para gastos corrientes, debiendo ser destinados para el desarrollo de infraestructura, principalmente para las áreas de salud y educación. Los recursos netos provenientes de la venta de las empresas de las Corporaciones Regionales de Desarrollo deberán ser invertidos en el mismo Departamento para el desarrollo de su infraestructura básica, así como en educación y salud.

Conforme al artículo 10 inc. c) de la Ley de Administración y Control Gubernamental, todas las entidades y empresas del sector público, están legalmente autorizadas para dar de baja y vender activos conforme al reglamento del Ministerio de Finanzas.

La disolución y liquidación de las empresas e instituciones públicas se realizará de acuerdo a los procedimientos de disolución y liquidación que señalan las disposiciones legales en vigencia.

Las empresas públicas podrán transformarse en sociedades anónimas como medio para su posterior transferencia total o parcial al sector privado.

De acuerdo al artículo 429 inc. 2) y 434 del Código de Comercio y al articulo 10 de la Ley SAFCO, la transferencia de acciones del sector público al sector privado, en las sociedades anónimas de economía mixta, podrá ser autorizada mediante Decreto Supremo.

Las Sociedades Anónimas de Economía Mixta pueden transformarse en sociedades Anónimas Privadas, conforme al artículo 434 del Código de Comercio, mediante transferencia recíproca de acciones.

Las empresas públicas podrán transformarse en sociedades anónimas de economía mixta, de acuerdo a procedimientos reglamentados por el Poder Ejecutivo y al Código de Comercio.

Las siguientes empresas públicas de propiedad de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, se someterán al proceso de reordenamiento, ya sea a través de su transformación, disolución y liquidación o, en su caso, la transferencia total o parcial de la propiedad de la empresa, como unidad patrimonial, al sector privado. Esta lista es enumerativa y no limitativa.

Las Corporaciones Regionales de Desarrollo deberán solicitar a la Comisión de Evaluación de la Empresa Pública la asistencia técnica para la evaluación de sus empresas y la definición de la estrategia para la privatización o disolución y liquidación de dichas empresas.

La Comisión de Evaluación de Empresa Pública deberá contratar, mediante invitación pública, los servicios de consultoría de empresas especializadas, para realizar la evaluación y proponer estrategias a considerar para la privatización o disolución y liquidación de las empresas públicas de las Corporaciones Regionales de Desarrollo.

La Comisión de Evaluación de la Empresa Pública suscribirá contratos de asistencia técnica con las Corporaciones Regionales de Desarrollo, para asesorarlas durante todo el proceso de privatización o disolución y liquidación de sus empresas.

Suscrito el contrato de asistencia técnica, las empresas consultoras realizarán un análisis para determinar la viabilidad técnico-económica de la operación de la empresa, dentro de los términos de referencia preparados por la Unidad Ejecutora de la Comisión de Evaluación de la Empresa Pública, que se crea en el art. 31 del presente Decreto Supremo. Comprobada la viabilidad operativa de la empresa, las firmas consultoras realizarán el análisis completo de los estados contables y financieros, de los balances, sistemas administrativos, proyecciones del flujo de caja y de cualquier otra información de mercado relativa a la empresa, para determinar su valor y su estrategia de privatización.

Los análisis empresariales, conjuntamente con las recomendaciones pertinentes para la estrategia más conveniente a seguir, serán elevados a consideración de la Comisión de Evaluación de la Empresa Pública a través de la Unidad Ejecutora, que crea el art. 31 de este Decreto, para que apruebe las recomendaciones.

Las empresas sin viabilidad operacional serán disueltas, mediante la liquidación de sus activos en subasta pública, utilizando como referencia el valor de liquidación determinado en los estudios de evaluación

Concluído el proceso, la entidad o empresa procederá a la venta de sus activos, requiriendo la autorización legal correspondiente, de acuerdo disposiciones legales vigentes.

Créase la Unidad Ejecutora del Reordenamiento de las Empresas Públicas como entidad dependiente del Ministro de Planeamiento y Coordinación, con autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera; responsable de ejecutar la política de reordenamiento de las empresas públicas y de actuar como secretaría Técnica de la Comisión de Evaluación de la Empresa Pública.

Esta Unidad Ejecutora estará conducida por un Director Ejecutivo y compuesta por dos divisiones:

Los estatutos de la Unidad Ejecutora serán aprobados por el Poder Ejecutivo mediante Resolución Suprema.

El reordenamiento de las empresas públicas, incluídas las sociedades anónimas de economía mixta, estará sujeto al control gubernamental de la Contraloría de la República, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Administración y Control Gubernamental N° 1178.

Tanto el Poder Ejecutivo como las entidades públicas y privadas involucradas en el reordenamiento y, en especial la Unidad Ejecutora, se someterán al control externo posterior, y estarán sujetas a las responsabilidades de ley.